LOS PERMISOS DE TRABAJO PARA LOS INMIGRANTES ILEGALES
En España, los empresarios decidirán a quiénes se legaliza

El gobierno quiere que colaboren en la regularización de los empleados sin papeles.
El destino de los inmigrantes ilegales que trabajan en España quedará en manos de los empresarios que los contrataron. Es que el gobierno del José Luis Rodríguez Zapatero espera que los empleadores colaboren activamente en el proceso de regularización de los sin papeles, declaró la secretaria de Estado para Inmigración, Consuelo Rumí.

Según explicó la funcionaria al diario madrileño El País,al blanquear a los extranjeros clandestinos que tienen contratados, los empleadores decidirán, en definitiva, quiénes obtendrán los beneficios de la nueva ley de extranjería, cuyos detalles se conocerán en septiembre.

Rumí señaló que el gobierno "dará papeles a todos los extranjeros que demuestren una relación laboral fehaciente", con el objetivo de solucionar su situación y para que aflore toda la economía sumergida. Así, los empresarios que estén dispuestos a colaborar, y que hayan empleado a extranjeros en forma irregular, no serán penalizados.

"Evidentemente, si queremos que colaboren, no podemos penalizarlos con las sanciones que les corresponderían", explicó.

El gobierno español anunció el domingo que en el marco de una política de integración se regularizará la situación de los extranjeros que "acrediten trabajo efectivo" en ese país. Pero Rumí aclaró que "no se normalizará la situación de estas personas mientras no exista un contrato. Una oferta de trabajo no va a servir".

La funcionaria dejó en claro que las regularizaciones que estudia el gobierno "estarán vinculadas al mercado laboral y podrán acogerse sólo las personas que el gobierno del Partido Popular dejó como irregulares". Las nuevas medidas, dijo, "no van a afectar al inmigrante clandestino que llegó ayer o que llegue hoy".

Por eso, el gobierno analizará desde cuándo están en España los extranjeros que aspiran a tener papeles. "La mayoría de los inmigrantes irregulares están inscriptos en el padrón municipal y ése será el instrumento para saber cuánto tiempo llevan en nuestro país. No haremos como en la anterior regularización, para la que era suficiente presentar una factura de luz y de teléfono", dijo la secretaria de Inmigración.

También se pondrá en marcha un sistema de altas provisionales en la Seguridad Social, que será el primer paso para la regularización. "Cuando el empresario haya dado de alta al trabajador, podrá formalizar el contrato, y posteriormente se hará efectivo el alta en la Seguridad Social", explicó Rumí a El País.

"Una vez concluido este proceso por parte del empleador, el inmigrante pasará a ser regular y tendrá un permiso de residencia y de trabajo por el tiempo que dure el contrato", agregó.

Según Rumí, es muy difícil calcular cuántas personas pueden beneficiarse con estas medidas. "Se verá a medida que los empresarios hagan sus solicitudes y se formalicen los contratos", dijo.

En una segunda fase, cuando se haya regularizado a estos inmigrantes, el gobierno prevé endurecer las inspecciones de trabajo y las penas para las empresas o particulares que empleen a personas en situación irregular, afirmó la funcionaria.

Así, se pondrán en marcha "medidas para que los extranjeros sin papeles puedan denunciar a quienes incumplan la ley en este sentido", señaló. A estos inmigrantes se les dará la oportunidad de volver a sus países sin penalización, o permanecer en España con un permiso de búsqueda de empleo temporal.

Rumí detalló que al final del gobierno del PP, derrotado en las urnas en las elecciones del 14 de marzo, más de 2,5 millones de extranjeros se encontraban empadronados en España y "menos de un millón y medio estaban afiliados a la seguridad social".

La secretaria de Inmigración denunció la "situación caótica" en materia de inmigración heredada del PP y confió en que las medidas anunciadas por el gobierno sean consensuadas por todos los sectores implicados.

Rumí enfatizó que el nuevo plan "no significa que se vaya a dar papeles a todos los extranjeros, que quede bien claro". Sin embargo, los anuncios ya generaron roces con los líderes del PP. El secretario general de ese partido, Mariano Rajoy, aseguró que el gobierno del PSOE cometió "un gravísimo error" con su política de regularizaciones.

"El mensaje que se está transmitiendo es que aquí todo vale, de modo que todos los esfuerzos para que la inmigración se produzca por vías legales se resienten muchísimo", disparó Rajoy.

"Creo que esto es muy peligroso y de hecho no se hace en ningún país de Europa", señaló el líder del PP, y agregó que el gobierno "hizo muchísima demagogia en este tema".
Clarin, 24 de agosto de 2004

ESPERA. UNA COLA DE INMIGRANTES ESPERA FRENTE A LAS OFICINAS DE EXTRANJEROS EN ALMERIA PARA AVERIGUAR COMO NORMALIZAR SU SITUACION.

El alivio y el temor de los argentinos
Piden más oficinas consulares

MADRID (De nuestra corresponsal).- Las exigencias conocidas hasta ahora para acceder al blanqueo masivo de inmigrantes irregulares en España comprenden "al 95%" del perfil de decenas de miles de argentinos indocumentados, con lo que la puesta en marcha del plan "descomprimiría mucho" su situación.

Así lo indicaron a LA NACION fuentes del sector que, sin embargo, alertaron que "si el gobierno argentino se queda en palabras y no concreta lo que anuncia para sus emigrantes, es posible que las exigencias del plan queden fuera del alcance de muchos".

Tal fue la advertencia de Luis Pérez Leira, de Argentinos en el Exterior, quien, en coincidencia con otros dirigentes, pidió al gobierno de Néstor Kirchner que "de una vez facilite los medios técnicos" para que los residentes indocumentados puedan cumplir con las exigencias de la futura normativa.

"Lo que pedimos no es otra cosa que lo tantas veces prometido. Esto es: la mejora de los consulados existentes y la apertura de los previstos en Canarias, Andalucía y Valencia porque, de lo contrario y en las actuales condiciones, no habrá argentino que pueda tramitar la documentación que se le exija", sintetizó el dirigente.

"Ya que el Gobierno hizo un censo de residentes argentinos en España, debería usarlo para dotarlos de la mentada matrícula consular, de modo que ese documento sirva como aval a su portador a la hora de iniciar los trámites para el blanqueo", sugirió.

El anuncio del blanqueo fue todo un respiro para la "crítica situación" de numerosos argentinos indocumentados en la isla canaria de Tenerife. "En este momento tenemos por lo menos medio centenar de compatriotas a los que se les retuvo el pasaporte y se los amenaza con la expulsión", dijo Alvaro Jiménez, de la oficina insular de la misma agrupación.

"Uno queda un poco sorprendido porque, por un lado, anuncian blanqueo. Y por el otro, todos los días tenemos casos de nuevos expedientes de expulsión y ya no tenemos a quién reclamarle", dijo el dirigente.
La Nacion, 24 de agosto de 2004

El proyecto del gobierno socialista: reacciones tras el anuncio Critican en España el blanqueo de ilegales
El PP consideró que el plan desatará una "invasión" de extranjeros; hay controversia sobre la cantidad de beneficiados

La oposición de derecha consideró que es un gravísimo error
Otros sectores piden cautela y consenso
La iniciativa podría alcanzar a 1.500.000 ilegales

MADRID (De nuestra corresponsal).- El anuncio del gobierno socialista de que se prepara para lanzar una regularización "generosa" de inmigrantes indocumentados convirtió a España en un hervidero. Y también en un baño de cifras: mientras las primeras interpretaciones de la información conocida anteayer conjeturan no menos de 1.500.000 posibles beneficiados, fuentes sindicales lo cifraban en exactamente la mitad, entre 500.000 y 800.000 extranjeros.

El controvertido plan fue eje de una fuerte disputa con la principal oposición, el derechista Partido Popular (PP), que la rechazó de plano con predicciones apocalípticas sobre una "masiva invasión" de extranjeros a partir de su puesta en marcha. "Esto es lo mismo que papeles para todos, un gravísimo error", sintetizó su líder, Mariano Rajoy.

Lejos de ese rechazo absoluto, sindicatos y organizaciones no gubernamentales pidieron, sin embargo, "prudencia" al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de anunciar giros en la materia y reclamaron "consenso" para ponerlo en práctica.

Su principal objeción es el papel decisivo que, al parecer, tendrán los empresarios para decidir a quién se blanquea y a quién no. Y lo mismo cuestionaron representantes de la colectividad argentina: "Eso debería ser materia del gobierno y de agentes sociales", sintetizó Luis Pérez Leira, de Argentinos en el Exterior (ver aparte).

Por lo que se sabe, el gobierno apuntaría a indultar a los empresarios que hayan contratado mano de obra en negro siempre y cuando decidan su regularización mediante contratos en blanco. Pero la duda, ayer, era el interés real que podrían tener quienes "se benefician con mano de obra barata" por blanquear a su costo esa economía sumergida.

La otra gran duda sigue siendo la cantidad de beneficiarios. Si bien el gobierno insiste en no dar números, de las declaraciones de sus propios funcionarios surge una primera estimación de 1.500.000 personas. O, dicho de otro modo, tanto como el 3% de la población (43 millones de habitantes). O más del 7% de los económicamente activos (19 millones, según datos oficiales).

Las grandes centrales sindicales de UGT y comisiones obreras cifraron su estimación entre 500.000 y 800.000 personas.

El dato fue deslizado por la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí. "Al terminar el anterior gobierno había más de 2.500.000 extranjeros empadronados pero menos de 1.500.000 afiliados a la seguridad social", denunció la funcionaria. De la diferencia entre una y otra cifra surge la estimación de eventuales beneficiarios.

Los detalles del "primer plan integral" para inmigrantes irregulares se conocen a cuentagotas. Se sabe que entre los requisitos figura un "contrato fehaciente" de trabajo; acreditar tiempo de estancia mediante empadronamiento y condiciones de empleo para afiliarse a la Seguridad Social.

La descripción de esos requisitos abarca a "casi todos" los residentes irregulares de la Argentina, según indicaron a LA NACION fuentes del sector. En conjunto, se trata de una cifra que ronda entre las 80.000 y las 120.000 personas, según datos del gobierno de nuestro país.

La fuerte disputa política que se disparó ayer aleja en el horizonte cercano la posibilidad de que el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) alcance el pretendido "pacto de Estado" sobre política migratoria con partidos de oposición, de modo que la espinosa cuestión deje de ser objeto de puja partidista.

El PP, desalojado sonoramente del poder en marzo último, tomó la propuesta socialista como un desaire a todo lo actuado en la materia durante su gestión. "La idea de documentar a los irregulares genera un problema mayor del que tenemos. Es un error garrafal, producto de una política errática", dijo su vocero parlamentario, Eduardo Zaplana.

De hecho, la agrupación pidió ya la comparecencia de los responsables ministeriales del área en el Congreso para que informen de qué se trata. "Esto tendrá un efecto llamada terrible", vaticinó Rajoy, en alusión a una eventual llegada masiva de inmigrantes. El líder opositor subrayó que la decisión de Zapatero "se da de narices" con lo que es la política de la Unión Europea en la materia.

En término medio se ubicaron sindicatos y organizaciones que trabajan con inmigrantes. Si bien valoraron que el blanqueo se vincule con el mercado laboral y la existencia de contratos reales, pidieron consenso para su desarrollo y recomendaron evitar los "anuncios espectaculares que generan falsas expectativas".

En términos similares se expresó Comisiones Obreras (CCOO), la otra gran central sindical. "El gobierno no puede delegar su propia responsabilidad ante los inmigrantes en manos de los empresarios", dijo su secretario para las Migraciones, Julio Ruiz.

Una de las críticas más llamativas fue la de Izquierda Unida (IU), fuerza aliada al socialismo. "Es insuficiente pensar que los empresarios quieran emerger una parte de la economía sumergida", dijo su coordinador general, Gaspar Llamazares. Y pidió al gobierno que se ponga él mismo frente a la lucha contra el fraude.
Agencias AFP, AP y EFE

Dichos y hechos
Advertencia procreadora . Hace tiempo, cuando gobernaba, recomendó jornadas de educación sexual para los inmigrantes, con el propósito de dotarlos de "medios" para evitar que procrearan con catalanas. Fue una sugerencia "explícita". Pero ayer, en medio del hervidero por el plan de regularización masiva, volvió con lo suyo. "Está muy bien la convivencia lograda entre los catalanes y los recién llegados a nuestra tierra, pero sin llegar al mestizaje, porque eso sería el final de Cataluña", dijo el veterano ex presidente del gobierno regional Jordi Pujol. "A un vaso de agua se le tira sal y la disuelve; se le tira un poco más, y también la disuelve", pero llega un momento en que "no la disuelve", dijo Pujol, gráficamente (De nuestra corresponsal).

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Respuesta . Los Verdes catalanes fueron los primeros en reaccionar ante los dichos del ex presidente del gobierno regional. "El problema de Pujol es que no entiende que la razón de ser de Cataluña es, precisamente, el mestizaje. Lo que él dice suena antiguo, pero no necesariamente racista", dijo el vocero de la agrupación en el Parlamento regional, Joan Herrera.
La Nacion, 24 de agosto de 2004