La Audiencia Nacional española pide al Juez Baltasar Garzón que investigue a 32 altos cargos marroquíes por genocidio contra el pueblo saharaui.
La Fiscal pide Garzón que investigue a altos cargos marroquíes por genocidio.
EL MUNDO (España)
Fecha: 06.03.2007
MADRID.- La Fiscalía ha pedido a Baltasar Garzón que investigue a 32 altos cargos marroquíes por un presunto delito de genocidio denunciado por asociaciones pro Derechos Humanos y de ayuda al pueblo saharaui, según publica hoy EL MUNDO.
El Ministerio Público respalda la admisión a trámite de una querella "contra gobernantes y militares marroquíes por su responsabilidad en el genocidio, torturas, secuestros y desapariciones practicado por el Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui".
El juez instructor aún no se ha pronunciado de manera definitiva, aunque las asociaciones querellantes se muestran optimistas, especialmente tras el respaldo de la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza, según la información recogida por el periodista Manuel Marraco.
Amparándose en el principio de justicia universal, el escrito fue presentado de manera conjunta por cinco asociaciones de defensa de los Derechos Humanos, mientras que otros cuatro familiares de desaparecidos saharauis ejercen la acusación particular.
Gran parte de las víctimas mencionadas en el texto disponían de DNI español. Entre los 32 querellados se encuentran varios generales y figuras prominentes de la política marroquí de los últimos tres decenios.
El escrito denuncia "el plan sistemático de eliminación del pueblo saharaui, que se realiza de forma organizada y jerarquizada por las personas denunciadas, sirviéndose de personal a su mando y de los efectivos personales militares y paramilitares".
La Fiscalía considera que los hechos denunciados encajan en los criterios marcados recientemente por el Tribunal Constitucional para aplicar el criterio de jurisdicción universal. Fuentes de la Audiencia resaltan que habría que admitir la querella incluso siguiendo la interpretación más restringida seguida inicialmente por el Tribunal Supremo, que exigía algún tipo de «conexión» con los intereses nacionales. En este caso, gran parte de las víctimas mencionadas disponían DNI español, lo que cumpliría con creces
el requisito. Algunas de ellas llegaron a combatir contra Marruecos bajo bandera española.
Altos cargos en funciones
Entre los 32 querellados se encuentran varios generales y figuras prominentes de la política marroquí de los últimos tres decenios. Entre ellos destaca Dris Basri, ex ministro del Interior y hombre fuerte del
reinado de Hasan II. Según los querellantes, gestionaba casi en exclusiva los temas relacionados con el Sáhara Occidental. Basri fue destituido por el actual monarca, Mohamed VI, y vive exiliado en París.
También figuran como querellados Hamidou Lanigri, ex director general de la Seguridad Nacional marroquí [la Policía] y de la DST [policía política]; Yasine Mansouri, ex director general de la Dirección General de Estudios y Documentación y consejero especial del Rey de Marruecos; Abdellaj el Kadiri,
ex director general de la Dirección General de Estudios y Documentación; Abdelasis Banani, general mayor de las Fuerzas Armadas Reales; Housni ben Sliman, general de la Gendarmería Real marroquí; Ben Hima, comisario de la Dirección General de la Seguridad Nacional de El Aaiún y en la actualidad
comisario en Agadir; y Abdelhafid ben Hachem, ex jefe de la Dirección General de la Seguridad Nacional y, según los querellantes, brazo derecho de Dris Basri.
El escrito denuncia «el plan sistemático de eliminación del pueblo saharaui, que se realiza de forma organizada y jerarquizada por las personas denunciadas, sirviéndose de personal a su mando y de los efectivos personales militares y paramilitares».
Según el relato de las asociaciones, «desde el 31 de octubre de 1975 hasta la actualidad el Ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui, primero en una guerra de invasión que obligó a gran parte de la población saharaui, más de 40.000 personas, a huir al
desierto, siendo perseguidos y bombardeados por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación, arrojados al vacío desde helicópteros, creando un estado de terror y persecución» en el territorio del Sáhara Occidental «que se mantiene en la actualidad».
Todo ello ha dado lugar «a la desaparición de miles de personas, de las cuales por lo menos 526 saharauis, aún hoy, permanecen en esa situación, sin que sus familiares tengan conocimiento alguno de su paradero, y negándoseles por el Estado marroquí cualquier noticia sobre ellos». La querella da el
nombre y apellidos de 206 de esos desaparecidos, y pide al juez que tome declaración como testigos a algunos de sus familiares.
Los casos mostrados a la Audiencia Nacional tuvieron lugar entre 1975 y 1980, aunque según el escrito no ha dejado de producirse en ningún momento.
Tras la llegada de Mohamed VI, afirman los querellantes, se produjo «un recrudecimiento del sistema represivo marroquí contra la población saharaui» para mantener «el estado de terror y de sitio implantado bajo las órdenes de Hasan II».
Presos enterrados vivos y arrojados desde helicópteros
La querella que Garzón tiene sobre su mesa recoge 206 nombres de desaparecidos y decenas de métodos de tortura. Por ejemplo, sumergir la cabeza del prisionero hasta la asfixia en una pequeña piscina llena de agua con ácido, excrementos o productos químicos como lejía. O quemarle con cigarrillos en los genitales o los pechos. También convivir durante días en la celda con prisioneros muertos.
Las torturas denunciadas se producían, según los querellantes, en diferentes centros clandestinos. Entre ellos, los de Kaalat Maguna, Agdez, Skoura, PCCMI (Puesto de Mando de las Compañías Móviles de Intervención) y el BIR en El Aaiún (antiguo Batallón de Instrucción de Reclutas, español).
En muchos casos, las torturas concluían en desapariciones. Según la querella, para ocultar los crímenes se enterraban los cadáveres en fosas comunes sin ninguna identificación. Una de esas fosas se ha localizado en la playa de El Aaiún, muy cerca del centro de detención instalado en el antiguo Batallón español de Instrucción de Reclutas. En ocasiones, los detenidos eran enterrados aún con vida.
La querella recoge otra variante para quienes eran detenidos: ser arrojados desde helicópteros. La denuncia responsabiliza de esta actividad a uno de los querellados, el coronel Ben Otman, perteneciente a las Fuerzas Armadas Reales.
Otro de los 32 querellados a los que se le atribuye una 'especialidad' concreta es Rouimi Ayad, inspector de la policía judicial de El Aaiún y miembro de la brigada criminal desde 1976. El escrito le define como uno de los torturadores más conocidos por la población saharaui, en particular por la práctica de la tortura denominada 'Chifón', consistente en cortar la respiración al torturado con un trapo sucio mojado en lejía y orina después de atar las manos y pies al detenido.
Uno de los dos centenares de desapariciones recogidas es la de A.S.A., casado, con dos hijos y DNI español. Según el escrito, el Ejército marroquí le secuestró junto a su familia a finales de 1975 en Chedería, tras matar al ganado y quemar su tienda. Fue trasladado a un cuartel militar en Smara. Su
esposa quedó en libertad, pero a él lo llevaron a una prisión secreta en Lamsellad, al sur de la ciudad de Tantan. El responsable del traslado fue el coronel Laamarti, uno de los querellados. Según el testimonio de algunos presos, la mayoría de los detenidos de su grupo fueron enterrados vivos en
una fosa común.
Firma: Manuel Marraco.