Gerald E. Caiden
La
democracia y la corrupción
Se define en
términos generales el fenómeno de la corrupción en los sistemas democráticos, y
se comentan las distintas formas de corrupción que afligen a las democracias.
Se destaca la internacionalización de la corrupción, se señala la incapacidad
de las democracias para protegerse de algunos de sus efectos más graves, y se
discuten las perspectivas para el futuro.
La corrupción,
en todas sus formas, se opone a los mecanismos que ofrece la democracia para
superar las secuelas indeseables del pasado, corroe, socava y contradice todos
los elementos democráticos.
La corrupción
es la manifestación del particularismo, de los privilegios, de la explotación
de los débiles y de los indefensos. Los beneficios que reporta la corrupción
son inmerecidos, injustos e inmorales, derivados del abuso de confianza y de
faltas a la responsabilidad pública.
Las fuerzas
democráticas y las fuerzas de la corrupción se enfrentan en toda sociedad.
Cuando domina la corrupción, ella se transforma en una forma de vida, quedando
los instrumentos democráticos como meras fachadas. Por el contrario, cuando
reina la disposición democrática, la corrupción es severamente castigada. En un
extremo se encuentran las narcodemocracias y en el
otro se ubican las pequeñas democracias de Islandia, Escandinavia
y Nueva Zelanda. Entre ambos extremos se aprecian todas las combinaciones, y el
límite entre democracia y corrupción se desplaza sin cesar en uno u otro
sentido.
En una primera
parte del documento se definen los rasgos de lo que universalmente podría
convenirse en designar como corrupción en los sistemas democráticos. Se
descartan así la mayoría de las abominaciones de las autocracias, aun cuando
también las democracias las cometen, en particular contra otros. Por su parte,
los regímenes autoritarios pueden estar exentos de corrupción, aunque esta
situación es bastante improbable.
En una segunda
parte se ilustran las distintas formas de corrupción que afligen a las
democracias. A los países más conocidos como dominados por la corrupción, se
agregan en la actualidad otros en los cuales se han descubierto hechos que
ponen en tela de juicio la probidad de sus gobernantes y obligan a reflexionar
en profundidad sobre los mecanismos de este flagelo y sobre la gravedad de sus
implicaciones.
En una tercera
parte se destaca la internacionalización de la corrupción, y la incapacidad de
las democracias para protegerse de influencias tales como la erosión de la
función pública, la subordinación del interés público a los intereses privados,
la infiltración del delito organizado en prácticamente todos los aspectos de la
vida pública. Al igual que los países corruptos del Tercer Mundo compiten para
recibir asistencia e inversiones, también existen organismos internacionales y
nacionales corruptos que buscan nuevos mercados, recursos y canales de
influencia.
Se concluye que
a menos que los países democráticos logren liberarse de este flagelo, se
encontrarán dificultades innecesarias para la superación de numerosos desafíos
que se tienen planteados en las actuales circunstancias. De mantenerse el
predominio de la corrupción, se pone en peligro la convivencia social y la
vigencia de la democracia.
Pedro Medellín
Torres
Inestabilidad,
incertidumbre y autonomía restringida : elementos para
una teoría de la estructuración de políticas públicas en países de baja
autonomía gubernativa
Se presenta un
nuevo modelo interpretativo de las políticas públicas en países con problemas
de territorialidad e institucionalización del orden, que reducen los márgenes
de autonomía de los gobiernos para estructurar sus políticas. Se discuten las
implicaciones del modelo a partir de estudios de casos, y se formulan
sugerencias para futuras investigaciones.
La noción de
autonomía se remite al campo de lo orgánico, y se define como la capacidad que
un agente tiene para determinar lo que es relevante, y sobre todo, lo que es
indiferente. La autonomía de un gobierno disminuye cuando se encuentra reducida
su capacidad para convertir sus intenciones en acciones gubernativas. El modelo
interpretativo que se presenta en este trabajo aborda el tema desde la
perspectiva del régimen político. Se analizan las situaciones en las que los
problemas originados por conflictos de políticas no son coyunturales, sino la
expresión estable y permanente de las luchas por el control territorial e
institucional.
En una primera
parte del documento se examinan los elementos conceptuales que dan cuenta del
significado de las políticas públicas. A este respecto se consideran dos
conceptos esenciales: la estructuración de las políticas y el régimen político.
El primero hace referencia al proceso mediante el cual un gobernante busca que
sus ideas se proyecten en su gestión de gobierno. El segundo se entiende como
el conjunto de normas estables y permanentes que determinan las formas a través
de las cuales se organiza y se ejerce el poder político.
En una segunda
parte se abordan los problemas de la relación entre los regímenes políticos y
la estructuración de las políticas, considerando los problemas de
territorialidad y de institucionalización del orden como preponderantes en la
diferenciación de los regímenes políticos. Sobre esta base, se identifican los
distintos niveles de relación orgánica que se construyen entre el Estado y la
sociedad, los problemas de inestabilidad estatal y gubernativa, y los distintos
niveles de autonomía que corresponden a cada tipo de régimen político.
La tercera
parte del documento estudia los elementos que determinan los procesos de
estructuración de las políticas para un régimen político. La estructuración de
las políticas públicas aparece determinada por los siguientes factores: 1) la
manera en que los gobernantes disponen de los recursos y las prácticas
culturales de gobierno par obtener los resultados deseados; 2) el grado en que
la distribución del poder se distorsiona en la dimensión burocrática; y 3) el
grado en que las relaciones gubernamentales se constituyen o no en una correa de
transmisión de las decisiones y acciones de gobernantes y gobernados.
En su parte
final, el documento expone el modelo básico con el que se propone una primera
aproximación para explicar y comprender los procesos de estructuración de las
políticas en países que, como Colombia, tienen muy bajo grado de autonomía
gubernativa para traducir sus ideas en acciones de gobierno. Se concluye que el
abordaje de los procesos de estructuración de las políticas desde la
perspectiva del régimen político abre una veta importante para nuevos estudios
en la materia.
Ricardo Combellas
Proceso
constituyente y reforma del Estado en América Latina
Se examinan los
retos que confrontan los procesos constituyentes en América Latina y se
discuten sus implicaciones más relevantes para la reforma del Estado. Se
destaca la importancia del fortalecimiento de la capacidad para gobernar, sobre
la base del establecimiento de una nueva relación del Estado con la sociedad
civil, en el marco de la profundización del sistema democrático.
La experiencia
latinoamericana de los últimos decenios ha tenido como corolario positivo la
valoración del Estado de Derecho como principio cardinal del orden democrático.
En este contexto, los procesos constituyentes en la región tienen un hecho
unificador en la crisis del populismo y del Estado, que ha tenido como
consecuencia el resquebrajamiento de las relaciones entre éste y la sociedad
civil.
El
reordenamiento de las relaciones Estado-sociedad civil ha traído aparejado un
deterioro de los partidos políticos y la pérdida de su representatividad, lo
que afecta significativamente el proceso constituyente. La tendencia a llenar
el vacío dejado por los partidos políticos mediante la personalización excesiva
del poder es preocupante, por lo que la reinvención de los partidos políticos
constituye un desafío prioritario.
Los procesos
constituyentes latinoamericanos se involucran directamente con la reforma de
las ramas del Poder Público, tanto en lo que se refiere a la división
horizontal como a la división vertical o federativa de poderes. En este
sentido, es preciso reconceptualizar una serie de
importantes aspectos en el sistema de gobierno, entre los cuales se destaca el
tema del presidencialismo latinoamericano, la responsabilidad del Congreso y la
reforma de la rama judicial, siendo esta última el aspecto de mayor urgencia en
la renovación institucional.
La
modernización de la administración pública constituye una dimensión
sobresaliente de la reforma del Estado. Las demandas crecientes de
participación, las propuestas de descentralización de la gestión de gobierno y
el fortalecimiento de la integración nacional, son aspectos que inciden de
manera decisiva en términos de la gobernabilidad, entendida como desarrollo de
la capacidad para gobernar.
Se concluye que
los desafíos que confrontan los procesos constituyentes latinoamericanos son
vastos, al igual que sus implicaciones para la reforma del Estado, en función
de la meta de mejorar la capacidad de gobernar. A este respecto, se considera
que independientemente de otras variables, la gobernabilidad alude de manera
particular a la capacidad de respuesta de las instituciones gubernamentales
frente a las demandas y aspiraciones de la sociedad civil.
La dinámica
social exige cambios de fondo, que implican el compromiso inteligente de los
gobernantes y de los miembros de la clase política. Si los cambios se logran en
paz, con decisión y firmeza en un clima de respeto de la metodología
democrática, sus alcances serán mayores, y las heridas que inevitablemente se
infringen serán mucho más fáciles de curar. En caso contrario, el estigma de la
violencia y sus deletéreos efectos volverán a hacer sentir en la región
latinoamericana.
Bernardo Kliksberg
Repensando
el Estado para el desarrollo social; más allá de convencionalismos y dogmas
Los datos
recientes de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, el BID, y otros organismos
internacionales indican un fin de siglo pleno en problemas sociales difíciles
en gran parte del mundo en desarrollo. Severos déficits
nutricionales, carencias agudas en campos básicos como alimentación, salud,
educación, agua potable, vivienda, pronunciados problemas de desocupación,
afectan a vastas poblaciones. Se observa el fracaso de modelos teóricos que
prometían soluciones a estos problemas como la llamada "teoría de
derrame". Como consecuencia de todo ello se ha abierto a nivel
internacional un nuevo debate sobre cómo alcanzar el desarrollo. El mismo se
plantea nuevas direcciones de pensamiento y acción. Entre ellas, se están profundizando
las complejas relaciones entre crecimiento económico y desarrollo social. Entre
otros aspectos el nuevo debate destaca que sin un desarrollo social relevante,
no existen las bases para un desarrollo económico sostenido.
Hay asimismo
una revalorización del capital humano y el capital social. Estudios del Banco
Mundial les atribuyen el 64 por ciento de la tasa del desarrollo de los países.
Se demuestra que estaban equivocados quienes postulaban que la inequidad en la
distribución de los ingresos contribuiría a la acumulación y al crecimiento.
Sucede lo contrario, los países que han mejorado su equidad como los del
sudeste asiático crecen mejor, mientras que los que la han empeorado como
América Latina, la región más desigual del mundo, tienen graves dificultades
por ello. Se observa también que quienes han invertido sistemáticamente en
universalizar educación y salud de buena calidad han tenido mejores resultados
macroeconómicos. En este marco está en activa discusión cuál debe ser el rol
del Estado frente a la problemática social. Se perfila un Estado
"catalizador" que movilice a las fuerzas de la sociedad civil para en
conjunto llevar adelante políticas nacionales de inversión extendida en capital
humano y capital social y de mejora de la equidad. ¿Cómo rediseñar el Estado
para estos nuevos roles? La gerencia eficiente de políticas y programas
sociales es un campo con problemas muy particulares que se diferencian
fuertemente de los propios del "business administration" o del "public
administration" tradicional.
Hace falta
emplear en el rediseño un enfoque de "gerencia social". Está
vinculado entre otros aspectos a construir redes interorganizacionales,
descentralizar, establecer modelos participativos
activos, utilizar modelos de gerencia adaptativa,
nuevas técnicas de monitoreo, evaluación y control social, y la construcción de
alianzas sociales estratégicas que apoyen la acción por lo social.
Hay importantes
experiencias exitosas que indican las potencialidades de una gerencia social de
excelencia. Entre ellas casos como el Grameen Bank en Asia, Villa El Salvador en el Perú, el Presupuesto
Municipal participativo en Porto Alegre, Brasil, y otros. Emplear ideas
gerenciales avanzadas desde un enfoque de gerencia social puede mejorar
altamente la eficiencia en el campo social.
Hay una
ebullición de nuevas ideas en relación al desarrollo frente al fracaso del
"sentido común convencional" como lo llama el economista jefe del
Banco Mundial Joseph Stiglitz. Se procura en este
trabajo enfrentar dogmas y convencionalismos muy de boga en los últimos años,
sobre desarrollo, rol del Estado, y reforma del Estado en lo social, y aportar
elementos para un debate renovado.
Peter B. Boorsma
La gerencia
pública moderna en la teoría y en la práctica :
especial referencia a los Países Bajos
Se examinan los
cambios ocurridos en el proceso de elaboración del presupuesto público, en la
perspectiva de la Gerencia Pública Moderna (Modern Public Management - MPM). Al
respecto, se reseñan los aportes de la teoría principal - agente (PA), se
analiza un modelo del proceso presupuestario utilizado en las principales
municipalidades holandesas, y se discuten sus alcances.
El sector
público en numerosos países desarrollados ha sufrido cambios profundos en los
años ochenta. En la mayor parte de los casos, las fuerzas que promovieron estos
cambios surgieron en las exigencias presupuestarias, y se orientaron a la
búsqueda de una mayor racionalidad, eficiencia y eficacia en la gestión
pública, así como hacia la adopción de un modelo gerencial más similar al
utilizado en el sector empresarial.
En la teoría
económica neoclásica, se supone que los agentes actúan con una capacidad
perfecta para prever situaciones de futuro y disponiendo de un conocimiento
perfecto de los productos y de las condiciones para las transacciones
comerciales. La Nueva Economía Institucional (NIE) rechazó estos supuestos,
introdujo el concepto de incertidumbre y desarrolló un nuevo cuerpo de
conocimientos, en el que se basa la teoría principal - agente.
De acuerdo con
esta teoría, en toda gestión se distinguen las posiciones de principal y de
agente. El principal establece las metas de la organización y asigna al agente
un presupuesto para el cumplimiento de las mismas. Por su parte, el agente
tiene el poder que le otorga el conocimiento acerca de cómo desempeñarse para
alcanzar las metas. Uno de los problemas que se plantea en esta situación es
que no siempre las metas del agente y del principal coinciden, lo que va a
generar las denominadas pérdidas de la agencia. Para disminuir estas pérdidas,
el principal puede incrementar el control o establecer incentivos positivos o
negativos para motivar determinados comportamiento del agente.
En las
principales municipalidades de los Países Bajos se adoptó un modelo de presupuesto
que se aparta del presupuesto tradicional de insumos y se orienta hacia la
formulación de un presupuesto de resultado, también denominado presupuesto de
contrato. En este modelo, se presume el establecimiento de un contrato entre un
principal, que puede ser la municipalidad y un agente, que puede ser la
gerencia pública, en el que se fija de manera flexible el margen de autonomía
en el que puede manejarse el agente para la toma de decisiones en áreas como
personal, información, organización y finanzas.
La evaluación
del presupuesto por productos presenta problemas particulares en el caso de las
organizaciones de servicios, por la dificultad para medir objetivamente los
productos resultantes del desempeño de la organización. Esto hace que en
ciertas ocasiones sea preferible estimar las actividades realizadas, que pueden
reflejar indirectamente los productos resultantes, o el impacto que tienen
estas actividades sobre la población, como es el caso de las medidas
implementadas en el área de la salud o de la educación. En todo caso, es
recomendable la flexibilidad para la adopción de un modelo de presupuesto,
procurando que de la práctica surjan los datos que permitan combinar los
mejores aspectos de cada modelo, para alcanzar óptimos resultados.
René Villarreal
El
reencuentro del mercado y el Estado con la sociedad :
hacia una economía participativa de mercado
Se comenta la
crisis de los paradigmas teóricos-económicos y se señala la persistencia de
problemas en el nuevo capitalismo posmoderno, y se plantean los fundamentos y
alcances de la ola neoliberal. Se propone un enfoque integral de la economía,
en el que se define un nuevo papel para el Estado, la acción promotora del
gobierno y la intervención solidaria de la sociedad.
El capitalismo
posmoderno, en los umbrales del siglo XXI, muestra una nueva organización que
lo diferencia del capitalismo moderno de los años sesenta, y que condujo a una
crisis de los paradigmas teóricos de la economía. Las principales
características del capitalismo posmoderno son la globalización, la
interdependencia y la incertidumbre. Estas nuevas características son a la vez
causa y efecto de los cambios estructurales y de las transformaciones en la
organización y operación del propio sistema capitalista.
Las crisis de
los paradigmas teóricos de la economía no son excepcionales, por lo que no
inédito no es la recurrencia de dichas crisis. Lo que tiene de extraordinario y
de preocupante la crisis actual es que de ella no ha surgido una revolución
científica que pueda generar un nuevo paradigma que replantee al papel del
Estado y su relación con la sociedad y el mercado, que enfrente los viejos
problemas del capitalismo en un mundo de economías globalizadas e
interdependientes, en un contexto de incertidumbre.
Ante la crisis
del viejo paradigma, en lugar de que surgieran ideas nuevas, se retomaron las
ideas del liberalismo económico clásico, con un nuevo ropaje. Regresar a las
teorías y propuestas económicas del liberalismo del siglo XIX para resolver los
problemas de finales del siglo XX es una incongruencia. Este tipo de
incongruencia se ejemplifica claramente al hacer un ejercicio de comparación de
los principios básicos de la doctrina económica del liberalismo clásico con los
del neoliberalismo.
La ola
neoliberal no llegó a constituirse como un paradigma o como una alternativa al
modelo de desarrollo anterior, permaneciendo en América Latina como la
"Política de las Tres DES" (desprotección, desestatización,
desregulación) y en el retorno a la mano invisible del libre mercado y al
Estado mínimo. Esta propuesta neoliberal no permitió un crecimiento sostenido
con empleo y bienestar social, y no se convirtió en una opción válida para el
desarrollo de los países de la región.
La construcción
de un nuevo enfoque integral de desarrollo, desde la perspectiva de la economía
política internacional requiere, entre otros, de los siguientes aspectos
fundamentales: eliminar los mitos que llevan a plantear falsos dilemas y
opciones irreconciliables; retomar la importancia del papel del mercado, pero
reconocer los límites, alcances y fallas de la "mano invisible" para
alcanzar un desarrollo integral y por lo tanto aceptar la necesidad de
"echarle una mano a la mano invisible"; retornar a los principios
básicos que se derivan de la teoría y de la experiencia histórica, redefiniendo
el papel del Estado, la acción promotora del gobierno y la intervención
solidaria de la sociedad; y definir estrategias y políticas activas de
inserción a los bloques regionales y a la economía global.
Daniel R.
García Delgado
La reforma
del Estado en la Argentina : de la hiperinflación al
desempleo estructural
Se describen
dos etapas sucesivas en la reforma del Estado en la Argentina, la primera
iniciada a comienzos de 1990 en una situación hiperinflacionaria, y la segunda,
anunciada a mediados de 1996, que representa una profundización del modelo
neoliberal. Se formula un balance de logros y carencias de la primera etapa y
se discuten orientaciones y posibles consecuencias de la segunda.
La reforma del Estado
en la Argentina tiene dos etapas claramente diferenciadas, aunque ambas se
inscriben en el marco de la presidencia de Menem. La
primera está asociada al Plan de Convertibilidad y a la figura del Ministro Cavallo. Se trató de una reforma estructural que a
comienzos de 1990, en una situación hiperinflacionaria, involucró la
estabilización del tipo de cambio, la privatización de las principales empresas
públicas y la desregulación y la apertura de la economía bajo el paradigma del
Estado "mínimo".
La segunda
etapa de la reforma ha sido anunciada a mediados del presente año, y si bien
guarda continuidad con el Plan de Convertibilidad, se orienta a extender el
ajuste al conjunto de las provincias y a llevar a cabo una importante reforma
laboral, lo que significa la profundización de las reformas estructurales y del
modelo neoliberal. Esta etapa se desarrolla en un marco socio-político
particular, marcado por el desempleo estructural y un mayor disenso.
El proceso
reformista en su conjunto muestra la incorporación de los principios y
orientaciones del capitalismo postfordista y
globalizado, que junto con avances en la racionalidad de la administración
pública y la profesionalización en las políticas sociales, deja al Estado cada
vez con menos capacidades para responder a las demandas sociales y para
gestionar el bien común. Se trataría de una autonomización de las políticas
económicas, que genera una escisión y una tensión creciente entre las
dimensiones económica, política y social.
La solución de
esta situación requiere de una propuesta que no represente una profundización
del modelo sino una reorientación del mismo, con la reintroducción de la
cuestión de la equidad en el corazón de la elaboración macroeconómica. Una
concepción de equidad social está vinculada a la política fiscal, de ingresos y
de empleo, a un esfuerzo más compartido por los distintos sectores de la
sociedad, y a una mayor transparencia, en contra de la corrupción y la evasión
impositiva.
Esta
reorientación necesitaría la elaboración de por lo menos cuatro nuevos
contratos. En primer lugar, con el sistema político, dado que sin una adecuada
concertación con el sistema de partidos, ninguna reorientación del modelo sería
viable. En segundo término, con el nuevo establishment
local, para lograr mayor convergencia entre equidad y eficacia, y mayor
conciliación entre los intereses de la economía virtual y la real. En tercer
lugar, sería preciso establecer nuevos vínculos con los organismos
internacionales de crédito como el FMI y el Banco Mundial. Finalmente, se
destaca la importancia de la elaboración de un nuevo contrato con la sociedad
civil, para recuperar credibilidad de la política sobre la base de un contrato
que posicione al Estado como guardián de la estabilidad social.
Ignacio
Pérez Salgado
El papel de
la cooperación técnica internacional en el proceso de modernización del Estado
y de la gestión pública
Los esfuerzos
dedicados a aumentar la eficiencia y eficacia del Estado, modernizar sus
estructuras y poner especial atención a las demandas de los ciudadanos fue y es una genuina preocupación de los países en
desarrollo, que aparece al término de la Segunda Guerra Mundial. Este hecho
marca, en nuestra opinión, el inicio de programas de cooperación técnica.
La cooperación
técnica internacional fue iniciada por las Naciones Unidas, a través de la
División de Administración Pública (DAP) después conocida como División de
Administración para el Desarrollo (DAD) y el Gobierno de Estados Unidos,
primero a través de Administración de Cooperación Internacional (ICA) y después
a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los
Estados Unidos (USAID). Las Fundaciones Ford y Rockefeller
y la Organización de Estados Americanos (OEA) también estaban comprometidas en
este esfuerzo. Los gobiernos de Francia y Gran Bretaña proveyeron cooperación
técnica en administración pública a sus colonias originales, pero también a
países latinoamericanos. El Banco Mundial inició un esfuerzo sistemático en
este campo en 1980, y el Banco Interamericano de Desarrollo cooperó en este
emprendimiento. En 1988, el PNUD estableció el Programa de Gerencia para el
Desarrollo (Management Development
Programme-MDP). En los ochentas la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI) inició un importante programa en el campo
de la administración pública principalmente en América Latina.
Los enfoques
utilizados por la cooperación técnica internacional pueden ser clasificados en
dos grandes categorías: sectoriales y globales. En la primera categoría hemos
identificado los siguientes enfoques: a) mejora de la eficiencia o
productividad, b) reforma presupuestaria, c) modernización de la maquinaria
administrativa, y d) profesionalización del servicio civil. En la segunda
categoría, podemos identificar los siguientes enfoques: a) reformas
administrativas globales, b) diseño institucional, y c) reforma del Estado.
Estos enfoques
no fueron necesariamente el resultado de una determinada estrategia destinada a
mejorar la gerencia del sector público. Ellos apenas respondieron a situaciones
tales como: a) las demandas específicas de los países que solicitaban la
asistencia, b) la experiencia y formación académica de los expertos que se
reclutaban para la implementación de los proyectos, c) el desarrollo de la
disciplina de la administración pública en el país o región que solicitaba la
cooperación técnica, d) la filosofía del país o agencia que proporcionaba la
cooperación, y e) la necesidad de ensayar nuevos enfoques, cuando los
utilizados habían fracasado.
La reforma del
Estado es abordada en nuestros días desde una perspectiva global: evitando los
enfoques sectoriales, superando la dicotomía política-administración y
considerando los conceptos de política pública y administración pública. Esto
en respuesta a los nuevos desafíos que el Estado está enfrentando en los países
en desarrollo: a) la necesidad de asegurar la gobernabilidad, b) el nuevo rol
jugado por el sector privado en el desarrollo económico, y c) la necesidad de
tener un Estado fuerte e innovador representando y satisfaciendo las
necesidades y aspiraciones de los ciudadanos.
Es difícil
analizar en términos cuantitativos y hasta cualitativos el impacto de la
cooperación técnica en el mejoramiento de la administración del sector público
en los países en desarrollo. Esto se debe principalmente al incipiente grado de
la investigación en esos países. Sin embargo, quisiéramos resaltar dos
significativos logros de la cooperación técnica: a) el desarrollo de una
conciencia colectiva acerca de la importancia de tener una eficaz y eficiente
maquinaria administrativa, y b) el mejoramiento del estado del arte, a través
de diferentes programas de investigación y capacitación, que han contribuido a
superar la debilidad de las universidades en el campo de la administración
pública.