Reconoce
que se desplazan "desde hace años"
De la Vega ignora lo que hace Interior con los inmigrantes ilegales que
envía a la Península
Alcaldes
de Murcia y el presidente regional exigen el «cese de los vuelos».
El Gobierno asegura que «disminuirán», pero ayer se
fletó otro avión a Valencia y Madrid.
Por C. Morcillo / M. A. Barroso
ABC, España
22/01/05
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que los inmigrantes ilegales que Interior traslada desde Canarias a cuatro ciudades de la Península -Madrid, Valencia, Málaga y Murcia- están «en una escala, en fase de repatriación», cuando en realidad son abandonados a su suerte, como constató ABC la semana pasada.
De la Vega, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, insistió, no obstante, en la idea contraria: a los subsaharianos no se les traslada de un sitio para «colocarlos en otro» ni se les «abandona a su suerte», ya que cuando viajan a la Península «siempre están en tránsito».
Una pregunta sobre la acusación de que el Gobierno está enviando extranjeros a Valencia sin avisar a la Administración autonómica ni a ninguna autoridad local hizo dudar, en principio, a la vicepresidenta, que se comprometió a recabar los datos al respecto. Pero después añadió la citada explicación, que contradice la realidad.
La realidad es que el Gobierno envió el año pasado desde Canarias a la Península a 6.190 subsaharianos en vuelos fletados por Interior. Quedaron libres pero sin ningún medio de subsistencia. Ayer llegó el último avión con medio centenar de inmigrantes: en Valencia dejó a una veintena y el resto fue llevado a Madrid.
Estas «derivaciones» en el argot político son consecuencia de un acuerdo parlamentario entre PP y CC del año 2002, que el actual Gobierno ha asumido como propio. Estos inmigrantes no están en ninguna «fase de repatriación» puesto que no pueden ser repatriados: no existen convenios de readmisión con los países del África negra de los que proceden que ni siquiera cuentan con representación consular en España, por lo que es imposible documentarlos.
Tras llegar en patera, y apurado un máximo de 40 días en un centro de internamiento, la Ley de Extranjería no prevé otra alternativa que dejarlos en libertad. Dado el territorio limitado de Canarias se optó por enviarlos a la Península cada vez que se llenan los centros de las islas.
«Sin previo aviso»
La situación es conocida tanto por el PP como por el PSOE, que no han reaccionado hasta ahora. Ayer seis alcaldes de Murcia, todos populares, exigieron a Interior que «cesen los vuelos indiscriminados» y alegaron «tratos vejatorios» y «riesgo sanitario». El presidente del Gobierno murciano, Ramón Valcárcel, ha pedido una entrevista al ministro del Interior y criticó que no haya «avisos previos» al Ejecutivo de estas llegadas -siempre se ha alertado sólo a la Policía-.
El PP regional se sumó a las críticas y aseguró que antes los subsaharianos eran internados en el centro de Sangonera y no «abandonados a su suerte». Los populares obviaron recordar que sólo eran ingresados si no habían pasado ya los 40 días que marca la Ley, hecho infrecuente.
Ante la avalancha de críticas, la Delegación del Gobierno en Murcia afirmó que el número de vuelos «disminuirá» y que el Ejecutivo pondrá en marcha medidas para atender a estos extranjeros. Fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron, sin embargo, que los traslados «se reducirán si llegan menos inmigrantes a Canarias». «Estamos intentando llegar a acuerdos con algunas ONG para asistir a estos inmigrantes, pero no hay nada cerrado».
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