Sacar a Alba Matapé de La Playa con un tumor le tomó a Octavio Tanimuca cuatro días de lancha por el río Apaporis. Cuando llegó a La Pedrera, el pasado 16 de junio, el centro de salud, por falta de medicamentos, solo atendía urgencias vitales. Para devolverse, no tenía los 120 galones de gasolina necesarios, ni quién le pagara los más de 700.000 pesos que valen, pues, según él, la EPS que atiende a su comunidad nocubre el tramo por río para traerlos hasta allí.

Tanimuca es promotor de salud de una de las comunidades del resguardo Mirití-Paraná, donde viven 1.242 indígenas como él, en un territorio de 1,6 millones de hectáreas, cercano a los límites de Colombia con Brasil.

A Mariápolis, la comunidad miraña de Darío Perea, sobre el río Caquetá, hace tres años no viene una brigada de salud. Hace dos, llegaron las Farc.

“Nos reunimos, discutimos y les dijimos que la sola autoridad somos los indígenas”, dice.

Hace un mes, llegó el Ejército, en una operación para retomar a Araracuara de manos de las Farc.

“Uno tiene su casa y su río. Cualquiera se arrima, y después dicen que uno es informante. Eso no es así”, cuenta que dijo a un capitán.

Como Tanimuca y Perea, con la guerra respirándoles en la nuca o, cuando tienen suerte, sencillamente abandonados, viven los 410.000 indígenas que pueblan las zonas de frontera de Colombia.

Son la mitad de todos los indígenas del país, representan 74 de las 90 etnias, y habitan 334 de los 638 resguardos. Y son un notable lunar en la joven política de fronteras del Estado colombiano.

Un tercio (168.000 wayuus) vive en La Guajira; otros más, en pequeños grupos, en las fronteras con Panamá, Venezuela  y Ecuador, y el resto, en inmensos territorios en la frontera con Brasil y Perú. En Leticia, Mitú, Puerto Carreño, o en los cinturones periféricos de Maracaibo, hay barrios enteros de indígenas urbanos.

Pese a contar con menos del 6 por ciento de la población de los 12 departamentos fronterizos, los territorios indígenas ocupan casi la mitad de su superficie. Tres de los resguardos más grandes –Predio Putumayo, Parte Oriental del Vaupés y Yaigojé-Apaporis– suman casi 11 millones de hectáreas y tienen apenas 27.600 habitantes. El primero es más de la mitad de la frontera con Perú; los otros dos, cerca de un tercio de la de Brasil.

Desde la constitución del 91, el país ha avanzado mucho en una legislación que otorga su debido lugar a las minorías étnicas. En los últimos 35 años el Estado ha destinado más de 234 mil millones de pesos a adquisición y mejora de tierras indígenas.

La ley 715 del 2001 determina entregar a los resguardos el 0,52 por ciento de las transferencias. En el 2002, se les giraron casi 57.300 millones de pesos.

Pero, como lo acepta Planeación Nacional, en Los pueblos indígenas de Colombia (2002), el estudio más reciente y completo sobre la cuestión, “las políticas públicas en materia de indígenas no suelen considerar a los que viven en las zonas de frontera”.

No hay estudios específicos sobre la situación social de los indígenas de las fronteras. Pero la evidencia recolectada en los viajes de EL TIEMPO indica que los problemas de Tanimuca y Perea no son la excepción.

El Estado ha ampliado la cobertura en educación primaria en esas zonas. Las comunidades tienen su escuelita, y, en la Amazonia, la Iglesia maneja no pocos internados. Departamentos y municipios proveen a menudo útiles y alimentación. Sin embargo, el problema más importante en las comunidades visitadas es la deserción escolar. Los niños y sus familias son tan pobres que la presión para que dejen de estudiar es muy alta. Y hay demandas por una educación más centrada en la cultura indígena.

Hay, también, puestos y promotores de salud hasta en el más remoto poblado. Una de las pocas ventajas que ostenta Colombia frente a sus vecinos es el cubrimiento de las brigadas de salud, esas expediciones heroicas por río que se hacen a remotas aldeas selváticas, a vacunar, fumigar contra la malaria y curar enfermos.

Pero a veces, por el conflicto armado, no llegan. Y puestos de salud destartalados y sin droga son la norma en muchas zonas de frontera.

Para los indígenas, las fronteras son un invento blanco. La legislación reciente en casi todos los países así lo reconoce. Un tuyuca del Vaupés puede irse tranquilamente a vivir a Brasil. Cuando la guerra y la amapola los obligaron a desplazarse de la serranía de Perijá, los motilones bari de Colombia se fueron a las comunidades de Venezuela, y los cuaiker de Túquerres y Cumbal, a las de sus hermanos del lado ecuatoriano.

Los 310.000 wayuu que viven libremente entre Maracaibo y Riohacha expresan una abrumadora simpatía por Hugo Chávez. Del lado colombiano, le agradecen la ley que les permite comprar gasolina barata en Venezuela para revenderla en La Guajira; del lado venezolano lo ven como el impulsor de los artículos sobre derechos indígenas en la constitución bolivariana de 1999.

 “Hoy existe la percepción colectiva de que el oficialismo (chavismo) es proindígena y la oposición antiindígena”, señala un estudio reciente del Grupo Académico Binacional, puntualizando que la mayoría de los indígenas y sus organizaciones comparten ese criterio. Dato desapercibido que, con las emociones encontradas que despierta el proyecto bolivariano en Bogotá y Caracas, puede llegar a cobrar gran importancia en eventuales crisis entre ambas capitales.

Con el 70 por ciento en forma de selvas y sabanas intactas, los territorios indígenas fronterizos ocupan, según constata Planeación, “el mayor remanente de ecosistema originario y de biodiversidad”. Sujeto a presiones colosales. Buscadores de oro en el Guainía, petróleo en Putumayo y Arauca, tala de madera en Chocó y Amazonas, vastos frentes cocaleros que avanzan desde Guaviare y Caquetá hacia Vichada y Vaupés, se combinan con abusos de los grupos armados, reclutamiento, desplazamiento y una miseria y un abandono inmemoriales.

Quienes, en las oficinas ministeriales en Bogotá, discuten de soberanía, están en mora de prestar atención a esos habitantes de los confines de Colombia, los más olvidados entre los olvidados del país.