En General La Madrid
Polémica con el IPS por la baja preventiva
de jubilaciones de ex empleados comunales

LA PLATA 19 AGO (AIBA). La Municipalidad de General La Madrid le reclamó al Instituto de Previsión Social (IPS) precisiones sobre la baja preventiva de 180 jubilaciones de ex empleados comunales, entre las que se cuentan 30 que fueron otorgadas, presuntamente en forma irregular, por el ex intendente Juan Carlos Pellita (PJ).

Las autoridades de ese distrito alegaron que no tienen en su poder el listado donde figura a quienes se les dio de baja por supuestas anomalías, errores en las categorías y liquidaciones de antigüedad que no se correspondían con la documentación presentada en el organismo oficial.

"El IPS se excedió en el accionar ya que debería haber hecho una diferenciación entre los beneficios denunciados durante la gestión anterior y aquellos que presentaban errores administrativos. En esos casos se les debería haber seguido pagando, hasta tanto se regularicen los pasos administrativos, ya que, para varios ex empleados municipales, la jubilación es el único ingreso que tienen", puntualizó el intendente (UCR), en diálogo con AIBA Noticias.

El jefe comunal, no obstante, reconoció que en algunos casos se trataba de gente que percibía el beneficio habiendo presentado documentación falsa que acreditaba su desempeño en el municipio; las cerca de 30 denunciadas el año pasado en la administración del ex intendente Juan Carlos Pellita (PJ) –situación que originó la apertura de una causa judicial en la UFI N° 3 de Olavarría— y por último ex agentes que cobraban cuando aún les restaban 12 años de aporte.

"Yo heredé 8 trabajadores que tenían su jubilación en trámite, por lo que cobraban un anticipo del haber más el sueldo como municipales, por lo que se dispuso su alejamiento", indicó Valicenti, quien insistió en que el IPS debería diferenciar la situación de los beneficios auditados.

"Desde el municipio la única respuesta que podemos darle a la gente que presenta errores administrativos y que se acerca a reclamarnos es gestionar ante el organismo bonaerense para que se aceleren las investigaciones y asistirlos con la compra de medicamentos en los casos donde la jubilación es lo único que perciben para su sustento", precisó el intendente, quien anticipó que entre hoy y el viernes llegará a La Plata para pedir precisiones oficiales.

La respuesta del Instituto no tardó en llegar y sus autoridades manifestaron su sorpresa ante las declaraciones del jefe comunal sobre el "exceso de accionar del organismo".

"Nos preocupa que un intendente diga eso máxime cuando hay denuncias por irregularidades", retrucó el director gubernamental de esa dependencia, Alejandro Bogato, quien además subrayó que los expedientes iniciados fueron 101 "y no 180 como dice Valicenti".

"De ese número, 26 personas dejaron de percibir la jubilación porque se comprobó que no les correspondía, 19 se revisaron y se constató que los beneficios fueron bien otorgados por lo que se les siguió abonando el haber, 20 están siendo analizados y con el resto se seguirá el mismo camino de auditoría", agregó.

Sobre la baja preventiva, el funcionario remarcó, que se hace para evitar generarle una deuda a la persona cuyo expediente se audita, ya que "si se comprueba que no le corresponde el haber pasaría a deberle los fondos percibidos al estado provincial y en el caso de las que estaban bien otorgadas, se les abonó el dinero que no recibieron durante esa baja".

Bogato indicó ante AIBA Noticias que esa es la tarea que tiene que hacer el Instituto cuando se presenta una situación como la de General La Madrid, luego el municipio es el que debe decidir qué hace con aquellas personas que tiene en su planta de empleados y presentaban una situación previsional paralela, "por lo tanto irregular".

Las auditorías e investigaciones se iniciaron en agosto, cuando el Concejo Deliberante local denunció la supuesta entrega de una treintena de jubilaciones en forma irregular por parte del ex intendente Pellita, entre diciembre de 2002 y junio de 2003.

A raíz de esa situación se conformó una comisión investigadora –integrada por ediles de todas las fuerzas políticas- que llevó adelante un seguimiento de los trámites efectuados por ex funcionarios que en su momento se los vinculó al ex jefe comunal, quien en ese momento iba de candidato a vicegobernador en la fórmula que encabezaba Aldo Rico.

Paralelamente el IPS comenzó a auditar la situación de los expedientes de las personas denunciadas y se presentó una denuncia penal que recayó en la UFI N° 3 de la ciudad de Olavarría.

"En ese momento se revisó caso por caso junto a la comisión investigadora, incluso viajamos a La Madrid, y detectamos que algunos «jubilados» no tenían la antigüedad que realmente figuraba en los papeles, ya que no constaban, por ejemplo, los datos en el libro de asistencia de la comuna desde hacía 5 años", indicó a esta agencia el ex titular del organismo, Ricardo Buiraz, quien comenzó las auditorías de las 30 denuncias iniciales. (AIBA)