Al margen de la semana

Más modificaciones que explicaciones

Tal vez porque los ministros (Alberto y Aníbal) Fernández se han llamado a silencio, Julio de Vido habla poco y nada en público y Roberto Lavagna debe encarar con cara de póquer el canje de la deuda en default, el Gobierno ha dejado en los últimos días un llamativo vacío de comunicación, justo cuando se están produciendo definiciones trascendentales en la política económica.

Si hubiera que aplicar la regla oficial, se habla para dar buenas noticias y se calla en caso contrario. Sin embargo, en una semana dominada por el debate sobre la inseguridad y las provocaciones del activismo piquetero, hubo silencios tácticos y silencios políticos.

En el primer caso, el fugaz viaje a la Argentina del número uno del FMI puede comenzar a descorrer algunos velos. Rodrigo de Rato permanecerá pasado mañana pocas horas en Buenos Aires. Aunque le ha dado carácter protocolar a la visita (también irá a Brasil y a Chile), no podrá obviar que la relación con el Gobierno de Kirchner pasa por su momento más conflictivo.

La jugada del Gobierno de avanzar en el canje de la deuda sin el respaldo del Fondo, pero manteniendo los pagos al organismo, no sólo implica altos riesgos, sino que tiene un costo fiscal importante. De hecho, el Tesoro deberá usar los dólares acumulados en los últimos meses, así como buena parte del superávit excedente, para cumplir con esos vencimientos. Por eso se sigue negociando la postergación de pagos por 1000 millones de dólares, cuya prórroga automática está prevista en las condiciones de los préstamos, así como el reembolso a partir de enero de 2005 de otros 1500 millones que se acumulan hasta fin de año.

Por ahora la situación ha servido para que el Ministerio de Economía cerrara filas para negar la posibilidad de un pago en efectivo que mejore la oferta a los bonistas. El argumento es que si se le paga al FMI, no hay margen para hacerlo con los acreedores privados. No obstante, los mercados descreen: en los últimos días mejoró simultáneamente la cotización de los títulos en default y de la deuda nueva. A pesar de todos los ruidos que provoca la reestructuración, plagada de rumores cruzados y desmentidas, nadie parece haber perdido el sueño con la dramática perspectiva de un escenario de ruptura. En esa hipótesis, la Argentina debería afrontar en 2005 vencimientos por más de 4000 millones de dólares en bonos que hasta ahora se pagan puntualmente y de 5000 millones con los organismos internacionales. Transformados a pesos, sólo esos dos rubros representarían casi el doble del superávit primario récord que este año exhibe el Gobierno. Pero en caso de cortarse el acuerdo con el Fondo, también habría que agregar la suspensión de créditos del Banco Mundial y el BID, que mayormente se destinan a financiar planes sociales. Nadie en el Gobierno se atreve sensatamente a asomarse a ese escenario para el año que viene.

El fiel de la balanza estará en los resultados del canje. Pero para eso todavía habrá que esperar varias semanas. Los trámites para iniciar el road show están más adelantados en Estados Unidos que en Europa y Japón, por lo cual la presentación difícilmente pueda arrancar antes de la asamblea del FMI que se realizará a comienzos de octubre en Washington. Si algo se puede esperar allí es un nuevo vendaval de presiones sobre la Argentina. Especialmente de los países del G7 y, dentro de ellos, de Italia, que busca que el Fondo endurezca sus exigencias de superávit, aunque ello no signifique mejorar la situación de los miles de jubilados que invirtieron en títulos argentinos antes del ruidoso default de fines de 2001.

Imperturbable, Lavagna ha ordenado silenciosamente a sus técnicos que el presupuesto nacional para 2005 sea preparado con hipótesis de máxima en materia financiera. El proyecto que dentro de un par de semanas aterrizará en el Congreso prevé el 100% de aceptación del canje de la deuda en default; el roll over de todos los vencimientos con el FMI y los organismos internacionales y la refinanciación voluntaria de parte de los bonos de la deuda nueva. El esquema cierra con una proyección de crecimiento del PBI del 4% y ningún cambio en materia de impuestos y salarios del sector público para mantener un superávit primario del 3% del PBI.

Sin embargo, el Gobierno está tomando sus recaudos para cuidar la caja. El último aumento de las tarifas mayoristas de electricidad, por ejemplo, apuntó mayormente a evitar que siga creciendo la deuda del Estado con las empresas generadoras, que supera los 700 millones de pesos por la compensación de mayores costos. A esta cuenta hay que sumar otro tanto por las importaciones de fuel oil desde Venezuela para cubrir la escasez de gas en las usinas.

Silencios políticos
Insólitamente, los mismos funcionarios que armaron un pomposo acto político en el puerto para recibir el primer embarque de fuel oil venezolano prefirieron el silencio de radio cuando decidieron el segundo ajuste diferencial de tarifas eléctricas en lo que va del año. Nadie en el Gobierno quiso poner la cara para dar explicaciones, a tal punto que se recurrió al Boletín Oficial como único medio de difusión.

A partir de septiembre, las distribuidoras de electricidad pagarán en promedio un 25% más, aunque su margen de intermediación seguirá siendo el mismo, que no se modifica desde hace cuatro años, al igual que en el caso del transporte de energía. Cada categoría de usuario pagará un precio diferente por la electricidad, independientemente de su poder adquisitivo. El impacto varía del 16 al 20%, según el nivel de consumo, y seguirá siendo prácticamente nulo para los hogares, si se exceptúa el casi olvidado sistema de premios y castigos. Si la comparación se realiza con las tarifas que regían en enero de este año, los aumentos acumulados alcanzan al 20% para los pequeños comercios o consumidores no residenciales, al 43% para los de mayor consumo y al 60% para grandes usuarios industriales. Los cálculos corren por cuenta de empresas privadas. El Gobierno prefirió que cada uno se entere cuando reciba la factura.

Sin embargo, el cambio que promete mayor revuelo es el proyecto de regulación de servicios públicos privatizados que el Gobierno anunció la semana pasada sin demasiadas explicaciones y que empuja el péndulo hacia un fuerte intervencionismo estatal. Las empresas del sector también optaron por el silencio político. Sólo en voz baja, se quejan de que el contenido excesivamente ideológico del proyecto las presenta como una suerte de enemigo público, a la vez que las condena a ser titulares de permisos precarios de operación, con reglas demasiado subjetivas. La reforma podría agregar una complicación más a la conflictiva relación con el FMI, teniendo en cuenta que los accionistas de las compañías provienen de los países del G7, que controla el directorio del organismo.

Pero el problema central es que nadie en el Gobierno aclaró de dónde saldrán las inversiones a largo plazo en infraestructura si prospera este cambio de reglas de juego.

Con contratos suspendidos hace 30 meses, un Estado en default, sin financiamiento externo y una enorme deuda social, la Argentina no puede darse el lujo de eludir un debate en serio ni sustituirlo por frases hechas. Los usuarios actuales cuentan, pero no hay que olvidarse de los futuros.

Por Néstor O. Scibona, La Nacion, 29 de agosto de 2004