La Cámara alta aprueba una ley que impide cortar el suministro a los morosos
El Senado argentino enturbia la relación de Kirchner con las empresas españolas

Por Francesc Relea

El Pais (25/10/04, 08.05 horas)

El intento de recomponer el diálogo entre el Gobierno argentino y las empresas españolas de servicios públicos ha recibido un varapalo que tensa de nuevo una relación que lleva casi tres años en vía muerta. Una de cal y una de arena. Mientras en Madrid una delegación de alto nivel del ministerio argentino de Planificación escuchaba esta semana por primera vez las críticas de las empresas al polémico proyecto de ley de servicios públicos, en Buenos Aires el Senado aprobaba un proyecto de ley para impedir a las compañías cortar el suministro a usuarios morosos.

Todo fue muy rápido y por sorpresa. El jefe del grupo parlamentario radical, Mario Losada, presentó sin previo aviso un proyecto que llevaba meses aletargado en la Cámara alta y, sin debate, fue aprobado por unanimidad. Se trata de un texto escueto, tres artículos, pero elocuente, que estipula que las concesionarias de servicios públicos no podrán cortar el servicio por falta de pago sin antes celebrar una audiencia de conciliación. Actualmente, las empresas pueden dejar sin luz, gas o teléfono a quienes no pagaron los recibos de dos periodos consecutivos.

"Nadie nos había advertido", señala un ejecutivo del sector. "Normalmente, esas cosas se saben y desde la Secretaría de Energía suelen avisarnos cuando hay alguna iniciativa en el Congreso que tenga que ver con los servicios públicos". El asombro e indignación fueron mayúsculos en las filiales argentinas de las empresas españolas, que tienen en conjunto más de 20 millones de clientes y una morosidad que alcanza en algunos casos el 10%.

Con estas cifras, las audiencias de conciliación para escuchar las razones del impago y buscar una salida satisfactoria para las partes se contarían por miles, señalan los abogados de las empresas, que dibujan un escenario de menos inversión y peor servicio en el caso de aprobarse dicha ley. Para ello, tendría que recibir la luz verde de la Cámara de Diputados, lo que es poco probable que suceda a corto plazo, según estiman los analistas.

Servicios públicos
De lo que no cabe duda es que la iniciativa echa más leña al fuego, ya que se produce en medio del debate parlamentario del proyecto de ley de servicios públicos para crear un nuevo marco regulatorio general. Dicho texto, firmado por el presidente Néstor Kirchner; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el de Economía, Roberto Lavagna, ha sido recibido con amplio rechazo por las empresas y con críticas de la Unión Europea y el Banco Mundial.

En un gesto conciliador y para escuchar en directo las quejas de los empresarios españoles, el lunes pasado llegó a Madrid una misión enviada por Julio De Vido, integrada por José María Caula, principal asesor del ministro; Carlos Lisandro, de la Unidad de Renegociación y Análisis de los contratos de servicios públicos, y Efraín Quevedo Mendoza, principal redactor del proyecto de ley de servicios públicos.

Ante la avalancha de críticas recibidas, los interlocutores argentinos se mostraron dispuestos a recibir una carta con las modificaciones a la ley propuestas por las empresas. Las distintas empresas consensuaron un documento que fue entregado a los interlocutores argentinos por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El texto señala que el proyecto de ley "altera sustancialmente" la regulación de las prestaciones, "restándole previsibilidad y garantía de sustentabilidad", y advierte de que desincentiva la inversión, lo que tendrá consecuencias en la "evolución del servicio y en general sobre la economía en su conjunto".

En el listado de quejas de las empresas destaca, según consta en el documento, el "ostensible desequilibrio entre los derechos que se confieren a los usuarios y los que se reconocen a las prestadoras", el incremento de obligaciones para las "concesionarias, social y judicial", más intervención estatal en la gestión de las empresas, menos derechos indemnizatorios, la eliminación de los mecanismos de arbitraje internacional, y el no reconocimiento de "variación de costos no controlados por el prestador, a través de ajustes tarifarios".

Una reunión que trae cola

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, comprobó personalmente en su primera visita a Buenos Aires de septiembre pasado el mal estado de las relaciones entre el Gobierno argentino y las empresas españolas de servicios públicos.

El ministro y el director de la oficina económica de la Presidencia de Gobierno, Miguel Sebastián, mantuvieron una reunión con los máximos dirigentes de dichas empresas con la intención de tomar el pulso de la situación.

Los directivos allí presentes dibujaron una Argentina al borde del desastre, donde las mayores críticas fueron dirigidas al Gobierno de Néstor Kirchner. Es de sobra conocido el malestar de las empresas desde que el país suramericano dejó de pagar la deuda, devaluó el peso y entró en una etapa de incertidumbre para la inversión extranjera que todavía perdura. No podían sorprender las quejas de los empresarios por la inseguridad jurídica, el cambio de las reglas del juego o la falta de un marco regulatorio en el que se desenvuelven hoy las compañías concesionarias de servicios públicos.

El asombro de Moratinos y Sebastián se produjo cuando sus interlocutores empezaron a disparar artillería pesada contra el presidente argentino y sus ministros, cuya capacidad intelectual y preparación fueron puestas en duda. Los asistentes a aquella reunión se despacharon a gusto a la hora de descalificar a los integrantes del Gobierno, sin ahorrar ataques personales. Moratinos y Sebastián aguantaron la furia de los ejecutivos con cara de póquer y se fueron con una imagen muy negativa de los directivos de las empresas españolas radicadas en Argentina. "No pudimos causar peor impresión", reconoce un testigo.

A su regreso a España, el ministro y el asesor económico de La Moncloa se reunieron con las empresas españolas, a las que hicieron patente el estupor que les había causado lo visto y oído en Buenos Aires. Lo acontecido en aquella reunión ha empezado a tener consecuencias. Han empezado los cambios en la cúpula de Telefónica en Argentina y todo indica que los desplazamientos en puestos directivos seguirán en otras empresas.