Nacionalismo, socialismo y tiranía, o legitimidad

 

Gerardo Prendes

 

 

Los acontecimientos de los días 26 y 27 de marzo iluminan, cual relámpago en noche oscura y tormentosa, la meta del camino por el que se está conduciendo a España. Resumámoslos:

 

  1. El presidente del Gobierno autónomo de las Provincias Vascongadas, Juan José Ibarreche, acude a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ante el Palacio de Justicia de Bilbao, su Partido Nacionalista Vasco monta una manifestación con manifiesto propósito intimidatorio. Al dirigente de ETA/Batasuna Arnaldo Otegui, cobarde y descarado pro terrorista, los nacionalistas le tributan también un recibimiento de héroe.

 

  1. Los miembros del Foro de Ermua y de otras organizaciones cívicas presentes son insultados y agredidos. Alejandro Aramburu Corral, consejero municipal del PNV del distrito de Casco Viejo-Bilbao La Vieja, propina una patada en los testículos al dirigente del Foro de Ermua Antonio Aguirre, quien precisó asistencia médica. Tras los hechos, la Policía Autónoma sujeta momentáneamente al agresor nacionalista, pero lo deja ir sin identificarlo siquiera.

 

  1. El Gobierno vasco acusa luego al Foro de Ermua de cometer «un delito de contramanifestación» y de «provocar e insultar» ayer ante el Palacio de Justicia de Bilbao. Los agredidos son tratados así como agresores, y la manifestación nacionalista contra el poder judicial y contra la independencia de los tribunales, es tratada como legal y pacífica.

 

  1. En el Congreso de los Diputados, el PSOE rechaza una propuesta de condena de la agresión a Antonio Aguirre (ex dirigente del Partido Socialista, expedientado por oponerse a las concesiones a los terroristas separatistas).

 

Estos hechos se producen menos de un mes después de la excarcelación por el Gobierno del etarra José Ignacio de Juana Chaos, que sigue jactándose de sus veinticinco asesinatos; y sólo unos días después de que la Fiscalía General del Estado retirase la acusación por enaltecimiento del terrorismo contra Arnaldo Otegui, contra quien la propia sala de la Audiencia Nacional afirma en la sentencia que «existe prueba de cargo directa, objetiva, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, lícitamente obtenida y practicada» en el juicio, y que la retirada de la acusación por parte del fiscal, «única parte acusadora», impidió al tribunal «dictar cualquier otro tipo de resolución que no sea la absolución del acusado». Horas después, el portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, exigió al Gobierno de la nación que cumpliese los compromisos adquiridos —«firmados», dijo— con ETA.

 

En Cataluña, simultáneamente, el vicesecretario general de coordinación interna de Esquerra Republicana de Catalunya, Xavier Vendrell, ha ofrecido el gobierno autónomo a la coalición nacionalista CiU si Artur Mas se compromete a convocar un referéndum sobre la «autodeterminación» de Cataluña. ERC, que está en coalición con el PSOE, afirma que «la vía autonomista está agotada».

 

Este resumen está incompleto y se fija sólo en algunas cuestiones llamativas y recientes. Podrían añadirse muchas otras. Como el primer caso público y legal de eutanasia activa en España; un asesinato (o suicido asistido) llevado a cabo nada menos que en un hospital de los Hermanos de San Juan de Dios. O la totalitaria imposición de la «ideología de género» con la aprobación también este mes de la llamada Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

 

De la ilegitimidad de origen de este régimen no vamos a ocuparnos, pues la damos por sentada. La ilegitimidad de ejercicio —si falta hiciera considerarla— ha sido constante y creciente desde sus inicios. 1985, cuando el Herodes sucesor de Franco firmó la ley despenalizadora del aborto, puede considerarse el año en el que la convivencia pacífica entre españoles se hizo imposible. La situación actual de aceleración revolucionaria (cuyo penúltimo episodio ha sido la anulación de cualquier tutela o garantía judicial efectivas) bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en alianza con nacionalistas y comunistas, pone a todos ante la necesidad de optar. Incluso si aceptáramos los principios del sistema vigente, estaríamos ante una situación que exige resistencia y rebelión. No falta sólo la legitimidad: es que no queda ni sombra de legalidad.

 

Frente a la tiranía de los socialistas y sus aliados, la opción no es el Partido Popular y los suyos. El PP ha estado también en alianza o coalición con nacionalistas vascos y catalanes. También les ha hecho toda clase de concesiones. También ha negociado con ETA. También ha ampliado el genocidio del aborto provocado. El PP es la otra cara de la moneda del PSOE. Moneda en euros, por supuesto.

 

La opción es el Carlismo. Porque el Carlismo, la Comunión Tradicionalista, representa la supervivencia de España. La historia de la España contemporánea ha sido la de la lucha entre Tradición y legitimidad —Carlismo— y Revolución —liberalismo, constitucionalismo, socialismo, nacionalismo—. Tanto es así que, a pesar de su aparente debilidad actual, no faltan las operaciones destinadas a presentarlo como opositor dócil y legalista, que estaría buscando su integración en el sistema, al que reconocería. Por ejemplo, tras la manifestación del 17 de marzo en Pamplona «Fuero y libertad. Navarra no se negocia», una sedicente «Junta Carlista de Navarra» emitía un comunicado que entre otras lindezas contenía la siguiente: «la [supuesta] CTC no puede menos que felicitar a los organizadores (Gobierno de Navarra) y a todos los participantes que a título particular o colectivo han apoyado la manifestación y entre los cuales ha destacado la presencia de cientos de carlistas que han tenido un comportamiento disciplinado y ejemplar», además de ataques contra el Abanderado de la Tradición y contra la Dinastía legítima. Hemos de interpretarlo como muestra de que el sistema se toma en serio al Carlismo, al cual trata de desactivar. Ladran, luego cabalgamos. Hagámoslo más rápido, para librar a nuestro pueblo del abismo al que el Gobierno y el régimen lo conducen.

 

 

 

 

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