Editorial II
Blanqueo de inmigrantes ilegales

El Gobierno estaría analizando la posibilidad de regularizar la situación de los indocumentados provenientes de las naciones del Mercosur, medida que podría extenderse a otros países latinoamericanos que no pertenecen a ese bloque, pero que tienen importante presencia humana entre nosotros, como es el caso de Perú.
El plan consiste, según los trascendidos, en una simplificación casi total de los trámites necesarios para conseguir la radicación entre nosotros. Según el nuevo esquema, los ilegales deberían limitarse a presentar testimonios de que son ciudadanos de algunos de esos países, demostrar que no poseen antecedentes policiales y agregar un certificado de salud.
Son conocidas las fluctuaciones que han seguido las políticas migratorias en los últimos años. También se sabe que los inmigrantes ilegales viven situaciones disímiles y que a veces deben enredarse en las malas prácticas de verdaderas mafias que se encargan de librarlos de posibles contratiempos o amenazas de expulsión. Los extranjeros beneficiados por estas medidas recibirían un permiso de residencia que podría prorrogarse y llegar, incluso, a la obtención de la ciudadanía argentina.
Los inmigrantes ilegales desempeñan diversas ocupaciones entre nosotros. Muchos de ellos han acometido emprendimientos productivos que tienen importancia para nada despreciable en la economía, como los cultivos de hortalizas en varias zonas cercanas a la Capital Federal. Otros desempeñan oficios diversos, a veces muy bien calificados, en la industria de la construcción. No faltan, por cierto, los grupos minoritarios que han ingresado en los circuitos de la marginalidad y actúan en la delincuencia. Se impone, por lo tanto, una revisión profunda de los antecedentes y una clara separación entre quienes pretenden trabajar honestamente y los que procuran metas no confesables.
Son muchos los estudios y testimonios que demuestran que los inmigrantes de los países vecinos no inciden negativamente, por lo menos de una manera importante, en los índices de desempleo. Es cierto, de todas maneras, que muchos de ellos son víctimas de formas de trabajo que están reñidas con los más elementales respetos por la condición humana. Importa, por lo tanto, que los trabajos de tipo esclavo desaparezcan y que los contratos laborales se rijan por las leyes que son, o deberían ser, de aplicación común. Sí, en cambio, producen problemas en las áreas vinculadas con la salud ya que sus necesidades asistenciales recargan a nuestro colapsado sistema hospitalario o de salud pública, que se ve excedido en su capacidad de respuesta.
Nuestro país tiene una larga tradición de respeto y buena acogida hacia los inmigrantes. En épocas lejanas llegaron hasta nosotros hombres y mujeres cuya condición socioeconómica no era mejor que la evidenciada por esta nueva inmigración. No es necesario aclarar, por ampliamente conocido, que la marea humana que llegó a la Argentina en épocas ya lejanas se integró como parte esencial de nuestra nacionalidad, cosa que bien podría repetirse en esta nueva situación. Nuestra Constitución, siempre generosa en sus alcances y disposiciones, afirma claramente los derechos de quienes quieran vivir en nuestro suelo.
Es obvio decir que una medida como ésta requiere de estudios cuidadosos y debe ser aplicada con extremos cuidados, pues son alrededor de 700.000 los inmigrantes que todavía siguen estando indocumentados y sobre quienes pesa siempre la espada de Damocles de la expulsión. Los vecinos latinoamericanos que han podido sobrevivir a los vaivenes de nuestra política y a los caprichos de nuestra economía merecen ser reconocidos por su voluntad de seguir entre nosotros, lo cual no es poca cosa, sin duda.
La Nacion, 12 de enero de 2004