Tras el regreso de China: los temas centrales que esperan una definición del Poder Ejecutivo
Planes oficiales para retomar la iniciativa
La relación con los piqueteros, la negociación con el FMI y la alianza con Duhalde dominan la agenda de Kirchner

Prevé anunciar un plan de obras públicas y de empleo, financiado por el BID
No tiene pensado recibir a D´Elía
El miércoles y el jueves lo verá a su antecesor en Puerto Iguazú

Casi sin tiempo de adaptarse al huso horario, el presidente Néstor Kirchner debe lidiar desde esta semana con una de las etapas más complejas de su gobierno, cargada de urgencias y delicadas definiciones políticas.

En los 10 días que duró la misión a China se potenciaron como nunca antes los conflictos internos con los piqueteros y con el peronismo que responde a Eduardo Duhalde, mientras desde Washington partieron señales de alerta sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la tercera revisión del programa firmado en septiembre pasado.

Para Kirchner es prioridad retomar la iniciativa política después de que su vuelta al mundo quedó empañada por los problemas. En el frente interno, buscará revertir la sensación de desborde de la violencia por las protestas callejeras y tendrá que definir el futuro de su relación con Duhalde.

El frente externo no es menos complicado y de eso depende buena parte de su gestión: por eso reasumirá en persona las gestiones con el FMI para conseguir rápidamente un nuevo acuerdo.

El conflicto piquetero obsesiona a Kirchner. Desde China ordenó un apoyo explícito al "blando" Luis D´Elía, tras la toma de la comisaría 24a., en La Boca, mientras continúa en vía muerta el diálogo con el sector duro.

Un ministro de alta influencia adelantó a LA NACION que la estrategia de Kirchner será el silencio. Quiere quitar el conflicto del foco de atención: por eso no tiene previsto recibir a D´Elía ni darle otro respaldo institucional que el ofrecido por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

En la agenda del Gobierno figura el lanzamiento de un multimillonario plan de obras y empleo, concebido para actuar como un paliativo a la demanda de los piqueteros.

Kirchner iba a anunciarlo antes de la gira, pero decidió aplazarlo. Alberto Fernández anticipó que pasaría para los días siguientes al regreso. Combatir el desempleo es el principal objetivo del programa, agregó.

Dudas
Sin embargo, ahora volvieron las dudas: al Presidente le gusta digitar cuándo y cómo presentar sus medidas más importantes. Como sus funcionarios develaron su estrategia y generaron expectativa, ahora, según fuentes del entorno presidencial, relativizaron la urgencia de un plan, cuya financiación corre a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La intención del Gobierno es que el plan vaya más allá de lo que hasta ahora se ha desarrollado en obra pública (reactivación de la construcción de viviendas del Fonavi y reparación de rutas) e incluya el desarrollo de una hidrovía, una masiva expansión de la red sanitaria y proyectos turísticos.

La lista final de proyectos la había llevado a China el ministro de Planificación, Julio De Vido, para pulir el anuncio junto con el Presidente.

Al Presidente lo aguarda el conflicto piquetero. Todos los voceros coincidieron en que se mantendrá la política oficial de no reprimir. "Desde ya, Kirchner no va a promover cambios en esa postura. El Gobierno tiene una agenda definida en todos los temas y no se va a dejar llevar por lo que los medios quieren", dijo a LA NACION Aníbal Fernández.

El tema de los piqueteros complicó más la relación entre Kirchner y Duhalde, a partir de que D´Elía involucró al ex presidente en el asesinato de Martín Cisneros. El Congreso fue terminante cuando encabezó un desagravio al líder peronista, mientras tres ministros del Gobierno daban un contundente apoyo político a D´Elía.

Kirchner y Duhalde tendrán que verse cara a cara el miércoles y el jueves próximos durante la Cumbre del Mercosur convocada en Puerto Iguazú. Pasaron cinco meses desde su última reunión conocida.

La Secretaría General de la Presidencia reservó un lugar en el Tango 01 para Duhalde (que es titular de la Comisión Permanente del Mercosur), pero la invitación todavía no se cursó, según fuentes de la Casa Rosada.

Pese al poder que ratificó Duhalde sobre el Congreso, el Gobierno es optimista frente a la suerte del proyecto de ley de responsabilidad fiscal (fija límites a los gastos y las deudas de las provincias), exigencia del FMI. Sin embargo, como se informa por separado, tendría dificultades para que se sancionara en los plazos previstos inicialmente por el Presidente.

El FMI exige a la Argentina que cumpla con tres puntos centrales comprometidos: completar el canje de la deuda en bonos, la ley fiscal y la renegociación de los contratos de las empresas privatizadas.

Por lo menos los dos últimos serían obligatorios para pasar la revisión este mes, en el tiempo establecido.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, adelantó que apenas vuelva a la actividad comenzará a resolver las gestiones con las privatizadas. En principio, serían acuerdos por dos años con las empresas eléctricas y gasíferas que incluirán cierta flexibilidad en materia de tarifas, tal como reclama el FMI. Sería una transición hacia los futuros contratos definitivos.
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En ausencia de Kirchner, estalló una complicación para el éxito de las negociaciones, cuando el Gobierno le atribuyó a Roger Noriega, delegado de los Estados Unidos para América latina, unas críticas a la Casa Rosada publicadas off the record. Kirchner mantendrá su estilo de negociación y no se descarta que otra vez llegue hasta la frontera de la ruptura. El nuevo jefe del FMI, Rodrigo Rato, ha redoblado la presión sobre la Argentina en los últimos días y demostró que no será más blando que Anne Krueger.

El Presidente estará todo el día de hoy en la residencia de Olivos y mañana volverá a la Casa Rosada. Antes de empezar, sabe que ya tiene temas centrales que esperan su definición.Por Paola Juárez y Martín Rodríguez Yebra, La Nacion, 4 de julio de 2004

Responsabilidad fiscal: revés para el Poder Ejecutivo
El Congreso traba una ley fundamental para el FMI
Los gobernadores y la oposición critican con dureza el proyecto que necesita Kirchner

Las noticias no son buenas para el Gobierno: el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, una de las exigencias que planteó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a nuestro país, no se aprobaría en el Senado en el plazo previsto -este miércoles-, ni en los términos que estipuló y precisa el Ministerio de Economía.

Este será uno de los problemas centrales de la agenda de esta semana del presidente Néstor Kirchner, que ayer retornó de su viaje por China. Es que esta ley se convirtió en una virtual obsesión para el jefe del Estado desde que no logró avanzar sobre la nueva coparticipación federal, otro de los puntos incluidos en el último acuerdo con el FMI.

El conflicto, en rigor, excede lo estrictamente parlamentario. Aquí, la puja se dirime entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores, ya que esta iniciativa impone rigurosas metas fiscales a las provincias a partir del año próximo. Pero los gobernadores han hecho saber, por medio de sus representantes en el Congreso, que no están de acuerdo con algunos puntos del proyecto oficial. Si bien acercaron varias propuestas de reforma, el presidente Kirchner dio una orden tajante: el texto orginal no se modifica. Así se lo transmitió al jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Angel Pichetto (Río Negro), el jueves último.

La Comisión de Presupuesto del Senado, presidido por Jorge Capitanich (PJ-Chaco), avanzó trabajosamente en un dictamen la semana última, pero con múltiples disidencias, la mayoría del propio justicialismo. La oposición, encabezada por la UCR, anticipó su rechazo y enfatizó que no tratará la iniciativa hasta tanto no se discuta una nueva coparticipación federal. Los senadores provinciales también interpusieron objeciones a la iniciativa.

El panorama se presenta complicado. "El bloque del PJ decidió que, a pesar de tener el dictamen firmado, es necesario postergar el tratamiento del proyecto hasta que surja un acuerdo firme entre la Nación y los gobernadores", sostuvo el senador Capitanich.

El presidente Kirchner, entonces, deberá ahora llevar las riendas del asunto. Del eventual acuerdo al que arribe con los gobernadores dependerá la suerte del proyecto, máxime porque éste, para ser sancionado, necesita el apoyo de cada una de las legislaturas.

El nudo del conflicto
El problema de fondo en este conflicto es netamente económico. El año próximo las provincias deberán afrontar pagos siderales por vencimientos de capital de sus deudas (cuyo monto global oscila entre los 5000 y 7000 millones de pesos). La principal acreedora de esas deudas es la Nación.

En el proyecto oficial, el Poder Ejecutivo exige a las provincias ajustar sus déficit al 15% del PBI, y que si superan ese porcentaje, deberán ajustar sus gastos. Esta condición ya deja afuera del sistema a once provincias, fuertemente endeudadas.

"La norma debería contemplar un plan de regularización de deudas, porque de lo contrario muchas provincias quedarían automáticamente en falta una vez sancionada la ley", advirtieron a coro los senadores del PJ José Mayans (Formosa) y Guillermo Jenefes (Jujuy).

Sin una previa renegociación de las deudas, las provincias más comprometidas temen que la Nación imponga sus condiciones para que se ajustan al 15% estipulado en la ley, advierten. Por eso, algunos senadores proponen que se acuerde con la Nación un período de transición para que se determine el nuevo perfil de deuda de las provincias a partir de 2005.

"Tenemos la mayor disposición para colaborar con el Poder Ejecutivo. Las reformas que proponemos son razonables. Queremos ayudar, pero no vamos a dar marcha atrás en lo que consideramos que es fundamental para preservar la economía de nuestras provincias", expresó a LA NACION el senador Marcelo López Arias (PJ-Salta).

En la Cámara baja, los distintos bloques siguen atentos la discusión en el Senado. Y comparten, aun con sus matices, la mayoría de las críticas. Pero un dato es cierto: si finalmente la Nación arriba a un acuerdo con las provincias, habrán desaparecido los obstáculos parlamentarios a la ley.

"El país entero debe marchar hacia la responsabilidad fiscal, no sólo las provincias -enfatizó a LA NACION el diputado Carlos Snopek (PJ-Jujuy), titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda-. Es posible que se le deban introducir cambios al proyecto para conseguir el equilibrio deseado y evitar que la norma sea demasiado rígida o demasiado laxa."

"Primero, una garantía"
El titular del bloque radical, Horacio Pernasetti (Catamarca), fue directo: "Apoyamos la necesidad de una responsabilidad fiscal, pero siempre que sea razonable. Primero debe haber una garantía de que las provincias puedan afrontar sus deudas y de que el peso del ajuste también recaiga en la Nación", sostuvo.

En la misma sintonía se expresó el diputado Guillermo Cantini (Unión por la Argentina), una de las voces más representativas del ala económica de las bancadas de centro.

También la centroizquierda cuestionó el proyecto. "El problema no es el orden de las cuentas, sino qué orden se pretende imponer desde la Nación. El proyecto del Gobierno no es otra cosa que un cepo para garantizar el pago de los compromisos externos", advirtió Claudio Lozano (CTA).

Por Laura Serra, La Nacion, 4 de julio de 2004

Otras leyes en debate
El oficialismo en la Cámara de Diputados intentará avanzar en los próximos días en dos proyectos de ley que también generan rispideces en algunos sectores políticos.

Uno de ellos propone la devolución a los beneficiarios de planes sociales oficiales del 15% que efectúen por sus compras, siempre y cuando estas adquisiciones hayan sido realizadas con las tarjetas magnéticas, cuya utilización comenzó hace dos semanas.

El proyecto ya cuenta con el dictamen respectivo de la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Snopek (PJ-Jujuy). Si bien reunió la mayoría de las firmas, hay algunos legisladores que por lo bajo cuestionaron la iniciativa.

"Esto significaría, lisa y llanamente, un aumento encubierto en el monto de los planes Jefes y Jefas de Hogar", advirtieron algunas voces.

El proyecto, además, obliga a los pequeños y medianos comerciantes a aceptar las tarjetas magnéticas como medio de compra. Los legisladores propusieron que se disponga un plazo razonable para que estos negocios puedan acomodarse a la futura ley.

La otra iniciativa pendiente, enviada por el Poder Ejecutivo, es la que dispone incentivos fiscales principalmente a las grandes empresas. Algunos diputados, como el duhaldista Carlos Brown, propondrán que se establezca un cupo para pequeñas y medianas empresas.