Ricardo Ivoskus advierte sobre las fallas de los planes sociales "Promueven el clientelismo político"
Para el intendente de San Martín, hay punteros que manejan fundaciones y ONG

LA PLATA.- "La manipulación partidaria en el manejo de los planes sociales promueve el clientelismo político y, en consecuencia, el reparto mercenario de recursos a sectores carenciados, a cambio de votos o de hacer número en marchas de protesta." Quien formula esta denuncia a LA NACION, sin disimular el fastidio que le provoca, es Ricardo Ivoskus, intendente del partido de General San Martín.

Asegura que sólo el 9 por ciento de los cupos de los programas de empleo provinciales y no más del 45 por ciento de los nacionales otorgados a su distrito, corresponden a beneficiarios inscriptos por el municipio, por cuanto el resto es distribuido y controlado por ONG y organizaciones de desocupados y piqueteros.

En realidad, las presuntas irregularidades respecto de la entrega de planes sociales no es algo nuevo. Hace algo más de dos meses el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán, había denunciado que más de 2500 empleados en actividad de 77 municipios bonaerenses, cobraban este tipo de programas destinados a personas sin empleo.

Durante la investigación, se supo que en la Municipalidad de San Martín se habían detectado 79 anomalías. Al respecto, fuentes comunales admitieron que "resultaba imposible detectar esos casos, ya que esta gente percibía el monto de los programas por fuera del municipio", y que "tras la correspondiente confirmación, de inmediato se hizo efectiva la baja".

Para Ivoskus, perteneciente a las filas de ARI, esta situación "genera la creación de verdaderos estados paralelos al gubernamental [ya que] factores de poder externos inciden en las políticas de desarrollo distrital, y terminan convirtiendo a estos planes sociales en moneda de cambio".

Negocios políticos
"Es una falacia -agrega- dejar de lado al municipio para trabajar con las ONG, porque se está bastardeando el concepto de lo que es el denominado «tercer sector», todos sabemos que muchas de esas organizaciones dependen de políticos."

"Hoy en el conurbano -enfatiza-, prácticamente no existe puntero que no esté vinculado con una institución de este tipo." Y al respecto, Ivoskus no duda en apuntar a las fundaciones Pueblo de la Tradición, relacionada con la diputada nacional Graciela Camaño, y Trabajo y Producción, que identifica con el también diputado y ex intendente Carlos Brown.

También incluye, entre otros, a Organizaciones Libres del Pueblo, liderado por el ex dirigente montonero Roberto Perdía, la Federación de Tierra y Vivienda, de Luis D´Elía, y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, de Raúl Castells.
Eduardo D´Argenio, La Nacion, 18 de septiembre de 2004

Necochea
Investigan a empleados municipales
que habrían cobrado planes Jefes y Jefas

LA PLATA,16 SEP (AIBA) La justicia marplatense exigió a la Municipalidad de Necochea que remita el legajo de 31 empleados comunales investigados porque, aparentemente, cobraron planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados además del salario mensual que reciben como retribución a sus tareas.

El pedido incluye un detalle sobre quiénes son los funcionarios responsables de otorgar los beneficios destinados a personas que no tienen trabajo y que, además, son sustento de familia, por lo que la noticia provocó indignación entre habitantes del distrito.

La directora de Programas Sociales de la comuna, Alejandra Manis, apuntó que la orden judicial emanada de UFI Nº 2 "también requiere datos acerca de las sucursales bancarias responsables del pago del dinero".

La funcionaria precisó que los municipales "son todos empleados y, en muchos casos, durante un tiempo cobraron el Plan y su sueldo, pero fueron dados de baja en octubre del año pasado en la misma unidad municipal de entrega de los planes por incumplimiento de la contraprestación laboral".

"Los hechos son anteriores a la gestión del intendente Daniel Molina (UCR)", se excusó Manis y vinculó la investigación al ex jefe comunal del Partido -y actual senador- Julio Municoy (PJ), dado que la gente cobró hasta octubre de 2003", y subrayó que "esta gente también cobró en 2002 y lo que años atrás se denominó el Plan Trabajar". (AIBA)

Avanza la investigación por
el reparto de planes sociales

LA PLATA, 08 SEP (AIBA) Sólo 20 de los 134 municipios bonaerenses no pasaron aún por los sistemas informáticos que realizan el cruce de datos entre su planta de personal y los beneficiarios de planes sociales, informaron hoy fuentes de la Justicia Federal.

En este marco, ayer el juez de Mercedes Héctor Rubén Echave dispuso el allanamiento de cuatro municipios de la zona oeste de la Provincia en busca de pruebas por posibles irregularidades en la entrega de los beneficios a desocupados.

Las sospechas que motivaron los operativos recaen sobre 20 planes otorgados en San Andrés de Giles, 7 en Alberdi, 16 en Rodríguez y 8 en Mercedes. Estos cuatro municipios se suman a los treinta que ya son investigados en juzgados federales bonaerenses.

De los datos aportados por la totalidad de las 134 municipalidades, apenas 20 no pasaron aún por el entrecruzamiento del sistema informático, que ya detectó que 2.576 agentes municipales reciben o recibieron, desde 1998, beneficios de alguno de los tres programas sociales del gobierno nacional.

Las investigaciones nacieron a raíz de una investigación de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), a cargo de Guillermo Marijuán.

La fiscalía solicitó a las intendencias el listado de su personal y los cargó en un sistema informático a través del que se cruza con los padrones de los planes sociales desde 1.998 a la fecha, con lo que se confirmó que empleados cobraban planes sociales.

El trabajo de la Justicia federal molestó a varios intendentes. Entre las declaraciones más polémicas, Alberto Gutt, intendente justicialista de Adolfo Alsina, aseguró: "no nos hace falta este tipo de tramoyas".

En tanto, los intendentes de Avellaneda, Baldomero Alvarez de Olivera; de Hurlingham, Andrés Acuña; de Tres de Febrero, Hugo Curto; de Campana, Julio Varela; de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Berazategui, Juan José Mussi , y de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino -todos del PJ-, se comprometieron a colaborar con el fiscal Marijuán y a aportar datos sobre los cónyuges de empleados municipales que puedan haber percibido planes Jefes o Jefas de Hogar.

Algunos otros intendentes, como el radical Aldo Mensi, de Coronel Pringles, aseguró no tener "datos de ningún empleado municipal que esté cobrando; si así fuese -aclaró-, no vacilaría en pedirle la renuncia al plan, porque estaría incurriendo en un delito de estafa". El también radical Horacio López, de Puán, calificó a la denuncia como una "patada al paladar". Y acusó por las irregularidades a los piqueteros, al igual que el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, aunque los piqueteros ya eran investigados.

Al respecto, el líder del Polo Obrero, Néstor Pitrola, recordó en julio pasado que los grupos piqueteros nacieron como "una reacción al clientelismo político que perjudica a los más humildes", con lo que también se deshizo de responsabilidades por las denuncias sobre presuntas irregularidades en el cobro de planes sociales.

Además, Pitrola destacó que el fiscal Guillermo Marijuán "observó sólo 60 casos de los miles de subsidios" que manejan esas agrupaciones, y aseguró que "en nuestro caso tenemos un sistema realmente inmunológico, que son las asambleas. No digo que no puede haber algún ´avivado´, pero lo cierto es que tenemos un esquema de trabajo que nos permite separar casi de inmediato a quienes cometen este tipo de maniobras".

El lider piquetero Raúl Castells también es investigado por la justicia a partir de ocho denuncias radicadas en fiscalías por beneficiarios de planes sociales ante la presunta "extorsión" y "venta de mercadería donada" a comedores comunitarios. (AIBA)

"Chiche" Duhalde reclamó más poder a los
intendentes en el control de los planes sociales
LA PLATA, 05 AGO (AIBA). La diputada nacional Hilda "Chiche" González de Duhalde volvió a insistir hoy con su pedido para que los intendentes de todo el país cumplan un rol más protagónico en el reparto de planes sociales que hoy controla el Gobierno federal.
Según consideró la ex primera dama, los jefes comunales de la Provincia "tienen que poder controlar, visitar las casas, saber si verdaderamente los beneficiarios viven allí, y si los necesitan". En esa tarea dijo que "hay que darle un rol destacado a los municipios".
Al retirarse de un encuentro de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados (que ella preside), Duhalde criticó el papel de los Consejos Consultivos municipales, organismos creados para controlar la distribución de los beneficios otorgados a desocupados. "En los 2.200 municipios que existen solamente funcionan bien cincuenta consejos consultivos", creados para controlar la distribución de los beneficios otorgados a desocupados".
Sin embargo, y en respuesta a la polémica originada por el otorgamiento de planes a ciudadanos paraguayos en la provincia de Formosa, la diputada estimó que "no debe exceder el 10 por ciento la proporción de planes mal otorgados". Esas irregularidades -sostuvo- "suceden en todos lados y es bueno que se descubran y se corrijan. Imagino que todavía hay muchos mal adjudicados y hay que ir corrigiéndolos".
Por último, Duhalde consideró que "en todas partes están los pícaros que encuentran un mecanismo" para cometer irregularidades en la distribución de planes. "Está el político que a lo mejor lo utiliza, y está el piquetero que también, porque hay una variedad enorme de posibilidades de cometer situaciones irregulares".

Intendente calificó como una "patada
al paladar" la denuncia de Marijuán
LA PLATA, 26 JUL (AIBA). El intendente de Puan, Horacio López (UCR), calificó hoy como una "patada al paladar" la denuncia realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, sobre un presunto "manejo irregular de los planes de ayuda social en municipios" del sur bonaerense.
"Los municipios no tenemos los medios para corroborar si alguna de las personas que obtienen los planes sociales están trabajando a la vez en una empresa privada; ese control le corresponde al ministerio de Trabajo de la Nación, que posee la base de datos de la Afip", puntualizó el jefe comunal.
"Lo indignante es que en nuestro municipio nosotros hacemos los deberes y damos de baja los planes que corresponden; pero esos planes no los podemos otorgar nuevamente a la gente que los necesita, por que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se los entrega a los piqueteros para que no les tomen su ministerio", disparó López.
"El presupuesto asignado a planes sociales no bajó, los municipios de la Sexta Sección Electoral dimos de baja a los planes correspondientes; a pesar de esto a ninguno de los intendentes le aumentaron la cantidad de planes; la diferencia dónde está. La respuesta es que la cantidad de beneficiarios ha aumentado; son los planes otorgados a piqueteros", concluyó indignado el intendente de Puan. (AIBA)

Intendentes contra un fiscal federal
por la polémica de los planes sociales
LA PLATA, 25 JUL (AIBA). Los intendentes de la Sexta Sección Electoral rechazaron las acusaciones efectuadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán, sobre un presunto "manejo irregular de los planes de ayuda social en aquellos municipios".
"No nos hace falta este tipo de tramoyas", puntualizó el jefe comunal de Adolfo Alsina, Alberto Gutt (PJ); en tanto que el de Puan, Horacio López (UCR), denunció que "hubo algunos punteros políticos" que manejaban las planillas de los programas asistenciales.
Marijuán, en tanto, anunció que se estaba investigando la distribución de planes Jefes y Jefas de Hogar entre empleados de la administración pública.
Por último, el intendente de Coronel Pringles, Aldo Mensi (UCR), aseguró que "no tengo datos de ningún empleado municipal que esté cobrando; si así fuese, no vacilaría en pedirle la renuncia al plan, porque estaría incurriendo en un delito de estafa". (AIBA)

Necochea
Admiten que habría
irregularidades en planes sociales
LA PLATA, 15 JUL (AIBA). La Municipalidad de Necochea reconoció que en el distrito se podrían estar produciendo irregularidades en el otorgamiento de beneficios pertenecientes al Plan Barrios Bonaerenses que se entregan a personas desocupadas.
Según la directora de Desarrollo Social, Alejandra Manis, si existieron incompatibilidades "no puede tratarse de los planes Jefes y Jefas de Hogar, pero sí en el Barrios Bonaerenses", y explicó que en ese programa "actúan como organismos ejecutores, el Municipio y las 62 Organizaciones", que lidera el dirigente justicialista necochense Gerónimo "Momo" Venegas.
Las mismas sospechas se generan en el municipio de General Pueyrredón, donde el área Legal y Técnica investiga presuntas maniobras realizadas por trabajadores de la comuna que, además del salario, cobraban planes Jefes y Jefas de Hogar y el Barrio Bonaerenses, del Ministerio de Desarrollo Humano. (AIBA)

Preocupación de los intendentes
Varios de los jefes municipales investigados negaron su culpabilidad en el caso

La mayoría indica que, si hubo irregularidades, fue por problemas administrativos
Coinciden en que se presentarán a la Justicia para aclarar la situación de sus administraciones

LA PLATA.- La noticia de que 2500 agentes municipales de 77 comunas bonaerenses cobraron planes sociales destinados a personas sin empleo generó ayer conmoción entre los intendentes de estos municipios, que serán citados a declarar para explicar su situación.

"Sería muy torpe pensar que los intendentes pudieran tener complicidad con esta defraudación", afirmó, en defensa de los jefes comunales, Julio Pereyra, presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Pereyra, que es también intendente del municipio de Florencio Varela, agregó: "Tenemos que apoyar lo que está haciendo el fiscal federal Guillermo Marijuan. No creo que los intendentes tengan conocimiento de esto".

Las repercusiones del caso entre los intendentes bonaerenses fueron variadas, según se detalla a continuación:

El presidente del Foro de Intendentes Radicales, Omar Duclos, arriesgó que "tal vez cuando se universalizaron los planes no se cruzaron en tiempo y forma todos los datos. Muchas veces se falsean los datos de los aspirantes. Esto en general sucede en los municipios grandes del Gran Buenos Aires, donde es más difícil llevar un control. Lo importante es la actitud que puedan tomar los intendentes para corregir esta situación. Es muy positivo que la Justicia intervenga. Todos tenemos que estar a disposición de la Justicia, más allá de quien pueda resultar responsable de estos ilícitos".

El intendente de Avellaneda, Baldomero Alvarez de Olivera, que será citado a declarar por 232 irregularidades registradas en su comuna, reconoció que "es posible que haya habido irregularidades. Nosotros estamos haciendo una investigación. Yo ordené una denuncia penal para esclarecer estos casos". Y agregó que "nunca me citaron. Sí sabía que Oscar Laborde (jefe comunal entre 1999-2003) fue convocado por la Justicia por este tema. Si a mí me convocan, yo con mucho gusto voy a ponerme a disposición".

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, dijo que "el que recibió la información fue el fiscal Marijuan, en cuya descripción del fenómeno coincidimos". Posse negó terminantemente que pueda ser posible que "el municipio (a su cargo) pague favores a través de los subsidios".

El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, adjudicó la responsabilidad de las irregularidades al Ministerio de Desarrollo Social porque, dijo, "tardaba uno o dos meses" en dar de baja a la persona que era tomada como empleada municipal.

De todas formas, Descalzo subrayó que en sus tierras, de un total de ocho mil casos, sólo se detectó una veintena de irregularidades que fueron oportunamente denunciadas.

El intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, recordó que apenas detectó movimientos sospechosos en la entrega de planes sociales, en los años 2001 y 2002, le anunció en un telegrama al entonces presidente Eduardo Duhalde que iba a mantenerse al margen de la confección de listas de padrones del plan Jefes y Jefas de Hogar desempleados.
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LA NACION se comunicó también con los jefes comunales de San Fernando, Gerardo Amiero; Moreno, Andrés Arregui, y Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Estos jefes comunales figuran en la investigación del fiscal Marijuan. Pero ninguno de ellos respondió a los llamados. María José Lucesole, La Nacion, 14 de julio de 2004

Tras las denuncias contra municipios bonaerenses
Crece el escándalo por el desvío de planes sociales
El fiscal Marijuán comenzará hoy a investigar a las Fuerzas Armadas y de seguridad

Después de denunciar irregularidades en 77 de los 134 municipios bonaerenses, el fiscal federal Guillermo Marijuán comenzará hoy a investigar si también efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales y de las Fuerzas Armadas recibieron o reciben subsidios de planes sociales destinados a personas sin trabajo.

"Para no focalizar el estudio nada más que en intendencias bonaerenses y fuerzas policiales provinciales, se va a analizar la situación en instituciones nacionales", dijo ayer Marijuán a LA NACION. El jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) anticipó que esta mañana enviará oficios a la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para solicitarles la nómina completa de sus empleados. Esas listas serán cruzadas con los padrones de beneficiarios de todos los planes nacionales de subsidio a desempleados desde 1998 hasta hoy.

El perjuicio causado por las 1766 irregularidades descubiertas en los 77 municipios bonaerenses denunciados es de alrededor de 1,6 millones de pesos, calculan en la Ufises. El desfalco alcanza los 2,3 millones de pesos si se contemplan otras 31 intendencias que -adelantaron en la Ufises- serán denunciadas en los próximos días.

El total de hechos ilícitos descubiertos en esas 108 comunas llega a 2576. Además, se están corroborando 1158 casos similares en otras 15 intendencias, por lo que las anomalías podrían superar las 3700 y alcanzar a 123 de los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El cálculo acerca del perjuicio económico para el Estado surge de multiplicar la cantidad de hechos ilícitos por el monto promedio de los planes sociales (150 pesos) y, luego, por seis, que es la cantidad promedio de meses durante los que se habría extendido cada uno de los casos.

Como ocurrió con la pesquisa en las intendencias, en la Ufises estiman que el trabajo para determinar si hay irregularidades en las Fuerzas Armadas y de seguridad llevará algunos meses.

De hecho, la investigación sobre los municipios -que reveló ayer LA NACION- comenzó en diciembre del año pasado, luego de que se detectaran -durante 2003- casos de empleados estatales que cobraban planes de empleo en las provincias de Santiago del Estero (1249), Córdoba (295), Río Negro (145), Catamarca (183), Salta (71) y San Juan (37), según datos de la Ufises.

Una investigación que también comenzó en diciembre pasado y que finalizó en abril de este año reveló, en tanto, que más de 1200 agentes en actividad de las 23 policías provinciales cobraron subsidios para desempleados.

El entrecruzamiento entre el padrón de beneficiarios y las listas de empleados estatales se realizará con la asistencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Reacciones diversas
La noticia acerca de las 77 comunas denunciadas provocó ayer reacciones diversas entre los intendentes bonaerenses consultados por este diario. El jefe comunal de Avellaneda, Baldomero Alvarez de Olivera -que podría ser citado a declarar por 232 irregularidades registradas en su comuna- reconoció: "Es posible que haya habido irregularidades. Nosotros estamos haciendo una investigación. Yo ordené una denuncia penal para esclarecer estos casos", dijo (de lo que se informa por separado).

Avellaneda encabeza el ranking de irregularidades entre las 15 intendencias en las que aún resta corroborar algunos datos antes de radicar la presentación penal. Entre las 77 comunas ya denunciadas, Quilmes tiene el mayor número de anomalías: 94. Le siguen Moreno (110), Pilar (103), San Isidro (91), San Martín (79) y San Fernando (65).

De las 31 intendencias que serán denunciadas en los próximos días, en Malvinas Argentinas fueron descubiertos 260 hechos ilícitos; en General Villegas, 71; en General Alvarado, 59; en Morón, 52; en Necochea, Ramallo y San Nicolás, 31; en Berisso, 29, y en Bolívar, 28.

En su momento, Marijuán destacó que, además de perjudicar económicamente al Estado, estas anomalías habían impedido que recibieran asistencia personas que cumplían realmente con los requisitos.

Si bien en las denuncias sólo se menciona como imputados a los beneficiarios que percibieron los planes de empleo en forma irregular, las presentaciones de Marijuán -radicadas ante los diversos juzgados federales de la provincia de Buenos Aires- dicen que "deben ser investigados los funcionarios municipales y los miembros de consejos consultivos que permitieron, participaron o encubrieron esta maniobra".

El delito que se le imputa es el de defraudación al Estado, que prevé una pena de dos a seis años de prisión. Por Gabriel Sued, La Nacion, 14 de julio de 2004

Irregularidad en planes sociales
Municipios bonaerenses bajo
la mira de la justicia federal
BUENOS AIRES, 12 JUL (AIBA). El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán, denunció que empleados comunales de 77 municipios bonaerenses cobraron planes sociales destinados a personas sin empleo, presentación que en los próximos días se extendería a otros 33 distritos mientras que 15 están "en observación".
Si bien la causa se centra en 3.700 agentes públicos, el funcionario del ministerio público planea investigar también a los funcionarios y los miembros de los Consejos Consultivos "que permitieron, participaron o encubrieron estas maniobras".
Tras la pesquisa –en la que colaboró la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)— se presentaron denuncias ante los distintos juzgados federales de la Provincia, bajo la figura de "defraudación al Estado", que implica penas de dos a seis años de prisión.
El "ranking de irregularidades" es encabezado por ahora por Quilmes, con 94 casos denunciados, aunque se prevé que en las próximas horas sean presentados ante la justicia los 260 expedientes iniciados en Malvinas Argentinas. En tanto, en San Isidro se detectaron 91 irregularidades; en General San Martín, 79; en Moreno, 78; en San Fernando, 66; en Pilar, 65, y en Lanús, 61.
A principios de julio, la Municipalidad de General Pueyrredón identificó a 14 empleados de la comuna que supuestamente cobraban en forma irregular planes asistenciales otorgados por Nación y Provincia, a los que se sumaron cuatro trabajadores del Concejo Deliberante y dos cónyuges de agentes municipales. (AIBA)

"Hasta el momento no hemos detectado
irregularidades, salvo casos aislados"
Así lo aseguró el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, al referirse a la investigación sobre supuestas anomalías detectadas en el cobro de planes sociales que lleva a cabo el fiscal Guillermo Marijuán
LA PLATA, 12 JUL (AIBA). El intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, se deslindó hoy de responsabilidades frente a las imputaciones presentadas por el fiscal federal Guillermo Marijúan, quien investiga el presunto cobro de planes sociales por parte de empleados municipales.
Según la investigación de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), existen aproximadamente tres mil agentes municipales que cobraron subsidios de desocupados, en más de 30 comunas de la Provincia.
Si bien entre ellas se encuentra Florencio Varela –donde se otorgan 31 mil planes jefes y jefas de hogar—, el jefe comunal destacó que "hasta el momento no hemos detectado irregularidades, salvo algunos casos aislados".
Tras considerar que "hace muy bien el fiscal en investigar las anomalías que se han detectado porque va a quedar claro que no somos nosotros los responsables", destacó que "es el gobierno nacional el que tiene las facultades de hacer los cruces de información a través de la Anses".
Además, Pereyra –que comanda el distrito desde 1991 y es el actual titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM)— insistió con la necesidad de correr a los jefes comunales del centro de la polémica por el otorgamiento de los planes ya que sostuvo que "los intendentes tenemos todas las responsabilidades y no tenemos los recursos como para poder comprobar la información". (AIBA)

Irregularidad de planes sociales
Ivoskus: no tengo problema en ir
a la justicia y presentar las pruebas
LA PLATA, 12 JUL (AIBA). "Si me llegara alguna citación, no tengo problema en ir a la justicia y presentar las pruebas que tengamos en el municipio", aseguró hoy el intendente de General San Martín, Ricardo Ivoskus, ante las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en la entrega de subsidios.
En el marco de la investigación que comandó el fiscal Guillermo Marijuán, se determinó que en ese distrito hay 79 casos de personas que cobrarían un plan del programa Jefas y Jefes, a pesar de que tienen trabajo y, en consecuencia, cobran un sueldo.
"Nosotros supuestamente teníamos 15 mil beneficiarios pero cuando se produce la entrada del nuevo gobierno nacional nos llega al poco tiempo la información de que en realidad no eran 15 mil sino casi 30 mil", aclaró el jefe comunal del ARI.
De todos modos, y a pesar de las cifras presentadas por el funcionario del ministerio público, Ivoskus detalló que están bajo sospecha "60 casos de un total de 30 mil"; a la vez que admitió que "es difícil el control" en la entrega de planes sociales.
Según el "ranking de irregularidades", el distrito más complicado por ahora es Quilmes, con 94 casos, seguido por San Isidro, con 91; General San Martín, con 79; Moreno, con 78; San Fernando, con 66; Pilar, con 65, y Lanús, con 61. (AIBA)

Denuncia de un fiscal federal
Planes sociales: investigan a 77 comunas bonaerenses
Más de 2500 agentes cobrarían, además del sueldo, el subsidio destinado a los desocupados

Si las sospechas del fiscal federal Guillermo Marijuán se cumplen, casi todos los 134 intendentes de la provincia de Buenos Aires deberán desfilar ante la Justicia. El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) denunció durante las últimas semanas que empleados en actividad de 77 municipios bonaerenses cobraron planes sociales destinados a personas sin empleo.

Las presentaciones alcanzarán en los próximos días a 33 comunas más, mientras que otras 15 se encuentran en observación de los investigadores. De comprobarse irregularidades, serían 125 los municipios comprometidos.

En total, son 2576 los agentes municipales denunciados que desde 1998 reciben beneficios de alguno de los tres programas sociales del gobierno nacional.

En el caso de concretarse las denuncias que la Ufises tiene en carpeta, los empleados investigados serán 3700.

Si bien las presentaciones sólo mencionan como imputados a los empleados municipales que cobraron el subsidio, indican que "deben ser investigados los funcionarios públicos municipales y los miembros de los Consejos Consultivos que permitieron, participaron o encubrieron esta maniobra".

Las denuncias de la Ufises, encargada de investigar los hechos ilícitos cometidos en los programas de seguridad social, fueron presentadas ante los distintos juzgados federales de la provincia de Buenos Aires. En los escritos se encuadran los hechos dentro del delito de defraudación al Estado, que prevé una pena de dos a seis años de prisión.

"Deseo puntualizar -dice Marijuán en sus presentaciones- que todos [los denunciados] son dependientes de municipalidades, que, justamente y en la mayoría de los casos, fueron los centros que tenían delegada la potestad para inscribir beneficiarios y colaborar, de esta manera, con el Estado nacional en la distribución de esos escasos recursos sociales."

La investigación, iniciada a fines del año pasado, contempló el entrecruzamiento de los beneficiarios de todos los planes sociales nacionales y las nóminas de empleados de los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires, en el que colaboró la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Los resultados indican que, desde 1998 hasta la actualidad, 2576 empleados municipales cobraron, al menos durante un mes, un subsidio para desempleados, mientras percibían un sueldo del Estado.

Con 94 casos denunciados, el ranking de irregularidades lo encabeza el municipio de Quilmes, gobernado hoy por Sergio Villordo (PJ) y hasta diciembre del año pasado, por el radical Fernando Geronés. Le siguen San Isidro, con 91 casos denunciados; San Martín, 79; Moreno, 78; San Fernando, 66; Pilar, 65, y Lanús, 61.

Entre los casos que serán denunciados en los próximos días, Malvinas Argentinas, conducida por Jesús Cariglino (PJ), es el municipio con más anomalías: 260.

Aunque es uno de los casos en los que aún resta corroborar la información, en Avellaneda se registraron, según los datos preliminares, 232 irregularidades.

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra (PJ), consideró que no es justo cargar todas las culpas sobre los jefes comunales.

"Hay muchos beneficiarios que no se anotaron en los municipios y nosotros no contamos con los sistemas informáticos adecuados para hacer los entrecruzamientos", dijo a LA NACION.

Pereyra agregó que no existen casos en los que los intendentes, estando al tanto de la doble remuneración, hayan mantenido la irregularidad.

"Cada vez que se detectó un caso, se dio de baja el plan, pero a veces la Nación tardaba en hacer efectiva la baja", explicó.

Responsables
Para Marijuán, existe una responsabilidad de funcionarios de los municipios. "Si bien el número de casos denunciados no tiene gran incidencia en relación con la cantidad de planes que se distribuyeron, demuestra que hubo deficiencias en el reparto de los planes porque justamente las intendencias fueron las encargadas de anotar a los beneficiarios", dijo a LA NACION. Destacó, por otra parte, que durante la investigación, el gobernador Felipe Solá instó a los intendentes a entregar las nóminas de empleados.
En una pesquisa paralela, finalizada en abril pasado, la Ufises denunció que más de 1100 agentes de las 23 policías provinciales cobraban o habían cobrado en algún momento un subsidio para desocupados.
Por Gabriel Sued, La Nacion, 12 de julio de 2004

"Acá hubo un montón de vivos"
Villordo, intendente de Quilmes, negó su responsabilidad

LA PLATA.- El intendente de Quilmes, Sergio Villordo (PJ), dijo que su administración denunció ante la Justicia a los empleados que cobraban planes Jefes y Jefas de Hogar desocupados.

"A partir del 10 de diciembre de 2003, día en que asumí la intendencia, di de baja a 1884 empleados contratados. Y nombré 156. Cada uno de estos contratados tuvo que firmar una declaración jurada en la que renunciaba, en forma expresa, a otro beneficio monetario que recibiera", explicó el jefe comunal.

Villordo consideró que la denuncia ante el fiscal Guillermo Marijuán corresponde a la administración de Fernando Geronés (UCR) al frente del municipio. Y arriesgó: "Hubo un montón de pagos políticos. Acá hubo un montón de vivos que se inscribían en los planes Jefes y Jefas de Hogar desocupados con el guiño de algún funcionario". De esta manera, Villordo se desvinculó de todo tipo de responsabilidad en la investigación que está llevando adelante Marijuán en los 134 municipios bonaerenses.

No obstante, el jefe comunal de Quilmes admitió que esta maniobra se pudo llevar a cabo porque no existe un registro único de beneficiarios que permita cruzar los nombres de las personas que reciben un plan social y las que -también- cobran en forma paralela como empleados de la municipalidad.

"Nadie desconoce que existieron irregularidades durante la administración de Geronés. Nosotros las llevamos ante la Justicia", dijo el jefe comunal, que pertenece al Partido Justicialista.

Por su parte, el intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus (ARI), dijo que en ese municipio hubo desajustes en la entrega de planes sociales vinculados con concejales y con la ministra de Trabajo de Eduardo Duhalde, Graciela Camaño, que es de San Martín. Ivoskus agregó que cuando asumió en el municipio dio de baja los correspondientes planes y estableció un sistema por el cual cada empleado por ser contratado tiene que declarar que no recibe planes.

LA NACION llamó también a los intendentes de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino (PJ); San Fernando, Gerardo Amiero (PJ), y Moreno, Andrés Arregui (PJ). Estos jefes comunales no respondieron las llamadas. La Nacion, 12 de julio de 2004

Infografia del diario La Nacion

Editorial I
Planes sociales: vicios y desvíos

La denuncia acerca de las irregularidades que se habrían registrado en 77 municipios de la provincia de Buenos Aires en relación con el otorgamiento de beneficios sociales debe dar origen de inmediato a una severa y exhaustiva investigación judicial.

Según la presentación del fiscal federal Guillermo Marijuán, 2576 agentes municipales bonaerenses recibieron o reciben indebidamente, desde 1998, subsidios destinados a personas que carecen de empleo. La grave anomalía fue denunciada por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), organismo que tiene la misión de investigar los hechos ilícitos cometidos en el marco de los programas de asistencia y seguridad social.

Las denuncias fueron presentadas ante los distintos juzgados federales de la provincia de Buenos Aires mediante escritos en los que se pide que las irregularidades descriptas sean encuadradas en la norma penal que reprime los delitos de defraudación contra el Estado. Si bien las presentaciones sólo mencionan como imputados a los empleados municipales beneficiados por el otorgamiento fraudulento de esos subsidios, el fiscal que impulsa las acusaciones opina que será necesario investigar también a los funcionarios públicos comunales y a los miembros de los consejos consultivos que propiciaron o encubrieron la maniobra.

El perjuicio económico causado por estos actos ilícitos ascendería por ahora, según estimaciones de la Ufises, a un millón seiscientos mil pesos, pero la cifra podría incrementarse significativamente si a los casos ya denunciados se sumasen otros que saldrían a la luz en los próximos días o que están en estos momentos en observación. El número total de municipios bonaerenses involucrados podría elevarse a 123.

Las primeras actuaciones por estos hechos comenzaron en diciembre último, luego de que se tuvo conocimiento de que numerosos empleados estatales cobraban beneficios sociales para desocupados en las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Salta y San Juan. Similares anomalías se registraron en las instituciones policiales de las provincias, donde se comprobó que unos 1200 agentes recibían también esa ayuda.

Paralelamente con las actuaciones relativas a los municipios bonaerenses, se está llevando adelante una investigación tendiente a determinar si efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales y de las Fuerzas Armadas perciben igualmente subsidios para desempleados. Se confía en que el entrecruzamiento entre el padrón de beneficiarios de los planes sociales y las listas de empleados estatales y comunales permitirá llegar a un amplio esclarecimiento de estas lamentables violaciones a la ley.

Por otro lado, la Ufises está investigando 26 denuncias contra el movimiento piquetero que conduce Raúl Castells, muchas de las cuales han sido ya llevadas a la Justicia. En casi todos los casos, las acusaciones se basan en el testimonios de militantes de esa agrupación que, habiendo sido beneficiados con asignaciones sociales, fueron obligados a concurrir a marchas o a resignar una parte del dinero a cambio de que el subsidio no fuera dado de baja.

La primera denuncia contra la organización de Castells fue presentada por el fiscal Marijuán a fines de 2002, en Tucumán. Más tarde se sumaron acusaciones contra ese mismo dirigente en Corrientes, Tucumán, Morón, Lomas de Zamora, La Matanza y La Plata. Entretanto, imputaciones similares se formularon contra otras ramas del movimiento piquetero. En casi todos los casos se denuncian las intimidaciones o presiones que determinados dirigentes imponen a los beneficiarios de los subsidios.

Es hora de que el Estado ponga fin a los abusos cometidos en el contexto de los programas sociales y que definitivamente se corrijan las desviaciones a que esos planes sociales están dando lugar, sea por manejos indebidos encubiertos por los municipios, sea por la inescrupulosidad de algunos dirigentes piqueteros. La Justicia tiene ahora la oportunidad de avanzar hacia la eliminación de esos vicios aberrantes, que desnaturalizan el espíritu y la finalidad de los planes sociales.
La Nacion, 15 de julio de 2004