Los gobiernos y la prensa

No parecen ser buenos tiempos para la libertad de prensa en el mundo y, particularmente, en América latina.

La semana última, la Fiscalía General de Venezuela inició una investigación contra el diario El Universal para saber si -de acuerdo con la reforma hecha por el gobierno de Hugo Chávez en el Código Penal- "hubo o no hecho punible en el editorial del 25 de julio [de este año], en el cual se ofende, se expone al desprecio público y presuntamente se vilipendia al Ministerio Público y al Poder Judicial", en torno de varios casos que sigue la Justicia de ese país. Por supuesto, no se hizo esperar la respuesta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que consideró la actitud de la Fiscalía una "intromisión" y un "agravio" a la libertad de prensa.

Aunque no es la primera vez que medios de prensa venezolanos sufren los embates del gobierno de Chávez, la reforma del Código Penal, por la cual se han aumentado las penas por las críticas a la gestión de los funcionarios públicos, lleva el tema a un terreno francamente inquietante.

También en nuestro país varias instituciones nacionales e internacionales vienen advirtiendo sobre situaciones reiteradas que afectan la plena vigencia de la libertad de prensa. Por esto es que la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, que integran destacadas personalidades de la vida nacional, hizo conocer la semana última una declaración donde reclama por este derecho, al que calificó con gran lucidez y precisión como "la herramienta indispensable que permite el desarrollo del disenso civilizado y la tolerancia".

La institución advirtió también que las autoridades tienen la misión de respetar "el espacio inviolable para la más amplia discusión sobre los temas de interés público e institucional, incluyendo las críticas o elogios que se puedan emitir sobre la cuestión gubernamental".

Numerosas veces, desde estas columnas, nos hemos referido con preocupación a los peligros que entraña para una democracia avanzar sobre el derecho a la libertad de prensa. Porque esta libertad de que goza la prensa no es un privilegio de los medios, sino una necesidad de toda la sociedad, que se agudiza justamente en un país que, como el nuestro, ha disfrutado poco de la práctica de las conductas republicanas a lo largo de su historia.

Se advierte que la crítica contra el periodismo independiente por parte de altas autoridades nacionales se está convirtiendo en hábito diario. No es con expresiones nacidas al calor de las campañas políticas como los argentinos aprenderemos el arduo camino de la convivencia en concordia, que tanta falta nos hace para reconstruir la Argentina.

Quizá convendría recordarles a los dirigentes que cuando la prensa hace críticas u observaciones sobre su desempeño que les molestan, no lo hace por gusto o por intereses políticos o particulares, sino en el cumplimiento de un deber ineludible hacia los ciudadanos. Como bien lo recuerda la Academia Nacional de Ciencias Morales en uno de los puntos más interesantes de su declaración, "quienes desempeñan la función pública deben comprender y aceptar que, además de ejercer con eficiencia los cargos a los que accedieron voluntariamente para satisfacer el bien común, tienen que asumir la carga democrática que ellos conllevan respetando, sin descalificar el desacuerdo, la disparidad de opiniones, el derecho a la información del pueblo y la ética republicana impuesta por la convivencia democrática".

Finalmente, es necesario que cada sector actúe con prudencia y responsabilidad. Los funcionarios no deben sentirse molestos y reaccionar de manera intolerante por las observaciones que su obrar y su exposición pública puedan despertar, y los medios debemos seguir ejerciendo nuestra libertad para la crítica con el respeto que la sociedad argentina exige cada vez más de los que, de distintas maneras, la están representando.
Editorial La Nacion, Jueves 4 de agosto de 2005