Familiares de las víctimas respaldaron el informe de la Comisión
Pidieron que se inicie el juicio político al jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra y reclaman la prisión de Chabán

Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once respaldaron hoy el informe de la comisión investigadora, por el que se promovió el juicio político a Aníbal Ibarra, pero exigieron que se apruebe en el recinto.

Cerca de un centenar de familiares llegaron a la sede de la Legislatura porteña, Perú 160, donde pegaron carteles en reclamo de justicia y esperaron pacientemente la lectura del informe, cuyas 947 fojas fueron dadas a conocer cerca de las 18.

Por otra parte, colocaron banderas para reclamar justicia y cárcel para Ibarra y para el gerenciador de Cromagnon, Omar Chabán.

José Iglesias, abogado querellante y papá de una de las víctimas, afirmó, en consonancia con varios de los presentes, que "el informe objeta muchas razones, que espero sean tomadas en cuenta a la hora de la votación". No obstante, instó al cuerpo legislativo a aprobar la petición de juicio político al jefe de Gobierno local, Aníbal Ibarra, "porque así, la muerte de nuestros hijos no será en vano".

Tras ingresar a la legislatura, los padres escucharon la resolución de la comisión que investiga las responsabilidades políticas del incendio de Once, que causó la muerte de 194 personas el 30 de diciembre pasado.

Mañana, cuando se cumplan siete meses del incidente, los familiares y amigos de las víctimas realizarán una nueva marcha hacia Plaza de Mayo, para exigir justicia y pedir que la sociedad se una a sus reclamos.

Agencias Télam y DyN
La Nacion, Viernes 29 de julio de 2005

Recomendaron el juicio político a Ibarra

Comisión Cromagnon: "Hubo desarticulación, caos e ineficacia"
Así lo entendieron los legisladores que, además, consideraron que hubo un mal desempeño del jefe de gobierno

Los nueve miembros de la Comisión Cromagnon comenzaron a leer las conclusiones de su investigación sobre la tragedia.

La comisión recomendó "promover el enjuiciamiento político" de Ibarra "por mal desempeño de su función ejecutiva configurada por falta de servicios a su cargo", y que fue concurrente para que se produjera "el desastre" de Cromagnon.

"Desarticulación, caos e infeficacia". Según los legisladores existió "desarticulación, caos e ineficacia" en el despliegue de "recursos técnicos y humanos", por parte del gobierno de la ciudad, luego de que se produjo el trágico incendio en el local bailable.

La comisión consideró que hubo responsabilidades concurrentes por la "imprudencia parcial de asistentes al evento y la avaricia económica de actores, gestores y agentes privados", pero que ese hecho no debe "diluir las responsabilidades por el deficiente uso" de los recursos desplegados.

Asimismo, los legisladores advirtieron que nunca intentaron suplantar o sustituir la labor de la justicia.

Otras recomendaciones.

En el informe recomienda también que se inicie un proceso de enjuiciamiento contra la titular de la Sindicatura General de la Ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante, y la "cesantía inmediata" del coordinador del Consejo de Emergencia de la ciudad, Julio Crespo Campos.

Críticas de Ibarra.

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, había cuestionado nuevamente la decisión de la comisión legislativa que investiga la tragedia de Cromagnon de pedir su juicio político y señaló que actuó de manera poco seria.

"De ninguna manera siento que se esté jugando el destino del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ni el mío en particular. El dictamen no cambia nada", afirmó el mandatario porteño.

En declaraciones radiales, el jefe comunal criticó duramente a la comisión y remarcó que esta constituida por legisladores de la oposición. “No son más de nueve legisladores que actuaron de manera poco seria. En la causa está probado que quien recibió dinero permanente de Chabán fue la Policía... ¿Escuchó alguna vez a alguno hablar sobre la corrupción policial?", expresó.

Alberto Fernández.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, consideró hoy que el dictamen "tiene claramente un sentido político".

"Lo de Cromagnon fue un hecho desgraciado respecto del cual todos debemos reclamar que la Justicia actúe, dirima responsabilidades y castigue a los eventuales responsables, pero no parece feliz hacer política con este caso", advirtió el funcionario.

"Yo diría que hay que prestarle más atención a lo que haga la Justicia, que lo que ocurra en estas decisiones que tienen claramente un sentido político", evaluó Fernández.

Raúl Fernández.

El jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, también arremetió contra la decisión de la comisión y la consideró "parcial".

Además, Fernández negó que Ibarra haya pensado en abandonar su cargo al frente del Gobierno porteño y destacó que el jefe comunal "terminará su mandato", que se extiende hasta diciembre de 2007.

"Obviamente el Gobierno está pasando por una situación de crisis institucional y política, pero lo hacemos intentando mejorar la gestión pública y pensando en que Ibarra finalizará su mandato", aseveró el jefe de Gabinete porteño.

En declaraciones al canal de noticias TN, Fernández dijo que la decisión de recomendar el juicio político a Ibarra no lo sorprendió porque, según sostuvo, este grupo de diputados porteños "quedó absolutamente parcializado e integrado solamente por nueve legisladores de la oposición".

Gustavo López.

El secretario de Cultura porteño, Gustavo López, se sumó a las críticas al asegurar que se perdió "la gran oportunidad de hacer una comisión investigadora independiente", que a su criterio terminó siendo "una comisión acusadora y absolutamente parcial".

El funcionario porteño acusó a la comisión legislativa de "usar una metodología similar al menemismo, haciendo añicos el sistema institucional", aunque señaló que "antes lo hacían por coimas y ahora por cinco minutos de fama".

El secretario consideró que se debería haber conformado una "comisión independiente y plural, integrada por expertos y gente de la Legislatura", y criticó que no se hayan investigado "muchas líneas, como las responsabilidades policiales, de los bomberos, del gobierno nacional".

La Nacion, 29 de julio de 2005

A siete meses de la tragedia en la que murieron 193 personas

Duro dictamen de legisladores sobre las responsabilidades en Cromagnon
Los diputados coinciden en que fue totalmente ineficaz el área de inspecciones

Los nueve miembros de la comisión investigadora recomendarán públicamente hoy el juicio político de Ibarra
Dan por acreditada la abstención del funcionario en el ejercicio del poder de policía

Hablará de ausencia y de abstención en el ejercicio del poder de policía, de una consciente política "de reducción a la impotencia" del área de inspecciones y control, de una ineficaz atención de la emergencia por falta de coordinación, que condujo a la degradación de la asistencia médica; de insensibilidad ante las alertas institucionales previas a la tragedia, y de inadmisibilidad del intento de transferir responsabilidades hacia abajo.

Con el sustento de estos duros postulados, que se apoyan en los elementos recolectados durante más de tres meses de trabajo, los nueve miembros de la comisión legislativa porteña que investiga la masacre de Cromagnon recomendarán hoy al cuerpo que promueva el juicio político del jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, por mal desempeño de la función ejecutiva concurrente en el desencadenamiento, la magnitud y las consecuencias del incendio en la disco de Once.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de máxima confianza de los legisladores, que hoy leerán en público los capítulos esenciales de los diez que contiene el dictamen, incluidas las conclusiones y las recomendaciones, en medio de fuertes medidas de seguridad para evitar disturbios en el interior del Palacio Legislativo.

Además, tal como adelantó ayer LA NACION, la comisión sugerirá que se enjuicie a la síndica general de la ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante, por mal desempeño de sus funciones y falta de idoneidad para ocupar el cargo.

En tercer lugar, los diputados aconsejarán dejar cesante de inmediato a Julio Crespo Campos, coordinador del Consejo de Emergencia porteño, por su confeso reconocimiento de la falta total de coordinación entre los sistemas de emergencia de la ciudad y las fuerzas de seguridad nacionales, uno de los objetivos impuestos al consejo en el decreto que creó el organismo y lo nombró como responsable.

"El despacho de la comisión investigadora determina que las conductas desaprensivas, sin sujeción a la legalidad y básicamente omisivas del elenco superior del gobierno de la ciudad, han incidido con un grado calificado en el origen, la gravedad y las consecuencias inéditamente trágicas de Cromagnon", dirá -palabras más, palabras menos- el dictamen único.

Es que los legisladores manejan un cálculo escalofriante: que la noche del 30 de diciembre último hubo un 782 por ciento más de víctimas que en el atentado contra la embajada de Israel, un 199% más que en el avión de LAPA, un 125% más que en el ataque a la AMIA y un 1041% más que en la disco Kheyvis.

Por todo esto, la comisión recomendará también al Poder Ejecutivo porteño que se abstenga de considerar para ejercer nuevamente cargos directivos a "los funcionarios que podrían haber sido enjuiciados políticamente o haber sido sujeto pasibles de otro tipo de actuaciones administrativas pero que, por haber renunciado a sus cargos no pueden serlo", según dicen borradores del dictamen, como indicaron las fuentes.

Y enumera al ex secretario de Justicia y Seguridad Urbana Juan Carlos López, al ex subsecretario de Justicia y Trabajo Marcelo Antuña, a la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, al ex director general de Fiscalización y Control Gustavo Juan Torres, a la ex titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Seguridad -hoy agente de la sindicatura- Adriana Rudnitzki, y al ex director de Defensa Civil, Víctor Capilouto.

Cabe recordar que Fiszbin y Torres fueron procesados por homicidio culposo por la Justicia, que el fiscal pidió la indagatoria de López en la misma causa y que Antuña está acusado por asociación ilícita en un expediente paralelo.

Esta sugerencia concuerda, además, con la reciente denuncia del diputado Martín Borrelli sobre la presunta intención del gobierno porteño de volver a contratar a Torres como controlador de faltas. En ese momento, voceros de la ciudad respondieron que si bien Torres aparecía en un listado con ese propósito, durante los días siguientes saldría publicada la nómina oficial, sin Torres, en el Boletín Oficial. Hasta ayer, esta rectificación no había sido concretada.

Otro consejo propondrá que sean aplicadas las sanciones más severas que contemple la normativa vigente para locales bailables, en especial si éstos violan cuestiones atinentes a la seguridad de los asistentes.

Reivindicación

"Una conducta hedonista de la comisión que maquillara el núcleo responsable o transfiriera las responsabilidades públicas a la fatalidad o a la imprudencia inmanejable consumaría un triple atentado: el de la complicidad, el del ocultamiento de la realidad y el de la fabricación dialéctica de pretextos para que todo prosiga sin responsabilidades encarnadas y exigibles socialmente", dirá la comisión para reivindicarse.

También defendieron su actuación, al rechazar ayer la solicitada que acusó a los diputados de manipular políticamente la tragedia, la legisladora porteña Paula Bertol (CPC) y el candidato a legislador porteño Fernando Caeiro (Unión por Todos).

"Con la renuncia a la comisión de los diputados ibarristas, el gobierno no mostró signos de querer alcanzar la verdad. La solicitada y las críticas son parte de una chicana política de Ibarra", dijo ella. "¿Por qué los firmantes no sacaron una solicitada cuando se conformó la comisión y lo hacen en vísperas de su dictamen, buscando coaccionar su labor?", se preguntó él.

Por Angeles Castro, La Nacion, 29 de julio de 2005