La situación de los inmigrantes: polémica por los anuncios del gobierno España: denuncian despidos de ilegales
Los empresarios temen ser acusados por sus empleados ante el Ministerio de Trabajo y obligados a realizar aportes

Este es uno de los puntos del plan propuesto por el gobierno para el blanqueo
Fuertes críticas de las organizaciones que trabajan con indocumentados

MADRID.- El plan de blanqueo de ilegales anunciado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue provocando polémica en España. Inmigrantes indocumentados alertaron en los últimos días sobre una ola de despidos por parte de patrones temerosos de que sus empleados los "denuncien" ante el Ministerio de Trabajo y se vean obligados a pagar fuertes sumas a la Seguridad Social.

"Estamos recibiendo a personas que fueron despedidas porque sus empleadores temen verse afectados por el futuro régimen de inmigración", advirtieron ayer varias entidades que trabajan con inmigrantes indocumentados. Entre ellas, SOS Racismo y Acicomar, que figuran entre las más activas.

Su advertencia se suma a la que ya hicieron trabajadores irregulares argentinos en islas Canarias, quienes, a fines de agosto y antes de que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero precisara aún más su propuesta, ya se habían visto afectados por despidos.

"La situación de contratación laboral es muy precaria. Si los empresarios que dan una mano al trabajador ven que pueden verse perjudicados, es natural pensar que procederán al despido", advirtió ya por entonces a LA NACION Mauricio Martínez Vulcano, de la oficina de Argentinos en el Exterior de la isla canaria de Tenerife.

Brazo de la economía sumergida, no hay en España cifras oficiales sobre la magnitud de la masa laboral irregular. Estimaciones privadas dicen que no son menos de un millón los extranjeros que trabajan en esas condiciones. De ellos, no menos de 80.000 son argentinos, según estimaciones del gobierno de nuestro país.

Junto con su futuro reglamento para aplicar la Ley de Extranjería, el gobierno socialista presentó un Plan Normalizador -extraordinario y temporal- para blanquear esa masa de trabajadores en negro ya existente. Pero, hasta ahora, el plan generó primero objeciones entre entidades de inmigrantes. Y, en las últimas horas, furiosas advertencias sobre una ola de despidos.

"Lo que le pedimos al gobierno es que aclare esto apenas pueda. La confusión es enorme y los riesgos de despidos, grandes", dijo Luis Pérez Leira, de Argentinos en el Exterior.

Según estimaciones del Partido Popular (PP), a las que LA NACION tuvo acceso, sólo uno de cada diez de los trabajadores cuya situación se pretende "normalizar" podría cumplir los requisitos contemplados en el proyecto.

"La exigencia básica del gobierno socialista es que los trabajadores en negro aporten un contrato efectivo que les otorgue continuidad laboral durante, por lo menos, un año más. Pero, por lo que nosotros sabemos, ese tipo de contratos son rarísimos en un mercado tan precario y sólo llegan al 8 % del total", dijo la diputada Angeles Muñoz, en diálogo con LA NACION.

A la "confusión e inseguridad" denunciada por asociaciones de inmigrantes desde que, el lunes último, se presentaron ambos instrumentos legales en el Congreso, se suma ahora el temor por los despidos que se están detectando en distintos puntos del país. "Lo que nosotros pedimos al gobierno es que no nos enfrente con los empresarios, porque ellos son los que nos dan trabajo. Y sin trabajo no vivimos", dijo Héctor Flores, de Acicomar.

El anuncio de la discordia
La ola se disparó luego de que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunciara que el futuro reglamento de la Ley de Extranjería incluirá una "reformulación novedosa" de la ya existente figura del "arraigo", por la cual el trabajador irregular podrá "denunciar" a su empleador y así obtener su blanqueo.

Según las palabras textuales del ministro, eso podrá tener lugar "cuando la relación laboral haya durado al menos un año" caso en el que -también según su declaración oficial- "el empresario tendrá que hacer frente a las cuotas que adeude a la Seguridad Social y recibirá la correspondiente multa, aunque ésta -advirtió- podría quedar sin efecto si liquida sus deudas con el trabajador y con los organismos públicos".

Esa fue la figura que desencadenó los despidos denunciados por los inmigrantes. Ayer, para contrarrestarlos, varias entidades aconsejaban a sus miembros el "comienzo de una campaña" por la que cada trabajador irregular aclare con su empleador que no piensa "perjudicarlo".

En voz baja, lo que se decía en las entidades era que -si el texto de la propuesta no se modifica- sería el trabajador irregular el que tendría que llegar a un acuerdo con su empleador y "lo más probable" fuera que tal entendimiento incluyera que el propio empleado se hiciera cargo del costo de su blanqueo.

Con el mismo pragmatismo, otros apuntaban que "es virtualmente imposible que un trabajador pueda probar que trabajó para alguien si lo hizo de forma ilegal". Y eso alimentaba aún más la sospecha de que el paso de la economía negra a la formal podría ser financiado por los trabajadores, a riesgo -si no- de ser despedidos.
Por Silvia Pisani, La Nacion, 17 de septiembre de 2004