La celeridad e intensidad de los cambios derivados del proceso de globalización, así como la multiplicidad de actores y foros de negociación simultáneos han introducido transformaciones profundas en la orientación, en el diseño y en la instrumentación de las políticas económicas internacionales de todos los países, en particular en la última década.

En el caso de América Latina y el Caribe, estas transformaciones se suman a los nuevos paradigmas que sustentan las políticas domésticas de desarrollo, también emprendidas hace aproximadamente diez años, en grados y ritmos distintos, en nuestra región. En los nuevos contextos económicos nacionales e internacionales, se ha vuelto imprescindible articular las políticas internas de desarrollo y modernización con los objetivos e instrumentos de las políticas exteriores. Las agendas de ambas políticas, tal como se evidencia en materia de relaciones comerciales, de financiamiento externo, o de consolidación de los esquemas de integración regional, se mezclan ya que se retroalimentan constantemente.

Debido a la interdependencia que caracteriza a la globalización, las implicaciones del entorno sobre las economías nacionales tienden a ser automáticas y rápidas, a veces impredecibles y, a menudo, incontrolables. Es por ello que uno de los temas más analizado y comentado hoy en día es el de las limitaciones que el entorno internacional impone a la soberanía de los Estados en su concepción tradicional. La necesidad de abordar con nuevos enfoques el concepto de soberanía en la formulación de las políticas externas implica también poner en evidencia el margen de acción - bien sea individual o colectivo- que sigue estando al alcance de los Estados y, por consiguiente, la capacidad de respuesta y de propuesta, nuevamente individual o colectiva.

La América Latina y el Caribe tiene ante sí, en los próximos años, una agenda de relaciones externas que ofrece múltiples campos para lanzar iniciativas propias, fortalecer nuevas alianzas y explorar vías alternas o modalidades novedosas, tanto en el tratamiento de los temas de las negociaciones económicas internacionales como en sus relaciones con los principales interlocutores de la región. Bien sea mediante acciones puntuales y de corto plazo, o mediante planes de gran alcance y con metas de largo plazo, los países latinoamericanos y caribeños pueden consolidar posiciones y plantear ideas en los terrenos comercial, financiero, e institucional.

En el campo del comercio internacional, los próximos meses van a ser cruciales para el proceso de instrumentación de las aperturas de mercados iniciadas durante la Ronda Uruguay y como producto de sus acuerdos. La posibilidad de un resurgimiento de prácticas proteccionistas es, probablemente, uno de los impactos más serios de la crisis financiera actual, que puede incidir negativamente sobre la participación de la región en el comercio mundial así como sobre los avances de los procesos de integración regional y subregional. Temas como la armonización de políticas macroeconómicas dentro de los esquemas de integración, el uso de las medidas antidumping y la concertación en la formulación de las estrategias comerciales centrarán la atención de los ministerios de comercio y de los sectores empresariales en el corto y mediano plazo, en foros como la OMC, el ALCA y los acuerdos intraregionales. Se presentarán presiones contradictorias entre la necesidad de proteger el mercado nacional ante las nuevas competencias externas y el efecto de movimientos de capital impredecibles y la importancia de evitar alteraciones en las aperturas ya comprometidas.

Varios elementos de incertidumbre dificultarán la definición de objetivos de la política comercial de los países latinoamericanos y caribeños. Por ejemplo, es difícil pronosticar si la próxima ampliación de la Unión Europea tendrá repercusiones positivas o negativas para nuestra región en materia de apertura del mercado agrícola, o en cuanto a la posición de la Unión en las relaciones con América Latina y el Caribe y con sus bloques subregionales. Otras disyuntivas que también plantean retos a la capacidad de acción y reacción ante la evolución del sistema económico global se referirán a la necesidad de jerarquizar las negociaciones y los compromisos futuros: ¿el ALCA además de los esquemas intraregionales, o el ALCA en sustitución de dichos esquemas? ¿el ALCA además de la APEC o además de un mayor acercamiento con la Unión Europea? La jerarquía de las prioridades en las políticas comerciales se establecerá, además, tomando muy en cuenta la preparación y evolución, en Ginebra, de la "Ronda del Milenio", cuyo alcance se vislumbra desde ahora como mayor que el de la Ronda Uruguay. Al margen de esa nueva Ronda de negociaciones comerciales multilaterales, uno de los temas centrales seguirá siendo la activa participación de América Latina y el Caribe en la OMC, foro multilateral destinado a cobrar, para la región, una importancia creciente ante la eventualidad de que se multipliquen las controversias comerciales.

En el campo monetario y financiero internacional, la actual crisis sistémica y sus graves implicaciones para toda América Latina y el Caribe conducen a reflexionar y diseñar propuestas sobre el funcionamiento de las instituciones existentes desde los acuerdos de Bretton Woods. Temas como la necesidad de disponer de mecanismos eficaces y confiables de alerta temprana, de encontrar un adecuado equilibrio entre aperturas y controles a los flujos de capital, de administrar las bonanzas y no sólo las recesiones, de definir e instrumentar "buenas prácticas" en la gestión de los sistemas financieros nacionales dominarán la agenda financiera. Además del tratamiento técnico que se le seguirá dando a estos y a otros aspectos de las finanzas internacionales que han registrado cambios a la luz de la crisis, habrá que considerar, desde un punto de vista político, la gobernabilidad del sistema financiero global.

La participación de América Latina y el Caribe en este debate debería ser acorde con sus necesidades en materia de financiamiento del desarrollo y con los esfuerzos domésticos hechos desde hace más de una década para estabilizar y abrir sus economías. Las expectativas que han generado los modelos de apertura e inserción en la globalización se enfrentan ahora a los costos derivados de la vulnerabilidad de las economías en desarrollo ante las turbulencias incontroladas del sistema.

En este sentido, más que en épocas anteriores, las políticas financieras y monetarias de los países de la región no sólo articulan constantemente las necesidades internas con el manejo de los impactos externos, sino que además no pueden concebirse aisladas ni de las políticas comerciales ni de las discusiones que se están desarrollando en torno al funcionamiento de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Una manifestación de que las políticas monetarias y financieras tienen una dimensión global se deriva del papel de las agencias clasificadoras de riesgo y su gravitación en las economías nacionales y en la internacional. El peso que han adquirido estos nuevos actores privados y transnacionales, cuyas acciones están destinadas a satisfacer las necesidades de operadores en los mercados financieros de corto plazo, hace reflexionar en torno a la posibilidad de disponer de agencias regionales que evalúen los riesgos desde una perspectiva de desarrollo menos inmediata. Alternativamente se pudiera considerar establecer algún "código de conducta" similar a los códigos de conducta multilaterales.

En este campo de la moneda y finanzas internacionales quizás más que en el comercial se entrelazan consideraciones y objetivos a la vez políticos y económicos, institucionales y técnicos, nacionales y regionales, que afectan las estrategias de todos y cada uno de los países. Es también en este campo donde luce particularmente importante identificar el margen de acción de los países de la región y la capacidad de adoptar políticas activas, e incluso, de pensar en modelos de desarrollo distintos. Asimismo, la similitud de intereses entre los países de la región en materia de estabilidad del sistema y acceso a fuentes de financiamiento externo da pie para vislumbrar muchas oportunidades de concertación y acciones conjuntas, tanto a nivel de la región como con otras regiones, sobre todo para compensar la existencia de foros de decisión "informales" como los que reúnen a las potencias industrializadas. Cualquier reforma de la "arquitectura financiera internacional" no tendrá viabilidad ni eficacia desde el punto de vista de los intereses de América Latina y el Caribe sin su participación, con propuestas concertadas. En este sentido, sería conveniente contar con una normativa general que asegure que el sistema tenga un carácter genuinamente multilateral.

La agenda de las relaciones externas de la región es, inevitablemente, un reflejo de la multidisciplinaridad que caracteriza la globalización. Definir posiciones de negociación y metas estratégicas únicamente en forma sectorial (en lo comercial, en lo financiero, en lo cultural, por ejemplo), o en función de foros específicos (el hemisférico, el multilateral, el intraregional) no sólo limita las potencialidades de las acciones sino que restringe su eficacia. Al igual que el acontecer internacional no está conformado por compartimentos estancos, las políticas externas no pueden ser fragmentadas.

En efecto, parece ser más relevante que en la década pasada el análisis y la toma de decisiones que abarque los aspectos "horizontales" de la agenda económica internacional. Problemas como el tratamiento de las asimetrías y el papel de los actores privados o no gubernamentales en el escenario económico global son de naturaleza estructural, trascienden un área determinada, y requieren ser abordados con visión integral y de largo plazo. Asimismo, deberían prevalecer enfoques integrales en el momento de definir posiciones nacionales en el marco del ALCA, donde no sería conveniente perder de vista que la idea de una zona de libre comercio hemisférica es tan sólo una pieza dentro del conjunto de elementos políticos, económicos y sociales que han conformado las Declaraciones presidenciales de las dos Cumbres de 1994 y 1998 y que están destinados, en principio, a transformar las relaciones hemisféricas. La posibilidad de que en un futuro no tan lejano se celebren negociaciones multilaterales "intersectoriales" donde participen las empresas como protagonistas - desplazando el papel central de los gobiernos- incita a visualizar nuevas relaciones entre sector público y sector privado en la formulación de las políticas económicas externas.

La inserción exitosa de los países de América Latina y el Caribe en la economía globalizada dependerá de la competitividad de sus empresas y de sus exportaciones, de sus tasas de crecimiento, de las inversiones extranjeras que logre captar y de su solvencia y credibilidad en los mercados de capital. Pero dependerá también de la calidad de sus políticas económicas externas, de su capacidad de llevarlas a cabo en función de modelos de desarrollo propios y tomando como sustento la identidad de la región.