Gobierno y Universidad

El gobierno nacional ha producido un documento, elaborado por la Secretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Juan Carlos Pugliese, cuyos términos y exigencias no pueden sino llenar de preocupación a los sectores afectados, pues supone el planteamiento de un descaminado reclamo sobre la función de las universidades oficiales.

"La Universidad no puede permanecer distraída en sus cuestiones corporativas frente a la profunda interpelación que la sociedad le hace en esta hora decisiva", afirma este documento, en el que se les exige a las casas de estudios "una acción decidida y perentoria para realizar las reformas que la situación exige".

Puede apreciarse un tono que contiene una cuota de soberbia y otra de agravio, pues implica suponer que la Universidad vive o ha vivido al margen de lo que el país le reclama. La demanda gubernamental resulta más cuestionable aún si se considera que de la satisfacción de estos reclamos va a depender, en adelante, el envío de fondos. Dicho de otro modo: quienes no se allanen a cumplir con las exigencias oficiales serían castigados por la vía de la asignación presupuestaria.

El documento acentúa sus notas cuando asegura que "la propia gravedad de la situación estructural exige que los universitarios se impongan la actitud de repensar su razón de ser y actualizar su función social, justificando ante la sociedad el dinero que en ella se invierte". De estas peligrosas palabras se podría deducir que las universidades deben descubrir supuestos errores en lo que hacen y dar razones que expliquen de qué manera, al parecer no satisfactoria, se gasta el dinero que el poder público les destina.

Cuando el documento entra en el terreno de las precisiones, aparecen reclamos insólitos, como el pedido de que las universidades determinen las "demandas de los sectores sociales y económicos a los que responden y sus prioridades", con el fin de que se "puedan comparar las carreras que ofrecen y la investigación que realizan". Resulta evidente, a partir de esto, que la Secretaría de la cual procede este papel no está demasiado enterada de lo que hacen las casas de estudios que están bajo su órbita, lo que resulta particularmente deplorable.

De cualquiera de estas cuestiones lo único que se puede decir es que se trata de asuntos que la Universidad, haciendo uso de la autonomía de que goza (o debería gozar), considera con mucha atención y a los cuales trata de dar las soluciones más adecuadas, con lo cual demuestra que se halla muy lejos de vivir al margen de las necesidades del país.

Es imposible disimular la presencia de amenazas a una institución que, más allá de los muchos aspectos en que debe mejorar, goza de la buena disposición de los argentinos. Amenazas que resultan injustificables procediendo de un gobierno que se declara democrático. Deberíamos suponer, a partir de estas temerarias palabras, que el Gobierno sabe lo que se debe hacer en las casas de estudios y necesita explicarlo ante quienes no entenderían lo que constituye la existencia y la razón de ser de la Universidad. Sobran las razones para la inquietud ante este avance en direcciones que ensayaron gobiernos que parecen estar muy lejos de lo que el actual declama y propone.
Editorial diario La Nacion, 27 de agosto de 2004