La niña República Gutiérrez González tenía apenas tres años cuando empezó la guerra, un episodio que la dejó sin padre, sin nombre y sin patria. El padre fue asesinado por una horda de falangistas, en agosto de 1936, y la pérdida de su identidad civil vino impuesta por la lógica del momento: llevar ese nombre afrentaba a los vencedores. El exilio en Argentina completó el inventario de ausencias. Pero la importancia de esas mutilaciones no le ahorró otra secuela igualmente dolorosa: la memoria se le fue anegando de zonas de sombra. Una parte de esa memoria quedó prisionera en los territorios de su infancia, donde un trozo de tierra desconocido acogía los despojos de su padre.

La catástrofe de la Guerra Civil alimentó multitud de historias parecidas a la de Belarmina, el nombre que adoptó para seguir viviendo. El país se llenó de fosas comunes, y miles de cadáveres aguardaron inútilmente una mano amiga que los enterrara con dignidad. Amontonados como reses en los campos de internamiento franceses, exterminados en Mauthausen o trasterrados por América, los españoles del exilio sólo podían evocar a sus deudos. También los vencidos que permanecieron en España tenían dificultades para honrar a sus muertos: reclamar los restos de las víctimas podía acarrearles importantes efectos secundarios, incluida la propia existencia. Los republicanos comprendieron que sobrevivir pasaba por la renuncia a los derechos más elementales. El precario equilibrio de sus vidas les condenaba incluso a homenajear obligada y diariamente a los muertos de los vencedores, cuyos nombres estaban presentes en las calles de ciudades y aldeas, en los atrios de las iglesias y en los libros que se estudiaban en las escuelas.

La ingenuidad de los republicanos les indujo a pensar que todas las epidemias tenían fecha de caducidad. También la hegemonía narrativa del franquismo. Era cuestión de sobrevivir al dictador, y seguidamente reivindicar su recuerdo y enterrar a los muertos. Pero la desaparición de Franco no alteró de manera significativa el escenario de la memoria. Los vencedores de la guerra impusieron las condiciones del cambio político, y los descendientes de las víctimas aceptaron un pacto que entrañaba una tropelía semántica: confundir reconciliación con olvido, justicia con venganza. La historiografía de la Transición -levítica, empalagosa y cortesana- emitió un veredicto políticamente correcto: todos fueron culpables y en la misma medida. El pasado fue subordinado a los intereses del presente, y la teoría del cincuenta por ciento, aceptada por los taxidermistas de la Historia. Cuando los herederos de quienes perdieron la guerra y la posguerra llegaron al poder, prosiguieron de manera sorprendente con la política de demolición y silencio. Los supervivientes advirtieron simultáneamente que se podía hablar y que nadie estaba dispuesto a escucharlos. En unas biografías atravesadas de tragedia y renuncias, la derrota de la memoria fue la más sentida de todas. Ni los propios hijos parecían concernidos por sus relatos. Aludir al pasado era de mal tono y, en consecuencia, se habían convertido en los aguafiestas de la democracia. Les perseguía además un estribillo de efectos retroactivos: '¿Para qué remover el pasado?'.

Durante muchos años, 'las batallas del abuelo' sólo interesaron a los abuelos, reducidos como estaban a la afasia. Pero desde hace un tiempo, coincidiendo con el acceso al poder de un partido conservador y la mayoría de edad de una nueva generación, los nietos de los protagonistas, se está produciendo un cambio de sensibilidad en determinados sectores sociales. En el año 2001, forzados por una serie de libros, películas y movimientos ciudadanos, los políticos se decidieron a rehabilitar a los maquis. El pasado año sucedió algo parecido con las fosas comunes. El trabajo benemérito de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, empeñada en levantar una cartografía de la represión, está consiguiendo poner delante de nuestras miradas los cadáveres insepultos de los republicanos: nuestros particulares desaparecidos.

La respuesta mediática ha obligado a los partidos llamados progresistas a sumarse a esa campaña, y una izquierda atemorizada y medrosa, que durante años tuvo la posibilidad de vindicar su memoria -produce desasosiego ver a Guerra reconvertido en paladín de los exiliados-, empezó a evaluar los dividendos electorales que le reportaba el combate contra el olvido. Y aunque se había negado reiteradamente a condenar el golpe del 18 de julio, también la derecha se asoció a la pedrea electoral: los trucos de baratero cada vez tienen una mayor penetración en el zoco de la política. El hecho objetivo es que el 20 de noviembre de 2002 -coincidiendo con el 27 aniversario de la muerte del dictador- la Comisión Constitucional del Congreso aprobó la impugnación del franquismo, la rehabilitación de las víctimas y el apoyo a la exhumación de los cadáveres de las fosas comunes. Un acuerdo que tal vez permita a los abuelos enterrar a sus familiares y amigos, y a sus nietos reconstruir la genealogía que les negaron sus padres. Ni unos ni otros -me refiero a nietos y abuelos: el deber de conocer y el deber de recordar- participaron en el chalaneo simbólico de la Transición.

Diversos autores mantienen que corren buenos tiempos para la memoria, y sin embargo creo que, en el caso español, se dejan llevar por el optimismo. Un pacto político sobre el pasado que se basa en cálculos electorales es la variable perfecta para la liquidación definitiva de la memoria. Porque de nuevo se está imponiendo, y con más fuerza que nunca, la teoría del cincuenta por ciento. Ejemplos evidentes lo constituyen el éxito de productos amables como la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó' y la novela 'Soldados de Salamina'. La primera nos abastece de nostalgia y azúcar al tiempo que escamotea la naturaleza represiva del franquismo y, sobre todo, su infinita zafiedad. La segunda, una visión conservadora de la Guerra Civil, maquilla hábilmente la memoria de víctimas y verdugos. Que hayan tenido que ser los escritores alemanes quienes comenzaron la polémica sobre el texto de Cercas evidencia que la telebasura no sólo afecta al común de los ciudadanos sino a unas élites intelectuales adiestradas en el oficio de adular al poder y tradicionalmente refractarias al pensamiento libre. Conocer qué mecanismos han confluido en la acogida estruendosa, unánime y acrítica de ese 'relato real', nos proporcionaría las claves de por qué no se ha convertido aquí, como en Alemania, en el pretexto de un inaplazable y necesario debate sobre el pasado y cómo abordarlo.

Ya casi centenario, un tío de Belarmina le reveló el gran secreto: los restos de su padre se encontraban en una fosa común próxima al pueblo de su infancia, junto a los de otros republicanos. Y entonces Beli -así le llaman sus amistades- pudo cumplir el deseo de toda una vida de silencio: iniciar los trámites para exhumar su cadáver. Es posible que la niña de la guerra llegue todavía a tiempo de enterrar al anarquista Manuel Gutiérrez, un minero leonés que fue paseado porque creyó en «la emancipación de los trabajadores». Cuando una lápida lleve su nombre, y otras lápidas recojan los nombres de todos los desaparecidos, habremos dado un paso decisivo en la reconciliación de este país. En el aire permanecerán, sin embargo, algunas preguntas inquietantes: ¿Cómo hemos podido convivir durante tantos años de democracia con miles de desaparecidos? ¿Cómo hemos podido callar, o no escuchar, durante todo ese tiempo? No tengo una explicación científica y aventurar hipótesis pudiera resultar comprometido. Hasta que políticos, obispos o tertulianos nos lo aclaren con su habitual contundencia, y para ir tirando, citemos a Alain Finkielkraut: «El olvido es una fuerza irresistible».