Preocupante atomización: polémica sobre las consecuencias del fenómeno Récord histórico de partidos políticos en el país: hay 696
Sólo en 2003 se reconocieron 122 agrupaciones; reciben dinero del presupuesto nacional

Asediado por el clamor popular que estalló tras la última crisis económica -"que se vayan todos"-, el Congreso aprobó en 2002 una ley que facilitó la permanencia y la creación de nuevos partidos políticos. Los resultados son sorprendentes: sólo en el año 2003 se reconocieron 122 agrupaciones partidarias.

Es el crecimiento más notable en lo que va de esta década, según se señala en un informe que elaboró la Cámara Nacional Electoral. En este momento, hay un total de 696 partidos políticos con personalidad jurídica reconocida en el nivel federal, de los cuales 41 son de orden nacional y los 655 restantes son distritales.

Los especialistas, entre los que se encuentra el propio titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, advierten que esta multiplicidad ha inducido a una mayor fragmentación política. Otros señalan que, paradójicamente, favoreció una mayor concentración de poder por parte de los partidos más importantes.

No sólo eso: también se advierte que muchos de estos "nuevos partidos" son, en realidad, meros "sellos de goma" que florecieron al amparo de una ley que les permite sacar tajadas del presupuesto que la Nación destina a las fuerzas políticas que participen en elecciones nacionales.

¿Cuánto recibió, por ejemplo, un partido político que debutó en las elecciones presidenciales de 2003? Las cifras varían, pero en el caso concreto de Alianza de Cambio, que nació para postular a presidente de la Nación a José Arcagni, percibió 154.333 pesos del Estado como parte del financiamiento para su campaña proselitista; es la suma fija que recibieron los otros 24 partidos políticos y alianzas que compitieron en las elecciones presidenciales de 2003.

Claro que esa cifra de 154 mil pesos es tan sólo el piso; los partidos con trayectoria -como la UCR y el PJ, entre otros- recibieron, además, distintas sumas por la cantidad de votos que tuvieron en la última elección.

Cuestión de plata
Pero la agrupación de Arcagni no se quedó atrás: como fue en alianza con otro partido, Unión Popular, reunieron entre los dos poco más de 300.000 pesos, además de recibir otros 120.000 para la impresión de boletas.

Unión Popular, además, recibió 587 pesos por su cosecha electoral anterior, lo que le valió para seguir en carrera y seguir recibiendo financiamiento público. De hecho, el presupuesto destina anualmente 4000 pesos a todos los partidos políticos para su manutención.

¿Cómo se desempeñó, finalmente, Arcagni en aquellas elecciones? Obtuvo tan sólo el 0,33% de los votos. Y, merced a la legislación vigente, podrá seguir recibiendo financiamiento por parte del Estado.

"El informe de la Cámara Nacional Electoral indica dos cosas: primero, que hay una fuerte tendencia a la fragmentación -enfatizó el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba), vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales-. Es hora de hacer un balance para ver si la fragmentación no facilita la concentración del poder en nuestro país. Además, habrá que evaluar si esta proliferación de partidos obedece a un legítimo interés ciudadano, o bien abrió la puerta a «microemprendimientos» electorales."

Para el legislador, "es urgente debatir este tema en el marco de la reforma política, para que la Argentina tenga un sistema de partidos fuerte, transparente, homogéneo, con capacidad de alternancia".

La proliferación de partidos y, en particular, el reconocimiento de 122 agrupaciones en 2003, se generó luego de que se sancionó la ley 25.611, aprobada en junio de 2002, que derogó una cláusula de la norma que regula las agrupaciones partidarias. Esa cláusula establecía la caducidad inmediata de aquellos partidos que no alcanzaran en dos elecciones consecutivas al menos el 2% de los votos sobre el padrón electoral.

Hasta su derogación, esta exigencia había provocado la caducidad de 179 partidos políticos, cifra tomada desde 1983. Según la Cámara Nacional Electoral, este número representa el 34% del total de las caducidades.

La cláusula sobre caducidad actuó, entonces, como un tamiz previo a una elección, que dejaba fuera de carrera a aquellos partidos sin demasiada representación. Ahora ese filtro no existe.

El debate está abierto: ¿es conveniente dejar las cosas como están en pos de facilitar la aparición de nuevas agrupaciones políticas, aun a costa de los desvíos que puedan cometerse, o es necesario restringir la ley?

"Es necesario corregirla -enfatizó Tullio-. Esta multiplicidad de partidos políticos significa una distorsión de la idea democrática. Provoca una atomización de la política y la prueba más clara se evidencia en la Cámara de Diputados, con 40 bloques."

Pero para algunos legisladores la nueva legislación es positiva, ya que denota un mayor interés ciudadano para participar en la política. En esta línea se enrola el diputado Juan Manuel Urtubey (PJ-Salta), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.

"Hay que evaluar las decisiones en los momentos históricos que se toman. Esta ley surgió a partir de la enorme crisis de representación que estalló en 2001, y tuvo un fin noble, que fue la de facilitar la participación política de la ciudadanía. Ese fin se cumple y si surgen algunos «vivos», será el costo que habrá que pagar", sostuvo.

En la misma sintonía se expresó Adrián Pérez (ARI-Buenos Aires). "No me parece mal que se hayan reducido las condiciones para la creación de los partidos políticos. Es cierto, puede haber desvíos y la aparición de agrupaciones sin demasiada representación, pero el sistema los irá decantando y, con el tiempo, se diluirán. Lo central, aquí, es facilitar nuevas expresiones políticas", enfatizó.

El caso Formosa
Si de facilitar expresiones políticas se trata, el informe de la Cámara Nacional Electoral arroja datos interesantes.

De los 655 partidos de distrito reconocidos, la mayoría nació en Capital Federal (73), seguido por Buenos Aires (55) y Córdoba (44). Pero lo llamativo es que distritos electorales muy pequeños, como Formosa o Catamarca, siguen en la lista, con 35 y 34 partidos políticos, respectivamente. Santa Fe, considerada la segunda provincia del país, ocupa el octavo puesto, con 30 agrupaciones distritales. Esta creciente fragmentación del escenario político preocupa a las organizaciones no gubernamentales. Norberto Borzese, del Foro Social para la Transparencia y miembro del Diálogo Argentino, cuestiona duramente la modificación de la ley.

"Favorece el predominio de los mismos de siempre, contribuye a la desarticulación de la oposición y fomenta el descontrol en el manejo de los fondos públicos que los partidos reciben para su financiamiento ordinario y de campaña", indicó.

"Es hora ya de impulsar cambios profundos en las estructuras partidarias, que permitan su recuperación como espacios para el debate de ideas, la integración y la expresión de intereses, la incorporación, la capacitación y la formación de nuevos líderes", reclamó Borzese.

Una deuda pendiente, como toda la reforma política.

Por Laura Serra, La Nacion, 26 de septiembre de 2004

Cómo es la ley que financia los partidos
Hay fondos fijos y para las campañas

La ley de financiamiento de los partidos políticos, aprobada en mayo de 2002 (durante la gestión de Eduardo Duhalde), obliga al Estado a aportar todos los años recursos para el sostenimiento de las distintas agrupaciones partidarias.

La norma establece dos instancias: una, el fondo partidario permanente, que, como indica su nombre, consiste en una partida anual del presupuesto nacional que se destina a los partidos políticos reconocidos por la Justicia. Según indicó el titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, esa cifra ronda los 4000 pesos anuales por partido político. Estos recursos son destinados para su desenvolvimiento institucional y la capacitación política que brinden.

La segunda instancia tiene lugar antes de una elección nacional. En este caso, el Estado otorga a los partidos políticos participantes una suma en concepto de "aporte extraordinario para las campañas electorales" y otra partida para colaborar en la impresión de las boletas electorales.

El aporte para las campañas proselitistas se distribuye de la siguiente manera: el 30% se reparte en forma igualitaria entre todos los partidos políticos, mientras que el 70% restante se distribuye en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido político o la alianza hubiera obtenido en la última elección nacional.

¿Qué sucede con aquellos partidos nuevos, que no hayan participado antes en comicios nacionales?

Para estos casos, la legislación establece un régimen especial de adelantos de fondos por medio de un sistema de avales políticos o contracautelas, con la obligación de que estas agrupaciones reintegren los montos excedentes en el caso de que el caudal de votos obtenido no alcance a cubrir el monto adelantado.

Ranking del continente

Una investigación del Centro de Estudios Nueva Mayoría, elaborado con datos de la Universidad de Georgetown, muestra que en el continente americano hay un promedio de 17 partidos nacionales reconocidos por país.

El estudio destaca, entre las conclusiones, que es muy baja la relación entre la cantidad de partidos nacionales reconocidos y su incidencia político-electoral. Estados Unidos tiene 16 partidos, pero en los hechos sólo compiten dos: Uruguay tiene 27 y participan tres; México, 20, pero compiten tres.

La Argentina está segunda entre los que tienen más partidos en América, pero ello no parece haber contribuido a la gobernabilidad ni a la articulación de un sistema político competitivo.

Diferencias entre los expertos por el boom de agrupaciones
Para algunos es favorable, pero otros creen que hay riesgos

Aunque admitieron que podría entorpecer la búsqueda de consensos y hasta la gobernabilidad, diversos especialistas consultados por LA NACION consideraron favorable la perspectiva que se abre con la proliferación de nuevas agrupaciones políticas y consideraron la crisis de los partidos tradicionales como la principal causa de este fenómeno.

"Si este reverdecer de partidos se compadece con la voluntad de la gente de poder manifestar su necesidad de expresión política, adelante", destacó Daniel Sabsay, abogado constitucionalista y especialista en partidos y en reforma política.

Igual que el resto de los consultados, Sabsay identificó la aparición de nuevas agrupaciones con la crisis de representación de los partidos políticos tradicionales, que explotó tras la crisis institucional de 2001.

Sin embargo, reconoció que existe una segunda motivación. "Hay sellos de goma, agrupaciones formadas exclusivamente como negocio, por la franquicia que otorga el Estado a los partidos nuevos o por la intención de algunos personajes de aparecer en los medios de comunicación", señaló.

Con criterio salomónico, Sabsay sostuvo que mientras el nacimiento de partidos nuevos es útil a la sociedad como expresión política, el exceso de agrupaciones podría no ser tan favorable para el Gobierno, porque, según advirtió, "dificulta la posibilidad de construir mayorías para elaborar políticas públicas".

"Nunca es negativo"
En opinión de Marcelo Bermolén, director de Fortalecimiento de la Democracia de la Nación, que depende de la Jefatura de Gabinete, "nunca puede leerse como negativo un aumento de la participación ciudadana ni que se generen nuevos espacios para esto".

Según el funcionario, la proliferación de partidos pone de relieve la crisis de las agrupaciones tradicionales y desmiente la idea de que la política no le interesa a nadie.

Sin embargo, advirtió, igual que Sabsay, que hay que evitar que eso "conduzca a la fragmentación, que dificulta la deliberación y el consenso".

"El problema no es que se formen partidos, sino que los elijan, y eso depende de la voluntad de la gente", opinó Delia Ferreira Rubio, investigadora del Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas (Ceppa).

La especialista, asesora parlamentaria en temas jurídico-institucionales, señaló que la cantidad de fondos que corresponden a los partidos nuevos se redujo notablemente en la nueva ley de financiamiento político, que rige desde 2002. "El grueso de los fondos de origen estatal se reparte en relación a los votos obtenidos", dijo, para negar que el dinero motive la creación de nuevas agrupaciones.

Además, denunció que existe "esquizofrenia" en el tema cuando desde el poder "facilitan la creación de partidos, bajando los requisitos, pero cuando se forman, protestan porque hay muchos".

Por eso reclamó coherencia en ese aspecto y calificó de "muy positiva para la democracia" la formación de nuevas agrupaciones. "Es una consecuencia del reclamo de la sociedad civil", sostuvo.

La multiplicación de partidos no sirvió para renovar la política
Por Rosendo Fraga
Para LA NACION

Las normas que en 2002 facilitaron la creación de fuerzas políticas no han servido, en realidad, para consolidar un sistema de partidos.

Es así como las próximas elecciones muestran un cuadro de atomización en la oposición que no tiene antecedentes en la historia argentina.

Primero fueron conservadores y radicales, y después el radicalismo con el peronismo. Pero la reciente crisis de la UCR -en la elección presidencial de 2003 no llegó al 3% de los votos- ha dado por tierra con el tradicional bipartidismo argentino.

Elisa Carrió, de ARI, puede realizar una buena elección en la Capital y ganar en este distrito; Ricardo López Murphy, de Recrear, tiene posibilidades de hacer muy buena elección en la provincia de Buenos Aires y convertirse en segunda fuerza, con lo que el ex ministro de la Alianza podría ser elegido senador nacional y ubicar entre 8 y 10 diputados nacionales.

La UCR seguramente ganará en varias de las provincias que gobierna; el socialismo será la segunda fuerza en la ciudad de Rosario y el Movimiento Popular Neuquino ganará nuevamente en la provincia que viene gobernando desde hace cuatro décadas.

No obstante, todas estas fuerzas están divididas y enfrentadas entre sí y ninguna de ellas en la situación actual superará el 10 o 12% de los votos en el ámbito nacional.

En este cuadro, la unidad del justicialismo es la clave para que tanto el presidente Kirchner como los gobernadores ganen las elecciones del año próximo. Sólo si finalmente se divide el peronismo y se plantea una pugna electoral entre el partido y el movimiento "transversal", el oficialismo nacional y provincial podría ver comprometida la elección.

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A partir de que los sondeos han mostrado una disminución en la imagen positiva de Kirchner y de que su apoyo no resulta suficiente para imponer candidatos propios en el peronismo, la transversalidad ha quedado relegada como proyecto electoral.

Es que la unidad del justicialismo es la clave del éxito electoral del oficialismo para el año próximo y esto establece un interés común entre el Presidente y los gobernadores.

Aun con una economía que se estanque en el segundo semestre del año próximo, con lo cual aspectos como el desempleo y la pobreza empeorarán, y sin resolver problemas como la inseguridad pública y el conflicto piquetero, el oficialismo ganará las elecciones del año próximo, siempre que el peronismo concurra unido y que la oposición siga dividida como hasta ahora, lo que resulta probable.

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Es así como la atomización y el fraccionamiento de la oposición, en gran medida generado por la desarticulación de la UCR, muestran que la multiplicación de fuerzas políticas no ha servido para una renovación de la política, sino que, paradójicamente, ha contribuido a la consolidación del PJ como partido dominante.

La falta de una oposición con capacidad de disputar con éxito las elecciones legislativas el año próximo hace que la clave del resultado para Kirchner esté centrado más en la unidad electoral del oficialismo que en la calidad de la gestión de gobierno.

El autor es director del Centro de Estudios Nueva Mayoría