Los riesgos de una política descontrolada

Antonio Boggiano tambalea y Augusto Belluscio podría entrar en zona de turbulencias. Los dos son jueces de la Corte Suprema de Justicia. La Corte, conformada ahora por sólo siete miembros, quedaría así durante varios meses con una mínima mayoría de cinco jueces para resolver algunos casos con la dosis necesaria de legitimidad. La vorágine justiciera de los legisladores, oficialistas y opositores ha puesto en debate el arduo control político del Congreso.

En las mismas horas en que una comisión clave de diputados ponía en la picota a los jueces, Kirchner y Duhalde se reunían sin alharaca ni escándalos por primera vez en mucho tiempo. Por razones diferentes, los dos máximos referentes del partido gobernante -y de la política argentina- aspiran a serenar al máximo tribunal de justicia. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso ya no mandan?

Duhalde oscila entre las monumentales desdichas de América latina y la módica orfebrería del peronismo bonaerense. Carece de entusiasmo para asir los conflictos de la nación política. Al Presidente le falta un vínculo político apto con el Congreso; éste parece abandonado a la buena de Dios y a los artificios retóricos y prácticos de los legisladores. Su arte consiste en producir estupor.

Hay un importante problema económico en manos de la Corte Suprema. Debe definir una posición final sobre la pesificación que sucedió tras la hiperdevaluación de Duhalde. Hay ahora sólo cinco votos, una ajustada mayoría, que podrían ratificar con detalles distintos la política de pesificación. Boggiano es el quinto voto actual.

También Belluscio integra el quinteto. El juez sobrevive a un viejo cuestionamiento por un episodio de su vida privada que sucedió en París. En su momento, hace ya varios años, el radicalismo salió en su defensa hasta que logró apartarlo del riesgo. El tiempo ha pasado. Antes, el radicalismo confrontaba la trayectoria académica de Belluscio con los exiguos antecedentes de los jueces designados por Menem. El radicalismo contaba entonces con una presencia política que perdió. No obstante, el caso Belluscio es embrionario aún.

Conviene detenerse en Boggiano. Tres hombres poderosos del gobierno (Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Carlos Zanini, el influyente colaborador presidencial) están de acuerdo en estabilizar la Corte, tras la renovación que ya ocurrió. El diputado Ricardo Falú, titular de la Comisión de Juicio Político, se ha ganado tres enemigos portentosos.

Falú tiene fama de hombre indócil e inquieto; está empujando a Boggiano de su sitial en la Corte. Ninguno de aquellos tres funcionarios lo recuerda con palabras cariñosas. Es cierto que Boggiano no sólo tiene adversarios entre los legisladores. También el presidente de la Corte, el respetado Enrique Petracchi, es uno de sus más persistentes críticos.

Lavagna siente que cada día lo despojan de más armas para librar el combate final con los acreedores. Los acreedores preguntan con insistencia sobre la decisión de la Corte en el conflicto de la pesificación. La propuesta argentina está acompañada de una ingeniería fiscal perfecta, que se derrumbaría ante una decisión dolarizadora de la Corte. La propia salud del sistema financiero, en rápido proceso de recuperación, requiere ahora de una definición sobre la cuestión.

Compuesto como está actualmente, el tribunal nunca tomará la decisión de dolarizar. Pero ésa es sólo una fiel deducción de los argentinos más o menos informados. Los acreedores, que deberán firmar una aceptación de la propuesta argentina, prefieren tener la garantía de un papel en la mano. El papel no está.

¿Existirá ese papel en algún momento? En un intento para ganar tiempo, el tribunal le mandó de sopetón el caso de la pesificación al principal fiscal del país, Esteban Righi. Righi le contestó a vuelta de correo: está de acuerdo con la pesificación, opinó. El tiempo se encoge.

El propio voto de Boggiano carecería ahora de legitimidad si no mediara un sobreseimiento definitivo en el Congreso. Convertiría en potencialmente cambiante la resolución del tribunal si el juicio político continuara en trámite.

Los dos sillones vacantes corresponden a Ricardo Lorenzetti, en trámite de aprobación, y a Carmen Argibay, largamente atrapada en la Corte Internacional de La Haya, donde era jueza en el momento de su designación.

Falú no es Robespierre. Pero, convertida en una especie de comité de Salud Pública de la Francia revolucionaria, la comisión de Juicio Político manda a los reos a la guillotina por unanimidad. Ni Fernández ni Lavagna ni Zanini han podido hacer nada para frenar la sangría política. El único gesto que podría cambiar las cosas debería provenir del propio Presidente, pero Kirchner nunca pondrá su cuerpo para defender a Boggiano. La "bola de nieve", como calificó una alta fuente oficial al caso Boggiano, tiene ya ornamentos imparables.

Los diputados no son los dueños de la insurrección. El propio Senado aprobó por unanimidad un proyecto que dispone que no podrán ser cortados los servicios públicos de los morosos. Cualquiera, lo necesitare o no, podrá ser moroso con esa ley en la mano. Su texto y su espíritu corresponden a los tiempos del colapso argentino y no a los de la resurrección.

El gobierno había comenzado una etapa de reconciliación con las empresas privatizadas. Una misión de funcionarios está en Madrid con buen talante para negociar el contenido de la ley marco para los servicios públicos. Justo en ese momento el Senado asestó una sorpresa que tumbó por igual al gobierno y a las empresas.

La Argentina tiene aún un profundo conflicto social irresuelto. Sólo corresponde que el Estado disponga de subsidios para los servicios públicos básicos de quienes realmente no pueden acceder a ellos. La demagogia es fatalmente miope. No hay peor noticia para la inversión que el cambio constante de las reglas del juego.

Los buenos datos de la economía podrían trastabillar por esos actos de la política, cuando la irresponsabilidad compite con el populismo. A Lavagna le preocupan más esos trances sorpresivos de la política que la propia reestructuración de la deuda.

Kirchner suele elegir, a veces, al hombre indicado para la tarea perentoria. ¿No fue, acaso, una buena designación la del ministro del Interior, Aníbal Fernández, como responsable de la seguridad? Evitó los palos y la sangre, pero recurrió a las grúas y a las multas para sacar a los fleteros de la Capital.

La policía de Fernández recurre ahora a todos los trucos del pavor para amedrentar a los revoltosos. El conflicto del desorden público no ha dejado de existir, pero mermó visiblemente. El propio Fernández se negó a hacer cualquier gestión para acortar la prisión del incombustible Raúl Castells. Lo conoce mejor que nadie; el ministro del Interior negoció con él en las buenas y en las malas, en la casa de Castells y en su propia casa, sobre las alfombras del poder y en bares de mala muerte.

Patricia Nine fue felizmente liberada por la policía bonaerense. El mérito de Aníbal Fernández consistió en haber despojado al caso de las competencias y las zancadillas entre la Policía Federal, la bonaerense y la SIDE. El propio ministro se puso al frente del caso.

Ni Alberto ni Aníbal Fernández tienen tiempo ni energías ya para lidiar con el interminable laberinto del Congreso. Pero alguien debería hacer algo para devolverle cierta noción del orden a la política.

Por Joaquín Morales Solá, La Nacion, 24 de octubre de 2004