Europa se endurece ante la inmigración: por el aumento del arribo de ilegales

Una nueva ley exige que los extracomunitarios registren sus huellas digitales; será indispensable poseer un contrato de trabajo

ROMA.- No ajena a los vientos conservadores que soplan en toda Europa, la Cámara de Diputados italiana aprobó ayer una nueva ley de inmigración que endurece en forma más que significativa las medidas en contra de los extranjeros que ingresan en el país.

Aunque aún debe pasar por el Senado, donde su aprobación definitiva se da por descontada, ya que el gobierno conservador del premier Silvio Berlusconi cuenta con una amplia mayoría, la nueva ley, que exige la obligatoriedad de poseer un contrato de trabajo a quienes deseen inmigrar, generó airadas reacciones en la oposición, que no dudó en calificarla de "racista".

Tras un debate parlamentario largo y sufrido, la denominada ley Bossi-Fini -por los nombres de sus promotores, Umberto Bossi, de la xenófoba y ex secesionista Liga Norte, y Gianfranco Fini, líder de la ex fascista Alianza Nacional- fue aprobada ayer con 279 votos en favor y 203 en contra.

En una sesión más que agitada, en la que el presidente de la Cámara baja tuvo que intervenir para calmar los ánimos, la oposición protestó levantando pancartas negras con gigantografías de huellas digitales. Es que otra de las características más llamativas de la nueva y restrictiva ley, en efecto, es que de ahora en más los extracomunitarios que ingresan en el país deberán dejar registradas sus huellas digitales, así como quienes renueven su permiso de estada.

Si bien para los argentinos, acostumbrados desde siempre a hacer el "piano" en dependencias de la Policía Federal para obtener documentos de identidad, se trata de algo "normal", en Europa es algo nuevo, que está en debate en varios países. Sólo Bélgica ha puesto en práctica esta medida, que es considerada por la centroizquierda "discriminatoria", "racista" y "contraproducente", y que además "atenta contra la privacidad de las personas".

Tanto es así que el jefe de la oposición de centroizquierda, Francesco Rutelli, propuso que no sólo los extracomunitarios sean sometidos a esta práctica, sino también los italianos. Hace unos días, un grupo de famosos, artistas e intelectuales, entre los cuales estaban la pianista argentina Martha Argerich, el compositor Luis Bacalov y el director Steven Spielberg, firmó una solicitada en la que se manifestaron indignados por la decisión.

"Es una norma que aplasta un derecho humano fundamental, el de la igualdad, y que cede al viento xenófobo que atraviesa Occidente, haciendo de cada inmigrante un potencial criminal -escribieron-. También nosotros nos veremos obligados a registrar nuestras huellas, pero es en nombre de todos aquellos que no tienen voz, de los miles de hombres y mujeres que deben huir de sus países y que emigran con la esperanza de una vida más digna que pedimos al Parlamento y al gobierno italiano detenerse y borrar una norma tan odiosa."

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En otro endurecimiento de la política inmigratoria italiana, la nueva ley Bossi-Fini prevé que de ahora en más podrá ingresar en el país sólo el extranjero que ya tenga un contrato de trabajo en mano. Y este permiso de estada, en vez de valer tres años, ahora tendrá una vigencia de 24 meses. Si en este lapso el extranjero ha perdido su empleo, deberá volver a su país.

Pero esto no es todo. Un extracomunitario que reincide, es decir, que vuelve a Italia después de haber sido expulsado -algo que ocurre para los ilegales-, estará cometiendo un delito, no sólo una infracción, lo que le significará la cárcel. También podrá haber prisión -entre 3 meses y un año- para quien emplee a trabajadores sin permiso de estada.

En otra medida que fue duramente criticada por la oposición, a la marina italiana se le permitirá utilizar más poder para bloquear las "rutas del mar", por las que diariamente llegan a las costas italianas cientos de desesperados clandestinos. Será revocado, por otra parte, el permiso de estada que haya sido obtenido a través de un falso matrimonio con un ciudadano italiano, una práctica bastante común entre los extracomunitarios.

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En un país donde el calcio es pasión y donde juegan decenas de futbolistas extranjeros, la ley Bossi-Fini también establece un cupo anual para los deportistas profesionales que desarrollarán su actividad en Italia. Según la ley, será el Ministerio de Cultura, a propuesta del comité olímpico italiano, el que deberá poner a punto el decreto que determinará el límite anual de ingresos de deportistas extranjeros.

"Este es el manifiesto del nuevo racismo y del odio social", denunció Luciano Violante, de los Demócratas de Izquierda, que se mostró convencido de que con esta nueva ley "aumentará el número de clandestinos".

Alessandro Cé, jefe de bancada de la Liga Norte, en cambio, definió la ley "una victoria política de la Liga", que logró ganarle al "diabólico diseño" de la centroizquierda "que odia a los familias italianas, a quienes les quitaron una casa para favorecer a los extracomunitarios". En Italia residen legalmente 1.236.355 extranjeros, de los cuales la mayoría proviene de Marruecos (159.599), Albania (142.066), Rumania (68.929), Filipinas (65.353) y China (60.075).

Las severas medidas restrictivas a la inmigración por parte de las autoridades italianas se extienden también a los deportistas que no son nacionales de uno de los 15 países de la Unión Europea. La nueva ley prevé que el ministerio de Cultura y Deportes, con la previa propuesta del Comité Olímpico Italiano, apruebe un decreto que establezca un límite anual al número de jugadores profesionales repartidos entre las federaciones deportivas nacionales.

En Italia hay miles de profesionales extranjeros. Son muchos los argentinos, no solo en el fútbol sino también en el rugby, el basquetbol y muchos otros deportes, que podrían ahora sufrir una severa restricción. La medida esconde también un planteo antiextranjeros en el campo deportivo, sólo susurrado por parte de la derecha, que sostiene que la presencia de tantos "extracomunitarios" daña los semilleros de jóvenes italianos

Por Elisabetta Piqué, La Nacion 5 de junio de 2002

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La mayoría ya tiene doble ciudadanía

ROMA (De nuestra corresponsal).- Para los cerca de dos mil argentinos que residen actualmente en Italia -y los que están llegando en este momento de crisis en nuestro país-, la nueva y más restrictiva ley de inmigración aprobada ayer por la Cámara de Diputados no significará grandes cambios, siempre y cuando tengan la doble ciudadanía, o sea tanto el pasaporte argentino como el italiano, es decir, de la Unión Europea.

Al respecto, precisamente ayer el diputado de la derechista Liga Norte, Giancarlo Giorgetti, presentó un proyecto de ley que apunta a favorecer el regreso de connacionales que hayan emigrado desde Italia desde fines del siglo XIX hasta la década del 70 del siglo XX, hacia los Estados Unidos, Canadá, América latina o Australia.

La idea del diputado Giorgetti, que en su intervención en el Parlamento mencionó a la Argentina como país del cual podrían regresar varios ítalo-argentinos, es que estos connacionales que desean regresar a Italia podrían absorber la cuota de flujo inmigratorio que, todos los años, el gobierno aprueba para hacer frente a la escasez de mano de obra que hay en el próspero e industrial nordeste del país.

"Basta con que desde la Argentina vuelvan 70.000 personas", dijo Giorgetti, en alusión al decreto que autoriza la admisión de inmigrantes-trabajadores, que suele oscilar entre los 70.000 y 80.000 permisos de trabajo.

En los últimos meses, los argentinos que han solicitado la obtención tanto del pasaporte italiano como de permisos de trabajo se han multiplicado drásticamente.

A partir del 6 de junio regirá un nuevo sistema para la tramitación de pasaportes en el Consulado Italiano en Buenos Aires.

Debido al aumento de la demanda, se suspenderán los sorteos de turnos que se realizaban los miércoles, y volverán a asignarse números por orden de llegada. Todos los días menos los miércoles —de 8 a 11— se atenderá a las 80 personas que ya están citadas según el viejo método. Y se les sumarán 40 solicitantes más, por exclusivo orden de llegada.

Entre quienes tienen doble nacionalidad —y derecho al pasaporte argentino y al italiano—, tendrán prioridad para la emisión del pasaporte los que presenten un contrato de trabajo y el pasaje aéreo que certifiquen impostergables motivos laborales. Y quienes, para obtener el permiso de residencia, deban ingresar a un país de la Unión Europea con pasaporte italiano

PODRIAN ENTRAR HASTA 70.000 ARGENTINOS DE ORIGEN ITALIANO POR AÑO - Ya tiene sanción de diputados y en los próximos días será votada por los senadores. "Es una ley europea", dijo el vicepresidente del Gobierno. Pero según la oposición, es "racista y xenófoba".

Hasta setenta mil argentinos descendientes de italianos que no posean aún la ciudadanía peninsular podrían entrar anualmente como trabajadores a este país con un nuevo sistema de flujos inmigratorios, mientras que el gobierno conservador de centroderecha del "premier" Silvio Berlusconi avanzó ayer en la sanción de una ley que impone severas restricciones al ingreso de trabajadores extranjeros. La oposición de centroizquierda calificó de "racista, xenófoba e inoportuna" a la ley que obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados por 279 votos contra 203.

El gobierno de Berlusconi cuenta con la mayoría absoluta en ambas cámaras del Parlamento, por lo que se espera que la ley será definitivamente aprobada en los próximos días por el Senado.

Las normas establecen que en el futuro los trabajadores extranjeros obtendrán un permiso de estadía no superior a dos años, si demuestran que tienen un contrato de trabajo gestionado por empresarios italianos en sus países de origen, un sistema complejo que según los dirigentes de la oposición hace muy difícil el encuentro entre la demanda y la oferta de empleos.

La nueva ley establece penas severas de cárcel y multas tanto para los ilegales que entren en forma reincidente en Italia y para quienes faciliten la inmigración clandestina.

La ex separatista Liga Norte, de Umberto Bossi, actual ministro de las Reformas del gobierno de Berlusconi, acusada de xenofobia (incluso contra los meridionales italianos, que sin embargo votan en su mayor parte por la derecha) y racismo a nivel europeo, consideró "una gran victoria" la nueva ley que está por ser aprobada. Con Bossi, las normas fueron promovidas por el vicepresidente del gobierno, Gianfranco Fini, líder de los ex neofascistas de Alianza Nacional. "Es una ley europea", afirmó Fini, al defender las restricciones.

Italia es uno de los países europeos que tienen menos extranjeros. Hay un millón trescientos mil trabajadores legales sobre una población superior a los 56 millones de habitantes. La Cáritas italiana, la organización de solidaridad de la Iglesia, estima que los ilegales son 300 mil personas.

Una vez aprobadas las nuevas normas, la Liga Norte se lanzó de inmediato a conseguir una nueva ley de flujos inmigratorios que favorezca "el regreso de los descendientes de nuestros compatriotas que emigraron entre los años finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX", según dijo Giancarlo Georgetti, presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y responsable económico de la Liga de Umberto Bossi.

De acuerdo a la nueva ley, el ministerio de Trabajo y Bienestar Social, que está en manos de otro líder de la Liga, Roberto Maroni, establecerá las cuotas de inmigrantes que se admitirán todos los años. "Los inmigrantes de origen italiano que regresan al país podrían cubrir totalmente la cuota. Basta que vengan unos 70 mil argentinos por año", dijo Georgetti.

La ley de flujos inmigratorios favorecería la implantación de los trabajadores de origen italiano, sobre todo argentinos, con sus familias, con buenos descuentos fiscales a las empresas e incentivos para conseguir alojamientos, que incluirían descuentos en el pago de impuestos.

Georgetti dijo que hay provincias como la de Treviso que están moviéndose para informarse acerca de las posibilidades de traer argentinos de origen italiano y de otras nacionalidades. El dirigente de la Liga habló de los "oriundos" que "están obligados a vivir en países al límite de la indigencia por las crisis económicas que atraviesan".

Ante las acusaciones de racismo y xenofobia, el dirigente de la Liga Norte afirmó que "los ciudadanos extranjeros de origen italiano seguramente no encontrarán problemas de integración socio-cultural que viven tantos inmigrantes que tienen culturas y tradiciones distintas de las nuestras".

Una de las medidas que más polémicas han suscitado es la obligación para todos los ciudadanos "extracomunitarios" que entran o ya viven en Italia a someterse al registro de sus huellas digitales. La oposición de centroizquierda afirmó que se trata de una medida discriminatoria. El gobierno de Berlusconi respondió que pronto también serán obligados los italianos a fijar sus huellas dactilares para la confección de un documento de identidad europeo.

Las nuevas normas establecen la regularización sólo de los empleados domésticos y de aquellos que cuidan a ancianos y enfermos, que constituyen un verdadero ejército de extranjeros "extracomunitarios" en Italia.

Por otra parte, el gobierno dispuso regularizar en el futuro a los ilegales que actualmente trabajan en negro para no dañar a las pequeñas empresas italianas que han pedido la legalización de su mano de obra. Italia es un país que envejece rápidamente y tiene un déficit estructural de mano de obra. La oposición sostiene que la ley xenófoba que está haciendo aprobar el gobierno conservador agravará inevitablemente la falta de trabajadores extranjeros y favorecerá la clandestinidad.

Clarin, Miércoles 5 de junio de 2002