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En
medio de las desesperadas protestas de millares de inmigrantes en situación
irregular, hoy entra en vigor la polémica nueva Ley de Extranjería que regula
las condiciones para residir y trabajar en España y sanciona con la expulsión
a los ilegales.
Los argentinos que intentan inmigrar son una de las colectividades menos numerosas
y con menores problemas legales hasta ahora. De todas maneras, para los entre
cinco y seis mil argentinos que trabajan sin permiso, según un cálculo policial,
la situación es ahora más dura, aunque se espera que la aplicación de la flamante
ley sea menos severa con ellos que con otras nacionalidades.
La nueva ley se propone "incentivar a los extranjeros a entrar y residir dentro
del marco de la regularidad, frente a la entrada irregular". Para los legales
todos los beneficios y casi ninguno a los "irregulares" que no podrán ejercer
derechos de asociación, reunión, manifestación, sindicación y huelga.
En Barcelona, más de 360 inmigrantes sudamericanos, asiáticos y africanos
están encerrados en una iglesia en huelga de hambre, mientras en Murcia 300
ecuatorianos están encerrados en cuatro salones parroquiales. Otros donan
sangre a los hospitales, para recordar al gobierno que están en España para
ayudar.
Los ilegales son castigados con multas y hasta la expulsión como amenaza cierta
si se los sorprende. Quienes los contraten tendrán multas de hasta diez millones
de pesetas y, en los casos más graves, la clausura de la empresa por cinco
años.
España, frontera europea con el norte de Africa, vive con mucha tensión hace
años el fenómeno de la inmigración ilegal de ciudadanos marroquíes, argelinos
y africanos que llegan por millares, en precarias embarcaciones, a través
del estrecho de Gibraltar y hacia las Islas Canarias.
Peligrosas mafias internacionales controlan el tráfico de seres humanos, cobran
precios escandalosos por el viaje clandestino y hasta secuestran a quienes
no pagan.
El viaje termina muchas veces en tragedia. El año pasado la cantidad de ilegales
detenidos se cuadruplicó respecto de 1999 y llegó a superar las 15.000 personas.
Hubo decenas de muertos.
Millares de otros "sin papeles" consiguieron eludir los controles e internarse
en España. Se calcula que ya hay casi 250.000 extranjeros en situación irregular
muchos de los cuales tratan de llegar a otros países europeos donde las restricciones
son cada vez más severas.
Por otras fronteras españolas también entran inmigrantes clandestinos del
este europeo, de China, India, Pakistán y Bangla Desh. De América latina llegan
millares de inmigrantes de Perú, Colombia y, sobre todo, Ecuador que entran
con visado turístico y se quedan a trabajar.
"¿Hasta dónde aguanta una sociedad semejante presión sin que el conflicto
estalle, pese a que se necesiten inmigrantes?", preguntó a Clarín un veterano
diplomático iberoamericano que analizó el tema y lo describió como "el más
grave desafío para las sociedades europeas y su nivel de tolerancia y solidaridad".
¿Que puede hacer la sociedad española?. España tiene solo un 2% de residentes
extranjeros frente al 5% de otros países europeos. Pero el gobierno insiste
en que la ley aprobada el 22 de diciembre pasado por la oposición era permisiva
y atraía como un imán a los ilegales.
El Partido Popular de José María Aznar prometió modificar sustancialmente
si ganaba los comicios generales. Aznar triunfó y por mayoría absoluta. El
14 de diciembre pasado se aprobó la nueva Ley, que hoy entra en vigor, con
el apoyo de los nacionalistas canarios.
"Hay que cerrar una fase excepcional en lo que los requisitos se han fijado
con una extraordinaria generosidad", declaró ayer Juan Carlos Aparicio, Ministro
de Trabajo.
"¡Ningún ser humano es ilegal!", clama un cartel que agita una joven ecuatoriana
en Madrid. "¿Acaso los españoles no vinieron por millones a nuestras tierras?",
pregunta angustiada a Clarín.
Clarin, Martes 23 de enero de 2001
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