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       El joven argentino 
        Francisco Castorina, que permanecía en un centro de internamiento 
        para inmigrantes ilegales en Barcelona, fue puesto en libertad por orden 
        de un juez español. Pero cuando se retiraba del centro, ayer al mediodía, 
        le fue comunicada una inmediata orden de expulsión de España por la delegación 
        del gobierno en Cataluña.  
         
        La abogada defensora de Castorina recurrirá ante la justicia contra esta 
        decisión del ejecutivo español. El joven fue detenido durante la reunión 
        cumbre de Barcelona el 15 de marzo, y acusado de participar en una manifestación 
        ilegal, por lo que debe presentarse ante el juez el 9 de abril.  
         
        Así lo informó a Clarín José Antonio Castorina, padre de "Pancho", 
        quien viajó desde Buenos Aires y se presentó ante el magistrado haciéndose 
        responsable del domicilio del joven en Barcelona mientras se tramita el 
        juicio en que se lo acusa de violar leyes de orden público, algo que 
        el muchacho niega tajantemente. La expulsión es por 7 años y es la 
        primera vez que se adopta una medida tan drástica contra un ciudadano 
        argentino sin que medie ninguna resolución judicial en su contra. 
         
         
        "El juez decidió el miércoles la puesta en libertad de mi hijo y se la 
        comunicaron ayer al Centro de Internamiento La Verneda. Cuando estaba 
        por salir a la calle le entregaron una orden de expulsión del subdelegado 
        del gobierno con fecha 2 de abril", informó José Antonio Castorina, profesor 
        de la Universidad de Buenos Aires. "Esto es totalmente arbitrario. 
        El juez está diciendo que no existe ninguna causa para que mi hijo siga 
        internado en el Centro de La Vernera y el gobierno civil lo expulsa en 
        una medida puramente política", añadió el profesor Castorina.  
         
        Francisco Castorina, 20 años, estudiante de la UBA, se encontraba en una 
        calle peatonal del centro de Barcelona el viernes 15 pasado. En ese momento 
        había grandes medidas de seguridad por la cumbre euro pea que se reunía 
        en la capital catalana.  
         
        Por la noche se iba a realizar una manifestación autorizada pero el argentino 
        se encontraba alejado del lugar de la demostración. Según relata 
        su padre, la policía pidió su documentación al joven y lo revisaron cuidadosamente. 
        No encontraron nada inusual y lo dejaron seguir. Sin embargo, poco después 
        volvieron a interpelarlo y esta vez lo llevaron detenido. 
         
        Castorina tenía vencida su visa de turista por pocos días. Fue acusado 
        de participar en una manifestación ilegal, portar un arma blanca y piedras, 
        cosa que el joven argentino rechaza totalmente. ¿Por qué se lo revisó 
        y se lo dejó seguir sin problemas para después arrestarlo?, se pregunta 
        la angustiada familia de "Pancho".  
         
        "Pedimos que el juicio sea justo", añadió el profesor Castorina. Al parecer, 
        según informaron algunas fuentes jurídicas a Clarín, el fiscal 
        pide un año de prisión para Castorina. La abogada defensora, Montserrat 
        Salvador, ha pedido una pericia dactiloscópica para probar que 
        el joven argentino no tenía en su posesión el arma y las piedras.  
         
        El caso de Francisco Castorina ha suscitado una reacción muy importante 
        de entidades argentinas y españolas de derechos humanos que reclaman 
        contra la expulsión. Personalidades de ambos países, como el Premio Nobel 
        Pérez Esquivel y el actor Héctor Alterio encabezan una larga lista de 
        firmas en un documento que se conoció ayer.  
         
        La nota solicita que el juicio "se lleve a cabo con las debidas garantías 
        procesales", y que quede sin efecto la orden de expulsión. También denuncian 
        que "estos hechos forman parte de una estrategia política tendiente a 
        penalizar las faltas relativas al visado y disuadir a quienes 
        ejerzan sus derechos de expresión frente a la globalización neoliberal". 
        Diario 
        Clarin, Viernes 5 de abril de 2002  
       
      PROTESTAS 
        DE LAS ASOCIACIONES QUE NUCLEAN A ARGENTINOS EN EL EXTERIOR En España, 
        le inician un trámite de expulsión a otro argentino Se trata de Francisco 
        Castorina, detenido en Barcelona durante las protestas contra la cumbre 
        de la Unión Europea. Y el 1° de abril, en Málaga, podría decidirse la 
        expulsión de Nicolás Sguiglia. Permanece 
        ingresado en el Centro de Internamiento para Inmigrantes Ilegales de Barcelona 
        el joven argentino Francisco Castorina, de 22 años, quien fue detenido 
        el sábado pasado durante los incidentes posteriores a la manifestación 
        de protesta contra la cumbre de la Unión Europea. 
         
        Castorina deberá presentarse ante un juez en lo penal el 9 de abril próximo, 
        imputado por infringir las leyes del orden público, y se le ha 
        iniciado un expediente de expulsión de España ante el Gobierno 
        Civil de Barcelona. Este episodio coincide con el arresto y expediente 
        de expulsión en Málaga del ciudadano argentino, con pasaporte italiano 
        —y por lo tanto miembro de la comunidad europea—, Nicolás Sguiglia, de 
        25 años. Sguiglia había participado en una protesta por la expulsión 
        de inmigrantes en Málaga, donde vive con su compañera y trabaja hace 
        cinco años. 
         
        Sguiglia deberá presentarse el 1° de abril ante el subdelegado del gobierno, 
        Carlos Rubio, quien en ese momento le puede notificar la orden de expulsión. 
         
        Varias organizaciones de derechos humanos y entidades que nuclean a miembros 
        de la comunidad argentina en España dieron a conocer enérgicas protestas 
        por la situación de Nicolás Sguiglia, en Málaga, y de Francisco Castorina, 
        en Barcelona. En caso de que se produzcan las expulsiones, serían las 
        primeras medidas de este tipo dictadas contra argentinos sin que medie 
        decisión judicial en su contra. 
         
        La policía arrestó a 90 personas durante la reunión cumbre de Barcelona, 
        18 de las cuales quedaron libres sin cargos y otras 72, con cargos. El 
        argentino Francisco Castorina es el único extranjero que ha sido internado 
        en un centro especial. Los otros ya han quedado en libertad sin cargos. 
        La fiscalía ha pedido penas de entre 3 y 5 años de prisión para algunos 
        de los procesados, a los que se les aplicará el llamado "juicio rápido". 
         
        Castorina ha sido acusado de participar en las protestas y de tener en 
        su posesión objetos peligrosos. Según la policía, se trata de una navaja 
        y algunas piedras. 
         
        Clarín se puso en contacto con la familia de Castorina en Buenos 
        Aires y con su abogada, Montserrat Salvador. "Las afirmaciones de la policía 
        no son ciertas. "Pancho" estaba en una plaza con algunos españoles y no 
        tenía los objetos que dijo la policía", señaló la madre de Castorina. 
         
         
        La abogada Montserrat Salvador anticipó a Clarín que hoy va a interponer 
        un recurso ante la justicia para que se anule la orden judicial 
        que ordena el internamiento cautelar. "Por el tema penal ya estaría en 
        libertad, pero el mismo día del arresto se le venció el permiso de 
        turista y por eso el juzgado señala que está en situación irregular 
        para también justiciar la orden de ingreso en el Centro de Internamiento", 
        explicó a Clarín la letrada. También hoy, la abogada va a pedir 
        una prueba dactilar para que se verifique mediante la pericia que 
        es falsa la acusación de la policía de que Francisco Castorina tenía en 
        su posesión una navaja y piedras. 
         
        Algunas personalidades españolas criticaron que se produzca una coincidencia 
        de acciones represivas, con amenazas de expulsión, contra ciudadanos argentinos. 
        "Esto es muy preocupante y puede afectar las relaciones entre España y 
        la Argentina", declaró a Clarín Luis Pérez Leira, de la Confederación 
        Intersindical Gallega. Diputados socialistas y de Izquierda Unida han 
        pedido al secretario de Estado para la Seguridad, Pedro Morenés, que archive 
        el expediente contra Nicolás Sguiglia y no aplique la expulsión por tres 
        años contra el ciudadano argentino. 
         
        "Nico no se va", proclama un manifiesto del Movimiento de Argentinos 
        en el Ex terior, señalando que la actitud del subdelegado del gobierno 
        en Málaga y la actuación policial ha sido "desmedida y violatoria de 
        los derechos humanos". Afirma, además, que el joven argentino fue 
        "salvajemente agredido por la policía". 
         
        El documento destaca que Sguiglia "goza de un importante prestigio en 
        la defensa de los derechos de los inmigrantes". El Movimiento de Argentinos 
        en el Exterior pide que no se expulse a "Nico" y solicita a las autoridades 
        argentinas e italianas que emitan una condena por los sucesos. 
         
        La Asociación Argentinos en el Exterior, señala que "nos preocupa seriamente 
        que en los últimos diez días el gobierno español haya abierto procesos 
        de expulsión contra dos ciudadanos argentinos. La actitud del gobierno 
        —agrega— marca una clara tendencia represiva". 
         
        En términos similares se expresan declaraciones de la Asociación Argentina 
        Pro Derechos Humanos de Madrid, la Fundación contra la Impunidad, el Club 
        Argentino de Madrid, centros argentinos de Málaga, Barcelona, Almería, 
        Málaga y otras grandes ciudades españolas. 
      Diario 
        Clarin, Jueves 21 de marzo de 2002  
      11/4/2002 
        - Sábato pidió al gobierno catalán que no expulse a un argentino El escritor 
        Ernesto Sábato pidió hoy a autoridades del gobierno catalán que "deje 
        sin efecto" la orden de expulsión que pesa sobre el ciudadano argentino 
        Francisco Castorina, al señalar que si esa resolución se cumpliera, "implicaría 
        un gravísimo precedente para quienes sienten España como una tierra de 
        acogida y solidaridad". 
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