Los ilegales, en la mira de Aznar: las aerolíneas deberán informar al gobierno
España: polémica por la ley inmigratoria
Entró en vigor ayer la nueva reforma a la ley de extranjería; afecta a decenas de miles de argentinos

MADRID.- Tal como están las cosas, todo viajero no europeo que llegue a España "es sospechoso", denunciaron partidos de oposición y entidades que trabajan con inmigrantes al cuestionar la tercera reforma a la ley de extranjería en España, que entró en vigor ayer.
La norma recibió una catarata de críticas en su primer día, entre ellas, de residentes de nuestro país. "Esto nos afecta tanto como a cualquier otro extranjero. Es hora de terminar con la idea hipócrita, falsa y manipulada de que los argentinos no tienen problemas en España", dijo Enrique Borcel, presidente de la Casa Argentina en Madrid.
En el caso argentino, esta nueva modificación en sólo tres años comienza a funcionar sin que se cumpla la pretensión del gobierno de Néstor Kirchner de superar la situación de marginalidad de los nacionales sin papeles.
Lejos de eso, el gobierno de José María Aznar postergó "hasta marzo próximo" toda conversación al respecto, según Borcel. Los argentinos en situación irregular son entre 80.000 y 240.000, según distintas fuentes. "Viven un auténtico drama que trata de disfrazarse", insistió el dirigente.
Aprobada por más del 70% de los votos en el Parlamento, con el estratégico apoyo del socialismo, la norma obliga a las compañías aéreas a informar la identidad de los pasajeros que no usen su pasaje de salida de España; permite el acceso policial a la de quienes piden carta de invitación para entrar y a la de quienes, en situación irregular, se inscriben para recibir atención médica.
Innova al crear una visa especial de búsqueda de trabajo, pero la Argentina queda fuera de ella. Primero, porque no tiene convenio específico para su aplicación y, segundo, porque no se contempló un cupo para beneficiar con ella a nietos de españoles de origen.
Así, los residentes argentinos compartieron buena parte de las críticas por "policial, discriminatoria, racista, hipócrita e inútil" que hicieron un largo listado de entidades. Entre ellas, Caritas España, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (Atime) y las ONG que trabajan con inmigrantes y lideradas por SOS Racismo.
Desde el costado institucional español, las críticas más duras fueron de la minoritaria Izquierda Unida y de las dos centrales sindicales. "Esta ley está cada vez más alejada del principio de igualdad de trato y condena a la invisibilidad a quienes viven y trabajan en forma irregular en España", dijo la Unión General de Trabajadores (UGT).
Una "tarea policial"
Las compañías aéreas españolas mostraron en cambio su "total disposición" a informar la identidad de los pasajeros que no usen su pasaje de salida, pero pidieron dinero al gobierno para cubrir los gastos que eso implique, según el presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), Felipe Navío. Entre otras, integran AECA las compañías Spanair, Air Plus y Air Nostrum. "Lo que se nos pide es que hagamos tarea policial", dijo el dirigente empresarial, en un argumento muy próximo al de las organizaciones que objetan la ley.
Las críticas se hicieron fuertes en Galicia, donde la Asociación Argentinos en el Exterior convocó a movilizaciones y protestas contra "una norma que es policial y que sólo busca perseguir a los trabajadores", según dijo su titular, Luis Pérez Leira.
Abogados argentinos que trabajan con inmigrantes también alertaron sobre las "enormes dificultades" que se avecinan. "A partir de ahora todos los trámites de residencia son personales, no se admiten más apoderados", dijo Marcelo Belgrano.
En términos igualmente críticos se pronunciaron los abogados Carlos Slepoy y Andrés López Rodríguez, quienes advirtieron que la nueva norma "hace cada vez más espeso el muro" que frena a los que quieren emigrar a España.

Por Silvia Pisani, La Nacion, 23 de diciembre de 2003

Qué cambia
Visa: se crea una nueva visa de búsqueda de trabajo, por tres meses. La Argentina fue excluida porque no tiene convenio de migración ni oficina de enlace para tramitarla.
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Familia: aumentan los requisitos para que un residente legal pueda traer a su familia a vivir a España.
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Regularización: dispone el rechazo automático de todo pedido de regularización que presente un residente irregular.
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Más control: faculta el acceso de la policía a la identidad de viajeros extracomunitarios que no usen su pasaje aéreo de regreso, a la lista de residentes irregulares que solicitan atención médica y la identidad de los que solicitan una "carta de invitación" para ingresar en España.

Dos pueblos se movilizan para defender a los ilegales
Están orgullosos de los inmigrantes

MADRID (De nuestra corresponsal).- Empezó en un valle aragonés. Al grito de "aquí no sobra nadie", los vecinos se movilizaron contra las sorpresivas redadas de la Guardia Civil para detener a inmigrantes latinoamericanos sin papeles que, según las autoridades del lugar, no hacían otra cosa que "sacar el trabajo adelante".
La mayoría son ciudadanos procedentes de Ecuador y de Bolivia, pero también recaló por allí algún argentino que encontró en la necesidad y la hospitalidad de su gente un sitio donde trabajar. Así, la primera reacción popular española contra la expulsión de latinoamericanos "sin papeles" tuvo lugar en los poblados de Benasque y Castejón de Sos.
Se trata de pequeñas aldeas montañosas en la zona de Huesca, en la provincia de Aragón; próximas y de características similares al poblado de Aguaviva, donde hace dos años se lanzó el experimento de importar diez familias argentinas, de las cuales cuatro partieron a los pocos meses entre quejas y cuentas sin pagar.
Con otros latinoamericanos llegados a esos dos sitios la historia fue diferente. "Tenemos un 12% de inmigrantes entre nuestros 730 habitantes y estamos orgullosos de eso", dijo la alcaldesa socialista de Castejón de Sos, María Pellicer, una de las primeras en movilizarse para defenderlos.
Otro tanto sucede con los 243 extranjeros que se mezclan entre los 1758 vecinos de Benasque.
Una carta al diario El País y la consecuente investigación del periódico reveló que las cosas empezaron a cambiar con súbitas redadas de la Guardia Civil para detener a quienes no tenían documentos en orden. El subdelegado del gobierno central en Huesca, Angel Fernández Vidal, admitió la situación e indicó que "lo ocurrido se está estudiando".
Los vecinos dicen que lo que está ocurriendo es "desconcertante" y piden explicaciones. Aducen que desde la intervención policial todo ha cambiado en el pueblo y que muchos hijos de inmigrantes dejaron de ir a la escuela y de integrarse en la vida social por temor a ser sorprendidos en una redada.
Los empresarios que dieron trabajo a los "sin papeles" se atajan y dicen que no son explotadores. "He tenido gente con y sin papeles, venezolanos y argentinos, pero el problema es el mismo de siempre: la burocracia. Pides empleados al Instituto de Empleo pero los españoles que vienen aquí no se quedan", dijo Enrique Calvo, un empresario del lugar. Su argumento es el mismo que aducen las entidades que trabajan con inmigrantes y que denuncian la "hipocresía" gubernamental al respecto.
La entrada en vigor de la nueva ley de extranjería parece haber encontrado en ese desolado paisaje, del que miles emigraron en el pasado, un inesperado y súbito foco de resistencia de su propia gente.
La Nacion, 23 de diciembre de 2003