Algunas se trababan y otras salían en dos días
Echan a funcionarios judiciales por graves
irregularidades en causas por el corralito

LA PLATA, 15 OCT (AIBA) La Cámara Federal de La Plata dispuso la cesantía de dos funcionarios del juzgado N°2 de esta ciudad por "incumplimiento de los deberes y funciones previstas en las leyes" y por actuar con "ineptitud y mala conducta" en el manejo de causas relacionadas a amparos por el corralito financiero, hechos que el tribunal, en la resolución de un sumario interno, consideró probados.
Los funcionarios separados son el secretario del juzgado, Jorge Di Pierro, y el prosecretario, Oscar Morales, quien eran investigados desde el año 2000 por una denuncia sobre presuntas irregularidades en la tramitación, en la secretaría 4 del juzgado federal Nº 2, de amparos vinculados a los dineros atrapados en el corralito.

La denuncia había sido efectuada por una abogada platense y el sumario administrativo fue desarrollado por el propio titular del juzgado, Adolfo Ziulu.
La Cámara indicó que a Di Pierro "se le imputa negligencia en las tareas de documentación, custodia o conservación y demora del despacho judicial y otras faltas más graves" y puntualizó que "ambos hechos se verifican en las constancias" de la investigación desarrollada.
Sobre las "faltas menores", se expresó que, sobre una muestra de los expedientes, "cerca del 90% carecía de foliatura, en más del 75% se verificaron escritos traspapelados, en 164 expedientes se observaron demoras notables en despachar las peticiones (de tres meses a un año), mientras que otras fueron evacuadas con rapidez de uno a tres días (60 expedientes) y se observó la pérdida habitual de escritos y documentación reservada".
"Consta en las actuaciones el mal trato a los profesionales y las partes, favoritismo y obstrucción al trámite de determinadas causas", puntualizaron también los camaristas.
"También se pusieron en evidencia otros hechos de extrema gravedad de los que resulta autor Di Pierro", dijeron los magistrados, quienes citaron como ejemplos "arrogarse funciones judiciales, como concesión de una medida cautelar; dar recomendaciones a letrados y partes; llevar en forma irregular el Libro de Sentencias Definitivas y asentar en él datos inexactos; no cumplir lo ordenado en resoluciones de esta Cámara y por el titular del juzgado; y la gran cantidad de hojas en blanco en la Secretaría Nº 4, una vez producida la suspensión del funcionario, con cargos que exhibían diversas fechas".
Se puntualizó, además, que "fueron encontrados en la secretaría de Di Pierro 4.000 escritos recibidos y no agregados a las respectivas causas en trámite".
El tribunal también consideró que, en el ejercicio de su defensa, "las explicaciones de Di Pierro resultan muy endebles y hasta poco serias con relación a las pruebas del sumario"; que "sus afirmaciones o negaciones no se sustentan en las pruebas que él mismo aportó" y que, "en síntesis, las imputaciones han sido probadas en el curso del sumario".
Con relación al prosecretario Morales, a quien le imputaron similares cargos que a Di Pierro, los camaristas rechazaron los argumentos de su defensa, tales como que su cargo no está comprendido en el rango de "funcionarios" y aumento de trabajo, refacciones edilicias e inconvenientes en el sistema informático en su área, entre otros.

Con datos tales como que "la computadora de Morales sólo estuvo fuera de servicio un total de seis días en períodos separados", los magistrados rechazaron los argumentos del prosecretario, calificando a algunos como "una forma poco seria de exculpar la responsabilidad que el compete". (AIBA)