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| UN AÑO SIN TRANSPARENCIA | ||
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El pasado 22 de enero cumplió su primer año de existencia la Ley # 6 del 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones; hablo de la mejor conocida Ley Transparencia, la cual, en su primer aniversario, no ha cumplido con las metas para las cuales fue creada. |
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Al conmemorarse -no sé si se pueda llamar conmemoración- esta fecha, nos encontramos con una triste realidad: “la trasparencia en la gestión pública no se ha concretado, en cambio, la actual administración ha sido capaz de trastocar todo el espíritu de la importante ley con una reglamentación que, sin lugar a dudas, impide que la ley sea aplicada a cabalidad”. |
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Para muestra de esto, solo hagamos alusión a ejemplos sencillos. Desde la entrada en vigencia de la ley # 6 del 22 de enero de 2002 hasta el 17 enero de 2003, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto un total de 65 hábeas data, de los cuales solo 10 han sido concedidos y el resto, 55, han sido rechazados por diversas razones, entre las cuales podemos señalar: no viable, no admisible, no concedido, negado, denegado, desestimado, cese de procedimiento, presentación no admisible y sustracción de materia. Paradójicamente, la mayoría de los recursos rechazados corresponden a altos directivos de la actual administración y que involucran hechos y entidades de gran relevancia; mismos hechos que la ley establece como información de dominio público, pero que el decreto reglamentario se encargó de desestimar. |
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La mayoría de los hábeas data rechazados -a excepción de unos pocos que han sido rechazados por no cumplir con los procedimientos debidos- han encontrado su impedimento en la reglamentación, la cual, increíblemente, está por encima de la propia ley de transparencia. Misma reglamentación que ha sido criticada, no solo por catedráticos o profesionales, sino por la sociedad civil en general, y muy en especial, por el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Es más, ya se han hecho amplias recomendaciones de modificación del mismo, y en el más extremo de los casos, de derogación; no obstante, estas son desentendidas por aquellos que deben velar por cumplir las leyes, lo que demuestra el desinterés radical de la administración Moscoso por impulsar un sistema de administración pública más sano, eficiente y transparente. |
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Definitivamente que, por ahora, no nos queda más que denunciar las artimañas que con la ley de transparencia se están cometiendo, a la vez, debemos enfocarnos en la búsqueda de una solución efectiva para este problema que mantiene a la ciudadanía apartada de la información que le corresponde conocer, gracias a que aquellos que hemos elegido para gobernar parece que entendieron que los elegimos para adueñarse del país. ¡Qué ironía!. |
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La aplicación de la ley de transparencia se ha convertido en una burla más para la nación, y será peor el día en que conozcamos el fallo de la Corte sobre la demanda de nulidad que se ha interpuesto en contra de la criticada reglamentación, la cual, sin lugar a dudas, será a favor de la misma, o bien, modificable en algunos puntos no tan relevantes. Ojalá me equivoque, me sentiré contento de hacerlo... |
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Martes 28 de enero de 2003 |
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