Posteriormente debe de entregar todo junto ante la administración donde se solicita la renovación, sin olvidar las fotocopias del DNI, de la tarjeta de la seguridad social, etc… Y todo ello dentro de los plazos señalados, ya que si por cualquier causa no le es posible entregar la solicitud dentro del período establecido la prestación es suspendida.
Todo este papeleo que supone viajes a varios lugares, normalmente distantes unos de otros sobre todo en las grandes ciudades e incluso en algún caso aún padeciendo barreras arquitectónicas de accesibilidad, supone una grave dificultad y a veces imposibilidad para quienes padecen una discapacidad derivada de movilidad reducida. Aún mayor para quienes residen en pequeñas poblaciones por verse obligados a desplazarse a la capital de provincia.
En ocasiones todo este trajín debe de repetirse incluso mas de dos veces al año si los plazos de solicitud de las diversas ayudas que se solicitan o renuevan no coinciden próximos en fechas, pues los certificados que se requieren aún en el supuesto de presentar compulsas reservando los originales, suelen tener una validez de no mas de tres meses, con lo que un certificado emitido en enero no tiene validez ante otra ayuda solicitada por ejemplo en septiembre.
Por todo, a una persona que padece una gran discapacidad le supone una gran barrera todo este absurdo y burocrático avatar cada vez que tiene que solicitar o renovar anualmente una prestación social.
¿Que ocurre cuando el interesado no tiene posibilidades de solicitar personalmente estos documentos que se le requieren? por el tipo de discapacidad que padece o incluso por la imposibilidad en su desplazamiento (caso de muchas personas con silla de ruedas que residen en poblaciones sin transporte público adaptado para poder llegar a la capital de provincia donde deben de realizar la petición de los certificados y presentar la solicitud). Pues en estos casos ocurre normalmente que tiene que pedir la ayuda a un familiar, amigo, etc.., que pueda hacerle el favor de tramitarle todo ello.
Y ocurre con frecuencia que existen personas con gran discapacidad que también carecen de quien pueda realizarles dichos trámites porque sus familiares o conocidos son mayores y no pueden desplazarse o son jóvenes, trabajan y no pueden dedicarse a realizar tal cantidad de solicitudes, porque por otro lado estos trámites solo pueden hacerse en horarios de mañana que contradictoriamente es cuando normalmente todas las personas están trabajando. En tales casos nos encontramos con que muchos afectados con gran discapacidad en esta situación no tienen a penas posibilidad de solicitar ni disfrutar de este tipo de ayudas pudiendo incluso perder fácilmente la renovación anual de la que son beneficiarios si es el caso.
Por ello sería muy conveniente que desde las administraciones públicas, los organismos gubernamentales y las organizaciones políticas tomasen conciencia del problema y tratasen de encontrar una solución eximiendo a los solicitantes “con gran discapacidad” de la presentación de los certificados que se les exige pertenecientes a las distintas administraciones, a excepción de la misma solicitud, pudiendo resolver el asunto de las siguientes maneras:
1- Realizando la comprobación de los datos de tales certificados mediante proceso informático por parte de la administración a quien se solicita la ayuda, sin necesidad de pedir copia en papel de tales documentos al interesado.
2- O bien, garantizando a todo solicitante con condiciones de “gran discapacidad” la tramitación personal de dichos documentos por parte de un trabajador social perteneciente a la administración pública objeto de la solicitud o al menos de un voluntario de trabajo social facilitado por dicha administración, cosa que actualmente no existe ni se garantiza a ningún afectado.
Esto es algo mínima mente justo y necesario que debiera de garantizarse en un Estado de Derecho a todas las personas que padecen una gran discapacidad.
Enrique González Blanco.
Febrero de 2007. Proyecto Abedul.
