Proponen que todos los discapacitados no paguen la VTV
LA PLATA, 26 MAR (AIBA). El diputado provincial Luis Bruni (UCR), propuso la modificación de un artículo de la ley 12.152, que permitiría la exención del pago de tarifas en concepto de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a los automóviles para discapacitados.
El legislador fundamentó su proyecto luego de que asegurara haber recibido "numerosos reclamos de varias instituciones de bien público y representativas de personas discapacitadas".
Bruni señaló que el artículo 7 del Acta Acuerdo firmada en 1998 entre el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia y los representantes de las Empresas concesionarias de VTV, que establece la exención tarifaria para la realización de la verificación de vehículos especiales de discapacitados motrices y bomberos, "deja en desigualdad de condiciones a los restantes discapacitados, que requieren la asistencia de un vehículo para movilizarse".
"Asimismo, la necesidad de contar con un vehículo que cumpla con las reglas de la VTV, alcanza también a los discapacitados viscerales, sensoriales, auditivos, visuales y mentales, quienes pueden disponer de un automóvil a su servicio, aunque no lo conduzcan personalmente", agregó el diputado.
"El Código Fiscal ha sido amplio e igualitario en el tratamiento de las diferentes discapacidades y extiende la citada exención, incluso, a los vehículos afectados al servicio de personas discapacitadas y cuyo propietario fuere el cónyuge, ascendiente, descendiente, colateral en segundo grado, tutor o curador", añadió el legislador. (AIBA)

Propuesta en el Senado
Pensión para madres adolescentes
e indigentes que cursen estudios
LA PLATA, 20 MAR (AIBA). "Muchas jóvenes mueren en prácticas ilegales de aborto. Las que asumen la maternidad y se encuentran en la pobreza, tienen el enorme riesgo de tener niños con desnutrición, porque ellas aún están en estado de desarrollo y crecimiento. Y si a ello le agregamos que la maternidad adolescente provoca abandono de estudios y dificultades para ingresar al mundo laboral, las estamos condenando de por vida a la exclusión social sin retorno".
Así argumentó la senadora (UCR) Graciela De Leo al presentar un proyecto de ley en el que establece la creación de una pensión para madres adolescentes en situación de pobreza, "lo que significa –agregó- garantizar mínimamente la atención de la salud de la joven y el niño, y al mismo tiempo, garantizar la forma de que continúe con los estudios".
"La Ley de Salud Reproductiva es un instrumento valiosísimo para educar a las jóvenes y los jóvenes en la sexualidad y en el ejercicio de la procreación responsable. A partir de su instrumentación estaremos invirtiendo en el futuro. Pero, mientras tanto, tenemos los datos de la realidad presente y no podemos mirar para el costado", manifestó la legisladora de Tres Arroyos.
Con relación a la situación actual, la doctora De Leo indicó que "en los hospitales públicos de la Provincia el 30 % de los nacimientos que se registran anualmente son de madres de entre 12 y 18 años. Hablamos de 43 mil niños y madres-niñas que requieren apoyo y asistencia".
Entre los puntos centrales del proyecto de ley se destacan el derecho a pensión de madres niñas adolescentes, menores de 18 años, desde la concepción hasta los dos años de edad del hijo, siempre que no existan ingresos en el grupo familiar del que forma parte. Se establece además como condición, entre otras formales, la condición de alumna regular de la Educación General Básica y/o del Polimodal, y que el financiamiento surgirá de la Partida Obligaciones del Tesoro y Crédito de Emergencia, que hoy tiene un presupuesto tres mil 837 millones de pesos. La autora remató finalmente que "estamos claramente en una situación de emergencia social con este tema que justifica el empleo de una pequeña porción de esta partida". (AIBA)

Postergaron la concesión de "beneficios
procesales" a intendentes bonaerenses
Los legisladores justicialistas pretenden consensuar el "polémico proyecto" con el gobernador Felipe Solá
LA PLATA, 19 MAR (AIBA). Los legisladores justicialistas pospusieron ayer el tratamiento del proyecto de ley que impide la "detención de los jefes comunales por la sola presunción de un delito", con la intención de obtener el apoyo del gobernador Felipe Solá a la propuesta.
La iniciativa, que surgió a pedido de los propios intendentes, aún no tomó estado parlamentario, aunque se ha difundido que pretende modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Según afirman, se agregaría al artículo 248° de dicha norma la disposición de que los intendentes "no podrán ser detenidos hasta tanto se dicte o niegue su procesamiento".
"El Código Procesal Penal que hemos reformado con muy buen éxito el año pasado otorgaba a los fiscales la posibilidad de proceder a la investigación y detención ante la presunción de un delito", recordó el presidente de la Cámara baja, Osvaldo Mércuri.
"En este caso, se eliminaría la detención ante la presunción, pero continuaría por supuesto el debido proceso, hasta que el juez de garantías decida si existe efectivamente una irregularidad", completó.
Desde su mención, la propuesta había generado una fuerte polémica en los medios, que hablaban de supuestos "fueros" otorgados a los jefes municipales. "No es ningún privilegio, sino una simple modificación de ley", aclaró el titular de Diputados.
Si bien ayer se tenía previsto tratar el proyecto, la decisión pública del gobernador Solá de vetar la norma en caso de ser aprobada, generó fuertes discusiones que culminaron con un llamado telefónico, que los presidentes de bloque PJ efectuaron al mandatario bonaerense.
Ante ello, Mércuri explicó que "de acuerdo a las gestiones que se han realizado se ha consensuado hacer un paréntesis y retomar el tema cuando nos reunamos con el gobernador".
Según la información suministrada por voceros parlamentarios, en los próximos días los legisladores oficialistas, acompañados por algunos intendentes, se reunirán con el gobernador, para intentar entre todas las partes consensuar la propuesta.
"Juan Garivoto se ha comunicado ayer con Solá y él mismo le ha dicho que no tiene ningún tipo de problema a los efectos de charlar el tema", remarcó el legislador de Lomas de Zamora.
Por su parte, desde bloque radical, ya se han manifestado en contra de esta propuesta. "Nuestra posición es muy clara: estamos en contra de crear algún beneficio de este tipo a los intendentes", aseguró el presidente del bloque de senadores de la UCR, Alfredo Irigoin.
Desde la Cámara baja, se escuchó la misma respuesta. Allí, el titular de los diputados radicales, Marcelo Elías, manifestó que "es una idea disparatada que tiene relación directa con la dinámica de la interna justicialista, que lamentablemente invade todos los ámbitos de la gestión pública". (AIBA)

Reducirán los trámites de adopción
a los "futuros" padres bonaerenses
La Provincia de Buenos Aires adherirá a la ley Nacional que crea el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos – Con ello, se podrían aliviar las trabas burocráticas y las largas esperas que deben soportar los interesados en adoptar un bebé – También serviría para descomprimir los juzgados de menores
LA PLATA, 12 MAR (AIBA-Por Sabrina Carrasco). En nuestro país, pretender adoptar un chico implica embarcarse en un complejo proceso burocrático y una posterior espera, larga e interminable, que en la Provincia se estima de cinco a ocho años promedio hasta albergar al nuevo integrante de la familia.
La situación se agrava en el territorio bonaerense, ya que los juzgados de menores, receptores de los pedidos, están en colapso, incapaces de contener las demandas de los aspirantes a adopción.
Por eso, la mayoría de los bonaerenses, que se encuentran en esta situación, terminan recurriendo al auxilio de otras provincias, menos congestionadas, con el consecuente desgaste burocrático que estas nuevas presentaciones implican.
En busca de atenuar este proceso, los legisladores nacionales aprobaron el 4 de diciembre de 2003, la Ley 25.854 que crea el "Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos", promulgado el 6 de enero de este año por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner.
Según esta norma, las personas que inicien los trámites de adopción deberán presentar una sola carpeta, con los requisitos requeridos. Estos datos, una vez aprobados, ingresarán al listado único de aspirantes, quienes tendrán mayores posibilidades al poder acceder a todos los casos que se presenten en el país.
En este punto resulta fundamental que cada Provincia adhiera a la Ley, ya que este hecho, indicado en el artículo 6° de la norma, es condición imprescindible para que se pueda ingresar al registro.
En este sentido, el gobierno bonaerense se mostró decidido a participar de la propuesta, y envió esta semana a la Legislatura, un proyecto de ley que indica la adhesión de la Provincia a la norma nacional.
De esta manera, en pocas semanas, superado el proceso legislativo pertinente, los bonaerenses que hayan iniciado o estén por iniciar los trámites de adopción, no necesitarán recorrer todos los departamentos judiciales bonaerenses, ni viajar a otras provincias para ampliar sus posibilidades, ya que con una sola inscripción ingresarán automáticamente al Registro único, que otorga facultades en todas las Provincias que se adhieran.
El registro
"La creación de este registro única actuará como un valladar más para evitar el tráfico de menores, que tanto a azotado a varias regiones de nuestro país, y limitará el peregrinaje de los matrimonios por las distintas provincias en busca de un niño para adoptar", manifiesta el Poder Ejecutivo bonaerense, en la presentación expuesta a la Legislatura provincial.
Según se indica "esta circunstancia permitirá hacer más expedito el trámite de adopción y en paralelo disminuirá su estadía en las respectivas instituciones, dándoseles la oportunidad de crecer en forma inmediata en el seno de una familia".
Los requisitos para ingresar al listado oficial, no difieren de los requeridos hasta el momento, por lo que la primer instancia de trámite resulta similar a la efectuada hasta hoy.
Además de la documentación que acredite sus datos personales, los aspirantes a la adopción, deberán, tal como indica el artículo 7° de la Ley 25.854, presentar los "datos complejos de hijos, si los hubiere; número de menores que se estaría en condiciones de adoptar, las edades, si se acepta menores con discapacidad, o grupo de hermanos; evaluaciones jurídicas, médicas, psicológicas y socio-ambientales de los postulantes y su núcleo familiar inmediato".
Hecha la presentación, el órgano de aplicación deberá "comunicar en el plazo de quince días las resoluciones firmes que admitan o rechacen la petición" para su incorporación al Registro Central.
Los aspirantes que hayan sido aceptados participarán del registro durante un año, luego del cual, deberán "ratificarse personalmente" o de lo contrario quedarán excluidos del listado.
A su vez, sin perjuicio de las facultades de jueces y asesores de menores de solicitar información, el Registro Unico "comunicará trimestralmente las pertinentes nóminas a fin de mantenerlos actualizados respecto de los movimientos operados en las mismas".
Demoras
Para que un chico este en situación de ser adoptado, debe ser declarado en estado de abandono. Esta decisión, que corresponde al Juzgado de Menores interviniente, es la clave para que después, una persona o una pareja, pueda asumir su crianza.
Desde diferentes sectores, vinculados con el tema, se afirma que es este paso, justamente, el que mas demoras genera en todo el proceso de adopción.
"Muchos chicos permanecen institucionalizados la mayor parte de su vida" aseguró a AIBA Noticias, el subdirector del Instituto de Derechos del Niño del Colegio de Abogados de La Plata, Guillermo Vena Abon Cachi.
"Esto se debe a que en algunos juzgados la declaración de abandono tarda años en decidirse" agregó.
Según el profesional "muchos jueces agotan todas las instancias en busca de la familia biólogica del menor abandonado, sin pensar que todo ese tiempo, el chico vive en un Instituto, sin un grupo familiar que lo contenga".
"Esto viola el derecho de los niños a tener una familia, porque en realidad, al demorarse su adopción, se les impide que puedan crecer y desarrollarse en un ambiente adecuado".
Actualmente, en la Provincia, cualquier persona, sea soltero, casado o esté en pareja, que busca adoptar un chico y reúne todas las condiciones requeridas, tienen una demora promedio de cinco años para lograr algún resultado.
En algunas regiones directamente esta cerrada la inscripción en los listados por la gran cantidad de aspirantes.
Este es el caso del departamento judicial de Mar del Plata, que integra los partidos de Balcarce, General Alvarado, Necochea, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Lobería y San Cayetano.
Si bien quienes los desean pueden acercar sus carpetas con todos los datos, es casi nula la chance que pueden tener de obtener un fallo positivo. (AIBA)

El Fuero Contencioso Administrativo tiene nuevos jueces en la Provincia
El vicepresidente de la Suprema Corte, Eduardo De Lázzari, tomó juramento a seis magistrados de Mercedes, Necochea, Dolores, Quilmes, San Isidro y Zárate-Campana
LA PLATA, 4 MAR (AIBA). El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo De Lázzari –en ejercicio de la Presidencia del máximo tribunal provincial—, tomó juramento a los seis nuevos jueces del Fuero Contencioso Administrativo.
En el acto –que se desarrolló en el salón de audiencias del Palacio de Justicia— asumieron formalmente los magistrados de Mercedes, Hugo Jorge Echarri; de Necochea, Carlos Alberto Herrera; de Dolores, Antonio Marcelino Escobar; de Quilmes, Hugo Jorge Guarnieri; de San Isidro, José Abelardo Servín y de Zárate-Campana, Marcelo José Schreginger.
De este modo, se puso en marcha la segunda etapa del Fuero y se modificó el esquema inicial que comenzó a funcionar el 15 de diciembre pasado con sólo siete juzgados, que tenían ampliada su competencia territorial para atender todas las demandas iniciadas en los 18 Departamentos Judiciales de la Provincia.
En aquella oportunidad habían asumido los doctores Luis Federico Arias (Juzgado Nº 1 La Plata), Ana Cristina Logar (Juzgado Nº 2 La Plata), Simón Francisco Isaac (Juzgado Nº 1 Mar del Plata) Adriana Mabel Sardo (Juzgado Nº 2 Mar del Plata), Jorge Aníbal Ocampo (Juzgado San Martín), Gladys Beatriz Martí (Juzgado Lomas de Zamora) y María Isabel Fulgheri (Juzgado San Nicolás).
Asimismo y hasta tanto se habiliten los órganos de Alzada respectivos, las apelaciones serán recibidas y tramitadas ante las Cámaras en lo Civil y Comercial de los departamentos judiciales donde funcionarán los mencionados juzgados.
Con el nuevo procedimiento contencioso administrativo los magistrados tendrán competencia no sólo en cuestiones vinculadas con la validez de actos jurídicos emanados del Estado provincial y de los municipios, la regulación local, los servicios y el empleo público, sino también en reclamos en materia del derecho del consumidor y sobre medio ambiente. (AIBA)

El Fuero Contencioso Administrativo
tendrá nuevos jueces en la Provincia
El vicepresidente de la Suprema Corte, Eduardo De Lázzari, tomará juramento mañana a seis magistrados de Mercedes, Necochea, Dolores, Quilmes, San Isidro y Zárate-Campana
LA PLATA, 2 MAR (AIBA). El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo De Lázzari, tomará mañana juramento a los seis nuevos jueces del Fuero Contencioso Administrativo.
En el acto –que se desarrollará a partir de las 13, en el salón de audiencias del Palacio de Justicia— asumirán formalmente los magistrados de Mercedes, Hugo Jorge Echarri; de Necochea, Carlos Alberto Herrera; de Dolores, Antonio Marcelino Escobar; de Quilmes, Hugo Jorge Guarnieri; de San Isidro, José Abelardo Servín y de Zárate-Campana, Marcelo José Schreginger.
De este modo, se pondrá en marcha la segunda etapa del Fuero y se modificará el esquema inicial que comenzó a funcionar el 15 de diciembre pasado con sólo siete juzgados, que tenían ampliada su competencia territorial para atender todas las demandas iniciadas en los 18 Departamentos Judiciales de la Provincia.
En aquella oportunidad habían asumido los doctores Luis Federico Arias (Juzgado Nº 1 La Plata), Ana Cristina Logar (Juzgado Nº 2 La Plata), Simón Francisco Isaac (Juzgado Nº 1 Mar del Plata) Adriana Mabel Sardo (Juzgado Nº 2 Mar del Plata), Jorge Aníbal Ocampo (Juzgado San Martín), Gladys Beatriz Martí (Juzgado Lomas de Zamora) y María Isabel Fulgheri (Juzgado San Nicolás).
Asimismo y hasta tanto se habiliten los órganos de Alzada respectivos, las apelaciones serán recibidas y tramitadas ante las Cámaras en lo Civil y Comercial de los departamentos judiciales donde funcionarán los mencionados juzgados.
Con el nuevo procedimiento contencioso administrativo los magistrados tendrán competencia no sólo en cuestiones vinculadas con la validez de actos jurídicos emanados del Estado provincial y de los municipios, la regulación local, los servicios y el empleo público, sino también en reclamos en materia del derecho del consumidor y sobre medio ambiente. (AIBA)

Piden derogar la exención de tasas municipales a inmuebles provinciales
LA PLATA, 10 MAR (AIBA). Un grupo de senadores provinciales del radicalismo pidió la derogación del artículo 44 de la Ley de Presupuesto 2004, que otorga exenciones sobre los impuestos municipales de alumbrado, barrido, riego y limpieza, a organismos de la Provincia.
Graciela De Leo, Gustavo Vignali y Jorge Martínez, ratificaron ante la Legislatura la postura planteada a fines de 2003, cuando se trató en la Cámara alta el presupuesto bonaerense, oportunidad en la que |expresaron su oposición a la aprobación del artículo, por considerarlo "inconstitucional", al establecer por ley exenciones tributarias comunales en beneficio de los inmuebles provinciales, "correspondiendo esta atribución exclusivamente a los Municipios por disposición del artículo 192 de la Constitución de la Provincia".
El apartado cuestionado, que sustituyó al inciso 1 del artículo 226º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, libra del pago de los tributos comunales a los inmuebles pertenecientes al Estado provincial, destinados a servicios educativos, de salud, de justicia y de seguridad.
"Más allá de la indiscutida inconstitucionalidad de la norma, este artículo constituye un obstáculo a la necesidad de avanzar en la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía municipal, objetivos en los que el gobernador Felipe Solá hizo hincapié en reiteradas ocasiones", remarcaron los legisladores.
"Con este tipo de medidas, queda en claro que el gobernador denota una marcada incoherencia entre los dichos y las acciones", se quejaron.
Para los senadores radicales, el argumento del Ejecutivo bonaerense a la hora de propiciar este tema, "fue la presunta búsqueda de equidad en toda la Provincia por parte de los municipios en el tratamiento tributario de las tasas para con los inmuebles provinciales".
"Si bien es verdad que algunos municipios tienen exenciones previstas en sus tasas para los inmuebles de titularidad de la Provincia, y otros no, también es cierto que no se puede intentar por vía de una norma inconstitucional la obtención de este beneficio", aclararon De Leo, Vignali y Martínez.
En ese sentido, sostuvieron que "los municipios tienen toda la atribución de analizar, debatir y discutir una medida de exención tributaria. Por lo tanto, decisiones de esta naturaleza impactan directamente en la percepción de sus recursos para la prestación de los servicios básicos municipales". (AIBA)

Uno de cada cuatro hogares
pobres no recibe planes sociales
BUENOS AIRES, 1 MAR (AIBA-Infosic). Uno de cada cuatro hogares pobres no recibe ayuda del plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, mientras que se cree que 10 por ciento que sí cobra no reúne las condiciones para hacerlo.
Esa es la conclusión a la que llega un análisis del Instituto para el Desarrollo Argentino (Idesa) en el cual se precisa que hay cerca de 200 mil hogares que no son pobres pero perciben el plan Jefas y Jefes.
El documento puntualiza que del total de hogares urbanos que no recibe el plan, 14 por ciento corresponde a familias que viven en situación de indigencia (o sea que sus ingresos no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas), y 13 por ciento son familias pobres.
En el 25 por ciento de los casos los miembros de los hogares que no son pobres pero reciben el plan son "inactivos", otro 15 por ciento es cuentapropista, 6 por ciento es asalariado no registrado y 5 por ciento son familias que reciben dos planes.
"La cantidad de gente que no siendo pobre hace uso de la ayuda social, es mucho más que casos aislados que se denuncian", señala el documento.
También advierte que "la forma que se estarían violando los requisitos de acceso sugiere que las prácticas clientelísticas están fuertemente arraigadas en los mecanismos de administración de los recursos".
En este sentido, el informe asegura que adoptando "algunos controles relativamente simples se podría evitar una cantidad de desvíos importantes" y plantea que "no hay política asistencial que sustituya las buenas políticas económicas y laborales". (AIBA)