Familiares
de las víctimas respaldaron el informe de la Comisión
Pidieron que se inicie el juicio político al jefe de gobierno porteño,
Aníbal Ibarra y reclaman la prisión de Chabán
Familiares
y amigos de las víctimas de la tragedia de Once respaldaron hoy
el informe de la comisión investigadora, por el que se promovió
el juicio político a Aníbal Ibarra, pero exigieron que se
apruebe en el recinto.
Cerca
de un centenar de familiares llegaron a la sede de la Legislatura porteña,
Perú 160, donde pegaron carteles en reclamo de justicia y esperaron
pacientemente la lectura del informe, cuyas 947 fojas fueron dadas a conocer
cerca de las 18.
Por
otra parte, colocaron banderas para reclamar justicia y cárcel
para Ibarra y para el gerenciador de Cromagnon, Omar Chabán.
José
Iglesias, abogado querellante y papá de una de las víctimas,
afirmó, en consonancia con varios de los presentes, que "el
informe objeta muchas razones, que espero sean tomadas en cuenta a la
hora de la votación". No obstante, instó al cuerpo
legislativo a aprobar la petición de juicio político al
jefe de Gobierno local, Aníbal Ibarra, "porque así,
la muerte de nuestros hijos no será en vano".
Tras
ingresar a la legislatura, los padres escucharon la resolución
de la comisión que investiga las responsabilidades políticas
del incendio de Once, que causó la muerte de 194 personas el 30
de diciembre pasado.
Mañana,
cuando se cumplan siete meses del incidente, los familiares y amigos de
las víctimas realizarán una nueva marcha hacia Plaza de
Mayo, para exigir justicia y pedir que la sociedad se una a sus reclamos.
Agencias
Télam y DyN
La Nacion, Viernes 29 de julio de 2005
Recomendaron
el juicio político a Ibarra
Comisión
Cromagnon: "Hubo desarticulación, caos e ineficacia"
Así lo entendieron los legisladores que, además, consideraron
que hubo un mal desempeño del jefe de gobierno
Los
nueve miembros de la Comisión Cromagnon comenzaron a leer las conclusiones
de su investigación sobre la tragedia.
La comisión recomendó "promover
el enjuiciamiento político" de Ibarra "por mal desempeño
de su función ejecutiva configurada por falta de servicios a su
cargo", y que fue concurrente para que se produjera "el desastre"
de Cromagnon.
"Desarticulación, caos e infeficacia".
Según los legisladores existió "desarticulación,
caos e ineficacia" en el despliegue de "recursos técnicos
y humanos", por parte del gobierno de la ciudad, luego de que se
produjo el trágico incendio en el local bailable.
La comisión consideró que hubo responsabilidades
concurrentes por la "imprudencia parcial de asistentes al evento
y la avaricia económica de actores, gestores y agentes privados",
pero que ese hecho no debe "diluir las responsabilidades por el deficiente
uso" de los recursos desplegados.
Asimismo, los legisladores advirtieron que nunca
intentaron suplantar o sustituir la labor de la justicia.
Otras
recomendaciones.
En
el informe recomienda también que se inicie un proceso de enjuiciamiento
contra la titular de la Sindicatura General de la Ciudad, Marcela Sánchez
de Bustamante, y la "cesantía inmediata" del coordinador
del Consejo de Emergencia de la ciudad, Julio Crespo Campos.
Críticas
de Ibarra.
Esta
mañana, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra,
había cuestionado nuevamente la decisión de la comisión
legislativa que investiga la tragedia de Cromagnon de pedir su juicio
político y señaló que actuó de manera poco
seria.
"De ninguna manera siento que se esté
jugando el destino del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ni el mío
en particular. El dictamen no cambia nada", afirmó el mandatario
porteño.
En declaraciones radiales, el jefe comunal criticó
duramente a la comisión y remarcó que esta constituida por
legisladores de la oposición. “No son más de nueve
legisladores que actuaron de manera poco seria. En la causa está
probado que quien recibió dinero permanente de Chabán fue
la Policía... ¿Escuchó alguna vez a alguno hablar
sobre la corrupción policial?", expresó.
Alberto
Fernández.
Por
su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, consideró
hoy que el dictamen "tiene claramente un sentido político".
"Lo de Cromagnon fue un hecho desgraciado
respecto del cual todos debemos reclamar que la Justicia actúe,
dirima responsabilidades y castigue a los eventuales responsables, pero
no parece feliz hacer política con este caso", advirtió
el funcionario.
"Yo diría que hay que prestarle más
atención a lo que haga la Justicia, que lo que ocurra en estas
decisiones que tienen claramente un sentido político", evaluó
Fernández.
Raúl
Fernández.
El
jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, también
arremetió contra la decisión de la comisión y la
consideró "parcial".
Además, Fernández negó que
Ibarra haya pensado en abandonar su cargo al frente del Gobierno porteño
y destacó que el jefe comunal "terminará su mandato",
que se extiende hasta diciembre de 2007.
"Obviamente el Gobierno está pasando
por una situación de crisis institucional y política, pero
lo hacemos intentando mejorar la gestión pública y pensando
en que Ibarra finalizará su mandato", aseveró el jefe
de Gabinete porteño.
En declaraciones al canal de noticias TN, Fernández
dijo que la decisión de recomendar el juicio político a
Ibarra no lo sorprendió porque, según sostuvo, este grupo
de diputados porteños "quedó absolutamente parcializado
e integrado solamente por nueve legisladores de la oposición".
Gustavo
López.
El
secretario de Cultura porteño, Gustavo López, se sumó
a las críticas al asegurar que se perdió "la gran oportunidad
de hacer una comisión investigadora independiente", que a
su criterio terminó siendo "una comisión acusadora
y absolutamente parcial".
El funcionario porteño acusó a la
comisión legislativa de "usar una metodología similar
al menemismo, haciendo añicos el sistema institucional", aunque
señaló que "antes lo hacían por coimas y ahora
por cinco minutos de fama".
El secretario consideró que se debería
haber conformado una "comisión independiente y plural, integrada
por expertos y gente de la Legislatura", y criticó que no
se hayan investigado "muchas líneas, como las responsabilidades
policiales, de los bomberos, del gobierno nacional".
La
Nacion, 29 de julio de 2005
A siete meses de la tragedia en la que murieron 193 personas
Duro
dictamen de legisladores sobre las responsabilidades en Cromagnon
Los diputados coinciden en que fue totalmente ineficaz el área
de inspecciones
Los nueve miembros de la comisión investigadora
recomendarán públicamente hoy el juicio político
de Ibarra
Dan por acreditada la abstención del funcionario en el ejercicio
del poder de policía
Hablará de ausencia y de abstención
en el ejercicio del poder de policía, de una consciente política
"de reducción a la impotencia" del área de inspecciones
y control, de una ineficaz atención de la emergencia por falta
de coordinación, que condujo a la degradación de la asistencia
médica; de insensibilidad ante las alertas institucionales previas
a la tragedia, y de inadmisibilidad del intento de transferir responsabilidades
hacia abajo.
Con el sustento de estos duros postulados, que
se apoyan en los elementos recolectados durante más de tres meses
de trabajo, los nueve miembros de la comisión legislativa porteña
que investiga la masacre de Cromagnon recomendarán hoy al cuerpo
que promueva el juicio político del jefe de gobierno porteño,
Aníbal Ibarra, por mal desempeño de la función ejecutiva
concurrente en el desencadenamiento, la magnitud y las consecuencias del
incendio en la disco de Once.
Así lo confirmaron a LA NACION fuentes
de máxima confianza de los legisladores, que hoy leerán
en público los capítulos esenciales de los diez que contiene
el dictamen, incluidas las conclusiones y las recomendaciones, en medio
de fuertes medidas de seguridad para evitar disturbios en el interior
del Palacio Legislativo.
Además, tal como adelantó ayer LA
NACION, la comisión sugerirá que se enjuicie a la síndica
general de la ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante, por mal desempeño
de sus funciones y falta de idoneidad para ocupar el cargo.
En tercer lugar, los diputados aconsejarán
dejar cesante de inmediato a Julio Crespo Campos, coordinador del Consejo
de Emergencia porteño, por su confeso reconocimiento de la falta
total de coordinación entre los sistemas de emergencia de la ciudad
y las fuerzas de seguridad nacionales, uno de los objetivos impuestos
al consejo en el decreto que creó el organismo y lo nombró
como responsable.
"El despacho de la comisión investigadora
determina que las conductas desaprensivas, sin sujeción a la legalidad
y básicamente omisivas del elenco superior del gobierno de la ciudad,
han incidido con un grado calificado en el origen, la gravedad y las consecuencias
inéditamente trágicas de Cromagnon", dirá -palabras
más, palabras menos- el dictamen único.
Es que los legisladores manejan un cálculo
escalofriante: que la noche del 30 de diciembre último hubo un
782 por ciento más de víctimas que en el atentado contra
la embajada de Israel, un 199% más que en el avión de LAPA,
un 125% más que en el ataque a la AMIA y un 1041% más que
en la disco Kheyvis.
Por todo esto, la comisión recomendará
también al Poder Ejecutivo porteño que se abstenga de considerar
para ejercer nuevamente cargos directivos a "los funcionarios que
podrían haber sido enjuiciados políticamente o haber sido
sujeto pasibles de otro tipo de actuaciones administrativas pero que,
por haber renunciado a sus cargos no pueden serlo", según
dicen borradores del dictamen, como indicaron las fuentes.
Y enumera al ex secretario de Justicia y Seguridad
Urbana Juan Carlos López, al ex subsecretario de Justicia y Trabajo
Marcelo Antuña, a la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana
Fiszbin, al ex director general de Fiscalización y Control Gustavo
Juan Torres, a la ex titular de la Unidad de Auditoría Interna
de la Secretaría de Seguridad -hoy agente de la sindicatura- Adriana
Rudnitzki, y al ex director de Defensa Civil, Víctor Capilouto.
Cabe recordar que Fiszbin y Torres fueron procesados
por homicidio culposo por la Justicia, que el fiscal pidió la indagatoria
de López en la misma causa y que Antuña está acusado
por asociación ilícita en un expediente paralelo.
Esta sugerencia concuerda, además, con
la reciente denuncia del diputado Martín Borrelli sobre la presunta
intención del gobierno porteño de volver a contratar a Torres
como controlador de faltas. En ese momento, voceros de la ciudad respondieron
que si bien Torres aparecía en un listado con ese propósito,
durante los días siguientes saldría publicada la nómina
oficial, sin Torres, en el Boletín Oficial. Hasta ayer, esta rectificación
no había sido concretada.
Otro consejo propondrá que sean aplicadas
las sanciones más severas que contemple la normativa vigente para
locales bailables, en especial si éstos violan cuestiones atinentes
a la seguridad de los asistentes.
Reivindicación
"Una conducta hedonista de la comisión
que maquillara el núcleo responsable o transfiriera las responsabilidades
públicas a la fatalidad o a la imprudencia inmanejable consumaría
un triple atentado: el de la complicidad, el del ocultamiento de la realidad
y el de la fabricación dialéctica de pretextos para que
todo prosiga sin responsabilidades encarnadas y exigibles socialmente",
dirá la comisión para reivindicarse.
También defendieron su actuación,
al rechazar ayer la solicitada que acusó a los diputados de manipular
políticamente la tragedia, la legisladora porteña Paula
Bertol (CPC) y el candidato a legislador porteño Fernando Caeiro
(Unión por Todos).
"Con la renuncia a la comisión de
los diputados ibarristas, el gobierno no mostró signos de querer
alcanzar la verdad. La solicitada y las críticas son parte de una
chicana política de Ibarra", dijo ella. "¿Por
qué los firmantes no sacaron una solicitada cuando se conformó
la comisión y lo hacen en vísperas de su dictamen, buscando
coaccionar su labor?", se preguntó él.
Por
Angeles Castro, La Nacion, 29 de julio de 2005 |