La
Corporación Venezolana de Guayana, comúnmente identificada
por sus siglas CVG, fue creada mediante la figura jurídica de instituto
autónomo, por el Decreto N° 430, de fecha 29 de Diciembre de
1960, en tiempos en los que en una Venezuela, aún con rasgos preponderantemente
rurales, se miraba el sur del país como la posibilidad de ensayar
nuevas ideas de desarrollo, con visión integral, posible a través
de novedosas técnicas de planificación aplicables a la gerencia
del Estado, mediante la explotación industrial de las riquezas,
principalmente minerales, existentes en Guayana.
Nace la CVG como el ente que se constituiría en rector y artífice
de ese prodigio, a través de la promoción, creación
y control de las empresas básicas, para el aprovechamiento racional
de los recursos y con miras al desarrollo económico-social de la
Región; propósito que ha transitado por una primera reforma
del Estatuto, el 21 de junio de 1985, Decreto Ley N° 676, sin que
se hayan consolidado las bases jurídicas y políticas que
deben conjugarse para realizar lo que para algunos ya parece mito: el
desarrollo de Guayana y, de su mano, el desarrollo del país
La
condición de ente promotor y ejecutor de políticas de desarrollo,
condujo a la Corporación a asumir cometidos públicos, traducidos
en obras de infraestructura vial, edificaciones escolares, de salud, turismo,
deporte y recreativas, entre otras, supliendo carencias en las necesidades
que el crecimiento urbano impone y cuya atención concierne a las
entidades de gobierno estadal y local, los que, sin embargo, no contaban
con fuentes de ingresos suficientes para su ejecución autónoma.
La
reforma del 21 de junio de 1985, enmarcada en un escenario geo-político
matizado por el centralismo administrativo, se propuso consolidar a la
Corporación como órgano del poder público rector
del desarrollo regional, luego de un período de decaimiento institucional
ubicado entre los años 1978-1982, signado por una precariedad presupuestaria
que condujo a las empresas a solicitar financiamiento del Fondo de Inversiones
de Venezuela (FIV), el que por esas circunstancias adquirió presencia
accionaria mayoritaria en aquéllas. Con ello, se desplazó
el poder de decisión de la Corporación en las asambleas
de accionistas y se disminuyó sensiblemente su posibilidad de control
del conjunto de las empresas.
Como
fórmula de solución de la problemática planteada,
el Gobierno Nacional acudió a dos mecanismos: por una parte, invistió
al Presidente de la Corporación de la condición de Ministro
de Estado, mediante Decreto Presidencial N° 2 del 02 de febrero 1984
y, por la otra, implementó el rescate de los poderes de control
sobre las empresas y el fortalecimiento del Instituto, mediante la redefinición
de sus objetivos, privilegios fiscales y declaratoria de utilidad pública
de todas las actividades, obras y servicios de la Corporación y
sus empresas, en la reforma de 1985. Contempló este ordenamiento,
vía norma programática, la facultad del Presidente de la
República para someter a las empresas a la tutela de la Corporación,
lo que se hizo efectivo mediante Decreto N° 282, del 07 de junio de
1989. Más tarde, el Presidente de la CVG gestionó y obtuvo
la transferencia de las acciones del FIV a la Corporación, convirtiendo
a la CVG en ente tutelar y propietario de la totalidad, o mayoría
accionaría, de las empresas básicas.
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