Avanza un proyecto en el Congreso Los desocupados podrían jubilarse a los 60 años
La iniciativa favorece a unas 25.000 personas; se requerirá tener 30 años de aportes

La jubilación anticipada estaría abierta por dos años
El mínimo por percibir sería de 300 pesos
También habría un beneficio proporcional para quienes aportaron durante 20 años

Varios miles de desempleados con 30 años de aportes jubilatorios y escasas posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral, pero que aún no cumplieron la edad reglamentaria para obtener el beneficio, podrían acceder a una jubilación anticipada en hasta cinco años gracias a un proyecto de ley que avanza por estos días en el Congreso Nacional.

La semana pasada, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que preside el justicialista Angel Baltuzzi (Santa Fe), dio dictamen favorable al proyecto de ley que da la posibilidad de jubilarse a aquellos hombres mayores de 60 años y mujeres de más de 55, siempre que acrediten 30 años de aportes y estén desocupados.

Aún falta precisar la fecha a partir desde la cual comenzaría a regir este beneficio, lo que podría generar el despido anticipado de empleados en condiciones de jubilarse bajo las nuevas condiciones. Este punto será precisado en el tratamiento legislativo de la ley.

La norma atravesó el último filtro que le faltaba antes de estar en condiciones de ser tratada en el recinto: la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Además, fuentes parlamentarias afirmaron que su aprobación en la próxima sesión (prevista para el miércoles) está descontada, ya que el tema cuenta con el visto bueno del ministro de Economía, Roberto Lavagna, y del titular de la Anses, Sergio Massa.

Según el proyecto, la jubilación anticipada se crea en forma excepcional y por el término de dos años. No podrán percibirla quienes cuenten con algún beneficio previsional en el orden nacional, provincial o municipal. El monto por percibir no sería menor a los 300 pesos, y quienes estén cobrando una pensión graciable deberán optar por uno de los dos beneficios. El dictamen incorpora además la figura de “prestación proporcional”, por la cual aquellos afiliados que acrediten la edad jubilatoria y un mínimo de 20 años de aportes podrán percibir un haber a calcularse según lo aportado. Según estimaciones previas del organismo previsional, entre 20.000 y 25.000 hombres y mujeres de todo el país estarían en condiciones de percibir la jubilación anticipada, que equivaldría al 50% del haber que les correspondería al alcanzar la edad reglamentaria (65 años para los hombres y 60 para las mujeres). A ellos se sumarían los beneficiarios de la prestación proporcional.

Satisfacción
El dictamen, firmado por unanimidad, unificó los proyectos presentados por 12 legisladores de distintas bancadas en la Comisión de Previsión. “La pronta aprobación de este tema dará una solución a una franja de la población que habiendo hecho sus aportes tiene dificultades para insertarse”, dijo Baltuzzi a LA NACION.

Según el legislador, “desde hace muchos meses venimos trabajando en este tema, porque entendemos el sufrimiento de muchos trabajadores que aportaron durante toda su vida, muchos de ellos en empresas públicas, y debían esperar hasta cinco años para tener su jubilación”.

Por su parte, la diputada Elda Agüero (PJ-Buenos Aires), autora de uno de los proyectos preliminares, agregó que “el sector de los adultos en los años previos a su jubilación había quedado desprotegido. Les daremos a todos ellos una buena noticia en la próxima sesión de la Cámara”.

“Con un mercado laboral con tan poca demanda, hay quienes encuentran una valla insalvable si pasaron la barrera de los 50 años”, agregó el diputado Alejandro Nieva (UCR-Jujuy), para quien “el Estado es responsable por las nefastas políticas aplicadas en los últimos años y tiene la obligación de remediar lo que se hizo mal”.

Para mejorar y ampliar los alcances de esta medida, la Comisión de Previsión ya estudia extender el beneficio sin límite de edad a aquellos trabajadores que fueron despedidos de las empresas públicas privatizadas.

Otros, como la diputada Agüero, proponen que se pague el beneficio a cambio de una contraprestación en “transmisión de conocimientos” por efectuarse en organismos públicos y organizaciones no gubernamentales.
Por Jaime Rosemberg, La Nacion, 6 de septiembre de 2004