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     REFORMA 
      DEL CODIGO PENAL   
       España: 
        penas más duras contra la delincuencia  
      Ofensiva 
        contra las mafias que apoyan la inmigración ilegal, la delincuencia 
        y el terrorismo. 
      
      Juan 
        Carlos Algañaraz, Clarin, 
        Martes 14 de enero de 2003  
      El gobierno español anunció que se pondrá en marcha una amplia 
        reforma del Código Penal y otras leyes en apoyo de una ofensiva contra 
        las mafias que controlan la inmigración ilegal, la delincuencia, y el 
        terrorismo, que prevé un fuerte endurecimiento de las penas y expulsiones 
        inmediatas de los extranjeros que cometan delitos. 
         
        Los anuncios fueron formulados por el jefe del ejecutivo, José María Aznar, 
        el vicepresidente, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, Angel Acebes. 
         
        El lapso máximo de pena a cumplir por un condenado por delitos de terrorismo 
        se aumentará de 30 a 40 años y los sentenciados "deberán cumplir totalmente 
        sus condenas", dijo Aznar. En las próximas semanas se pondrán en marcha 
        los "juicios rápidos", dirigidos sobre todo contra los "pequeños delincuentes", 
        y se aprobará un endurecimiento de las condiciones para obtener beneficios 
        penitenciarios.  
         
        La reforma del Código, que se aprobará este viernes, amplía de 3 a 8 años 
        las penas de cárcel por tráfico ilegal de inmigrantes, delitos cuyo castigo 
        será de entre 4 a 10 años si existe el propósito de explotación sexual. 
        El Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento para aprobar 
        las iniciativas del gobierno.  
         
        Los inmigrantes que cometan delitos menores, como robos o hurtos, serán 
        expulsados "porque a España se viene a trabajar y no a delinquir". Aznar 
        informó que cometer cuatro faltas, transgresiones que merecen penas leves, 
        será considerado un delito. En los últimos dos años se ha registrado un 
        incremento alarmante de la inseguridad ciudadana en toda España, y eso 
        se ha convertido en un arma de la oposición contra el gobierno.  
         
        Aznar indicó que se iba a castigar la "plaga" del robo y manipulación 
        de teléfonos móviles y los delitos contra la propiedad intelectual. La 
        falsificación, sobre todo de discos y videos, es un problema muy grave 
        en España y en muchos casos los vendedores en la calle son inmigrantes 
        en situación ilegal.  
         
        Acebes explicó que se debían eliminar fallos en los sistemas penal y penitenciario 
        que permiten a muchos transgresores ser arrestados y volver de inmediato 
        a la calle para seguir delinquiendo. Ahora se reforzará el castigo a la 
        "habitualidad" y la reincidencia será considerada como agravante calificada 
        y con mayores sanciones. Los reincidentes serán sometidos de inmediato 
        a los "juicios rápidos".  
         
        Acebes señaló que muchos extranjeros en situación ilegal cometen delitos 
        menores que impiden su expulsión. Con la reforma, advirtió, la expulsión 
        no será optativa sino "obligatoria, inmediata y automática" si la pena 
        no implica la prisión provisional. El expulsado no podrá volver a España 
        en 10 años y el gobierno planteó en la Unión Europea que la sanción tenga 
        vigencia en toda la comunidad.  
         
        "Negarse a abordar este problema sería hacerlo con la situación que provoca, 
        por ejemplo, el setenta por ciento de los delitos que se cometen en Barcelona", 
        señaló Aznar. 
         
        El vicepresidente del gobierno, Mariano Rajoy, indicó que "aquí no se 
        corta una mano al que roba ni se lapida a las adúlteras, pero hay leyes 
        que cumplir". Explicó que los padres deben respetar la obligación de escolarizar 
        a los chicos hasta los 16 años porque es un derecho "que no atenta contra 
        ninguna cultura o religión".  
         
        La alusión de Rajoy era clara a los problemas que se han registrado con 
        inmigrantes islámicos que se niegan a enviar a sus hijas a los colegios 
        cumplidos los 12 o 13 años. 
         
        Además, Rajoy señaló que las inmigrantes podrán separarse o divorciarse 
        de acuerdo a los derechos que les conceden las leyes españolas aunque 
        no se les reconozca en la legislación de sus países de origen.  
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