Hay que sacar al INDEC de los vaivenes políticos

En ningún país del Primer Mundo podrían ocurrir los debates que se dan en el nuestro sobre la confiabilidad de las encuestas.

En nuestro país, los gobiernos de turno gozan y han gozado del raro privilegio de controlar la producción de las estadísticas con las que será evaluado el éxito o el fracaso de su propia gestión. Cuestión política que, en algún momento, será preciso abordar.

Un sistema confiable de estadísticas públicas constituye una pieza esencial en el funcionamiento de las sociedades modernas. Sin ellas, los gobiernos no tendrían criterios para determinar sus políticas públicas; los científicos sociales no dispondrían de un insumo esencial para elaborar diagnósticos válidos; los organismos internacionales dejarían al país fuera de los estudios comparativos a nivel mundial; los inversores extranjeros se alejarían por carecer de diagnósticos para tomar decisiones; etc.

De acuerdo al organigrama del Poder Ejecutivo, el INDEC es el responsable de la organización y actualización del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Fue creado en 1968 por Ley 17.622, situándolo bajo la dependencia del entonces llamado Consejo Nacional de Desarrollo. Posteriormente, sufrió diversas vicisitudes, pasando alternativamente de la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Economía. En la actualidad está en la órbita de la Secretaría de Programación, dentro del Ministerio de Economía, organismo que nombra discrecionalmente a su director.

La principal condición de existencia del SEN es la confianza que deposite la ciudadanía en el organismo responsable del mismo: a) confianza en su rol de custodio del secreto de la identidad del informante; b) confianza en su idoneidad técnica para transformar los datos que recoge en índices válidos; c) confianza en su fiabilidad ética para publicar sin adulteración los resultados obtenidos. Si se erosiona esta confianza, se atenta gravemente contra su desempeño: los ciudadanos pueden negarse a llenar un registro; o, si se los obliga por ley, pueden falsear sus declaraciones.

En los últimos meses, desde el propio Ministerio de Economía se ha cuestionado reiteradamente la validez de los índices de incidencia de la pobreza publicados por el INDEC. Implícitamente, estas críticas ponen en tela de juicio la idoneidad técnica del instituto y su fiabilidad ética. Asusta el carácter coyuntural de tales cuestionamientos, y el menosprecio y ligereza con que erosionan la confianza ciudadana.

Asusta también la superficialidad de esa crítica: la medición de la incidencia de la pobreza a partir de la construcción de canastas normativas de consumo a las que se les asignan precios (sean precios promedio o precios mínimos) involucra la adopción de determinados supuestos (imposibles de tratar aquí por su carácter técnico) tanto o más sesgantes que el tipo de precios utilizados, lo que torna ilusoria la idea de obtener cifras absolutamente precisas sobre ese particular.

Por otra parte, esta discusión entre secciones de un mismo ministerio involucra también las estadísticas sobre el mercado de trabajo, los salarios, el índice de precios al consumidor y la distribución del ingreso, por no citar sino las directamente utilizadas en la medición de la incidencia de la pobreza. El manto de desconfianza ciudadana puede extenderse pues a toda esta gama de indicadores.

Cabe recordar que, en la década del 90, también se suscitó una polémica —referida entonces al volumen de la desocupación— inducida por dichos del propio ex presidente de la Nación, tildando de "algo mentirosos los índices del INDEC" por no reflejar la "salud de la economía". Por ese entonces, varios economistas cuestionaron la fiabilidad de otras estadísticas oficiales (creación de puestos de trabajo, producción industrial, crecimiento del PBI), y se llegó incluso a mencionar la posibilidad de disolver el INDEC y contratar consultoras privadas para que elaboraran las estadísticas públicas.

Esta polémica revistió múltiples aristas de las cuales, por su actualidad, recordaremos aquí sólo dos. En primer término, la idea de que consultoras privadas podrían producir las estadísticas oficiales revela una ignorancia supina acerca de las portentosas dificultades legales, institucionales, técnicas, operativas y financieras que supone el mantenimiento del SEN. Tal desatino sólo puede emerger en mentes de razón obnubilada por la ideología privatizadora.

En segundo lugar, el nudo del problema residía —antes como ahora— en la dependencia política del INDEC respecto al Poder Ejecutivo.

En los países del Primer Mundo (Alemania, Francia, Italia), los institutos de estadística son órganos absolutamente independientes del poder político y, por ley, integran sus consejos de Administración con representantes, no sólo de entes públicos nacionales y regionales (como es el caso del INDEC), sino también con delegados de organismos no gubernamentales (cámaras empresarias, centrales sindicales, entidades de investigación científica, universidades, medios de comunicación, etc.) elegidos sin ninguna injerencia gubernamental. Los funcionarios de dichos institutos (incluido su director) son elegidos por concurso y gozan de estabilidad en el empleo. En esos países, serían impensables discusiones como las que tienen lugar entre nosotros.

Para salir de esta situación, es absolutamente prioritario sustraer al INDEC de los vaivenes de la política contingente, situándolo más allá de toda sospecha. Para ello, la mejor solución sería concederle, por ley, autarquía financiera y autonomía funcional, tomando ejemplo de los países más adelantados. Su control quedaría en manos de la ciudadanía, a través de sus representantes en el Consejo de Administración y en el Parlamento.

Sólo se necesita un consenso básico: que cuando el Partido Justicialista ocupa el Poder Ejecutivo llegue a un acuerdo con su oposición en el Poder Legislativo; que cuando esta última domina el Ejecutivo haga lo propio con el Partido Justicialista en el Parlamento. Desde la recuperación de la democracia, todas las iniciativas tendientes a independizar el INDEC fracasaron por este versátil desacuerdo. La información es poder.
Por Susana Torrado. SOCIOLOGA, DOCENTE DE LA UBA, INVESTIGADORA DEL CONICET, Clarin, 10 de agosto de 2004.