La
alarma estaba ahí, pero nadie la hizo sonar. La
pudo haber accionado la Legislatura porteña, cuando hace más
de siete meses la Defensoría del Pueblo le alertó que un
altísimo porcentaje de locales porteños no garantizaba la
más mínima seguridad en el distrito.
Es
más, muchos ni siquiera estaban habilitados. Eran muchos los que
estaban al tanto de todo eso. Pero no, la alarma no se activó.
De
haberlo querido, el propio Aníbal Ibarra pudo haber hecho aullar
los sensores que auguraban el peligro reglamentando una ley que lo obligaba
a intensificar los controles en las escuelas de modo de que nunca más
una Amparo Alfonsín muriera atravesada por la absurda rotura de
un vidrio absurdamente colocado en un colegio.
Graciela
Guadalupe, La Nacion, 22 de enero de 2005 |