Decretos: un vicio reiterado

Un reciente informe publicado por LA NACION señaló que, en sus primeros 15 meses de gobierno, el presidente Néstor Kirchner ha recurrido a 105 decretos, de los cuales 75 son de necesidad y urgencia, mientras que en igual período sólo presentó 95 proyectos de leyes. De esta manera, el primer mandatario está abusando del mismo vicio que tanto se les ha criticado a sus antecesores en el cargo y empleando algo que debería ser un remedio de excepción como un procedimiento que parece ir sustituyendo a las mayorías parlamentarias, con el consecuente deterioro de las instituciones de la República.

En función de las estadísticas, puede conjeturarse que el doctor Kirchner se encamina a batir el récord de Carlos Menem, quien a lo largo de los diez años y medio de sus dos períodos presidenciales emitió algo más de 500 decretos de necesidad y urgencia.

El hecho comentado da cuenta de la generación de una perversa cultura que tiende a convertir al propio Poder Ejecutivo en una suerte de Poder Legislativo alternativo.

A través de los distintos gobiernos de los últimos tiempos, se advierte con claridad que esa tendencia se ve agravada por otro triste dato de la realidad: salvo raras excepciones, a menudo los decretos dictados por el Poder Ejecutivo no son ni necesarios ni urgentes. Son apenas una simple forma de esquivar al Congreso y de evitar el seguimiento de la vía ordinaria para la sanción de las leyes.

Mas si se trata de buscar responsables por esta irregular situación, no sólo habría que cargar responsabilidades en la acción de quienes ocuparon en los últimos años el Poder Ejecutivo, sino también analizar la ya inexcusable demora del Poder Legislativo -¡nada menos que diez años!- para reglamentar los decretos de necesidad y urgencia.

La historia argentina reciente permitió, en abierta contradicción con lo establecido por la Constitución nacional de 1853-60, que el presidente de la Nación dictara actos legislativos por medio de tres modalidades: decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados y la promulgación parcial de leyes.

La Constitución de 1994 incorporó a su texto esos tres instrumentos, pero tan sólo como remedios de excepción. La propia letra constitucional le prohíbe al primer mandatario la utilización de esas tres herramientas, bajo pena de nulidad absoluta. Unicamente podrá el jefe del Estado recurrir a ellas en forma excepcional y dentro de un sistema de controles que impida su uso abusivo y que debería estar a cargo de una comisión bicameral del Congreso, según lo establece el artículo 99 de la Constitución.

Sin embargo, el Poder Legislativo, incumpliendo lo dispuesto por la reforma constitucional de 1994, nunca aprobó una ley que estableciera la creación de la comisión parlamentaria que debería abocarse a controlar los decretos de necesidad y urgencia.

La falta de acuerdo entre oficialismo y oposición, y el desinterés de los gobiernos de turno en que se apruebe esa reglamentación, han generado aquella inexplicable postergación.

De esta manera, los decretos de necesidad y urgencia se han convertido, más que en un irregular instrumento legislativo, en una adicción de nuestros gobernantes.

Debe sumarse a este hecho la permanente tendencia a prorrogar facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo -los vulgarmente denominados "superpoderes"-, al igual que distintas medidas adoptadas por decreto con el pretexto de la emergencia económica, tales como la doble indemnización laboral.

Es de esperar que el poder político advierta el grave mal que se les está haciendo a nuestras instituciones, ya que se está perdiendo una parte importante del sistema democrático que tanto nos ha costado conseguir.
La Nacion, 12 de septiembre de 2004

Diez años sin controles

Entre decretos de necesidad y urgencia, decretos por delegación legislativa y vetos parciales, el Poder Ejecutivo impulsó, desde 1994 hasta hoy, un total de 533 iniciativas, con lo que evitó así su tratamiento en el Congreso.

Este cálculo fue realizado por el diputado nacional Alberto Natale (Demócrata Progresista-Santa Fe). "Estas 533 leyes de la Nación son resultantes del arbitrio exclusivo del poder presidencial, que sustrae al órgano legislativo su potestad específica, atribuyéndosela a sí mismo", advirtió el legislador, que es integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

"El Congreso sigue sin sancionar la ley que manda la Constitución Nacional para regular los alcances de los decretos de necesidad y urgencia, lo mismo que en relación con la delegación", agregó Natale, en diálogo con LA NACION.

Para el diputado demoprogresista, "las mayorías gubernamentales nunca han facilitado su discusión y aprobación. El vacío legal es aprovechado por el Poder Ejecutivo para legislar a su gusto".

Vetos
Además de los decretos de necesidad y urgencia y de la legislación delegada, el Poder Ejecutivo apela con cierta frecuencia a los vetos totales o parciales de leyes aprobadas por el Congreso.

Ante un veto presidencial, los legisladores tienen la posibilidad de insistir en el texto original del proyecto aprobado, pero para ello necesitan mayorías agravadas, lo que dificulta el trámite.

"Después de la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, el vicio de vetar leyes se generalizó. En el último decenio se contabilizan 103 leyes que fueron parcialmente vetadas por el Poder Ejecutivo, sobre las cuales insistió el Congreso sólo once veces. En resumen, 92 normas legislativas -la diferencia entre unas y otras- que quedaron redactadas como quiso el presidente", indicó Natale.
La Nacion, 8 de septiembre de 2004

La relación con el Congreso: una tendencia que se consolida Utiliza Kirchner más decretos que leyes
De los 200 mensajes que envió al Congreso, 105 son decretos y 95, proyectos legislativos; duras críticas de la oposición

Sólo la mitad de las iniciativas es sobre políticas de gobierno
Lo mismo ocurrió durante la gestión de Duhalde
No se creó la comisión bicameral de control

Los decretos constituyen la herramienta predilecta del gobierno de Néstor Kirchner. Este dato se desprende del total de mensajes que envió al Congreso, donde predominan los decretos antes que los proyectos de ley. Esto confirma una tendencia que se remonta, por lo menos, al estallido de la emergencia económica, a principios de esta década.

De los 200 mensajes que el Gobierno remitió al Congreso hasta el 20 del mes último, 105 corresponden a decretos (donde prevalecen los de necesidad y urgencia -DNU- y de legislación delegada), mientras que los restantes 95 son proyectos de ley. Así se refleja en un trabajo que realizó el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba), miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El ex presidente Eduardo Duhalde, que asumió la presidencia en enero de 2002 -ni bien se descerrajó el caos económico-, también apeló en mayor medida a los decretos. En efecto, durante su primer año de gestión emitió 125 (103 de los cuales son DNU) y otros 100 son proyectos de ley. Estas cifras se revelan en un informe que realizó Wenceslao Wernicke, de la agencia FOIA, especializada en información parlamentaria.

El problema no son sólo los decretos, advierte Negri, sino el tipo de proyectos de ley que se envían al Congreso. En este sentido, detalla que de las 95 iniciativas presentadas por Kirchner, 40 se refieren a tratados y acuerdos internacionales y a pedidos de salida o ingreso de tropas en el país. "Sólo la mitad de los proyectos se refiere estrictamente al trazado de políticas públicas", afirma.

Las estadísticas demuestran cómo el Poder Ejecutivo, merced a los decretos, ha ido ejerciendo facultades propias del Congreso. Injusto sería cargar las culpas sólo en el gobierno central; en rigor, ha sido el Poder Legislativo el que accedió a delegar en el Ejecutivo algunas de sus atribuciones, la mayoría de las veces en virtud de las dificultades económicas.

Pero, a juicio de la oposición, el oficialismo hace uso y abuso de esas facultades cuando no tendría necesidad de hacerlo, ya que goza de mayoría en ambas cámaras parlamentarias. El peligro, advierten las distintas voces, es que el atajo de los decretos atenta contra la división de poderes.

"Vaciar de facultades al Congreso no fortalece a ningún poder. Bajo la apariencia de «celeridad» en la gestión, lo que se construye en cambio es discrecionalidad y el consecuente peligro de arbitrariedad en el ejercicio del poder", alertó el diputado Negri.

Distintos caminos
Son variadas las formas en que el Poder Ejecutivo ha absorbido competencias que son propias del Congreso. Las más significativas son, por una parte, los DNU y, por otra, las leyes de emergencia que delegan facultades del Congreso al Ejecutivo.

Estas prácticas "excepcionales" fueron motivo de un arduo debate durante la reforma constitucional de 1994. Los convencionales instituyeron dos formas de limitar ambas prácticas. Para los DNU, dispuso la creación de una Comisión Bicameral Permanente destinada a analizarlos y aprobarlos. Para los decretos de legislación delegada se estableció un plazo para su análisis y ratificación en la cláusula octava de la Carta Magna. Ninguno de los dos mandatos constitucionales fue reglamentado aún.

La responsabilidad por esta demora no sólo le cabe al justicialismo, sino también a los miembros de la Alianza que, durante su paso por el poder, tampoco accedieron a limitar estas facultades.

"A lo largo de estos últimos años el Poder Ejecutivo ha soslayado al Congreso, y el oficialismo parlamentario de turno ha sido complaciente con esa actitud -remarca el diputado Alberto Natale (demócrata progresista-Santa Fe)-. La consecuencia es visible: el equilibrio de poderes está roto."

Claro que ésta no es la visión del PJ. "Nuestro país ha tenido desde siempre una marcada tradición presidencialista -argumentó Juan Manuel Urtubey (Salta), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales-. No creo que eso haya generado un progresivo debilitamiento del Congreso. Además, si el Poder Ejecutivo hace uso de determinadas facultades, es porque la ley se lo permite."

Queja opositora
Claro que el límite entre el uso y el abuso se vulnera en demasiadas oportunidades, advierten en la oposición. En lo que va de su gestión, Kirchner emitió 75 DNU, algunos de los cuales fueron severamente cuestionados. Como el decreto 917, que aumentó en 4300 millones de pesos el gasto público, sin previa consulta al Congreso. O aquel que facultó al Ministerio del Interior a entregar subsidios "a personas físicas y jurídicas (...) que se dediquen a la atención de la necesidad de la población". Ese fue el decreto 1192 de diciembre último.

"El uso de DNU se ha convertido en una tendencia creciente en los últimos años. El Congreso se ha convertido en una mera escribanía del Poder Ejecutivo", ironizó Eduardo Macaluse (ARI-Buenos Aires).

En cuanto a legislación delegada, el Poder Ejecutivo se hizo de importantes atribuciones legislativas -por ejemplo, en lo que hace a renegociación de contratos con las empresas de servicios públicos- durante la gestión de Duhalde, con la sanción de la ley de emergencia económica. Kirchner obtuvo su prórroga por un año más, y ahora la pedirá por segunda vez. Argumentará, otra vez, que persiste la emergencia económica.

Habrá que ver si logrará convencer a los legisladores, dada la importante recuperación económica de la cual el propio Gobierno se vanagloria.
Por Laura Serra, La Nacion, 8 de septiembre de 2004

Duras críticas del líder de Recrear "Ahora, la emergencia es permanente"
López Murphy volvió a cuestionar el uso de decretos por parte del Presidente

El líder de Recrear, Ricardo López Murphy, criticó ayer el "uso cotidiano de los decretos de necesidad y urgencia" de parte del Presidente al sostener que "la emergencia con Kirchner es permanente" y exigió "a la actual mayoría en el Senado que no demore el proyecto de Ricardo Gómez Diez para reglamentar la comisión bicameral de decretos de necesidad y urgencia".

Al lanzar el primer número de la revista partidaria Aleph Político, López Murphy advirtió que "no es posible que se siga gobernando la República usando y abusando de los decretos de necesidad y urgencia".

Al elogiar la iniciativa de Gómez Diez (Renovador-Salta), que fue su compañero de fórmula en las elecciones de 2003, el líder de Recrear denunció que el gobierno de Kirchner "roza permanentemente el artículo 29 de la Constitución nacional", que establece que "el Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo nacional, ni a las Legislaturas provinciales o a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria".

López Murphy aprovechó el amplio auditorio que fue a escucharlo al Hotel Crillón (hubo una concurrencia cercana a las 200 personas), para confirmar que será candidato a senador nacional por Buenos Aires y que "se viene un tiempo de oposición firme, decidida y terminante. El tiempo de la indulgencia se terminó".

Enojado y sin nombrarlo, le reiteró al líder de Compromiso para el Cambio, Mauricio Macri, sus límites para establecer una alianza electoral: "O se está con la coalición Duhalde-Kirchner o se está en el proyecto alternativo, pero no se puede estar con un pie en cada lado".

Reclamos para la elección
También le anunció al Gobierno las condiciones que espera para las elecciones legislativas: fecha única de comicios en todo el país, voto electrónico, eliminación de la ley de lemas y creación de una oficina electoral independiente. Sobre este último punto se permitió una humorada al aclarar que la idea de separar del Ministerio del Interior la dependencia de fiscalización electoral "no es un prejuicio porque esté Aníbal Fernández", con quien ha tenido fuertes cruces verbales.

También se mostró en contra de la propuesta de Juan Carlos Blumberg de eliminar las listas sábana y de que durante la gestión de Kirchner se reforme el régimen político. "No puede hacerse bajo un Gobierno tan inescrupuloso porque (cualquier distrito) podría convertirse en Santa Cruz o en Santiago del Estero, donde el 95 por ciento de las bancas son del oficialismo", indicó.

En un discurso pleno de cuestionamiento hacia la gestión kirchnerista, que calificó varias veces de "hegemónica", López Murphy calificó de "intolerables" los índices de pobreza y advirtió que "se sabe perfectamente cuál es la visión del Gobierno sobre el plazo del crecimiento. En 2024 vamos a bajar los índices de pobreza. O sea que ellos necesitarán 20 años para volver a las cifras que tenía Menem. Es intolerable".

Además de López Murphy, también presentaron la revista, que será bimestral, el profesor en economía Roberto Cortés Conde; los directores de Aleph Político, Victoria Ana Cassels y Martín Lutufyan, y el representante en la Argentina de la Fundación Friedrich Naumann, Helgue Freudendorff, que contribuyó a solventar la primera edición de la publicación, cuyo tema central es la situación de la educación argentina y la propuesta de Recrear.