AMERICA LATINA Y LA INDUSTRIALIZACIÓN.
Para nosotros, el Estado
representa la relación fundamental de dominación de la sociedad
capitalista. Tal posición le permite reflejar el sentido de las correlaciones
de fuerzas sociales principales y hegemónicas e imponer al conjunto de la sociedad
la primacía de los intereses que representa. El Estado
es, entonces, la expresión, por una parte, de un patrón de acumulación, que
alude a las características
de un modo de producción
determinado por la forma de participación del Estado
en la economía;
y, por la otra, de un patrón de hegemonía, que apunta a la relación entre sociedad civil
y Estado,
la cual caracteriza las formas de dominación política y de legitimidad.
Considerar al Estado
como el centro de las decisiones políticas
y administrativas permite suponer una gran capacidad de mediación, de autonomía
relativa decisional y de instrumentación, características
que se modifican en sus niveles y magnitud, de acuerdo con las condiciones
históricas
A partir de la década de los cuarenta, en los países
latinoamericanos comienza un proceso
de cambio
en las relaciones entre política y economía, que modifica
contenidos de la ortodoxia liberal en lo referente al papel
del Estado
en la economía.
Cambios que se van adoptando, en forma y temporalidad, de acuerdo con las características
sociales, económicas e históricas particulares de cada espacio nacional
latinoamericano.
En concordancia con ese proceso,
se adopta la industrialización como estrategia
del modelo
de desarrollo
basado en la Sustitución de Importaciones
-en algunos países como México,
Brasil
y del Cono Sur, esta modalidad de desarrollo
se había implementado para la década de los treinta-, donde el Estado
se convierte en el actor fundamental de la promoción
del desarrollo
y regulador de la distribución.
Todo esto como consecuencia de la debilidad estructural de la burguesía
endógena para comandar el proceso
de acumulación. El Estado
se ve obligado a asumir el papel
que le corresponde al sector privado en el capitalismo
avanzado. Por efecto de las características
del proceso
de industrialización, el Estado
es conducido a una corporativización de su participación empresarial y
productiva, lo que le otorga nuevas funciones
-y al mismo tiempo-
lo conduce a un proceso
creciente de hipertrofia político-administrativa. De esta manera, la política económica
se va haciendo cada vez más parte de la estructura
de decisión estatal, dándole al Estado una mayor autonomía en relación con su
entorno social interno y con magnitudes variables
-de acuerdo con su capacidad de recursos humanos
y de capital-
respecto al contexto externo. Esta situación permite que las decisiones
públicas se conviertan en objeto de la competencia
de los grupos
económicos, o dicho en palabras de García Pelayo (1985: 112): «...la competencia
económica se manifiesta inevitablemente en la competencia
por la influencia política».
La implantación progresiva del proceso de industrialización
sustitutiva fue imponiendo la necesidad de proyectos
nacionales que propusiesen modelos
de desarrollo
económico de largo alcance, en los cuales el Estado fuera el eje central
de inversión
y decisión, ya que aquellos dependerían de recursos
públicos y de medidas proteccionistas. Por esta vía se facilitaba la
transferencia de recursos
públicos a manos privadas, convirtiéndose esta característica
en el factor principal de la acumulación privada. Tal situación queda definida
en lo que Portantiero (1981) denomina Estado Prebendalista y Capitalismo
Asistido. Siendo así, el desarrollo
económico se concreta en un proyecto
político, en el cual el Estado ocupa la dirección
central y el punto de concentración de los conflictos
de las fuerzas sociales y de las aspiraciones de los sectores hegemónicos. Al
respecto Graciarena, sostiene:
«Cualquiera fuese la estrategia
y sentido del desarrollo
asumido, de cualquier modo el epicentro estaba siempre ocupado por el Estado,
porque la posibilidad de este desarrollo
dependía de una adecuada combinación de políticas
promotoras del crecimiento productivo con políticas
de vanguardia
de los intereses sociales más fuertes.» (1990: 51).
Las particularidades del desarrollo y de la industrialización le
otorgan al Estado una doble función, las cuales van a depender exclusivamente
de los recursos
públicos, de la atención a las necesidades sociales, y de la promoción
y sostén del crecimiento
económico, y del desarrollo del capitalismo.
Ello conduce a un comportamiento
contradictorio del Estado. Tal comportamiento
termina por definir unas características impuestas por las fuerzas sociales,
con mayor poder
de presión corporativa para insertarse en las estructuras
decisionales. Lo anterior implica que la incorporación de aspiraciones sociales
en la decisión pública se convierte en una competencia
intra y extra clases. Afirmación que concuerda con lo planteado por Altvater,
Elmar:
«El Estado no puede ser concebido, ni como un mero instrumento
político ni como una institución establecida por el capital,
sino más bien como una forma especial de cumplimiento de la existencia social
del capital
al lado y conjuntamente con la competencia,
como un momento esencial en el proceso de reproducción social del capital».(1986:92).
Significa esto que la división de los sectores dominantes en
unidades de capital
(Altvater, 1986) determina la competencia entre ellos, de acuerdo con el origen
y el ejercicio reproductivo de la acumulación de cada una de esas unidades de
capital. Así, en un momento determinado, la orientación de una estrategia
de desarrollo convierte en agentes de decisión a los sectores del capital
-financiero, comercial, industrial, etc.- qque estén más relacionados con ella.
De allí que la competencia entre capitalistas en el seno del Estado no se deba
a razones productivas o de calidad,
sino a los beneficios derivados de la influencia en la decisión pública. Por
esto, los grupos
hegemónicos políticos-administrativos se convierten en el factor decisivo de la
estructuración, transformación y reproducción del Estado.
Las características de las decisiones públicas, de la estructura
económica capitalista y de las particularidades de la acumulación privada en
Latinoamérica, determinan que las relaciones Estado-sociedad civil
sean de carácter altamente excluyente. Como consecuencia de ello, el Estado se
transforma en instrumento de minorías sociales y la lucha distributiva se
concentra en los mecanismos de participación política, debido a que
ellos conforman el instrumento de reparto del producto
social (López Jorge, 1988: 14). Los mecanismos de participación política se convierten, en
el Estado latinoamericano, en un instrumento fundamental para lograr la
viabilidad de las decisiones públicas.
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Tres hitos fundamentales, en la bibliografía consultada, señalan
la adopción
de la planificación
por el Estado latinoamericano: La creación de la Alianza para el Progreso, las
asesorías y recomendaciones a los gobiernos de la región por parte de la
Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), y la Conferencia
de Países Latinoamericanos realizada en Punta del Este en 1961, bajo el
patrocinio de la OEA,
donde, entre otros resultados, se hace pública la Alianza para el Progreso.
Todas recomendaban la metodología
de elaboración, disposición y ejecución de planes nacionales para abordar el desarrollo
económico-social y obtener cooperación financiera.
Siguiendo a Carlos A. de Mattos (1987), podemos decir que la planificación,
en esta época, en América Latina,
estuvo orientada por tres elementos básicos que le dieron concreción: El
«voluntarismo utópico», que significó la formulación y construcción
de planes con marcada inserción de la ideología del planificador y la
identificación de ésta con planificación
del desarrollo, orientada por la concepción estructuralista. El planificador
era visto como agente de transformación y, como consecuencia de ello, tenía
cierta autonomía para actuar. Esta concepción ocultaba la ideología e intereses
de los sectores dominantes en la elaboración e implementación de las estrategias
de un proyecto
político o Plan
Nacional y, por ende, en la orientación misma del proceso de planificación.
Un segundo elemento se define como «reduccionismo economicista»,
esto es, una visión de la planificación, que centraba su atención en el análisis
y tratamiento de variables
económicas a través de instrumentos de política económica.
Sin embargo, se dejan fuera del análisis
las particularidades del proceso político -relacionado con los conflictos
de interés
dentro y fuera de la estructura
estatal- de los distintos actores socio-políticos, debido a las orientaciones y
efectos de la toma de decisiones
públicas. Por último, la planificación estará marcada por el «formalismo», el
cual está referido a los procedimientos
y organismos adoptados para instituir y llevar a cabo el proceso de
planificación. Tal concepción dio como resultado la planificación por etapas,
originada en organismos centrales de planificación. Organismos que en el tiempo
expresaron un aislamiento con respecto a otras instancias y oficinas públicas,
a tal extremo que llegaron a constituir «islas» en la compleja estructura
decisional del Estado.
La concepción de la planificación -basada en los aspectos
anteriores- se relacionaba con la del Estado, difundida, fundamentalmente, por
la CEPAL. Al Estado se le atribuía el papel
protagónico en el desarrollo, por cuanto era quien formulaba y llevaba a la
práctica la racionalidad mediante un plan de
desarrollo. A partir de esa visión, el Estado contenía los siguientes rasgos:
Unidad y coherencia interna, autonomía frente a otros agentes, poder
político y económico, capacidad técnico-administrativa y control
de las relaciones externas.
De igual manera la concepción de la planificación sería el reflejo
de las características de la economía latinoamericana.
La existencia en la región de una economía mixta, que se
caracterizaba por la presencia de un sector público gerente
de grandes empresas
y un sector privado heterogéneo y con medianas y pequeñas empresas.
Pero, en definitiva sería el Estado el actor principal que asumiría la
necesidad de coordinar la desigual conformación de esa economía, y el que
impulsaría su desarrollo, a través de planes que dieran orden a la dinámica
del espacio económico y del proceso productivo -patrón de acumulación-. Además,
el Estado tendría que regular las relaciones con la sociedad,
mediante un proceso en el cual se determinaría la dominación política y la
legitimidad de la acción estatal y del sistema
en su conjunto -patrón de hegemonía-. En este marco, que caracteriza las
relaciones Sociedad-Estado
en Latinoamérica, se inserta la planificación como un instrumento político de
intervención del Estado en la economía y en la sociedad.
Es aquí donde se produce un proceso de influencias recíprocas entre la
planificación y el contexto socio-político.
Hasta épocas recientes y de acuerdo a la evolución
y desarrollo particular de la participación en las estructuras
de decisión estatal, la planificación se concentró en la elaboración de planes
cortoplacistas, que daban soluciones
técnicas a problemas
coyunturales de balanza de pagos,
y de planes de mediano y largo plazo, que resolverían desequilibrios sociales
-referidos a la producción
y distribución-,
con la intención de lograr «desarrollo con bienestar» (Graciarena, 1990). De
esta manera, la práctica de la planificación en Latinoamérica estaría orientada
por el «deber ser», por la «norma» ante el cálculo
predictivo para poner énfasis en la velocidad
del crecimiento
económico y -posteriormente- sobre problemas
estructurales que lo obstaculizaban.
Esa concepción de la actividad se concreta en la Planificación
Normativa, la cual fue ampliamente difundida e inducida por la CEPAL a los
gobiernos de la región y desarrollada por muchos organismos de planificación
hasta la década pasada. Sin embargo, los objetivos
del «crecimiento normativo» -que evadía el proceso social para el cual se
proponía- pronto quedarían como decorado para los discursos
y programas
de gobierno
del populismo
latinoamericano. Tales propuestas, de carácter meramente demagógico, no
debilitaban el entramado de relaciones establecidas por los actores como
factores de poder
que orientaban y dirigían las decisiones públicas, pero influirían de manera
opuesta en la viabilidad social y política del proyecto
de desarrollo propuesto. Al respecto Graciarena apunta:
«... el enfoque del desarrollo contenía elementos utópicos
cargados de ideología, aspiraciones voluntarias y tecnocráticas adscritas a una
serie de objetivos
ambiciosos cuya concreción no se alcanzaría a menos que fuese favorecida por
condiciones históricas sobre las que actuase una resuelta voluntad política».
(1990: 55).
Como resultado de esa situación, el Estado desarrollista y sus
órganos de planificación se convertirían en mecanismos facilitadores de
privilegios y proteccionismo a una producción
industrial que se transnacionalizaba por medio de los vínculos establecidos
entre los sectores económicos nacionales con los externos. Estos últimos fueron
quienes mayormente se aprovecharon de las ventajas otorgadas a la industria
nacional, ya que estaban respaldados debido al supuesto de que satisfacían la demanda
nacional y sustituían importaciones.
Estas características de la industria
«nacional» imposibilitarían la viabilidad política de cualquier propuesta
autónoma que intentara derrumbar el muro establecido por las relaciones de
capital, reducir desequilibrios sociales originados por éstas, y legitimados
por la orientación de las políticas
públicas, lo que en palabras de Graciarena, sería:
«... un cepalismo "asociado" que vinculaba cada vez más
estrechamente a importantes sectores del capital nacional con las corporaciones
multinacionales esfumaba la posibilidad de una respuesta política efectiva»
(1990: 60).
El rol asumido por el Estado en Latinoamérica define un contexto
socio-político que hace posible la formulación y adopción
de proyectos
políticos de los sectores hegemónicos. En consecuencia, el Estilo de Desarrollo
Nacional sólo recoge los intereses de un sector de la sociedad y la relación
entre planificación y contexto socio-político se convierte en uniactoral y,
como consecuencia, la planificación y el Plan de
Desarrollo se traducen en instrumento de los intereses predominantes,
portadores de suficientes recursos
de poder
para imponerlos en una dinámica
histórica concreta. Por esta vía el Estado legítima el consenso en torno a
las concepciones y proyectos
asociados a determinados intereses de clase. Igualmente otorga una relativa
viabilidad política y física,
que entrará en contradicción con las aspiraciones y necesidades de las mayorías
excluidas -la viabilidad social-.
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
¿QUÉ ESCENARIOS PRESENTAN AMÉRICA LATINA CON RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN?
Creo que el gran desafío que se le presenta a la sociedad
latinoamericana está referido, prioritariamente, a la necesidad de conocer
cuáles son y cómo puede funcionar una América
Latina global en los nuevos escenarios internacionales; actitud
ésta que nos obliga a realizar un severo análisis
hacia delante, no simplemente hacia atrás, tomando en cuenta que en el mundo
actual los mercados
segmentados y las políticas
aisladas, sólo sirven para intensificar los riesgos
de vulnerabilidad , favoreciendo la fragmentación que, en poco tiempo,
será ultimada por el "darwinismo económico y tecnológico".
En directa relación a los diversos e intentos de integración
latinoamericana, considero que el discurso
político que discurre en los foros regionales, desde tiempo atrás viene
trasmitiendo serias contradicciones; extremados personalismos, dando la
sensación de una falta de libreto donde se determinen no sólo objetivos
comunitarios, sino la disposición de los gobernantes en compartir instrumentos
viables.
Exceptuando algunos períodos de amnesia en política económica
o de abulia "panamericanista" del gobierno
de Washington hacia nuestra región, ésta fue empleando tímidamente y en forma
intercambiable, indistinta y generalmente confusa, mecanismos que el tiempo ha
determinado, categóricamente, su ineficiencia: integración, complementación,
cooperación; de la creación de una zona de libre comercio
hasta el establecimiento de un mercado común. Por ninguno de esos caminos, se
ha logrado alcanzar un favorable índice de solidaridad
regional -permanente y ascendente- dado a que no existe una conciencia
de unidad que se afirme y se proyecte más allá de los escasos límites
del discurso
de circunstancia.
Existen sólidos argumentos para aceptar que la relación de
dependencia -de centro/periferia, como teorizara el Dr. Raúl Presbich desde
CEPAL- haya llevado a destacados intelectuales como el brasileño Darcy Ribeiro
y el argentino Jorge Luis Borges,
entre tantos otros, a preguntar: "¿ existe América Latina?"
considerando que, si bien no cabe duda de su realidad histórico-geográfica,
siempre es bueno profundizar el significado de su existencia.
Justificar y proyectar tal existencia, considero que es la razón
de esta instancia académica.
Los países de América
Latina se encuentran entrelazados en una variada red de pactos económicos
bilaterales y multilaterales; algunos con cierta actividad, en tanto otros han
quedado en el cofre que acumula recuerdos históricos. Tan sólo con nostálgica
referencia se evoca -de tanto en tanto- el sueño de Bolívar o a los alcances
que tuvo la Liga Federal de Artigas. En aquel cofre están la "Carta
de Jamaica" del venezolano, y las "Instrucciones del año XIII"
del estadista oriental.
Ante la discusión de nuevas utopías a las cuales se les ha fijado
fecha para que se conviertan en realidad, recientemente los expertos de ALADI
procuran definir estrategias
a aplicar en las negociaciones de América Latina con otros bloques, con el fin
de preservar las preferencias vigentes en más de 100 acuerdos, algunos de ellos
patrimonio
heredado de la ALALC, otro proyecto
que no pudo alcanzar la mayoría de edad, pues a los 20 años se mereció
importantes cirugías.
El largo camino por la integración regional
"Ha de tratarse de celebrar una convención aduanera entre la República (Argentina),
el Imperio (Brasil),
la República Oriental del Uruguay
y la de Paraguay,
con el propósito de impedir y castigar los contrabandos que se hacen. A ese fin
el Sr. Ministro pondrá todo su empeño, demostrando las conveniencias recíprocas
de esa medida y la importancia que ella tendrá para estrechar los vínculos de amistad".
Presidentes:
RoqueSáenzPeña
(Argentina)
Venceslau
Brás Pereira (Brasil)
Cancilleres:
José
L. Muratore (Argentina)
Lauro
Muller (Brasil)
Alejandro
Lira (Chile)
El acuerdo firmado por los Presidentes y Cancilleres constaba de 7
artículos pero el pacto ABC no contó con la aprobación parlamentaria en ninguno
de los tres países, permaneciendo como un compromiso de honor que los
cancilleres prolongaron hasta 1917.
Presidentes:
Juan D. Perón
(Argentina)
Getulio
Vargas (Brasil)
Carlos
Ibáñez del Campo (Chile)
Analizando racionalmente la dimensión de los nuevos escenarios que
se están construyendo en el mundo; apreciando la fuerza
que poseen los actores que en ellos actúan; para enfrentar estos dos factores,
tan solo, considero que América Latina -y en particular este Cono Sur- está
imposibilitada pues vive una angustiante crisis
de realismo.
Crisis,
agravada por un exceso de vaguedad en los propósitos, , a la que se suma una
extremada cautela en las instancias del diálogo,
del debate
y más aún en el tiempo de la toma de decisiones;
grave situación por cuanto la indefinición de adecuadas estrategias
-políticas,
sociales, económicas, culturales, militares, ambientales, etc.- hacen que
América Latina no sea un interlocutor cohesivo y audaz en las propuestas y, al
ir acentuándose su pasividad a la vez que mantiene su fragmentación, tales
factores la colocan en una posición frágil y errática en el escenario mundial.
Ahora bien: si los Estados latinoamericanos y sus elites están
dispuestos, como pregonan, a asumir los desafíos que presentan cualquiera de
los escenarios de alternativa, comparto plenamente una interrogante expuesta en
variados foros: ¿qué participación tiene en el debate actual, previo a la toma de decisiones
política,
la sociedad civil?
¿Qué información
seria y actualizada se le ha trasmitido a ella, respecto a las bases y alcances
de las negociaciones en el MERCOSUR?
¿en función
al ALCA?
¿en relación a la Comunidad
Europea? ¿a otros nichos de mercado?
¿Por qué en el MERCOSUR se hace tan difícil "el camino que va
de lo comercial a lo societal", título éste de un reciente libro
publicado en Buenos Aires.
Porque no se trata tan sólo de enfatizar que los países deben
abrirse al mundo, basándose en un simple porque sí. Una amplia y descontrolada
apertura puede ser peligrosa, si los países eufemísticamente denominados
"en vías de desarrollo"
no cohesionan fuerzas en un proceso
integrador regional, que se presenta como la única respuesta válida al proceso
globalizador; por cuanto aquél tiene el principal propósito de impedir que los
"en vías de desarrollo"
sean "globalizados" por el darwinismo económico y tecnológico.
En consecuencia, insisto al decir que es fundamental que los
gobiernos expliquen a sus pueblos: ¿de qué forma, para qué, cuándo y cómo será
implementada y utilizada la estrategia
nacional, la regional y la internacional?, escenarios éstos donde el factor
económico determina , en algunos casos, la negociación
"building blocks" (entre bloques) y en otros casos, los grandes
actores prefieren practicar el "hub and
spock" (ejes y rayos), como sería el sistema ALCA.
Por tanto, ante los diversos escenarios que se le presentan a
América Latina (NAFTA,
ALCA, ALCSA, UE, Lomé, Japón,
Rusia, Sudáfrica, China,
además de los regionales internos), resulta preocupante la posición que vienen
adoptando algunos gobiernos latinoamericanos en relación directa a los procesos
de integración.
México
ya optó desde el 1º de enero de 1994 integrarse como nación
"americana" (del norte), permitiendo avanzar la frontera económica de
los Estados Unidos
n más de 20 kilómetros de su territorio, donde sus empresas
instalan las "maquilas" desde donde luego exportan los productos
allí terminados hacia su propio país u otros mercados.
Chile, aunque no lo expresa en voz alta, aspira ser una
"nación cosmopolita", procurando acuerdos "en solitario"
con el NAFTA y
con la Comunidad
Europea, aunque a raíz del recientes fracasos en tales negociaciones, viene
demostrando un renovado interés
por el MERCOSUR.
Brasil, se autodefine como una "nación sudamericana" , y al
considerarse el actor regional más importante, negocia bilateralmente con
Argentina en el MERCOSUR, rigiéndose por las normas
del acuerdo bilateral de 1987, e ignorando ambos países lo pactado con sus
socios del MERCOSUR en Ouro Preto, particularmente en cuanto a la coordinación
de las políticas macroeconómicas.
Bolivia y Paraguay
viven en pleno desconcierto. Venezuela
insiste en el sueño bolivariano. Uruguay
¿qué piensa de si mismo?
Estas y otras conductas económicas llevan a preguntarnos si el
bilateralismo no procura echar nuevas raíces en América Latina, actitud
ésta alentada por los grandes intereses extra-continentales. Se debe sumar a
esa situación que favorece el ideario "balcanizador", el alcance que
pueden tener algunas declaraciones unilaterales que practica la diplomacia
presidencial de algunos países, actitud que no ha enviado señales de estímulo a
la ciudadanía, sea ésta inversionista o trabajadora, provocando, por el
contrario, una mayor desorientación.
Si en las América resurge el bilateralismo, ¿será que el
multilateralismo ha quedado tan sólo como testimonio de las reuniones cumbre?
Además, el uso del NO-RIESGO
y el "statu quo" se han convertido en prácticas usuales en la
culminación de los acuerdos ministeriales regionales, hecho que lleva a
trasladar la toma de decisiones para nuevas oportunidades. En ese entorno
inestable, si no dramático, a la región se le presentan tres importantes operaciones
estratégicas: