Sutileza
K para la 'censura democrática' (los viejos métodos no sirven)
Apenas comenzado el 2006, y tras lo ocurrido con el periodista radial
José Eliaschev, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió
a mostrar su preocupación por la censura en la 'era K'. "En
la actual Argentina se usa y abusa de los medios del Estado", fue
apenas la primera crítica desde el organismo. Pero K hace caso
omiso y continúa arrasando con la libertad de los argentinos, de
tal forma que, absorta, la prensa internacional dedica sus páginas
a la gravedad del caso. Esta vez, la nota la dio un enviado especial para
el Miami Herald:
Cuando un periódico provincial divulgó sobre un escándalo
de corrupción, el gobierno nacional cortó su publicidad.
Y cuando un programa de televisión de un reconocido periodista
fue cancelado, culpó la decisión a las presiones económicas
del gobierno federal de la Argentina.
Prensa Libre y otros activistas aquí están expresando su preocupación, cada vez mayor, por la ‘sutil’ censura del gobierno, especialmente cuando la administración de presidente Néstor Kirchner ha crecido en poder. Según una reciente consulta a los periodistas del país, la presión financiera del Gobierno es la amenaza más potente para una prensa libre en la Argentina.
"Esta es la primera vez que el Gobierno ha utilizado la información como mercancía, para ser comprada y vendida" declaró Darío Gallo, editor de la revista Noticias, quien se considera un crítico del gobierno de Kirchner.
Por su parte, Kirchner y otros funcionarios oficialistas niegan sus intentos de censurar a los medios, y en cambio se dedican a criticar al periodismo de 'sensacionalista', además de acentuar su propio derecho a discrepar con los medios.
Hoy, los medios en la Argentina se consideran más ‘libres’ que en países como México y Colombia, en donde han llegado a matar a algunos periodistas, según Carlos Lauría, coordinador del Programa de América para el Comité de Protección a periodistas, un grupo neoyorquino dedicado a promover la libertad de prensa en todo el mundo.
Todavía, él y otros defensores de la prensa aseguran que algunos gobiernos, incluyendo el argentino, están ejerciendo una presión ‘sutil’ sobre los medios y e influenciando las coberturas mediante la compra - o no compra- de anuncios publicitarios.
Los editores de periódicos tales como la Nación y los periodistas de reconocidos medios, como Clarín y Página 12, se han quejado por la carencia de información y el acceso selectivo a los oficiales del gobierno y los acontecimientos de prensa, además del uso de la publicidad oficial. La asociación de Prensa Internacional también ha lamentado aquí la falta de voluntad del Gobierno para reunirse con sus miembros.
Por su parte, Poder Ciudadano, un grupo argentino que promueve el acceso a la información, reportó que en 2004 que el Gobierno había más que duplicado el gasto en publicidad 'oficial' de 2003.
Durante 11 meses en 2004, el gobierno argentino gastó más de $33 millones en anuncios oficiales, según el grupo.
El problema, dice Poder Ciudadano y otras asociaciones civiles, es cuando la decisión del gobierno de dónde publicar sus anuncios, no se basa en la circulación del medio, u otros estándares normales, sino en el esfuerzo por recompensar o castigar a los medios por su divulgación u opiniones.
Los periodistas dicen que esta práctica puede conducir a la auto-censura. El año pasado, uno de los periodistas más conocidos y a menudo críticos del país, Jorge Lanata, acusó al Gobierno por la cancelación de su programa televisivo. Denunció que los anuncios del Gobierno crecieron dramáticamente en su canal antes de que le cancelen el programa. Y aclaró que cree que el Gobierno aumentó su publicidad con el fin de incrementar su control sobre el canal.
Algunos periodistas se quejan por la mayor presión directa, e incluso de las 'listas negras' que configura el Gobierno.
El lunes pasado, la Asociación Interamericana de Prensa, en Miami, se quejó de que el gobierno de Argentina no explicó la decisión reciente de cancelar el programa de José 'Pepe' Eliaschev, de la radio estatal. El director dijo que el cambio era parte de una reestructuración mayor en la programación, pero Eliaschev alegó censura.
Declaración de IAPA
"Esta última acción se ensambla a la larga lista de los actos que demuestran una actitud irrespetuosa por parte del gobierno argentino hacia la libertad de la prensa", dijeron desde IAPA en una carta al secretario de Medios de Argentina, Enrique Raúl Albistur.
Los insistentes pedidos por parte del Miami Herald para entrevistarse con el vocero presidencial, no fueron respondidos.
Kirchner y otros funcionarios del gobierno han justificado sus gastos publicitarios como parte de un esfuerzo para apoyar a medios más diversos en vez de beneficiar a los gigantes.
Miguel Wiñaski, director del Programa de Periodismo de la Universidad de Belgrano y redactor de Clarín, dijo que los grandes medios están menos influenciados por esta práctica. De hecho, ellos reciben solo el 7% de los avisos del Gobierno, aclaró.
En contraste, cerca del 80 al 90% de los presupuestos de los medios fuera de la Capital son sostenidos por avisos gubernamentales. Los diarios y canales de TV pequeños, en provincias como Tierra del Fuego, lugar conocido como "el fin del mundo", y la ciudad de Neuquén en la Patagonia, dependen de cada peso que puedan obtener.
El informe realizado por la Asociación para los Derechos Humanos en la Argentina, lanzó el mes pasado varios ejemplos documentados de amenazas directas y retiros de publicidad en cuatro provincias de Argentina.
Por ejemplo, la provincia de Neuquén retiró todos los anuncios del diario más grande de la región luego de que cubriera un escándalo de soborno que ligó al gobernador, según dijo el informe. Y en Córdoba, el gobierno provincial cortó la electricidad a algunas estaciones de radio, acusándolos de deberles dinero.
El informe también observó que la revista semanal TXT reportó que, cuando Kirchner era gobernador de Santa Cruz y candidato para presidente, usó fondos provinciales para pagar a un canal de TV para que cubriera sus actividades del gobierno. El informe de 2003 observó que los líderes en otras provincias han hecho lo mismo.
América latina tiene una larga historia de censura, de encarcelamiento y de violencia contra periodistas. Durante la dictadura militar en la Argentina a partir de 1976 hasta 1983, mataron a cerca de 100 periodistas. E incluso después de que libertad de prensa se restableciera, la profesión tuvo una relación rocosa con el poder. Por ejemplo, la administración del ex presidente Carlos Menem demandó a menudo a periodistas por difamación.
Hoy, los métodos son menos directos, pero no menos potentes.
Darian Pavli, abogado defensor de la libertad de prensa, dice que el uso de la censura ‘sutil’ es parte de una tendencia en América Latina y el resto del mundo. Su grupo trabajó con la Asociación para las Derechos Civiles en el informe sobre censura indirecta.
"A medida que los gobiernos intentan ser más democráticos -o, al menos, parecerlo- no pueden permitirse hacer algo del 'buen viejo-estilo' de censura, lanzando a periodistas a la cárcel, por ejemplo, entonces comienzan a sofisticar los métodos", dice Pavli.
Los funcionarios de la administración de Kirchner incluso han sido un poco irónicos sobre las acusaciones de presiones injustas a los periodistas.
El pasado mes de junio, en el día del periodista, el gobierno publicó un anuncio elogiando a los periodistas por su devoción a la libertad de expresión, donde agregó: "Hoy, estamos apretando periodistas ( con un abrazo grande)".
* La Carta a Albistur
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó el silencio del gobierno argentino en torno a la cancelación del programa de radio de “Esto que pasa” conducido por el periodista José “Pepe” Eliaschev.
Para esa ocasión, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín de Prensa Libre de Guatemala, escribió a Enrique Raúl Albistur, secretario de Medios de Comunicación, la siguiente carta:
“Sr. Albistur:
“La Sociedad Interamericana de Prensa, integrada por más de 1.300 publicaciones, expresa su más profunda preocupación por la falta de información referente a un posible atentado a la libertad de expresión, manifestado en la no renovación del contrato del programa del periodista José ‘Pepe’ Eliaschev, difundido a través de Radio Nacional.
“Nuestra preocupación obedece a que el gobierno argentino todavía no ha justificado su decisión pese a las críticas de la opinión pública de que se trató de una represalia por críticas expresadas contra el gobierno en un medio del Estado.
“Lamentablemente, percibimos que en la Argentina los medios de comunicación del Estado son utilizados como instrumento de propaganda favorable al gobierno, dejando de lado su obligación de utilizarlos de forma plural, autónoma e independiente, según lo consagran principios constitucionales de libertad de expresión y el derecho del público a la información.
“Esta nueva acción se suma a una larga lista de hechos que muestran una actitud irrespetuosa de parte del gobierno argentino hacia la libertad de prensa, señalada oportunamente por diferentes delegaciones de la SIP que han visitado la Argentina y las que también sugirieron cambios que el gobierno no ha tomado en consideración.
“Esperamos que el gobierno explique su postura sobre este caso y garantice y respete la libertad de prensa y el ejercicio de la labor periodística.”
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