Cromagnon y el temor a lo desconocido

Cuando el dolor social por la tragedia en el local bailable de Once y los cuestionamientos de todo tipo a las autoridades porteñas parecían anunciar la firma del certificado de defunción de Aníbal Ibarra como jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el temor a lo desconocido pudo más y llevó al sector dominante en el orden nacional a sellar un acuerdo político que derivó en el salvataje de Ibarra.

El desembarco del dirigente duhaldista Juan José Alvarez en la Secretaría de Justicia y Seguridad porteña fue parte de una operación que debe interpretarse como una virtual intervención del gobierno nacional y del Partido Justicialista en la ciudad con el fin de garantizarle gobernabilidad a la máxima autoridad local en los dos difíciles años que le quedan de mandato.

Hubo quienes pensaron en un principio que al presidente Néstor Kirchner le convenía dejar librado a Ibarra a su suerte. Pero con el correr de los días, todos en la Casa Rosada entendieron que ni era positivo perder el control de la calle, ante las marchas de protesta programadas, ni era sensato entregarle la cabeza del alcalde porteño a Mauricio Macri.

Golpeados por un imponderable a escasas horas de la celebración del Año Nuevo, varios funcionarios ibarristas y el propio jefe de gobierno reaccionaron en forma desafortunada en los primeros días posteriores a la tragedia. Descargaron toda la responsabilidad en la inescrupulosidad de un empresario y sentenciaron que se estaba ante "un hecho criminal que, como tal, era imprevisible". Olvidaron aclarar que la inescrupulosidad del encargado de un local que ni siquiera tenía renovada su habilitación fue facilitada por la ausencia -o la corrupción- del Estado a la hora de efectuar los debidos controles. En ese sentido, la tragedia era evitable.

En esos primeros días, Ibarra parecía sufrir el mismo síndrome que afectó al ex presidente español José María Aznar tras el atentado de Atocha. En aquella ocasión, éste le echó la culpa de lo sucedido a quien no debía, la organización terrorista vasca ETA; tiró por la borda mucho de lo bueno que había hecho su gobierno y sepultó definitivamente las probabilidades de triunfo electoral de su partido, que días después sucumbió ante el socialismo.

El jefe de gobierno porteño cometió el mismo error al responsabilizar por lo ocurrido en República Cromagnon a los bomberos. Afortunadamente para su sobrevivencia, cambió a tiempo su discurso, reconoció la responsabilidad de su gobierno en el hecho trágico y les pidió disculpas personalmente a familiares de las víctimas.

Pese a eso, resistió hasta el final ser sometido a una interpelación por la Legislatura de la ciudad. "Voy a dar todas las explicaciones que sean necesarias en la Legislatura, pero nadie me va a llevar de las narices a una carnicería mediática", exclamó Ibarra ante sus íntimos. Sus adláteres acusaron al macrismo de pretender generar "un circo romano".

Finalmente, la Legislatura porteña no pudo reunir la mayoría especial requerida para aprobar la interpelación. Pero fue una victoria pírrica para Ibarra: 37 legisladores, sobre un total de 52 presentes, se pronunciaron por interpelarlo. El jefe de gobierno estuvo a tres votos de ser interpelado y, muy probablemente, de ser destituido.

El desgaste de Ibarra desde la desgraciada noche del 30 de diciembre es evidente. En noviembre último, la imagen de gestión de su gobierno era positiva para el 49,6% de los residentes porteños y negativa para el 30,7%, de acuerdo con un sondeo de la consultora Equis. En la primera semana de enero, la imagen positiva bajó al 24,4% y la negativa trepó al 54,8 por ciento.

Dos grandes problemas enfrentaba el gobierno de Ibarra al comenzar la primera semana del año: asegurarse la gobernabilidad, en medio de semejante desprestigio público y con una Legislatura atomizada en la que no tiene más que dos diputados que le son incondicionales, y enfrentar las marchas de protesta.

Nadie pensó, ni en el Palacio Municipal ni en la Casa Rosada, que las manifestaciones callejeras podían desembocar en hechos similares a los del 19 y el 20 de diciembre de 2001 que concluyeron con la caída de Fernando de la Rúa. Pero sí se temió que tuvieran una repercusión semejante a las protestas lideradas por el padre de Axel Blumberg, que tantos dolores de cabeza le causaron al presidente de la Nación. El apoyo a las marchas de grupos musicales como La Renga, que convocan a decenas de miles de jóvenes en sus recitales, asustó a más de un funcionario.

La tranquilidad llegó a ibarristas y kirchneristas luego de que la marcha del jueves último, que terminó en la Plaza de Mayo, reuniera apenas entre 7000 y 10.000 personas, un número no menor pero que es la décima parte de los concurrentes promedio que juntó Blumberg en su momento. El resto corrió por cuenta de grupos de violentos que sembraron el caos y el miedo y que fueron funcionales a quienes les convenía que la protesta social se debilitara.

Para hacer frente al problema de la gobernabilidad, Ibarra y sus principales colaboradores decidieron el miércoles último, muy temprano, ampliar la base de sustentación política de su gobierno. Así surgió el nombre de Alvarez, con el respaldo de Kirchner y de Duhalde, en una salida similar a la que desembocó tiempo atrás en la provincia de Buenos Aires en la llegada de León Arslanian. Su conclusión era que no podían seguir adelante sin un mínimo apoyo de los dos hombres fuertes del país.

Así pudo evitarse una crisis política mayúscula, que podría seguir teniendo ecos si se profundizaran las denuncias de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sobre la existencia en el Estado comunal de una estructura informal que se mantiene a lo largo de los años para conservar un orden de cosas ilegal e ilegítimo, que no sería posible sin la connivencia de altos funcionarios de los cuales dependen los inspectores.

¿Transparencia?
La desidia en el sector público no es patrimonio exclusivo de las autoridades porteñas. En la última semana, el gobierno de Kirchner estuvo a horas de verse envuelto en un escándalo de proporciones que hubiera involucrado a la Oficina Anticorrupción.

En ese organismo oficial estuvo a punto de ser designado director de Políticas de Transparencia un hombre que, según datos del Banco Central de la República Argentina, había librado 63 cheques sin fondos por un monto total de 105 mil pesos, además de haber sido declarado "deudor irrecuperable" por tres entidades bancarias, a las que les debía en conjunto casi 50 mil pesos. Con esos antecedentes, Osvaldo Pitrau había sido propuesto nada menos que para dirigir el área de prevención de la corrupción por el flamante titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas. Al trascender el hecho, intervino el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y Pitrau fue inmediatamente descartado.

¿No correspondería que en áreas que deben velar por prevenir e investigar casos de corrupción, y que requieren profesionales idóneos antes que amigos del poder, los funcionarios surjan de concursos públicos?

Un dato más: la dirección de investigaciones de la Oficina Anticorrupción lleva dos años sin ser cubierta. Una de sus consecuencias es que las investigaciones sobre el indebido uso de fondos reservados por el actual y por anteriores gobiernos nacionales se encuentran virtualmente paralizadas. Los cuatro millones de pesos de presupuesto anual del organismo apenas alcanzan para pagar los sueldos de sus 60 agentes y los gastos administrativos. La conclusión de fuentes del propio organismo de control es obvia: el gobierno de Kirchner no parece dispuesto a invertir para que se lo investigue.

Por Fernando Laborda
La Nacion, Domingo 9 de enero de 2005