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EL INICIO DEL TRAMITE EN MIGRACIONES CUESTA
200 PESOS
Inmigrantes limítrofes: la difícil ruta para radicarse
Deben presentar documentos, certificados de antecedentes penales y de
aptitud médica.
La decisión es alentadora: el Gobierno dispuso suspender las expulsiones
de los extranjeros provenientes de los países limítrofes
que carezcan de la documentación que les permite vivir en el país.
Sin
embargo, los trámites para conseguir la radicación, y legalizar
así su permanencia, continúan siendo un nudo de incógnitas
para muchos de esos 750 mil inmigrantes.
Los
aspirantes que completen todos los pasos lograrán una residencia
por un año, prorrogable por otro. Si luego se acreditan medios
de vida lícitos, podrán obtener la residencia permanente
e iniciar, por último, el trámite para la ciudadanía.
Según
pudo averiguar Clarín, el proceso inicial consta de varios pasos
e involucra una importante suma de dinero que nunca baja de los 300 pesos.
En
la información provista por la Dirección Nacional de Migraciones,
estas son las constancias que aparecen como imprescindibles para iniciar
el trámite:
>Cédula
de identidad, pasaporte o algún certificado de nacionalidad vigente
(original y fotocopia).
>Partida
de nacimiento (original y fotocopia).
>Verificación
de antecedentes penales del país de origen (sólo para mayores
de 16 años).
>Verificación
de antecedentes penales en Argentina (sólo para mayores de 18 años).
>Certificado
de aptitud médica con radiografía de tórax de frente
y un hemograma completo. Los menores de 2 años sólo deberán
presentar la libreta de vacunas.
>Depósito
de $ 200 en el Banco de la Nación Argentina en concepto de pago
de tasa (están exceptuados los menores de 16 años que se
radiquen con sus padres). Hay una sede del Banco en la Dirección
de Migraciones.
Tanto
la verificación de antecedentes penales en el país de origen
como la partida de nacimiento deben estar legalizados por el Consulado
Argentino del país en cuestión.
En
los Consulados de Paraguay, Uruguay y Bolivia cuesta 40 dólares
la legalización de cada documento. En el Consulado de Chile, el
importe es de 22.680 pesos chilenos y en el de Brasil, 116,40 reales.
Para
los brasileros existe una particularidad. Todos las constancias deben
estar además legalizadas y traducidas por el Colegio de Traductores
Públicos (Av. Callao 289, Piso 4ø). La legalización
cuesta 20 pesos por cada documento y el costo de la traducción
varía según los honorarios del traductor.
La
verificación de antecedentes en Argentina es emitida por la Policía
Federal y se tramita en Azopardo 620. En la actualidad, presenta dos tarifas:
25 pesos si se la quiere obtener en el momento, o 17 pesos si se acepta
esperar una semana. Los certificados de aptitud médica pueden realizarse
en forma gratuita en cualquier hospital público.
Desde
la Dirección Nacional de Migraciones lanzaron un claro mensaje:
"Es inútil presentarse para iniciar el trámite de radicación
si no se tienen todos estos documentos en su poder". El organismo
está en Av. Antártida Argentina 1355 y el horario de atención
es de 8 a 13 horas.
Clarin,
7 de febrero de 2004

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EN
ESPERA. SON 750.000 LOS INMIGRANTES LIMITROFES ILEGALES. (Foto:
Marcelo Baiardi) |
Residentes
extranjeros
Hubo 11.685 ilegales expulsados desde 2000
La legislación lo permitía; desde ahora lo resolverá
un juez
Se suspendieron las deportaciones de indocumentados de países limítrofes
hasta que se reglamente la ley
Acreditando ciudadanía y buena conducta podrán residir por
un año en el país
Durante los tres últimos años 11.685 extranjeros fueron
expulsados de la Argentina por no tener sus documentos en regla. Esa situación
es la que se busca evitar desde ayer, tras la resolución de la
Dirección Nacional de Migraciones de suspender, hasta la reglamentación
de la nueva ley migratoria, las deportaciones de los indocumentados y
residentes ilegales llegados de países limítrofes.
Además, la reglamentación que entró en vigor anteayer,
tras su publicación en el Boletín Oficial, se condice con
la ley 25.871, que, entre otras cosas, impide que los extranjeros que
residan en el país en situación irregular sean expulsados
directamente por las fuerzas auxiliares de Migraciones, la Policía
Federal, la Prefectura Naval o la Gendarmería Nacional.
"Lo que estamos haciendo con la nueva ley de migraciones, hasta que
se reglamente, es tomar una acción determinada. De esta forma,
la Dirección de Migraciones da una solución, para no tener
que efectuar lo que decía la vieja ley, que era la expulsión
inmediata", señaló el ministro del Interior, Aníbal
Fernández, a LA NACION.
Es que la ley que regía, elaborada en la última dictadura
militar, permitía la expulsión directa de los extranjeros
que estuvieran en situación irregular, incluso la de aquellos que
aún no hubieran finalizado el trámite de residencia.
"Desde ahora, todos los extranjeros tendrán el derecho de
ser escuchados por un juez, y será él quien decida cuál
es el destino de esa persona", indicó Diego Morales, abogado
del Programa de Atención de Migrantes del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS).
Las detenciones o las expulsiones de inmigrantes ilegales podían
suceder en las fronteras o en cualquier lugar de residencia del país.
Según la jurisdicción, actuaba la fuerza auxiliar correspondiente.
Según cifras de la Dirección de Migraciones y del CELS,
los informes de la Gendarmería Nacional daban cuenta de 1600 expulsiones
en 2000, de 3300 en 2001 y de 1700 hasta octubre de 2002. Estos datos
no incluyen las deportaciones de personas con antecedentes penales, que
tampoco serán beneficiadas con la nueva normativa.
La Prefectura Naval, por su parte, tiene registradas 1505 expulsiones
en 2000, 2098 en 2001 y 1482 hasta octubre de 2002. La comunidad paraguaya
fue la más afectada por estas medidas, ya que registraba deportaciones
de entre 80 y 200 ciudadanos por mes.
La resolución no alcanza a los ciudadanos peruanos, una de las
mayores comunidades que desembarcaron en la Argentina durante los últimos
años. La razón es que Perú no es un país limítrofe
ni pertenece al Mercosur.
Al respecto, Fernández adelantó: "Todos los casos se
revisarán de la misma forma, cualquiera sea la procedencia del
inmigrante. Lo que tenemos que hacer es esa revisión, un análisis
específico de la legislación que tenemos y acabamos de sancionar,
la reglamentación, y ver cómo adecuarlos con cada una de
las acciones".
Según las disposiciones adoptadas en noviembre último por
el Poder Ejecutivo, los requisitos para residir legalmente por un año,
extensible a dos, en el país son: la ciudadanía de origen
en un país limítrofe, un certificado de salud y un certificado
que dé cuenta de no tener antecedentes policiales o penales en
la Argentina o en el exterior.
Laura Rocha, La Nacion, 5 de febrero de 2004

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Una
larga cola de extranjeros que intentan regularizar su situación
en la Dirección Nacional de Migraciones |
Opinión
La nueva política migratoria
Por Mario Teijeiro
Para LA NACION
El Congreso Nacional ha aprobado una nueva legislación migratoria
permisiva con los residentes del Mercosur. La política migratoria
es crítica para definir el perfil de país que queremos ser.
Así como la apertura hacia la inmigración europea definió
un país con una participación importante de la clase media,
esta nueva política migratoria nos asimilará al perfil de
distribución de ingresos de nuestros países vecinos.
Los beneficiados por la nueva política serán los países
limítrofes, que nos "exportarán" desempleo. Los
afectados serán los sectores de menores ingresos, a quienes les
será más difícil conseguir empleo con la competencia
de inmigrantes de países limítrofes.
La legislación sancionada es inconsistente con las intenciones
distributivas del gobierno. Los países con mejor distribución
del ingreso son aquellos en donde el capital abunda (porque se lo cautiva
con seguridad jurídica y estabilidad de las reglas de juego) y
la oferta de mano de obra no calificada es declinante, lo que depende
fundamentalmente de la calidad educativa, pero también de la tasa
de natalidad de los sectores de menores ingresos y del control de las
corrientes migratorias.
La política razonable sería administrar la inmigración
para limitarla a las capacidades laborales que se necesiten y cuando se
las necesite. No tiene las mismas consecuencias autorizar inmigración
calificada que autorizar la inmigración de quienes vienen a competir
por trabajos no calificados. Tampoco es lo mismo autorizar una inmigración
transitoria en épocas de bonanza que autorizar migraciones permanentes
cuando tenemos problemas crónicos de marginalidad. Tampoco tiene
sentido permitir el acceso a la salud y la educación de residentes
ilegales, en detrimento de los servicios que se le pueden dar a nuestra
población necesitada.
Con la nueva política migratoria, el crecimiento económico
no conseguirá mejorar la pobreza y la marginalidad, ya que la recuperación
de la demanda laboral atraerá pobreza de países vecinos.
El riesgo entonces es que tampoco haya crecimiento sustentable, pues un
gobierno progresista preocupado por una distribución del ingreso
que no mejora se verá impulsado a tomar nuevas medidas distribucionistas
y expropiatorias que atentarán contra la inversión y el
crecimiento de largo plazo. Esta es la trampa en la que nos ha metido
la nueva política migratoria.
El autor es presidente del Centro de Estudios Públicos (www.cep.org.ar)
Argentina
no expulsará inmigrantes
El gobierno de Argentina ordenó suspender la expulsión de
inmigrantes indocumentados que provengan de países limítrofes,
mientras se reglamenta la nueva Ley de Migraciones, aprobada en diciembre
del año pasado.
Según cálculos oficiales, la medida beneficiará a unos
700 mil ciudadanos de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que viven
sin papeles en Argentina.
Una de las comunidades extranjeras más grandes de Argentina es la
de los peruanos. Pero los ciudadanos de ese país fueron excluidos
del beneficio de suspensión de las expulsiones porque Perú
no limita con Argentina ni es miembro del MERCOSUR.
El tema migratorio forma parte de los acuerdos de residencia del MERCOSUR,
que todavía no han entrado en vigencia, pero que en el futuro permitirán
el libre flujo de personas entre los países miembros.
Las autoridades creen poco probable que la decisión provoque "un
aluvión de extranjeros". Por el contrario, "todo el que
ingrese estará registrado", según el director de Migraciones,
Ricardo Rodríguez, citado por el diario La Nación.

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El
gobierno argentino pretende con esta ley "limpiar todo lo que
está en negro". |
Resolución
La resolución contempla como excepción el hecho de tener
antecedentes penales en Argentina o en el país de origen. En esos
caso sí procede la expulsión de la persona indocumentada.
Ya en noviembre, Argentina había aprobado una resolución
que permite a los naturales de los países limítrofes obtener
un permiso de residencia por dos años.
Rodríguez agregó que estas medidas permitirán poner
fin a la "cueva de corrupción" en la que se había
convertido la tramitación de los permisos para residir legalmente
en el país.
Desde diciembre hasta finales de enero ya se firmaron más de 16
mil expedientes de solicitud de residencia que estaban en trámite,
de los cuales más de 6 mil estaban atrasados, algunos desde 1991.
El director de Migraciones asegura que con estos nuevos instrumentos podrán
"limpiar todo lo que está en negro". Se calcula que en
Argentina hay alrededor de 1.250.000 inmigrantes en total.
BBC
en español, 4 de febrero de 2004
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