Facilitarán la radicación de inmigrantes extra-Mercosur
Un decreto beneficiará a unos 50.000 extranjeros ilegales

El Gobierno facilitará la legalización y radicación de inmigrantes irregulares que no sean oriundos de los países del Mercosur. Esta medida, que beneficia a aproximadamente unas 50.000 personas, fue dispuesta por el presidente Néstor Kirchner mediante un decreto firmado el lunes último y que, según fuentes del Gobierno, será publicado pasado mañana en el Boletín Oficial.

La iniciativa, a la que tuvo acceso LA NACION, complementa el decreto presidencial de febrero pasado en el que, además de facilitar la radicación de ciudadanos de Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia, suspendía por 180 días las expulsiones de quienes vivían en la Argentina en forma irregular, casos comprendidos en la nueva ley migratoria, la 25.871, aún por reglamentar.

Estas medidas abarcan un universo estimado de 750.000 personas, según las cifras de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunque LA NACION intentó comunicarse en varias oportunidades con las autoridades del Ministerio del Interior y de la Dirección de Migraciones, ningún funcionario respondió on the record a las preguntas sobre esta cuestión. En ámbitos oficiales sólo se confirmó la existencia de la medida y se comunicó, por medio de un vocero, que “el Gobierno estudia la regularización del universo de inmigrantes ilegales".

El decreto establece que podrán acogerse a esta política "aquellos ciudadanos nativos de países fuera de la órbita del Mercado Común del Sur [Mercosur] que al 30 de junio de 2004 residan de hecho en el territorio de la República Argentina".

El plazo que se establece es de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto.

Entre los requisitos que permiten obtener la residencia figuran: la acreditación de la identidad, la partida de nacimiento de un hijo argentino, la partida de matrimonio con un ciudadano argentino, la presentación que el interesado haya realizado ante la Dirección de Migraciones.

También se pueden presentar como válidos cualquier documento extendido por autoridad nacional, provincial o municipal, la constancia de inscripción en la AFIP y un certificado de carencia de antecedentes penales en la Argentina y en el país de origen del peticionante.

Quedan fuera del beneficio los titulares de visación diplomática, oficial o de cortesía, los refugiados o asilados políticos y, como se dijo, quienes estén sometidos a procesos judiciales o tengan antecedentes penales.

En los argumentos del decreto se señala que "esas personas desarrollan, en su mayoría, actividades útiles para el país" y que "muchos de esos extranjeros han demostrado vocación de arraigo".

Y se aclara que la tramitación de toda solicitud bajo este nuevo régimen implica el "desistimiento automático de toda otra solicitud así como de los recursos interpuestos por el peticionante en sede administrativa o judicial".

Sobre las tasas se establece que la tramitación de residencia temporaria costará 400 pesos; la prórroga de residencia temporaria, 300 pesos, y el trámite por residencia permanente ascenderá a 200 pesos.

También indica que desde el 7 de julio último funciona en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, cuyo objetivo es, precisamente, poner en regla el universo de inmigrantes ilegales que quieran cambiar su situación.

En la Argentina, según las cifras del censo 2001, residen 1.531.940 extranjeros, lo que representa el 4 por ciento de la población total.

Los números oficiales dan cuenta de unos 750.000, que lo hacen de forma ilegal. Sin embargo, extraoficialmente se estima que llegarían casi al doble.

En lo concerniente a este decreto, por ejemplo, el Indec informa que los nacionales europeos suman 432.349, mientras que los ciudadanos asiáticos totalizan 29.672; en tanto, los provenientes del continente africano son 1883. Las cifras no discriminan el estado de legalidad.

En el Bajo Flores se instalaron numerosos ciudadanos asiáticos; fuera del Mercosur es la comunidad más importante que se pretende legalizar Foto: Federico Guastavino

Números que crecen
Pero esos números aumentan cuando se pregunta por estimaciones en los consulados extranjeros. Aunque ninguno de los consultados por LA NACION quiso hacer declaraciones oficiales respecto de la nueva medida, la comunidad china, que en los datos censales figura con 4184 personas, estima que sólo ellos, sin contar a los taiwaneses, ascenderían a 50.000.

Siempre según el Indec, los ciudadanos nacionales de Corea son 8205; los de Japón, 4753; los del Líbano, 1619; los de Siria, 2350, y los de Taiwan, 3511. En tanto, los alemanes son 10.362; los españoles, 134.417; los franceses, 6578; los italianos, 216.718; los polacos, 13.703; los nacidos en la ex Yugoslavia, 3210, y los ciudadanos de la ex Unión Soviética, 4156.

El decreto no olvida mencionar las dificultades que tenían los extranjeros para obtener la residencia en la Argentina. Y, aunque no se explicita, se sabe que los inmigrantes eran muchas veces víctimas de la corrupción o engañados para tramitar los expedientes.

La información suministrada por Migraciones en febrero último indicaba que unos 16.000 expedientes habían sido regularizados hasta esa fecha. Con el decreto de febrero, según informaron fuentes gubernamentales, serían unas 20.000 las personas con nuevas residencias.

La posibilidad de votar
Las residencias transitorias y permanentes otorgan a los extranjeros el acceso al trabajo, a la protección social, a la protección legal, al acceso al sistema de salud pública nacional y a la escolaridad pública para sus hijos.

La posibilidad de votar en elecciones locales sólo la tienen los residentes permanentes.

La idea del Gobierno, según trascendió, es, una vez regularizada la situación, fortalecer las fronteras para impedir que vuelva a producirse la situación actual, premisa que se condice con la nueva ley de migraciones, que reemplazó a la 22.439 sancionada por la dictadura en 1981 que, entre otras cosas, impide que los extranjeros que residan en el país en situación irregular sean expulsados directamente por las fuerzas auxiliares de Migraciones, por la Policía Federal, la Prefectura Naval o la Gendarmería Nacional.

Según cifras aportadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por la Dirección de Migraciones a principios de este año, durante el último trienio 11.685 extranjeros fueron expulsados de la Argentina.
Por Laura Rocha, La Nacion, 11 de septiembre de 2004

Alcances del decreto Claves para entender la medida

-¿A quiénes beneficia este nuevo decreto?

-La medida dictada por el Gobierno facilita la radicación temporaria y permanente de los extranjeros nativos de los países fuera de la órbita del Mercosur que, al 30 de junio último, residan el país.

-¿Quiénes son los ciudadanos extranjeros que contempla el decreto?

-Las comunidades con mayor número de inmigrantes son la china, la coreana, la japonesa, la taiwanesa y la siria También beneficia a algunas comunidades europeas, aunque los miembros de éstas, en su mayoría, ya tienen residencia legal en la Argentina.

-¿Cuántos son los extranjeros beneficiados con este decreto?

-Según las cifras oficiales, se estima que unos 50.000 inmigrantes no tienen en regla sus papeles de residencia.

-¿Quiénes están exceptuados?

-Los que tengan visas diplomáticas, los refugiados, los asilados políticos y aquellos con antecedentes penales.

-¿Cuál es el objeto de la medida?

-El decreto complementa otro, dictado en febrero último, que, además de facilitar la radicación de los ciudadanos de Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia, suspendía las expulsiones de los inmigrantes que no estuvieran en regla. Y forma parte de la nueva política migratoria adoptada desde la sanción de la ley 25.871, que, entre otras cosas, impide que los ciudadanos extranjeros que residan en el país en situación irregular sean expulsados por las fuerzas auxiliares de Migraciones, la Policía Federal, la Prefectura Naval o la Gendarmería Nacional.

-¿Qué puede hacer un extranjero que obtiene residencia transitoria?

-Tiene posibilidades de acceder al trabajo con igualdad de condiciones que los argentinos, a la protección legal, a la protección social, a la información y a los sistemas de salud y educación públicas.

-¿Qué puede hacer un extranjero que obtiene la residencia permanente?

-La única diferencia con la anterior está en el hecho de que pueden votar en elecciones locales.
La Nacion, 11 de septiembre de 2004

Inspecciones que no alcanzan
No hay un plan para identificar trabajadores indocumentados

El secretario de Empleo, Enrique Deibe, dijo a LA NACION que "los extranjeros documentados con residencia permanente o con residencia provisional tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano argentino".

"El problema es con los indocumentados, que son ilegales. Su detección es difícil y se da en el marco de denuncias recibidas por el ministerio o de inspecciones oficiales para detectar trabajo en negro. Es en ese contexto cuando se pueden detectar extranjeros ilegales", dijo, y agregó que, hasta el momento, desde su cartera no se conoce que haya un plan especial para el área.

Actualmente, para poder trabajar en la Argentina, además de tener un contrato de trabajo, un ciudadano extranjero debe contar con una residencia precaria, que obtiene al presentar su documentación legal en vigencia (pasaporte o cédula de identidad en el caso de los países vecinos). También debe presentar en la Dirección de Migraciones un certificado de buena conducta expedido por el país de origen y, otro, por la Policía Federal Argentina. Hasta diciembre de 2003, según la ley migratoria que regía desde el último gobierno militar, todos los extranjeros debían presentar también la declaración jurada del empleador, trámite que generaba reticencias y entorpecía el expediente, lo que en cierta forma terminó estimulando el trabajo en negro, aseguran las autoridades.

"Los requisitos se han ido simplificando en los últimos años", explicó Guillermo Alonso Navone, subsecretario de Relaciones Laborales. "Cualquier extranjero, no sólo los de países limítrofes, que no cumpla con esas condiciones no puede acceder a la radicación provisoria, de manera que tampoco pueden trabajar. Una vez que la Dirección Nacional de Migraciones les otorga la residencia precaria, el extranjero puede trabajar y obtener el CUIL, de lo contrario, el empleador no lo puede contratar", dijo.

La residencia definitiva debía obtenerse en unos seis meses, aseguró Alonso Navone, plazo que no siempre se cumplía.

"Hasta hace poco había severas dificultades por la cantidad de papeles que se pedían, pero me consta que las autoridades actuales trataron de modernizar el sistema para terminar con la burocracia y agilizar las residencias definitivas", agregó Alonso Navone.
La Nacion, 11 de septiembre de 2004