En Córdoba
Acción de amparo de La Voz del Interior
Un ente oficial niega información

CORDOBA.- Ante la arbitraria negativa del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) de Córdoba a proporcionar información sobre actas públicas de su directorio, el diario La Voz del Interior interpuso una acción de amparo para requerir a la Justicia que ordene al organismo el cumplimiento de normas constitucionales y legislativas relativas al conocimiento de los actos del Estado.

El planteo se relaciona con una investigación periodística que hace un par de meses reveló que se estaba distribuyendo a la población de 13 barrios de esta capital agua contaminada con nitratos, perjudiciales para la salud. Como consecuencia de la denuncia, el gobierno provincial adoptó algunas disposiciones para corregir el problema y removió de sus cargos a funcionarios responsables de garantizar la calidad del servicio.

Negativa oficial
El diario procuró después confirmar si el Ersep, enterado del problema a fines de 2003, alertó al Poder Ejecutivo de la anomalía y lo instó a adoptar rápidas soluciones. Durante dos meses el medio periodístico estuvo solicitando al Ente acceso a las actas del directorio en las cuales constarían aquellas comunicaciones.

Pero lejos de facilitarse la información, el organismo y también la Fiscalía de Estado de la provincia se rehusaron a exhibir la documentación solicitada "con argumentos faltos de asidero fáctico o jurídico", dice La Voz del Interior en su acción judicial, presentada en el Juzgado N° 48 Civil y Comercial, a cargo de la jueza Raquel Villagra.

El escrito agrega lo siguiente acerca de la negativa: "Es arbitraria y cercena el derecho constitucional de este diario de acceder a los actos del Estado como cualquier otro habitante, tal como lo disponen los artículos 15 y 51 de la Constitución provincial y los correspondientes de la ley N° 8803".

Por último, la presentación de La Voz del Interior subraya la urgencia de que se le brinde la información requerida, pues no debe someterse al órgano de prensa "a un interminable proceso que sólo genera un desgaste editorial, administrativo y judicial, que difiere en el tiempo un debate por demás actual, con el riesgo de que la información pierda todo su efecto como herramienta para la construcción democrática".
La Nacion, 24 de julio de 2004