Ajuste macroeconómico y mercado de trabajo en Venezuela
(1990 - 1996)

 

5. Relaciones de Trabajo y Productividad

En el área de relaciones laborales entre empleados y trabajadores, principalmente en el proceso de negociaciones colectivas, se puede obtener aumentos significativos de la productividad del trabajo a través de un ambiente institucional que induzca un comportamiento de los agentes que permita que el proceso de negociaciones colectivas explore al máximo las posibilidades productivas de la economía. El proceso de negociaciones colectivas debería llevar a un aumento de la productividad a largo plazo.

Todo sistema regulatorio de la actividad económica está conformado por un conjunto de reglas que, a través de sanciones e incentivos, induce a determinados comportamientos por parte de los agentes económicos. Dado que el comportamiento de los agentes determina, por lo menos en parte, el funcionamiento del mercado, los resultados que se obtendrán dependen de la estructura de las regulaciones existentes. De la misma manera, el diseño de los contratos de trabajo depende, en gran parte, del ambiente institucional en el cual se negocia. Ello se deba a que este ambiente institucional genera incentivos y sanciones y, en consecuencia, alienta a determinados comportamientos.

Una de las funciones de la legislación laboral es, exactamente, lograr que el poder de negociación efectivo de los empleadores y de los trabajadores se aproxime al poder de negociación que la sociedad considera "socialmente deseable" para las partes.

El sistema que regula el proceso de negociaciones colectivas debería tener tres objetivos:

En primer lugar, crear un ambiente institucional donde la negociación entre trabajadores y empleadores conduzca a una solución eficiente, en el sentido de que se hayan explorado todas las posibilidades de beneficios comunes, es decir, que al mejorar la posición de uno de los agentes no se perjudique la posición del otro. Dentro de este contexto, el ambiente institucional que induzca a mayores aumentos de la productividad del trabajo se considera más eficiente que otro que dé lugar a menores aumentos de la productividad, pues crea condiciones para que ambos agentes se beneficien en forma simultánea;

En segundo lugar, crear un sistema de incentivos y sanciones que propicie soluciones que tomen en cuenta los intereses de la sociedad y no sólo los intereses inmediatos de las partes involucradas, es decir, que la solución sea socialmente eficiente;

Finalmente, en tercer lugar, garantizar a las partes involucradas en la negociación un poder suficiente para que puedan beneficiarse, en forma justa, del aumento de la productividad y, con esto, garantizar un grado aceptable (para la sociedad) de equidad en la solución negociada.

Esta propuesta no tiene como objetivo identificar el conjunto de contratos eficientes, sino describir los aspectos fundamentales de un ambiente institucional de modo que la libre negociación propicie una solución eficiente y equitativa.

El sistema propuesto descansa en algunos principios fundamentales que son el pleno respeto a la libertad sindical, la libre negociación entre partes fuertes, responsables y representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como una política alentadora del Estado a la negociación colectiva.

Finalmente, aquello podría llevarse a cabo en tres niveles jerárquicos, cada uno de los cuales se encarga de negociar un conjunto de cláusulas.

El primer nivel estaría constituido por negociaciones a nivel nacional, donde se establecerían los derechos y deberes mínimos que todo contrato colectivo tendría que respetar. En este nivel se instituirían cláusulas tales como la jornada máxima de trabajo para los contratos colectivos, el número mínimo de días feriados al año, el salario mínimo, la duración mínima de las licencias por maternidad y paternidad, etc. Esta negociación se centraría en aquella parte de los derechos de los trabajadores que, a criterio de los actores sociales, empresarios, trabajadores y gobierno, todos deben obedecer. Por ejemplo, si los actores deciden que todos los trabajadores deben tener, por lo menos, 15 días feriados al año, a pesar de que la legislación establece 20 días feriados para los trabajadores, no se debería permitir una negociación de un número de feriados que sea menor en los contratos colectivos. Es decir, en este nivel se definirían las condiciones mínimas de trabajo para todos los contratos colectivos a ser negociados en los niveles más desagregados de negociación.

El segundo nivel, que debería ser sectorial, estaría conformado por las negociaciones entre los sindicatos de trabajadores y de empleadores. En este nivel se negociarían aquellas cláusulas que podrían aplicarse a todos los trabajadores de un sector. En este caso, la negociación de los reajustes salariales tendría prioridad. Sólo se negociarían los niveles mínimos y medios de los reajustes de salarios para cada sector, de tal forma que al interior de cada empresa, ésta y sus propios trabajadores puedan negociar la distribución de reajustes.

Finalmente, el tercer nivel estaría constituido por las negociaciones a nivel de la empresa, donde se firmarían los acuerdos colectivos entre un empleador y la comisión de trabajadores afiliados a los sindicatos pertinentes. En estos contratos por empresa, podrían negociarse todas las cláusulas que no hayan sido contempladas en las negociaciones anteriores, además de la distribución de los reajustes salariales.

En otras palabras, los contratos colectivos a nivel de la empresa tendrían que respetar las condiciones mínimas negociadas a nivel nacional y los reajustes mínimos y medios de los salarios negociados a nivel sectorial; sin embargo, podrían negociarse otros puntos que no estuviesen contemplados en estos dos niveles anteriores, por ejemplo: bonificaciones, duración de los feriados sobre el mínimo dispuesto por la negociación nacional, jornada de trabajo (siempre que no sobrepase la jornada máxima prevista), vales de comida y transporte, entre otros.

Con un mayor énfasis en la negociación a nivel sectorial, se debe esperar que el resultado del proceso de negociaciones a nivel sectorial conduzca a que la productividad de la empresa promedio determine los salarios promedio de los sectores.

Las empresas con productividad menor que la promedio del sector tendrían que reajustar en promedio los salarios por encima del crecimiento de la productividad del trabajo y eventualmente se verían forzadas a aumentar la productividad promedio, o salir del mercado, mientras que las empresas que tuviesen un crecimiento de la productividad mayor que el promedio, registrarían sueldos promedio por debajo de la productividad del trabajo, lo que llevaría a un aumento en las utilidades de estas empresas. Si la tasa de inversión de las empresas depende de sus utilidades, estas empresas tenderían a aumentar sus inversiones y, en consecuencia, aumentaría su demanda de trabajo.

En otras palabras, el proceso de negociaciones salariales por sector tendería a hacer que la distribución de la productividad y de salarios de los sectores se imponga al conjunto del sector, con el consiguiente aumento de la productividad y de los salarios reales. Se destruirían los empleos relativamente menos productivos y se sustituirían por empleos relativamente más productivos, mediante el proceso de determinación de los sueldos.

5.1 El Tripartismo

Un ejemplo de reforma institucional en base de la negociación tripartita quedó manifiesto en marzo de 1997 cuando los actores sociales y el Estado firmaron un acuerdo tripartito sobre seguridad social y política salarial. Aunque el acuerdo se limita a proponer reformas específicas en las áreas de seguridad social, de política salarial y del régimen de prestaciones sociales, sin embargo nota que:

"...para poder lograr el éxito de las medidas de ajuste adoptadas por el Ejecutivo Nacional es condición indispensable avanzar en un conjunto diverso de reformas institucionales…..".

El acuerdo introduce principios básicos para la reforma del sistema de seguridad social. Asimismo, fija un nuevo método de cálculo de las prestaciones sociales que había sido un desestímulo importante a la contratación debido a que dejaba al empleador en la imposibilidad de determinar ex-ante el costo de las prestaciones por antigüedad percibidas por el trabajador. El nuevo sistema se basa en un cálculo anual de años de servicios y de días de salario.

El mismo acuerdo tripartito propone la integración de las bonificaciones al salario. Asimismo se establece una comisión tripartita nacional para determinar anualmente el ajuste del salario mínimo. Se modifica también el modo de cálculo de la indemnización por despido injustificado.

De tal manera, las sugerencias adoptadas en el acuerdo tripartito están siendo introducidas en la ley orgánica del trabajo mientras las reformas son discutidas en el Congreso venezolano.

Dado que esa ley determina el marco en el cual se desenvuelven las relaciones laborales, el proceso de reforma iniciado con un acuerdo tripartito, introduce elementos de flexibilización que permiten entrever un re-equilibrio entre el marco de la ley necesariamente caracterizado por una cierta rigidez y el de la negociación colectiva, mucho más flexible.

En ese sentido, el acuerdo tripartito plantea un modelo de cómo la negociación puede facilitar la solución de grandes problemas y flexibilizar el mercado laboral sin perjuicio de los derechos fundamentales de los trabajadores. De hecho, el acuerdo tripartito nota que:

"En materia de relaciones de trabajo, se asumirá como política prioritaria del Estado, la vigencia plena de la libertad sindical, el fomento de la negociación colectiva, en sus distintas modalidades, la ampliación de los alcances de los convenios por rama de actividad y la simplificación de los requisitos para negociar a nivel de empresa.

Asimismo, se asume que la productividad es elemento indispensable para el desarrollo y crecimiento del país. El trabajador deberá recibir estímulos y mejoras substanciales en su remuneración con ocasión de los aumentos que en aquella se generen; a tal fin se dictarán las normas pertinentes. Del mismo modo, las partes en la negociación colectiva pondrán énfasis en la regulación de esta materia.

El tripartismo es consustancial al modelo democrático de relaciones de trabajo, y en esta oportunidad hemos comprobado que puede ser un escenario estratégico de diálogo e innovación social.

Por tanto, aspiramos se constituya en un instrumento permanente para analizar, definir y comprometer reformas en el campo laboral, que integre el desarrollo y la justicia social".

5.2 Política concertada y productividad. El ejemplo de México()

 Después de la profunda crisis de 1982, México implementa sucesivas políticas de reforma y ajuste de las que podrían obtenerse algunas lecciones para el caso de Venezuela.

Tres medidas específicas merecen ser destacadas:

1. En diciembre de 1987 se adopta una política de ingresos concertada entre el gobierno y representantes de los trabajadores y empresarios a través de techos periódicos acordados para la devaluación nominal y reajuste de precios públicos y para los reajustes de salarios y precios sectoriales. Esa política de ingresos fue orientada a desactivar las distintas formas de indexación que transmitían la inercia inflacionaria y los impulsos aceleradores provocados por las conexiones de precios relativos.

2. En 1990 el gobierno adoptó un programa nacional de capacitación y aumento de la productividad orientado a incrementar la retención en la educación básica, la promoción de nuevos modelos educativos, la identificación de nuevos perfiles ocupacionales, la capacitación laboral descentralizada, la promoción de los servicios de capacitación y de formación profesional a nivel medio, la ampliación de los esfuerzos y métodos para estimular el aumento de la productividad y calidad en las empresas y en el sector público.

3. En 1992 con la participación del gobierno y de representantes de trabajadores y empresarios se firmó el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad. En ese acuerdo cabe destacar los siguientes elementos:

• Los sectores y el Gobierno Federal determinan unir sus esfuerzos para el desarrollo de un amplio movimiento social productivo que conlleve a la construcción de una nueva cultura laboral en el país, desarrollando las estrategias y acciones necesarias a nivel nacional que contribuyan, a través de medios masivos de comunicación, de seminarios y eventos de carácter técnico, y de otros medios de difusión, a generar una dinámica propicia al desarrollo de la productividad y de la calidad.

• El sector empresarial se compromete a fomentar entre sus organizaciones intermedias un programa de apoyo técnico, estímulo y difusión de las acciones específicas que decidan adoptar las empresas, en torno a las líneas de acción que se desprenden de este acuerdo.
  

• Las organizaciones de trabajadores acuerdan implantar un Plan de Acción para contribuir a generar, dentro de sus bases, una amplia conciencia sobre los cambios, nuevas formas de producción, de organización del trabajo y de la competencia en los distintos mercados, así como el papel activo que el trabajador y los organismos obreros deben desempeñar en esta dinámica.

• Las organizaciones obreras, campesinas y empresariales se comprometen, asimismo, a apoyar los programas de capacitación y desarrollo de recursos humanos dentro de las unidades productivas, los destinados a mejorar el ambiente de trabajo y los que se diseñan -de acuerdo a las características de cada empresa- para motivar y estimular la contribución del trabajador a la productividad y a la calidad.

• Los sectores obrero y empresarial convienen en suscribir, dentro de cada empresa y/o centro de trabajo, los programas específicos que estimen necesario concertar, dentro de las siguientes líneas de acción aquí planteadas: modernización de las estructuras organizativas del entorno productivo, entre otras, las empresariales, sindicales y gubernamentales; superación y desarrollo de la administración; énfasis en los recursos humanos; fortalecimiento de las relaciones laborales; modernización y mejoramiento tecnológico, investigación y desarrollo y enterno macroeconómico y social propicio a la productividad y a la calidad, para promover su incremento sostenido.

• El gobierno a través de los instrumentos a su disposición, y los programas emanados del Plan Nacional de Desarrollo, promoverá las condiciones que permitan desarrollar un entorno macroeconómico propicio al incremento sostenido de la productividad y de la calidad.