Ley de Migraciones: los derechos de todos

La derogación de la ley de la dictadura y la sanción de una nueva norma es un paso adelante para la democracia y la integración social.

Hace pocos días, el Congreso nacional sancionó una nueva Ley de Migraciones. Desde 1983 la democracia argentina mantenía una grave deuda con el estado de derecho: continuaba vigente la ley de la dictadura, Nø 22.439, conocida como "Ley Videla".

El problema de la ley de facto no sólo estaba en su cuestionable origen, sino —y sobre todo— en su mensaje y contenido, en tanto consideraba al inmigrante como un peligro para la seguridad nacional y el orden público, establecía un mecanismo de control al margen del derecho y negaba el acceso a derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional a todos los habitantes del país.

La ley derogada, mediante una lógica propia de esa dictadura militar, habilitaba a la Dirección de Migraciones y su policía auxiliar a ordenar y ejecutar detenciones y expulsiones de extranjeros, sin ningún tipo de intervención o control del Poder Judicial, vulnerando las garantías procesales básicas.

Esta situación se agravaba por la obligación que imponía aquella ley a todos los funcionarios y empleados públicos, de denunciar a los inmigrantes que no tuvieran residencia legal. Esta exigencia generaba una condición de grave vulnerabilidad de los migrantes sin residencia, en tanto los disuadía a no presentarse ante jueces, docentes, médicos y otras dependencias administrativas, ante el riesgo de ser expulsados del país.

Asimismo, la ley negaba expresamente el acceso a derechos esenciales como educación, salud y vivienda a quienes no contaban con residencia legal en el país. Ello, sin tener en cuenta que las principales causas de la irregularidad migratoria eran las trabas impuestas por la propia ley, los altos costos del trámite de radicación y los numerosos obstáculos burocráticos que imponía la Dirección Nacional de Migraciones.

La derogación de la "Ley Videla" representa también el fin de una etapa en la cual la democracia argentina hizo caso omiso a la gravedad de este problema ya que permitió no sólo la vigencia de la norma sino su continua y efectiva aplicación. Ello implica que los gobernantes de estas dos últimas décadas legitimaron el sistema establecido por aquélla.

Incluso, durante los 90, el Poder Ejecutivo profundizó la lógica y el espíritu de la normativa migratoria, mediante el dictado de sucesivos decretos, particularmente a través del Reglamento de Migraciones sancionado en 1994. Esta política se vio a su vez acompañada por un fuerte discurso oficial que, recurriendo a criterios discriminatorios, pretendía endilgar a los migrantes la responsabilidad por la precarización total de las condiciones socioeconómicas de gran parte de la población, generadas por las políticas de ajuste implementadas en esa etapa.

Entre las más graves consecuencias de la aplicación de la ley se destacan la separación de familias, la negación a la atención del VIH/sida, la privación del acceso a la educación de miles de niños y las numerosas detenciones arbitrarias y expulsiones de extranjeros llevadas a cabo sin respeto por las garantías fundamentales.

La pervivencia de este tipo de leyes constituye una muestra clara de las dificultades del proceso de transición democrática atravesado por nuestro país. Por ello, la sanción de la nueva legislación migratoria representa un avance hacia la consolidación del estado de derecho en Argentina y el pleno respeto de los derechos humanos de todos sus habitantes.

Clarin, Clarin, Lunes 5 de enero de 2004, Pablo Ceriani Cernadas y Diego Morales. ABOGADOS DEL PROYECTO PARA LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES, CELS.

Nueva política migratoria: la Casa Rosada estudia los borradores del decreto
El Gobierno blanquearía a 700 mil inmigrantes ilegales
Busca regularizar la situación de los indocumentados de los países del Mercosur

El gobierno del presidente Néstor Kirchner analiza medidas para regularizar la situación de los extranjeros indocumentados e ilegales procedentes de los países limítrofes que son miembros plenos o asociados del Mercosur. Y así documentar a todo ese universo de inmigrantes irregulares, que rondaría las 700 mil personas.
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Los borradores están muy avanzados. Existe un llamativo hermetismo en la Casa Rosada porque todavía falta que Kirchner los analice y apruebe. Si ello ocurre se emitirían los decretos respectivos y se podrían anunciar en las próximas semanas.
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El plan consiste, según confiaron altas fuentes de la Casa Rosada a LA NACION, en un avance hacia la simplificación casi total del trámite de obtención del documento por parte de los extranjeros de países del Mercosur.
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Esos requisitos resultaban hasta hoy muy rigurosos. Los inmigrantes sólo deberán ahora acreditar su ciudadanía de origen en un país limítrofe, presentar un certificado de salud y otro que demuestre que no tiene antecedentes policiales o penales en la Argentina o en el exterior.
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Limitan con la Argentina Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
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Si se cumplen las condiciones, los aspirantes lograrán una residencia por un año, prorrogable por otro año. Si luego de ese lapso acredita medios de vida lícitos -empleo formal-, obtendrá la residencia permanente, con lo cual, si lo desea, podrá iniciar el trámite de ciudadanía y adquirir todos los derechos ciudadanos, como el de votar.
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Hasta tanto se ponga en marcha el nuevo régimen se suspenderían las expulsiones de inmigrantes ilegales, incluso las que están en trámite por falta de documentación, según altas fuentes del Gobierno.
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"La idea es documentar a todos los irregulares de países limítrofes, en línea con la legislación del Mercosur", adelantó a LA NACION una alta fuente de la Casa Rosada.
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"Hay una fortísima revisión de toda la política migratoria. Se hará un ordenamiento de la situación de los extranjeros. Primero regularizarlos y luego documentarlos", admitió ayer a LA NACION el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
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Pero no quiso avanzar más allá. "No puedo adelantar los detalles. Primero tiene que analizarlos el Presidente", se disculpó.
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Sin embargo, otras fuentes de la Casa Rosada adelantaron algunas propuestas de la Dirección Nacional de Migraciones, que dirige Ricardo Rodríguez. Por ejemplo, si el aspirante vive aún en su país de origen podría acudir al consulado argentino allí e iniciar los trámites, acreditar que cumple con los nuevos requisitos y acceder a una "residencia consular" por un año prorrogable.
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Para los extranjeros que viven en la Argentina, en cambio, se podría habilitar una oficina especial en todos los municipios dirigida por un coordinador. La oficina y el coordinador serían del municipio. En cada intendencia se entrenaría a agentes sociales de diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), que serían los representantes de los inmigrantes que aspiran al beneficio de residencia ante el gobierno nacional.
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En esa oficina se concentraría la documentación, se completarían planillas y se las enviaría a Migraciones. Si todo estuviese en orden, Migraciones enviaría a un delegado para controlar la documentación y la extracción de las impresiones digitales y fotografías. El delegado firmaría la radicación y habilitaría un expediente en papel y otro informático.
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Con esta simplificación, se daría por tierra con los viejos criterios que se exigían para obtener la residencia según la llamada "ley Videla", impuesta por la última dictadura militar. Se requería por ese mecanismo tener un hijo argentino, ser casado con un ciudadano o ciudadana argentinos, y tener contrato de trabajo, entre otras cosas.
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Nueva ley
Las nuevas medidas -que aún debe analizar a fondo Kirchner- tendrían sustento jurídico en el nuevo régimen migratorio aprobado por ley hace dos semanas en el Congreso. Esa ley, de la que se informa en esta misma página, favorece y facilita la radicación de extranjeros en el país, y se hizo sobre la base de un proyecto del diputado socialista Rubén Giustiniani, que fue respaldado por el Gobierno.
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El nuevo régimen, además, está en línea con la nueva legislación del Mercosur, que ordena reconocer el ingreso de extranjeros en los países miembros con la sola condición de ser ciudadanos del bloque.
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Los objetivos de fondo, según fuentes gubernamentales, son tener una política migratoria activa, alentar la inmigración legal, resolver el problema del trabajo en negro y de la explotación de los extranjeros ilegales, fortalecer los lazos dentro del Mercosur, eliminar las trabas burocráticas y evitar la maraña de corrupción en la tramitación de expedientes.
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"Se terminará eso de pedir coimas para destrabar expedientes", dijo un funcionario del Gobierno.
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"Hay que ordenar hacia adentro y hacia afuera la situación de los extranjeros", dijo Fernández.
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"Esto terminará con el trabajo en negro de los extranjeros y con la explotación de los ilegales, que trabajaban por monedas. Por eso hay un objetivo social", dijo otro funcionario gubernamental.
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En Balcarce 50 esperan que la legalización de los inmigrantes irregulares induciría a éstos a blanquear su situación laboral y a los empleadores, a formalizar a sus empleados.
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En Migraciones estiman que existe 1.200.000 extranjeros en el país, entre legales e ilegales. De ellos, 700 mil son inmigrantes irregulares de países limítrofes y menos de 100 mil corresponden a países no limítrofes.
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Por Mariano Obarrio, La Nacion, 4 de enero de 2004

Una ley que permite la medida oficial
El Congreso habilitó un nuevo régimen
La norma intenta igualar a los extranjeros y terminar con una normativa de Videla
Penaliza el tráfico ilegal de personas y prohíbe contratar indocumentados

El nuevo régimen migratorio aprobado por ley hace dos semanas en el Congreso apunta a dar igualdad de oportunidades y de trato a los extranjeros, se propone erradicar una ley de la dictadura militar, penaliza el tráfico ilegal de personas y prohíbe la contratación laboral de inmigrantes ilegales.
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Hasta la aprobación de la nueva norma regía en el país la llamada "ley Videla", en referencia al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla. El proyecto que dio origen a esa ley fue elaborado por el ex diputado y actual senador socialista Rubén Giustiniani.
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La propuesta tuvo en su trámite el sólido respaldo del presidente Néstor Kirchner.
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Tanto es así que la norma otorga ahora el marco jurídico a las nuevas medidas que estudia la Casa Rosada para regularizar la situación de unos 700 mil inmigrantes irregulares de países limítrofes y del Mercosur, tal como se informa por separado.
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Por primera vez desde el retorno de la democracia, se instauró así un nuevo régimen nacional de migraciones en el país.
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El proyecto se aprobó casi sin debate en ambas cámaras y por amplia mayoría. En su redacción participaron también los técnicos que dependen del ministro del Interior, Aníbal Fernández, y la Dirección Nacional de Migraciones, que dirige Ricardo Rodríguez, además de diversas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los migrantes.
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Puntos de la ley
"Este proyecto va de la mano con la política del Gobierno en pos de la integración de los países del Mercosur. La actual ley es una verdadera fábrica de ilegales, es contraria a la Constitución y viola tratados internacionales", dijo en su momento Giustiniani.
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La ley -que consta de más de cien artículos- está dividida en varios títulos y abarca las más diversas problemáticas. Como punto principal, la norma faculta al Gobierno a aplicar las medidas necesarias para lograr la regularidad de todos los inmigrantes. Sus principales puntos son:
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Derechos y libertades del extranjero: el Estado garantiza el acceso igualitario de los inmigrantes a los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. El acceso a la salud y a la educación se establece aun si la situación migratoria es irregular.
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Obligaciones de los inmigrantes: deberán cumplir con la Constitución nacional, las leyes vigentes y los tratados internacionales adheridos.
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Impedimentos para el ingreso: a quienes no reúnan una serie de requisitos, o tengan documentación falsa, o por haber sido condenados en el país o en el exterior.
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Trabajo y alojamiento: los residentes irregulares no podrán trabajar o realizar tareas remuneradas. No podrá proporcionarse alojamiento a título oneroso a los extranjeros en esa misma situación.
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Régimen de recursos: garantiza el derecho de defensa y revisión por vía administrativa y ante la instancia judicial.
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Argentinos en el exterior: el Gobierno podrá suscribir convenios con los países donde residan emigrantes argentinos para asegurarles la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de seguridad social que rijan en el país receptor.
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Tráfico ilegal de personas: se reprime con prisión de uno a seis años; igual pena merecerá quien mediante la presentación de documentación falsa peticione para un tercero algún tipo de beneficio migratorio.
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Durante el debate parlamentario, Giustiniani dijo que, "hasta el momento, el Gobierno apeló a distintas amnistías con ese objetivo. Si se aprueba esta ley, se reducirá notablemente la cantidad de inmigrantes ilegales en el país".
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Los peruanos, en estudio
Si bien Perú no es un país limítrofe, la importante colectividad de peruanos en nuestro país podría ser incluida en las nuevas facilidades. Para ello, ese país debería aprobar por ley su ingreso como miembro asociado al Mercosur o firmar un convenio especial con el gobierno argentino. Lo mismo podría ocurrir en el futuro con Venezuela, Colombia o Ecuador. En cambio, los inmigrantes ilegales de China, Taiwan y Corea quedarían excluidos de estas normas. Se estudian otras medidas a futuro para estos casos. El Gobierno dice que el número de esos casos no es tan relevante.

Nuestro país, desde su misma organización, abrió sus fronteras al ingreso de personas de distintas geografías dispuestas a edificar un futuro común en base al trabajo, para lo cual se les otorgaban amplios derechos individuales. Este rasgo de apertura y tolerancia posibilitó el desarrollo económico-social de amplias franjas territoriales a la vez que, al ser acompañado de una extensa red de instrucción pública, forjó una identidad común.

El pluralismo y el reconocimiento de las diferencias culturales fueron, en términos generales, dominantes en nuestra historia, aunque deben recordarse momentos de intolerancia y de rechazo a los extranjeros. Así, la Ley de Residencia de hace más de un siglo se encargó de legitimar ciertas formas de discriminación, como más recientemente lo hizo la Ley de trato al inmigrante sancionada durante la última dictadura y vigente hasta ahora. Esta norma estableció una serie de requisitos orientados a obstaculizar la radicación legal de personas nacidas en países vecinos, lo cual fue generando una enorme masa de personas sin documentos y sin derechos en suelo nacional.

En diciembre, y ante una población de inmigrantes ilegales estimada en 750 mil personas —aunque según algunas estimaciones podría llegar al millón—, se sancionó una nueva ley que asegurará un trato digno, garantías individuales y derechos asistenciales para todos los inmigrantes y sus familias. Una vez reglamentada, la puesta en vigencia de esta norma implicará un giro del trato expulsivo y marginador hacia el desarrollo de la integración social y la erradicación de formas de humillación institucional.

Una nueva ley de inmigración dará un trato más digno, más garantías y derechos a los inmigrantes, corrigiendo el cuadro de la legislación precedente. De esta forma se promueve la integración social y se evitan formas de humillación institucional.
Editorial del diario Clarin, 22 de enero de 2004