Argentina, en mora con el derecho a la información

Son cada vez más países los que han incluido el acceso a la información pública como un derecho de todos los ciudadanos.

Por Roberto Saba. DIRECTOR DE LA ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES

Hoy se celebra internacionalmente el Día del Derecho a Saber. Los activistas de derechos humanos del mundo queremos aprovechar esta fecha para atraer la atención de la gente sobre el derecho a la información que todas las personas tienen en una sociedad democrática.

Adoptar un régimen democrático implica reconocer a la ciudadanía el derecho a autogobernarse por medio de sus representantes. Esta idea de autogobierno exige de cada uno de nosotros la responsabilidad de tomar decisiones públicas tales como a quién queremos votar para ocupar cargos electivos, qué políticas públicas decidimos apoyar o qué decisiones del Gobierno vamos a criticar y reclamar su cambio de dirección.

Una enorme cantidad de datos y documentos cruciales para nuestra vida pública y privada se encuentra en poder del Gobierno. Lamentablemente, muchas burocracias, y en particular las gubernamentales, tienen una tendencia al secreto y a no brindar información por diferentes motivos, entre ellos, el de evitar ser controlados y juzgados por la ciudadanía.

Habitualmente se relaciona el acceso a la información con un mecanismo de control de corrupción. Más información implica mayor transparencia y ello conduce a mayor control de la acción de gobierno por parte de la ciudadanía. Esto es verdad.

Sin embargo, el ejercicio del derecho a saber tiene un impacto mucho mayor en nuestras vidas públicas o privadas.

Por ejemplo, es por medio del derecho a la verdad, un derivado del derecho a saber que reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podemos construir nuestra identidad personal y colectiva conociendo, por ejemplo, qué sucedió en los oscuros años de la última dictadura militar o con los atentados terroristas contra la Embajada israelí y la AMIA.

Es por medio del derecho a saber que podemos organizar nuestra vida privada, conociendo el modo en que el Estado implementa políticas de salud, de educación o de asistencia social.

No poder saber cómo votan nuestros legisladores debido a que no existen registros en la mayoría de los casos respecto de la sanción de una ley, torna casi imposible formarse un juicio sobre su desempeño al momento de elegirlos para el mismo u otro cargo.

No tener la posibilidad de acceder a un informe de impacto ambiental producido por o para el Gobierno impide que la ciudadanía controle el accionar de las autoridades públicas o de particulares respecto de la contaminación del medio ambiente (que a veces se relaciona con la generación de muertes o graves afectaciones a la salud).

No conocer la evaluación que el propio Estado hace de las escuelas no nos permite saber qué tipo de educación reciben o podrían recibir nuestros hijos.

No acceder a la información respecto de quiénes reciben cuánta publicidad oficial y por medio de qué procedimientos nos impide saber el grado de independencia de los medios de comunicación que leemos, vemos o escuchamos.

Desconocer con quiénes contrata el Estado no permite saber si nuestra empresa puede competir por esos contratos o si lo está haciendo del modo más eficaz o económico para el beneficio del interés público.

Muchos países del mundo y buen número de los de nuestro continente cuentan hoy con un poderoso instrumento que puede ser utilizado por la ciudadanía para ejercer su derecho a saber. Se trata de leyes que regulan el acceso a la información y que establecen que toda persona tiene el derecho de acceder a la información que posee el gobierno sin necesidad de expresar el motivo de la solicitud.

La negativa injustificada del Estado de brindar la información requerida implica la violación de un derecho y habilita a la persona a reclamar por su respeto ante los tribunales nacionales e internacionales.

Algunos ejemplos de la utilidad de esta legislación en otros países nos ayudan a apreciar su necesidad. En Japón, gracias a la ley de acceso a la información se supo que el gobierno había intentado manipular la delimitación geográfica de las áreas afectadas por envenenamiento con mercurio con el objeto de reducir las indemnizaciones a pagar.

En la India, esta legislación permitió saber que en el barrio Sunder Nagari de Nueva Delhi existen obras públicas sin terminar destinadas a construir cloacas empezadas en 1983. El partido opositor al gobierno sudafricano usó la ley de acceso a la información para abrir documentos que mostraron un controvertido contrato sobre petróleo hecho con Nigeria.

Una organización no gubernamental de Bulgaria utilizó su ley de acceso a la información para revelar que el ministro de Ciencias y Educación le alquiló a una agencia privada la planta baja del ministerio.

En enero de 2002, un grupo de agricultores orgánicos chilenos, ejerciendo su derecho a la información, ganó el primer caso judicial de la historia de ese país que obligó al gobierno a brindar datos respecto de la localización de cultivos transgénicos.

La Argentina no cuenta con esta ley. El 8 de mayo de 2003 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto en este sentido que fue apoyado por un considerable número de organizaciones de la sociedad civil.

Desde entonces, este proyecto se encuentra a la espera de la decisión de la Cámara de Senadores con algún riesgo de que pierda estado parlamentario por no aprobarse a tiempo. Si se aprueba con modificaciones, habrá que esperar a que se pronuncie nuevamente la Cámara de Diputados.

Lamentablemente, tendremos poco que festejar este 28 de setiembre en este contexto, a menos que nuestros legisladores nos den pronto la buena noticia de que los argentinos, al igual que las personas que habitan tantas otras naciones democráticas del globo, también podremos contar con una herramienta fundamental para el ejercicio del derecho a saber: nuestra ley de acceso a la información.
Clarin, 29 de septiembre de 2004