El
incendio de la disco de Once Cromagnon: para el juez, la falta de control
provocó la tragedia
Según Lucini, alcanzaba con leer los diarios para conocer los lugares
críticos
Todos
sabían del peligro que había en los locales bailables menos
el organismo que debía controlarlos
Pedirían el procesamiento de los integrantes de Callejeros
"Resulta
inverosímil que diversos organismos de control hayan advertido
la problemática que rodeaba las condiciones de seguridad de los
locales de baile, pero que no haya ocurrido lo mismo con la autoridad
de aplicación. Todos estaban al tanto de la situación, excepto
la Subsecretaría de Control Comunal, el organismo cuya tarea era,
precisamente, controlar esa actividad."
Así,
el juez Julio Lucini definió la supuesta responsabilidad de los
cinco ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en la tragedia ocurrida el 30 de diciembre último, en la
disco República Cromagnon, en la que murieron 193 personas durante
el recital del grupo Callejeros.
"La
falta de control sobre el local fue la causa de las muertes y de las lesiones
en sentido natural", sostuvo el magistrado en la resolución
en la que dictó el procesamiento por 193 casos de homicidio culposo
agravado de Fabiana Fiszbin, subsecretaria de Control Comunal; Ana María
Fernández, directora de Control y Verificaciones; Gustavo Torres,
director adjunto de esa repartición; Rodrigo Cozzani, coordinador
operativo, y Alfredo Ucar, asesor de Fiszbin.
Según
consta en la causa, Cromagnon fue inspeccionado por última vez
el 29 de marzo de 2003. En esa época funcionaba como bailanta y
Chabán no estaba la frente del emprendimiento.
"Con
leer los suplementos de los diarios en los que publicaban las actividades
musicales de los fines de semana hubiera sido suficiente para saber qué
estaba ocurriendo en el ámbito de la ciudad", sostuvo Lucini.
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En
la primera foto tomada desde la tragedia, se ven aún las
zapatillas de las víctimas en una salida de la disco
Cromagnon
fue inspeccionado por última vez el 29 de marzo de 2003.
"Con leer los suplementos de los diarios en los que publicaban
las actividades musicales de los fines de semana hubiera sido
suficiente para saber qué estaba ocurriendo en el ámbito
de la ciudad", sostuvo el juez Julio Lucini
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Además
procesó por supuesto cohecho pasivo a dos comisarios de la Policía
Federal y a un subcomisario que se desempeñan en la seccional con
jurisdicción en la zona de Once, donde funciona la disco incendiada.
En
tanto, el explotador comercial del local, Omar Chabán y el jefe
de seguridad del boliche, Raúl Villarreal, fueron procesados por
cohecho activo, debido a que el juez estableció, a partir de una
serie de testimonios y pruebas recogidos en la causa que Chabán
y Villarreal habrían pagado coimas a los policías para que
no labraran actas por contravenciones, como permitir el ingreso de menores
en un local donde se vendían bebidas alcohólicas.
Chabán
y Villarreal están detenidos con prisión preventiva acusados
de 193 casos de homicidio con dolo eventual, mientras que Diego Argañaraz
y Lorenzo Bussi, manager y jefe de seguridad de Callejeros, respectivamente,
fueron procesados por el mismo delito que los ex funcionarios, aunque
sin el agravante.
"La
mejor demostración de que existía la posibilidad de aplicar
un control efectivo sobre los locales de baile lo constituye la actitud
adoptada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, poco después
de ocurrida la tragedia. Lamentablemente, la reacción llegó
tarde", expresó Lucini, en referencia al decreto firmado en
los primeros días de enero por el jefe de gobierno porteño,
Aníbal Ibarra, de clausurar todos los boliches de la ciudad hasta
que cumplieran con las normas de seguridad.
Tal
afirmación se fundó, entre otras pruebas, en el expediente
631/04 impulsado por la Defensoría del Pueblo, en el que se alertaba
a la Subsecretaría de Control Comunal que el 80 por ciento los
locales bailables de la ciudad no tenía el certificado de prevención
de incendio vigente.
El
magistrado destacó que los ex funcionarios tampoco hicieron nada
con los alertas sobre el peligro que representaban los recitales de Callejeros
y quedaron evidencia en los shows realizados en Excursionistas, donde
cuatro inspectores verificaron que cuatro espectadores tuvieron que ser
atendidos por quemaduras con pirotecnia, y en Obras Sanitarias, donde
se arrojaron más de cien bengalas.
"El
incumplimiento de las medidas de seguridad tarde o temprano iba a desencadenar
en un hecho como Cromagnon", concluyó Lucini.
Patricio
Poplasky, abogado de algunos familiares de las víctimas, consideró
que la aparición de un reportaje en el que el baterista de Callejeros
ponderó el uso de bengalas en los recitales de la banda "sería
relevante para pedir el procesamiento de los miembros del grupo de rock".
Por
Gustavo Carabajal, La Nacion, Domingo 8 de mayo de 2005
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En
primer plano, la baranda de la escalera; al fondo el escenario
donde quedó la batería de Callejeros
"El
incumplimiento de las medidas de seguridad tarde o temprano iba
a desencadenar en un hecho como Cromagnon", concluyó
Lucini.
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Reproches
a Fiszbin
"La subsecretaria Fabiana Fiszbin desconocía el horario que
debían cumplir los inspectores que tenía bajo su mando.
Huelga todo otro comentario y queda evidentemente plasmada la violación
a los deberes de cuidado que tenían funcionalmente asignados."
Con esa frase el juez Julio Lucini definió la presunta desprotección
homicida en la que habrían incurrido tanto Fiszbin como los otros
cuatro ex funcionarios procesados y acusados de homicidio culposo por
la tragedia en República Cromagnon.
"La
desprotección homicida es lo que, en definitiva, provoca las violaciones
a los deberes de cuidado como los que se investigan. La desprotección
que crea no son atribuibles al resultado de una mala gestión o
a la de un tercero, sino que son actos propios, que por su gravedad pertenecen
al ámbito del derecho penal", sostuvo el juez en su resolución.
Lucini
remarcó que al haber violado un deber de cuidado los ex funcionarios
actuaron con imprudencia y que esa conducta creó un peligro concreto
puntual: el funcionamiento de Cromagnon sin las condiciones de seguridad.
Además,
el juez destacó que los locales que se inspeccionaban se elegían
por capricho de los ex funcionarios. |