Aprobaron una nueva ley contra la inmigración ilegal en Italia

El Senado le dio sanción definitiva a la norma que impone severas restricciones al acceso de extranjeros a ese país; la oposición de centro-izquierda podría presentar un recurso de inconstitucionalidad

ROMA.- El Senado italiano aprobó hoy de forma definitiva, con los votos favorables de la mayoría conservadora, la nueva ley de inmigración, conocida como ley Fini-Bossi, calificada de "racista" por la oposición de centroizquierda, que no descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad.
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El último voto de los senadores sirvió únicamente para confirmar los cambios introducidos en la Cámara de Diputados a una texto que impone severas restricciones al acceso de extranjeros en Italia, ya que sólo podrán entrar los que previamente tengan un contrato de trabajo y por su período de vigencia.
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Por primera vez se establecen penas de cárcel para los inmigrantes que sean expulsados y vuelvan a entrar ilegalmente en el país, al crearse el delito específico de "inmigración clandestina".
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Entre las medidas polémicas que introduce la ley figura la toma de huellas digitales a todos los inmigrantes ajenos a la UE que pidan o renueven el permiso de residencia, así como el uso de naves de la Armada para frenar los desembarcos de indocumentados.
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El texto prevé asimismo la expulsión con acompañamiento inmediato a la frontera de los extranjeros descubiertos en situación ilegal y restringe la reagrupación familiar.
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Sin embargo, abre la puerta a la regularización de los indocumentados que ya se encuentren en Italia trabajando en el servicio doméstico (uno por familia) o al cuidado de personas ancianas o impedidas.
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La aprobación de esta ley la consideran un triunfo los principales aliados de Berlusconi, la postfascista Alianza Nacional y la ex secesionista Liga Norte, cuyos líderes, el vicepresidente Gianfranco Fini y el ministro para las Reformas, Umberto Bossi, le dan nombre.
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El portavoz de Forza Italia en el Senado, Renato Schifani, dijo que "hoy se pasa página porque con la nueva ley nace la verdadera acogida, la verdadera integración, unida a la firmeza y a la lucha real contra los clandestinos".
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En el polo contrario, el portavoz de los Demócratas de Izquierda, Gavino Angius, señaló que es una ley "equivocada, que hay que reexpedir al remitente por cínica, intolerante, racista e indigna de un país civil como el nuestro".
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Actualmente hay en Italia cerca de 1.500.000 extranjeros establecidos de forma regular, entre los que la comunidad más numerosa es la marroquí con unas 160.000 personas.
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El pasado año fueron detenidos en las costas del sur del país más de 20.000 emigrantes clandestinos.

La Nacion, 11 de julio de 2002

Italia restringe la inmigración El Senado aprobó una polémica ley que endurece los requisitos de entrada y facilita la expulsión de indocumentados. Sólo se concederá permiso de permanencia al extranjero que tenga un contrato de trabajo El Senado italiano aprobó hoy una polémica ley inmigratoria que no sólo endurece los requisitos de entrada y de estadía en Italia, sino que además facilita la expulsión de indocumentados y refuerza las penas a los contraventores.

La ley, llamada Fini-Bossi -nombre de sus autores, el ministro de Reformas Umberto Bossi, y el vicepremier Gianfranco Fini-, convierte en "optativo" el decreto que fija la cantidad de inmigrantes admitidos por año, con lo cual puede ocurrir que un cierto año el gobierno decida no dejar entrar a ninguno.

En base a la nueva normativa -considerada xenófoba por la oposición de centro izquierda- el permiso de permanencia es concedido sólo al extranjero que ya tiene un contrato de trabajo.

Ese permiso y ese contrato son concedidos por las embajadas y consulados italianos en el exterior, previa toma de las huellas digitales de los solicitantes para poder ser identificados en caso de falsificación de documentos.

Si bien el permiso tiene dos años de vigencia, el inmigrante deberá regresar a su país en caso de perder el trabajo.

La unión familiar se vuelve más difícil, ya que el extranjero con trabajo podrá hacer venir sólo a sus hijos menores de edad, y a los mayores sólo si son minusválidos.

Finalmente, si un extranjero regresa a Italia luego de haber sido expulsado ya no comete una infracción sino un delito que puede ser condenado con penas de 1 a 4 años de cárcel.

Clarin, Jueves 11 de julio de 2002

El Senado italiano aprobó ayer definitivamente una muy dura ley que restringe la inmigración de ciudadanos "extracomunitarios", o sea que, como los argentinos, no pertenecen a los quince países de la Unión Europea, que la oposición calificó de "xenófoba, racista y cargada de odio". El mismo país que durante un siglo hizo emigrar a millones de sus hijos al exterior para huir de la miseria y la pobreza, hoy castigará a quienes quieran entrar a sus fronteras sin cumplir con normas más que severas.

En Italia hay un millón y medio de extranjeros regularizados frente a una población de más de 56 millones de habitantes, uno de los porcentajes más bajos de Europa. Pero, próspera y envejecida, la mayoría de la población no quiere a los inmigrantes, resiste la integración y apoya las normas sancionadas por la mayoría conservadora que lidera el primer ministro Silvio Berlusconi.

La nueva ley fue aprobada con 189 votos a favor y 89 contrarios, con el apoyo de los partidos del gobierno, que cuentan en el Parlamento con la mayoría absoluta, y la oposición de los partidos de centroizquierda. Los senadores de Refundación Comunista se retiraron del recinto diciendo que las normas son anticonstitucionales.

En la ley sólo están contempladas la regularización de una empleada doméstica por familia y de los llamados "badanti", o sea extranjeros irregulares que cuidan a enfermos, viejos y minusválidos.

Por un compromiso con los centristas ex democristianos, el gobierno promoverá una ley para "blanquear" a los trabajadores extracomunitarios que trabajan en negro en las industrias y que son imprescindibles para hacer funcionar el aparato productivo italiano.

La ley establece que solo obtendrá el permiso de residencia el extranjero extracomunitario que tenga un contrato de trabajo gestionado en el exterior en las embajadas y consulados italianos. El permiso tendrá dos años de duración y si en ese período el inmigrante pierde el trabajo deberá abandonar el país. Además, los inmigrantes que hayan trabajado más de cinco años tendrán derecho a recuperar los aportes jubilatorios, pero podrán reclamar su dinero recién después que hayan cumplido 65 años de edad.

Los inmigrantes podrán traer a su mujer e hijos menores y los patrones estarán obligados a conseguirles una vivienda.

En Italia ya son muy rígidas las normas para que un extranjero obtenga la ciudadanía, que recién pueden pedirla tras diez años de residencia legal.

Las normas establecen sanciones pesadas para los que dan trabajo a los inmigrantes irregulares. Quien haya sido expulsado del país y vuelva a ser arrestado en Italia podrá ser condenado a penas de entre uno y cuatro años de cárcel, con la acusación de inmigración clandestina, que pasa a ser un delito.

La ley establece también sanciones penales para los traficantes de inmigrantes clandestinos y da un carácter "facultativo" a las cuotas anuales de ingreso de extracomunitarios, lo que significa que un año se puede establecer que ningún extranjero puede venir a trabajar en Italia.

Uno de los aspectos más criticados de la ley es el que establece que los inmigrantes deberán ser identificados con sus huellas digitales, medida que no se aplica a los ciudadanos italianos o extranjeros miembros de la Unión Europea. Los partidos de la oposición consideran esta norma una "discriminación racista".

Le ley establece también la existencia de categorías especiales. Una de ellas es la de los enfermeros. Debido a la falta de estos profesionales, las normas de inmigración los excluyen de los mecanismos de flujos. Las normas en cambio establecen restricciones a la llegada de deportistas profesionales. El Ministerio de Cultura y Deportes establecerá todos los años un "techo" de admisión en los diferentes deportes.

La ley fue auspiciada por los partidos más de derecha de la coalición conservadora y ha recibido el nombre de Bossi-Fini, que son los apellidos de los líderes de la ex secesionista Liga Norte de Umberto Bossi, acusada de xenofobia, y de Alianza Nacional, liderada por Gianfranco Fini, que reúne los ex neofascistas.

Renato Schifani, jefe del grupo parlamentario de Forza Italia, el partido del premier Silvio Berlusconi, dijo que "hoy damos vuelta la página. Este es un compromiso mantenido por nosotros. Con la nueva ley nace la verdadera integración unida a la firmeza y a la lucha contra la clandestinidad. De ahora en más sólo vendrán a Italia los que tienen un trabajo".

Por su parte, Gavino Angius, jefe de la bancada en el Senado de los ex comunistas del Partido Democrático de Izquierda, el principal de la oposición, dijo que la ley "está completamente equivocada. El Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados afirma que estas normas agreden y niegan los derechos fundamentales de la persona. Es una ley injusta, cargada de odio, intolerante, cínica y racista, indigna de un país civilizado como el nuestro".

Clarin, 12 de julio de 2002