Encuesta sobre derechos sexuales El 60% estuvo de acuerdo con el aborto
Se admite si la mujer está bien informada

Los entrevistados dijeron que la interrupción del embarazo no corresponde por descuido en la anticoncepción
La mayoría acepta las clases de educación y la entrega de preservativos

(Télam).- De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), la distribución gratuita de preservativos, las clases de educación sexual en las escuelas y el aborto para los casos de violación o peligro de muerte para la mujer cuentan con una aprobación mayoritaria por parte de los porteños y habitantes del Gran Buenos Aires. Sin embargo, el trabajo muestra que el consenso para la interrupción del embarazo disminuye abruptamente si es requerida por problemas económicos o para reparar una falla de anticoncepción, situaciones en las que la aprobación es minoritaria.

En la Argentina, el Código Penal establece que el aborto es ilegal y está tipificado como un delito contra la vida, con penas que van de uno a cuatro años de reclusión para quien lo practica. No obstante, establece dos circunstancias en las que no es punible: cuando el embarazo pone en peligro la vida o salud de la madre o si proviene de una "violación o atentado al pudor cometido a una mujer idiota o demente".

Para la investigadora asociada al Cedes Mónica Petracci, "la opinión pública es más progresista que la ley", ya que de acuerdo con el estudio la gente amplía el consenso a otras circunstancias igual de extremas.

Más del 90% de los encuestados en el área metropolitana dijo estar "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con el aborto en casos de violación a una mujer discapacitada o menor de 15 años.

En casos de malformación del feto, los índices llegan al 85% de aceptación, y si la mujer corre riesgos de salud o de muerte, al 84%. El Cedes también preguntó acerca de la ilegalidad de las intervenciones y encontró que seis de cada 10 entrevistados están de acuerdo con la despenalización de las prácticas abortivas, y el 61%, con que una mujer "debidamente informada" interrumpa el inicio de su embarazo mediante una medicación, como la polémica "píldora del día después".

"El acuerdo con la despenalización no es en todas las circunstancias", apuntó Petracci, que dijo que "probablemente haya una jerarquización de situaciones" que expliquen los altos porcentajes de acuerdo con casos extremos y posiciones opuestas cuando la elección responde, por ejemplo, a cuestiones económicas. Las campañas de prevención del sida y la distribución de preservativos entre los adolescentes, en cambio, tienen el consenso unánime de la población, que en un 96% las aprueba. El sida encabeza la lista de "problemas graves" en el ámbito de la "salud pública" y la "salud personal", según identificaron las personas encuestadas. Le siguen la desnutrición, el abuso sexual, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la violencia doméstica.El tabaquismo, por ejemplo, es considerado un problema de salud personal y no una cuestión de Estado.

En cuanto a la educación sexual, siete de cada 10 encuestados están de acuerdo con que integre el plan de estudios de las escuelas secundarias y seis de cada 10, de las primarias. La ley nacional de salud sexual y procreación responsable establece que todas las escuelas públicas deben tener talleres de educación sexual.

La obligatoriedad no atañe a los colegios de gestión privada, sean éstos confesionales o no, una excepción que diversos organismos de derechos humanos atribuyen a las presiones que ejercieron sectores ortodoxos de la sociedad, entre ellos, la Iglesia Católica. "Los estudios de opinión pública como éste echan por tierra ciertas posturas conservadoras que se arrogan la opinión de toda la ciudadanía", concluyó Petrachi, y detalló que siete de cada 10 encuestados del Cedes dijeron que profesan el culto católico.
La Nacion, 20 de agosto de 2004

Ahora, un proyecto presentado por la senadora porteña Vilma Ibarra (Frente Grande) propone que se despenalice el aborto en todos los casos de violaciones y que se contemple también en los casos en que no es viable la vida del feto fuera del útero.

No se trata de una despenalización de toda la práctica abortiva, sino que se circunscribe a estas situaciones. Es por eso por lo que el proyecto propone una modificación del artículo N° 86 del Código Penal, que prevé sanciones tanto para las mujeres que se sometan a un aborto, como para los médicos y/o enfermeras que lo practiquen.

"No estoy de acuerdo con la despenalización del aborto en forma general. No creo que el aborto deba ser tomado de manera anticonceptiva. Para eso es necesario una buena política de salud reproductiva, con mucha información. Pero sí creo que si una mujer demente o idiota está autorizada a abortar, lo tiene que estar cualquier mujer que haya sido violada", explicó Ibarra.

Anencefalia
Ibarra busca que tampoco sean punibles aquellos abortos que se realizan por situaciones en las que no es posible que el feto viva, como en los casos de anencefalia, siempre y cuando esté certificado por un médico.

"Hay casos en los que se sabe que no hay sobrevida y hoy obligan a las mujeres a seguir adelante con el embarazo con las consecuencias y el daño físico y psíquico que eso implica, porque se pasan meses engendrando muerte, no vida", dijo la senadora.

El texto de la ley, con la modificación que propone, es el siguiente: "El aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, no es punible: 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de la comisión del delito contra la integridad sexual; 3) si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto".

El Código Penal establece hoy penas de reclusión de uno a cuatro años e inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que "abusen de su ciencia y arte para causar el aborto o cooperar en causarlo".

"¿Cree que tiene posibilidades de ser aprobado?", preguntó LA NACION. "Sería un logro llegar a debatirlo -dijo Ibarra-. En nuestro país, según cifras del Ministerio de Salud, hay entre 400.000 y 500.000 abortos por año. Es la primera causa de muerte materna, con el 31 por ciento de los casos."

En todos los casos, el proyecto contempla una certificación, de que la mujer ha sido violada o de que la vida extrauterina no es viable. Lo mismo ocurre hoy cuando se trata de casos que sí están contemplados por el artículo 86, como cuando está en riesgo la vida de la madre.

"A mayor cantidad de abortos clandestinos, mayor cantidad de muertes de las mujeres. Los abortos que se ajusten a estas situaciones que planteamos tienen que realizarse en hospitales públicos, en condiciones de asepsia y por profesionales, con una contención psíquica importante para las mujeres", concluyó Ibarra.
La Nacion, 14 de agosto de 2004

LA PLATA, 20 AGO (AIBA) Un embarazo no deseado y poco dinero para hacerse un aborto. Un cóctel explosivo que provocó la internación de dos mujeres en el Gran La Plata y la detención, en horas de la madrugada de hoy, de la partera que las atendió. Una de las víctimas, de 27 años, quedó infertil.

La comisario Maria Cristina Sosa Carabajal asegurará que sintió "un fuerte shock" al entrar a la casa de 36 bis al 31 de Villa Elisa, donde llegó para realizar un allanamiento solicitado por el fiscal Marcelo Martini y ordenado por la jueza de garantias Gloria Gardella. Y no era para menos: en una pequeña habitación de la vivienda, una mujer de 70 años se disponía a realizar un aborto en una sala con "total falta de asepsia, que tenía sucio hasta el instrumental".

Una chica que había llegado hasta el lugar con su pareja la esperaba y la habitación se templaba con un calentador. Había una camilla y el suero ya estaba preparado.

"Estuvimos horas y horas levantando pruebas", explicó la titular de la comisaría Décima, de City Bell.

La comisario llegó hasta el lugar como consecuencia de una investigación que inició con la denuncia de dos mujeres de la misma familia, de 23 y 27 años, que habían pagado 600 pesos cada una para realizarse sus abortos. Pocos días después, ambas tuvieron que ser internadas en el hospital San Roque, de Gonnet, donde se determinó que una de ellas quedó infertil debido a la infección que tenía en su organismo.

Los abortos habrían sido realizado en una casa de City Bell, sobre el Camino General Belgrano, pero la policía no encontró pruebas que lo demostraran al momento de hacer el primer allanamiento. Al parecer, la propietaria de la casa había "limpiado" el lugar ante la noticia del estado de salud de las muchachas.

Sin embargo, la crudeza de los testimonios y las escuchas telefónicas que se realizaban sobre el domicilio permitieron a los investigadores encontrar a otra partera, que trabajaría en complicidad con la primera sospechosa.

Lorena, de 27 años, quedó infertil. Tiene un hijo y su segundo embarazo le causaba muchas descomposturas, por lo que decidió interrumpirlo. Ya tendría tiempo de tener otro chico, cuando mejoraran sus condiciones económicas.

"Al segundo día de creer que le habían hecho el aborto, se encuentra con que tenía pérdidas de sangre y se va hasta el hospital, donde descubren que estaba con una infección gravísima... una gangrena", describió la comisario.

La chica, muy delgada, tuvo que ser vaciada por los médicos, quienes se encontraron con que todos sus órganos reproductivos estaban infectados.

La otra de las chicas que realizó la denuncia tiene 23 años y es cuñada de Lorena. Ella no sufrió mayores complicaciones, pero igual confirmó lo ocurrido y reveló su caso.

Ester Paiva, de 70 años que "no demuestra... muy dinámica y con total tranquilidad", según contó Sosa Carabajal, se resistió a abrir la puerta de su casa, pero tuvo que ceder ante las órdenes escritas y firmadas por las autoridades judiciales. Ahora se encuentra detenida, alojada en la comisaría de la mujer.

Para la titular de la comisaría Décima, las pruebas recolectadas en el domicilio son "harto probatorio de las maniobras abortivas".

De acuerdo a la información con que se encontró la Policía, es probable que las mujeres realizaran abortos a domicilio a una mínima parte de las 48 mil mujeres que cada año se internan sólo en los hospitales públicos argentinos por complicaciones en abortos.

Si bien nadie sabe cuántos abortos se realizan en nuestro país, se estima que oscilan entre 335.000 y 500.000 por año, lo que equivaldría a 1300 abortos diarios y al 37% de los embarazos.