Editorial diario La Nacion

El monstruoso crimen perpetrado anteayer por un alumno de quince años en una escuela de enseñanza media de Carmen de Patagones debe mover a una profunda reflexión sobre ciertas formas de violencia familiar, social o vecinal que permanecen ocultas y que en determinado momento pueden llegar a generar un estallido de agresividad aterrador.

Como informó la crónica periodística, la horrenda masacre fue ejecutada con una pistola nueve milímetros que el padre del agresor -un suboficial de la Prefectura Naval- guardaba en un ropero de su casa particular. El hecho provocó un estremecimiento de horror y un torturante sentimiento de perplejidad y desamparo no sólo en la comunidad de Patagones, sino en todo el país y aun en otras partes del mundo.

En muchos lugares se recordó un antecedente macabro: la matanza del 12 de abril de 1999, perpetrada por dos alumnos norteamericanos en un instituto de enseñanza situado en Littleton, en el estado de Colorado, donde doce adolescentes fueron muertos en forma violenta.

Como todo hecho criminal, el brutal asesinato consumado en Carmen de Patagones admite un doble análisis: el que corresponde al hecho concreto, del que deberá dar cuenta la Justicia, y el que puede surgir de una proyección del trágico suceso hacia el conjunto de la sociedad y hacia los valores que presiden el comportamiento general de una comunidad.

En lo concerniente a las responsabilidades individuales del caso, corresponde que la autoridad judicial investigue en profundidad el atroz episodio a la luz de la estricta legislación vigente. En ese sentido, tal vez sería prudente evitar manifestaciones públicas que puedan generar equívocos en el imaginario social. La afirmación, por ejemplo, de que el acto criminal no es imputable a su autor, dado que se trata de un menor de edad, expresa una realidad incontrovertible del campo técnico jurídico, pero debe ser manejada con cuidado en el plano de la pura difusión informativa o social, ya que podría inducir a la errónea suposición de que ante esta clase de hechos la Justicia no tiene respuesta alguna o queda reducida a un rol enteramente pasivo.

Es obvio que no es así; la organización judicial tiene un amplio campo de intervención en orden a la tutela y reeducación del menor, más allá de que en términos estrictamente jurídicos no resulte imputable como autor de un delito. De lo contrario, estaríamos proclamando la absoluta inacción de nuestro sistema judicial ante una masacre como la que se ha desatado. Es cierto que las muertes de los adolescentes que cayeron abatidos por las balas asesinas será de todos modos irreparable. Pero eso ocurre en todos los casos en que se consuma una acción criminal.

En lo que concierne a la valoración del hecho como manifestación de probables conflictos no resueltos del ámbito familiar o social, es evidente que hay todo un campo de investigación profesional que debe ser explorado y profundizado. La familia, como núcleo básico de la sociedad, debe acostumbrarse a encender una luz de alerta cada vez que el diálogo entre padres e hijos se debilita o se quiebra y abre paso a los silencios tensos o a los enconos no asumidos ni sincerados, origen a veces de conflictos patológicos de derivación insospechada.

Si alguna enseñanza puede dejar en determinados momentos la violencia criminal, es probable que en este caso, como en otros, esa enseñanza pase por la voluntad de trabajar sin descansos ni pausas para que el diálogo sustituya siempre al silencio y a la incomunicación o para que la terapia psicológica proporcione a tiempo los medios que pueden evitar la agudización de un cuadro patológico de consecuencias impredecibles. El análisis no debería excluir, desde luego, la consideración del problema que plantea el grado de responsabilidad de los mayores respecto de la inquietante facilidad con que los jóvenes y adolescentes acceden, en este tiempo, a la posesión de armas de fuego. En este caso se trataba de un profesional, perteneciente a un cuerpo armado de la República. La autocrítica respectiva deberá hacerse, obviamente, en el contexto de las reglamentaciones internas que rigen el comportamiento de los miembros de la fuerza. Finalmente, no debe faltar en los establecimientos educativos un esfuerzo redoblado tendiente a controlar, en lo posible, la conducta de quienes puedan estar atravesando procesos patológicos más o menos ostensibles, con especial énfasis en la frecuentación de los grupos familiares correspondientes. Desde luego, sería ilusorio pretender que un instituto de enseñanza siga de cerca los conflictos psíquicos interiores de una población estudiantil generalmente numerosa, pero la experiencia que dejan estas sórdidas tragedias indica que, respecto de la prevención de potenciales estallidos de violencia, toda precaución puede ser útil, todo recaudo y toda prevención pueden resultar valiosos.
La Nacion, 30 de septiembre de 2004