Toda persona que en su momento haya decidido invertir sus ahorros en inmuebles en la provincia de Buenos Aires, sea como forma de asegurar el valor de su dinero, como negocio, o con el propósito de construir para vivienda o para renta, experimentó seguramente, durante el pasado mes de enero, una honda decepción y una mortificante contrariedad.
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Es que la Dirección de Rentas de la provincia, sin duda con el loable propósito de mejorar sus finanzas, decidió revaluar gran parte del padrón inmobiliario del Gran Buenos Aires, especialmente los loteos, los fraccionamientos y los barrios cerrados. Hasta aquí nada habría que reprochar. Sólo cabría observar que los procedimientos de revalúo deberían haber sido más difundidos y los contribuyentes deberían haber contado con mejor información.
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Pero ocurre que el aumento en las valuaciones, sobre todo de los terrenos, ha superado toda posible previsión del contribuyente. Y eso entraña, desde ya, una mala política fiscal, pues viola una de las primeras reglas del gobernante, que es la de observar prudencia en sus actos de gobierno. Cuando se dispone un aumento fiscal exorbitante, fuera de toda racionalidad, cuando se contradicen en grado extremo las valuaciones de los años anteriores, es evidente que se ha ido más allá de lo que indican un mínimo sentido del equilibrio y la razonabilidad.
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Tomemos como muestra un ejemplo. Veamos el caso de una propiedad situada en la zona norte del conurbano, en un sector claramente residencial. Corresponde a un lote de 1300 metros, que en 2003 tenía una valuación fiscal -como terreno- de 95.400 pesos. La construcción tenía un valor de 57.012 pesos. La base imponible era, pues, de 137.170 pesos. Se abonaba por ella, en diciembre de 2003, un impuesto inmobiliario de 101 pesos por cuota.
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En enero de 2004, el valor del terreno trepó a 494.319 pesos y el de la vivienda disminuyó -levemente- a 56.214, seguramente como resultado de un cálculo de amortización. La base imponible es ahora de 495.479 y cada cuota asciende a 1236,80. La valuación del terreno aumentó más de un 500% y la cuota aumentó un 1236%, lo cual resulta inaudito.
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Supongamos que el propietario tenía esa finca para renta. Es obvio que la propiedad ha dejado de ser rentable de un mes a otro. Si había tomado la precaución de poner los impuestos a cargo del inquilino, es probable que la reacción del locatario lleve a la rescisión del contrato por aplicación de la teoría de la imprevisión. En efecto, nadie puede prever un aumento del 1236% en el monto de la cuota del impuesto, de un mes a otro.
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Si el propietario tenía el bien como inversión para protegerse en un futuro, está claro que deberá venderlo, pues le será muy costoso mantener un terreno "en expectativa" pagando semejantes gabelas. Creer que el mercado es infinito, que siempre habrá alguien para comprar un inmueble y continuar pagándole al fisco, es alentar una irrealidad. Es evidente que el Estado provincial actuó, en este caso, sabiendo que terminará cobrándose el valor del terreno invendible, pues será prácticamente imposible evitar que el bien salga a la venta en remate público como consecuencia de los impuestos impagos. Estamos, en suma, ante una política absolutamente contraria a lo que se considera una sana administración fiscal.
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No se trata de cercenar el derecho del Estado nacional o provincial de revaluar inmuebles cuya valuación pueda estar desactualizada. Pero es indudable que esa desactualización, si existe, es atribuible a fallas del propio Estado, que no puede salvar sus propios errores mediante el recurso de reajustar la cuota fiscal en más de un mil por ciento de un mes a otro. Esa violación de la conducta esperada, que el contribuyente no puede eludir, pues se expone a ser ejecutado por vía sumaria, con intereses confiscatorios del 3% mensual, sin contar los punitorios, es un auténtico abuso de derecho.
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La facultad recaudatoria del Estado, fundada en el bien común general, no lo autoriza a ir contra sus propios actos ni a sorprender la buena fe y la conducta esperada por el contribuyente con un aumento abrupto y desmesurado, que viola toda previsibilidad. Decisiones de esta clase son inconciliables con la elemental obligación de lealtad que todo gobernante debe observar respecto de sus gobernados y contribuyentes.
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Es de esperar que las cámaras inmobiliarias hagan oír su voz y que el Estado provincial recapacite. De lo contrario, se provocará una crisis en el mercado de propiedades y se desatará, además, ante estos casos de ilimitada voracidad fiscal, una avalancha de juicios de amparo.
La Nacion, 20 de febrero de 2004
Cuentas públicas y actividad económica
Un estudio privado revela en la Argentina el mapa de la voracidad fiscal
La carga tributaria provincial y municipal varía mucho; en una misma actividad puede llegar a pagarse el doble, según la ubicación, y también hay fuertes diferencias entre rubros
El mismo comercio o la misma empresa pueden llegar a pagar el doble de impuestos provinciales y municipales, según en qué lugar de la Argentina se instalen.
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Así lo revela un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, y Deloitte & Touche, que midió la presión fiscal provincial y municipal sobre la base del impuesto a los ingresos brutos y la tasa de seguridad e higiene.
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El trabajo descubrió que Santiago del Estero es la provincia con mayor presión fiscal provincial y municipal del país, ya que alcanza al equivalente al 4,3% de las ventas, netas de IVA.
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En cambio, Chubut es la que menos carga aplica, con una presión equivalente al 1,3 por ciento.
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Las diferencias no son sólo geográficas, sino también por actividades, dentro del mismo distrito. Los rubros bancario y asegurador son los gravados con mayor fuerza a nivel provincial y municipal.
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La medición no considera otros tributos y tasas que aplican provincias y municipios, como pagos por habilitaciones o cargos por iniciar trámites.
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De acuerdo con el estudio, que relevó 98 municipios con datos de 2002, Santiago del Estero es la provincia más cara a nivel general (provincial y municipal) y las cinco que le siguen en la lista son Tucumán (3,5%), Entre Ríos (3,1%), Misiones (3%), Neuquén (2,6%) y Capital Federal (2,52%).
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Las cinco provincias con menor presión fiscal global, además de Chubut, son La Rioja (1,5%), Mendoza (1,53%), Tierra del Fuego (1,6%), Catamarca (1,8%) y San Juan (1,9%). El promedio asciende al 2,3 por ciento.
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Esta comparación también puede ser realizada desde la perspectiva municipal. En tal sentido, la presión fiscal se torna muy alta en municipios como Santiago del Estero (4,8%), La Banda (3,6%), San Miguelde Tucumán (3,46%) y Concordia (3,28%). En contraposición, lugares como Trelew (Chubut), Maipú y San Martín (ambos en Mendoza) dejan respirar a los contribuyentes con alícuotas menores al 1,3 por ciento.
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Según Nadín Argañaraz, director del Ieral, una de las conclusiones del trabajo es la siguiente: "Tanto las provincias como los municipios tienden a gravar poco o mucho a los mismos grupos de actividades, lo cual no da lugar a las compensaciones. Y siempre gravan a los que más ganan".
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En tal sentido, la voraz presión fiscal provincial promedio por actividades se divide de esta forma: bancos, compañías de seguros y AFJP (3,9%); comercios, hoteles y restaurantes (2,9%); servicios públicos (2,8%); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (2,7%); enseñanza, salud y servicios sociales (2,2%); industria manufacturera y construcción (0,9%) y actividades primarias (0,6%).
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Desde el plano municipal, los bancos siguen siendo los que soportan la mayor presión (1,3%), mientras que las actividades primarias lidian con tasas del 0,2 por ciento. Para el economista, "es lógico que las actividades primarias tengan gravámenes más bajos, pero es meritorio preguntarse si la distancia que las separa -por ejemplo, de los bancos-, es lógica". "Si a los porcentajes -agrega- se les suman los otros impuestos provinciales, la carga se multiplica."
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Un dato particular es que las provincias que más exigen en materia tributaria no son necesariamente las que mayor gasto por habitante tienen. Por ejemplo, en 2002, Santiago del Estero gastó 1000 pesos por habitante. Pero de ese total, sólo el 20% correspondió a ingresos propios. Santa Cruz, en cambio, destinó más de 4000 pesos, que financió en un 50% con ingresos propios.
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"Hay que analizar las cifras más allá de los porcentajes. Si una provincia tiene alícuotas elevadas, no sería grave si su sistema de salud fuera excepcional, por ejemplo", afirma el economista.
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Competencia tributaria
Según el estudio, entre las provincias que más exigen a los contribuyentes con el impuesto a los ingresos brutos medido por el Indice de Presión Fiscal Provincial, figuran Santiago del Estero (3%), Capital Federal (2,5%), Misiones (2,4%) y Tucumán (2,3%). En contraposición, las menos exigentes son Chubut (1,12%), La Rioja (1,15%), Mendoza (1,3%), Córdoba (1,4%) y Tierra del Fuego (1,5%).
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Los municipios con mayor índice de presión fiscal propia son Concordia (1,7%), Santiago del Estero (1,7%), Gualeguaychú (1,6%), Concepción del Uruguay (1,5%), Paraná (1,4%), San Miguel de Tucumán (1,23%), Almirante Brown (1,005%), Avellaneda (1%), Rosario (1%) y Berazategui (0,9%). Los que menor carga aplican según el índice elaborado en base a la tasa de seguridad e higiene son Río Gallegos (0,034%), San Salvador de Jujuy (0,04%) y Río Grande (0,04%).
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Argañaraz afirma: "Existen indicios de que la competencia fiscal está presente, ya que se evidencia una suerte de convergencia de los niveles de presión entre los municipios de una misma provincia".
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Según el economista, los impuestos provinciales y municipales no eran vistos como primordiales durante los noventa, pero luego de la crisis adquirieron mayor importancia. Leonel Masad, tributarista y profesor titular de la UBA, agrega que se registraron casos en que las empresas mudaron sus operaciones por las tasas municipales, lo que podría funcionar como incentivo para la competencia tributaria.
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Por ejemplo, en Chubut, de los cuatro municipios relevados, tres mostraron tasas del 0,4 por ciento. En Santa Fe, Rafaela y Reconquista tienen la misma carga (0,5%), y lo mismo sucede con los porcentajes de Salta y San Ramón de la Nueva Orán, en Salta.
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Pero también hay zonas lejanas que comparten porcentajes: la presión fiscal en Goya (Corrientes) y Azul (Buenos Aires) asciende al 0,2%, y en Villa Mercedes (San Luis) y Ushuaia (Tierra del Fuego), al 0,1 por ciento.
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El Noroeste y el Nordeste argentinos son las zonas con mayor presión fiscal global: las alícuotas ascienden al 2,8% y 2,5% en cada caso. Se trata de las regiones con mayor índice de hogares bajo la línea de pobreza (59,7% y 56,2%, respectivamente, según cifras del Indec).
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"Las regiones más pobres aplican tasas mayores, quizá para compensar la mayor informalidad y evasión", fundamenta el Ieral. Con el informe, en el instituto llegaron a la conclusión de que la tasa de seguridad e higiene no es más que un impuesto disfrazado.
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Al respecto, Masad destaca: "En algunas jurisdicciones, las alícuotas superan ampliamente el costo del servicio que prestan los municipios. Evidentemente, los municipios a veces carecen de recursos, pero creo que poner tasas altas no es la forma más adecuada para lidiar con eso. Las alícuotas elevadas no son inconstitucionales, pero es algo que de todos modos queda feo".
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Por otro lado, lo s técnicos del Ieral observaron que la base imponible que utilizan las provincias son heterogéneas y que ello termina afectando los gastos de las empresas que tienen sucursales en todo el país.
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"Debería haber -dice Argañaraz- un código uniforme para facilitar la administración tributaria. Esto no afectaría la independencia de las provincias, que igualmente podrían fijar los porcentajes que deseen."
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Aunque los resultados son más que interesantes para las empresas, también lo son para los consumidores. De acuerdo con Argañaraz, las compañías terminan trasladando el costo impositivo a los bienes y servicios que comercializan, y lo lógico sería que en las provincias con mayor carga fiscal los productos fueran más costosos.
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"Las alícuotas -señala- tendrían que figurar en los artículos para que el consumidor sepa qué porcentaje de lo que paga se lo queda la provincia."
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Una constante con la que se encontró el equipo del Ieral al momento de elaborar los índices fue la falta de información en los municipios. Sobre este tema, Masad opinó:
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"Yo creo que ha habido una despreocupación general al respecto. Cuesta conseguir la información, y creo que las propias provincias no saben muy bien cuánto cobran los propios municipios".
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Para Argañaraz, los datos obtenidos, que se encuentran en el sitio www.cargafiscal.com.ar , permitirán echar un poco de luz sobre la desinformación y contribuirán a la competencia tributaria.
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"Lo óptimo -concluye- sería que se analizaran estos porcentajes al momento de realizar una reforma de la ley de coparticipación federal."
Por Mercedes García Bartelt. Con la colaboración de las corresponsalías de La Plata, Mendoza y T. del Fuego
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El reparto tributario bonaerense
El mapa fiscal municipal de la provincia de Buenos Aires, elaborado por el Iera, revela que los municipios exigen a los contribuyentes, en todos los casos, menos dos, cobran menos del equivalente al uno por ciento sobre las ventas netas de IVA en concepto de tasa de seguridad e higiene.
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De acuerdo con el informe del Ieral, Avellaneda y Almirante Brown manejan alícuotas de 1 y 1,005%, en cada caso. Al sumarse la carga provincial (impuesto a los ingresos brutos) a las tasas de los 42 municipios relevados, la carga de alícuotas supera en todos los casos el 2%, pero son menores al 3 por ciento.
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La lista de los municipios más exigentes vuelve a encabezarla Avellaneda, donde el índice de presión global (municipal y provincial) asciende al 2,835%. Luego figuran Quilmes, Hurlingham y Berazatagui, que comparten una tasa del 2,735 por ciento.
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San Isidro, en tanto, tiene una de las tasas de seguridad e higiene más elevadas (0,8%) y la presión global la mantiene en 2,635 por ciento.
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En Morón, La Matanza, Ensenada, Zárate, Tres de Febrero y Tigre el índice de presión fiscal global se mantiene por encima del 2,4 por ciento.
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En tanto, municipios como Azul, Chivilcoy, Junín, Luján, Pergamino y San Nicolás de los Arroyos se sitúan entre los menos exigentes, ya que ejercen una presión fiscal municipal que no supera el 0,3 por ciento.
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Al sumarse el impuesto a los ingresos brutos, se observa que estos seis municipios demandan a los contribuyentes una alícuota inferior al 2,235 por ciento de ventas netas.
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En nivel de exigencia medio se ubican Berisso, General San Martín, Ituzaingó, José C. Paz, Lanús, Merlo, Tigre, San Miguel, Tres de Febrero, Zárate, Ensenada, La Matanza, Morón, Bahía Blanca, Malvinas Argentinas y Escobar, entre otros.
La Nacion, 21 de diciembre de 2003
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