Editorial
II
El cuestionado muro de Israel
El máximo tribunal judicial internacional, la Corte Internacional
de Justicia, con sede en La Haya -a solicitud expresa de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que en diciembre último recabara su opinión-,
acaba de señalar que buena parte del largo muro, de más
de 700 kilómetros, que Israel está construyendo en territorio
palestino, en la llamada Margen Occidental y en el este de Jerusalén,
viola el derecho internacional.
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En una opinión que no es vinculante, suscripta por todos sus miembros,
con la sola excepción de Thomas Buergenthal -el ministro norteamericano-,
el alto tribunal sugirió a Israel la necesidad de demolerlo. Al
menos, en aquellas secciones que definió como "ilegales",
agregando que en su opinión Israel deberá asimismo compensar
todos los daños causados por el muro a los palestinos, incluyendo
los que corresponden a quienes poseen tierras a través de las cuales
se desplaza la enorme muralla defensiva.
.
La opinión judicial destaca que el muro viola obligaciones concretas
de Israel bajo el derecho internacional humanitario. Particularmente el
derecho a la libre circulación garantizado en la Carta Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, pero también el derecho
a un adecuado estándar de vida, protegido por la Carta Internacional
de Derechos Económicos, Sociales, y Políticos. Asimismo,
sostiene, se violan la Convención de los Derechos del Niño
y el Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, y distintas
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
.
Para la Corte Internacional de Justicia, el muro no puede justificarse
invocando el derecho a la defensa propia, ni en el estado de necesidad,
exigencias que tienen que ver con la seguridad, pero que deben ceder frente
a los derechos protegidos por el derecho internacional.
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El muro, según entiende el tribunal, es también ilegal cuando
no respeta la frontera territorial definida en 1967 y confisca tierras,
anexándolas a Israel, como inaceptable "hecho consumado",
separando a muchos palestinos de sus familias, escuelas, hospitales, granjas,
plantaciones y lugares de trabajo, con las graves secuelas sociales y
familiares de todo orden que ello genera.
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Israel hizo saber que seguirá adelante con la construcción
de la barrera que lleva ya dos años y se ha convertido en una dura
realidad de unos doscientos kilómetros de extensión. El
esquema defensivo del muro incluye toda una cadena de torres de observación
y equipos de vigilancia electrónica. Sin embargo, también
ha reiterado que obedecerá a su propia Corte Suprema, que ya le
ha ordenado modificar el emplazamiento de unos 32 kilómetros del
muro actual y obligado a congelar su construcción en el noroeste
de Jerusalén. El máximo tribunal local seguramente tendrá,
a partir de ahora, muy en cuenta la importante opinión que la Corte
Internacional acaba de emitir.
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Desde el punto de vista de la efectividad del muro, el gobierno israelí
argumenta que en los últimos cuatro meses no ha habido ataques
terroristas realizados por palestinos suicidas dentro de las fronteras
determinadas en 1967, algo que entiende es, en gran medida, atribuible
al muro defensivo. Para el Estado, cuya primera obligación es siempre
la de asegurar la seguridad de sus ciudadanos, esto no es menor, si se
tiene en cuenta que este país vive una realidad de terrorismo constante.
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Pero el hecho de que, con pocos días de diferencia, tanto los más
altos jueces nacionales como ahora también los internacionales
se hayan pronunciado de manera parecida sobre el tema de este desafortunado
"límite" es esperanzador porque invita una vez más
a ambas partes a la reflexión y la prudencia, y a continuar buscando
ese bien supremo que es la paz, a pesar de las inmensas dificultades y
los retrocesos continuos.
La Nacion, 15 de julio de 2004
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